El anuncio del expresidente Evo Morales, el fin de semana, señalando que “obligado” por las circunstancias se declaraba candidato presidencial, ha causado un cisma en el Movimiento al Socialismo-Instrumento para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) que podría echar por tierra todos los logros del “proceso de cambio”, mientras la oposición mira de palco y celebra el inmerecido regalo.

Fue el domingo, a través de la red social X, cuando el exmandatario denunció nuevamente supuestos “ataques del gobierno”, “plan para proscribir al MAS-IPSP” (partido al cual, irónicamente, aseguran pertenecer los actuales gobernantes) e “incluso eliminarnos físicamente”, afirmando que son las razones por la cuales decidió aceptar los pedidos para ser nuevamente candidato.

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Para nadie es desconocido que el principal interesado en una nueva candidatura de Morales es él mismo, y que, en el camino, hasta ahora, no ha parado mientes en descalificar y atacar, en voz propia o a través de su red social favorita, a quien hubiese comentado o criticado su intento; uno de ellos ha sido el exvicepresidente Álvaro García Linera, que fue llamado “traidor” y “enemigo” solo por no mostrarse entusiasta ante la perspectiva de una nueva candidatura.

En una peligrosa muestra de su estado mental, incluso afirmó, en la misma publicación, que el Ministerio de Gobierno tendría intenciones “de detenernos y entregarnos a EEUU” y aludió a supuestos planes de “usar a una mujer para atacarnos”. Lo más irónico es que, en una suerte de profecía que se cumple a sí misma, oficiosos portavoces del “arcismo” hicieron temerarias declaraciones a los medios de comunicación atacando al expresidente y confirmando sus temores.

Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, fue la reacción del Pacto de Unidad (dividido a causa de los apetitos reeleccionarios de uno y otro), cuyos dirigentes anunciaron no solo que no asistirán al congreso del MAS-IPSP en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, sino que además convocaron a un cabildo en El Alto, el 17 de octubre. Todo apunta a que se avecina la ruptura definitiva y que luego de eso el fuego cruzado entre facciones masistas será inmisericorde.

Mientras tanto, en la vereda opositora ha prevalecido la calma y se han escuchado pocas o ninguna reacción pública al anuncio de Morales o a las reacciones de sus adherentes. Sin embargo, es fácil imaginar que hay grandes expectativas en una posible ruptura del partido de gobierno, lo cual debilitará toda la potencia acumulada por movimiento sociales, pueblos indígenas y otras poblaciones desde fines de 2005.

Por lo pronto, las perspectivas son sombrías, no solo para el MAS-IPSP, que podría quedar dividido y derrotado, sino para la democracia en general, pues volverán las condiciones que propiciaron los pactos de gobernabilidad en los años del neoliberalismo. El gran perdedor en este estado de cosas será el pueblo boliviano, que seguramente verá retrocesos mucho peores que los provocados en 2020, luego del golpe.

Después de varias semanas de conflicto, el proyecto carretero Las Cruces-Buena Vista sigue siendo inviable, a pesar de que es una iniciativa propuesta en 2010, aprobada en 2017, financiada en 2018 y acordada en abril de 2022 entre el Gobierno nacional y el actual Gobernador de Santa Cruz. Las partes en conflicto se acusan mutuamente de esconder intereses inmobiliarios.

Al parecer, el conflicto tiene que ver, por una parte, con intereses inmobiliarios, según los unos, del Gobierno sobre asentamientos humanos cercanos al trazo de la carretera acordado tiempo atrás; según los otros, de la Gobernación cruceña que esconde un interés de favorecer grandes extensiones de tierra urbanizada con el nuevo trazo que se exige. Ninguna de las partes puede demostrar lo que afirma ni desacreditar completamente la versión del adversario.

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Por otra parte, es evidente que la reclusión del Gobernador cruceño en la cárcel de Chonchocoro es el factor que hace inviable cualquier acuerdo entre los gobiernos nacional y departamental de Santa Cruz. Eso explica, entonces, por qué en abril de 2022 el ahora detenido preventivo firmó un acuerdo intergubernativo dando luz verde al proyecto carretero y ahora pretenda borrar con el codo lo escrito con la mano.

En los hechos, fue recién en octubre de 2022 cuando se planteó la supuesta existencia de acuíferos por debajo de la carretera (que actualmente es un camino de tierra y ripio que se usa hace más de un siglo); para más sospecha, el Comité Cívico pro Santa Cruz, ha intentado convencer a la población de que la palabra “acuífero” es un vocablo típico de la región. Es decir, los actuados del lado cruceñista solo confirman una forma de hacer política basada en la comunicación propagandística y no en hechos o necesidades reales.

Al frente, el Gobierno solo muestra incertidumbre y confusión, habiendo sido incapaz de demostrar no solo que se trata de un proyecto largamente demandado en el departamento oriental, sino que además ha cumplido con el debido proceso para llegar a la fase de ejecución. Prueba de ello es que están comprometidos $us 142 millones a través de sendos créditos de la CAF: Banco de Desarrollo y del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (OFID-OPEP). La diferencia ($us 70 millones) debería ser cubierta por la Gobernación cruceña, que al inicio del conflicto afirmó no tener esos recursos.

El resultado es una multimillonaria pérdida económica para el sector productivo a causa de 16 días no consecutivos de bloqueos; la sistemática erosión de la confianza de la población en los representantes de los gobiernos nacional y departamental, y la desaparición de las condiciones necesarias para desarrollar y ejecutar proyectos que más que servir para promover la imagen de tal o cual líder deberían aportar al desarrollo de la sociedad. Ciertamente, como demuestra este caso, las prioridades están trastornadas, y son los gobernados quienes llevan la peor parte.

El fenómeno de El Niño, sumado al ya irreversible cambio climático, ha producido este año un invierno inusualmente cálido y una marcada disminución de las reservas de agua en todo el país. La situación es dramática en prácticamente los nueve departamentos y las autoridades de los tres niveles gubernativos han hecho anuncios para tomar previsiones. Ojalá esta vez actúen a tiempo.

Fue hace muy poco cuando la ciudad de La Paz atravesó por un dramático racionamiento de agua, causado por la falta de previsión de las autoridades locales y nacionales al saber que las reservas se agotaban, agravado por la falta de transparencia de esas mismas personas (se abrieron varios procesos judiciales contra ellas y ellos, pero ninguno prosperó). De esa experiencia quedaron numerosas lecciones, pero la mayoría ya han sido olvidadas.

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Hoy el país tiene a cinco municipios de Santa Cruz declarados en emergencia por la falta de lluvias, y con la Gobernación anunciando la dotación de agua en cisternas y la perforación de pozos; en Potosí está previsto que mañana viernes comience el racionamiento del líquido elemento, que obligará a las personas en la ciudad capital de ese departamento a recibir agua solo día por medio; Sucre marcha por el mismo camino.

En La Paz, aunque las autoridades han anunciado que no habrá escasez de agua, el gobierno municipal ha convocado para mañana viernes a una “cumbre” en la que deberían participar las diversas instancias nacionales (incluyendo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, así como a EPSAS), departamentales y municipales del área metropolitana, además de la sociedad civil. Se espera que, cuando menos, haya un diagnóstico sincero y real de la situación y que, por supuesto, se adopten iniciativas viables para cuidar las escasas reservas.

A su vez, el Presidente del Estado ha anunciado que el tema está siempre en la agenda de las reuniones semanales de gabinete; “tenemos que prepararnos”, dijo el mandatario al afirmar que se trata de un problema global. Por su parte, y en sintonía, el Ministro de Medio Ambiente y Agua anunció que solo este año se tiene previsto invertir Bs 1.600 millones “para implementar sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitarios, más la planta de tratamiento de agua residual y de agua potable”. Agregó que entre 2021 y 2022 se ha invertido Bs 1.200 millones por año.

Volviendo a la amarga experiencia de fines de 2016 e inicios de 2017, cuando gran parte de la mancha urbana de La Paz se vio privada de agua potable, toca recuperar las lecciones aprendidas, comenzando por la pronta, oportuna y transparente actuación de las autoridades llamadas por ley a garantizar el goce del derecho humano al agua, promovido por Bolivia en los foros multilaterales.

Además, el solo anuncio de multimillonarias inversiones no resuelve el problema de fondo: la falta de una cultura cívica de cuidado del agua. Mañana, cuando la sequía vacíe los grifos de las casas, de nada servirá lamentarse o atacar políticamente a los responsables de esa escasez.

Quienquiera que hubiese tenido sospechas sobre la integridad de las personas involucradas en el fútbol profesional boliviano, tiene desde hace poco más de una semana certeza de que la corrupción también anida en el “rey de los deportes”: una curiosa denuncia de parte de la directiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirma que hay jugadores, árbitros y dirigentes involucrados.

En los hechos, el escándalo que acaba de explotar ya se había anunciado a inicios de agosto, cuando el expresidente del Estado y dirigente de un club de fútbol que aspira a llegar a la división profesional, Evo Morales, hizo públicas sus sospechas de partidos amañados, involucrando a jugadores de su propio equipo. Diversas instancias del fútbol respondieron negando enfáticamente lo denunciado y pidiendo pruebas; estas nunca se mostraron.

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Semanas después, fue el presidente de la FBF quien anunció, de modo confuso, que había evidencia de “amaños”. Tardó casi una semana en hacer oficial el anuncio, aunque cuidándose de brindar demasiados detalles, tarea que, según explicó en conferencia de prensa, le corresponde al Ministerio Público, donde el equipo jurídico de la institución del balompié nacional presentó denuncia formal.

Finalmente, en reunión de la Federación, a la que asistieron los clubes del fútbol profesional y del fútbol aficionado, se decidió por mayoría de votos anular los dos torneos profesionales de este año y continuar con el torneo Simón Bolívar, de los clubes aficionados. Dos clubes se opusieron a la extrema decisión: The Strongest, que este año iba en primer lugar con una ventaja de seis puntos sobre el segundo, y Wilstermann, que comenzó el torneo con seis puntos menos debido a una sanción.

Dos notables periodistas deportivos entrevistados en nuestro programa Piedra, Papel y Tinta coincidieron en criticar a la FBF por el mal momento y el mal modo en que se anunció el entramado de corrupción. Uno de ellos afirmó que desde hace 40 años se oye hablar de estos amaños y que al parecer son 20 los jugadores involucrados, pero que la FBF habla solo de seis; el otro mostró su sospecha por el modo en que el presidente de la Federación hizo el anuncio.

En el camino, se hizo evidente que la autorización de funcionamiento otorgada a una empresa transnacional de apuestas es parte del problema, y se instruyó suspender esa licencia de operaciones. También se acordó constituir una nueva comisión arbitral, para devolver la confianza en quienes actúan como jueces de cada cotejo en la cancha.

Aunque todavía estamos lejos de conocer la verdad del caso, queda la certeza de que la corrupción no es un asunto solo de políticos o funcionarios en ejercicio de cargos públicos, sino que, como cáncer, ha hecho metástasis en toda la sociedad. Allí donde las personas confían en el soborno como medio de evitarse problemas, donde se tolera, si no se alienta, el hacer las cosas mal, a medias o con trampa, es inevitable que se pierda la confianza en las normas y la inmoralidad se extienda, cosa que está pasando en Bolivia.

Finalmente, el martes en un acto realizado en Oruro, el Presidente del Estado confirmó lo que muchos especialistas llevaban años diciendo: la riqueza gasífera del país se está acabando. Las palabras del mandatario no pudieron ser más dramáticas: las reservas del gas del país han “tocado fondo”, y la explicación que ofreció es que no se invirtió en exploración desde 2014.

En dicho acto, el Presidente también anunció que se trabaja en la recuperación de las reservas y, ayer, el Presidente Ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prometió que hasta 2026 se prevé revertir la declinación de la producción de gas natural, a fin de garantizar el abastecimiento del energético al mercado interno y externo. Los anuncios, a simple vista, llegan muy tarde.

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Previsiblemente, los adversarios políticos aprovecharán para señalar la ineficiencia gubernamental, y no se equivocarán. El primero en hacerlo ha sido, ayer, el expresidente Carlos Mesa, al afirmar en su cuenta de X: “Destruyeron la fuente de riqueza más grande que tuvo Bolivia con una falsa nacionalización y una ley inadecuada”, agregando también que los gobiernos del Movimiento Al Socialismo “ahuyentaron la inversión, dilapidaron los ingresos en elefantes blancos y corrupción” y terminar señalando que esta situación “no puede quedar impune”.

En ese contexto, todavía falta ver la respuesta al expresidente Evo Morales, quien inevitablemente puede ser señalado como responsable de la falta de inversiones en exploración y desarrollo de campos gasíferos, pues, como dijeron las actuales autoridades, el problema se arrastra desde 2014, cuando se hizo evidente que las reservas mermaban a un ritmo preocupante, lo cual significa que había que tomar medidas incluso antes de esa fecha.

Lo más lamentable de la situación será ver a esos adversarios del Gobierno regodearse y tratar de sacar provecho de una situación más que preocupante, pues los efectos de esta tienen poco que ver con las posibilidades de reelección de cualquiera de los líderes oficialistas y mucho que ver con la posible ruina del Estado, que hasta ahora depende, en un porcentaje mayúsculo, de los ingresos que produce la venta de gas natural, lo cual, en última instancia, afectará de manera directa a quienes todavía necesitan del apoyo estatal en forma de bonos y otros beneficios sociales.

También es previsible que las oposiciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional harán cuanto esté a su alcance para impedir el éxito de proyectos de ley orientados a promover la inversión pública o privada, nacional o extranjera, en proyectos de exploración y desarrollo de campos. Entonces seremos nuevamente testigos de los peligros que provoca la política tribal, que únicamente busca efectos de corto plazo.

Aunque parezca inútil decirlo, el error siempre fue evidente: repartir el excedente generado, pero sin reinvertir en exploración y desarrollo de reservas ni crear condiciones para recibir las inversiones necesarias desde hace una década. Hoy es innecesario quedarse en el lamento o la crítica; urge encontrar soluciones viables y ponerlas en práctica.