Editorial

Thursday 18 Jul 2024 | Actualizado a 12:27 PM

El factor biométrico

El nuevo padrón electoral redujo el subregistro que había de personas en edad de votar.

Por La Razón

/ 21 de mayo de 2023 / 06:00

El año 2009, la democracia electoral boliviana dio un salto cualitativo con la conformación de un padrón biométrico. Ello implicó la adquisición de equipamiento que, además de los datos biográficos, permitía registrar la información biométrica (facial, dactilar y firma) de las y los ciudadanos con derecho al voto. La plataforma tecnológica adoptada en ese momento correspondió a la solución NEC Corporation. El nuevo padrón electoral redujo el subregistro que había de personas en edad de votar.

Con ese padrón biométrico se votó en el país en las elecciones generales 2009, 2014, las fallidas 2019 y 2020; en las elecciones subnacionales 2010, 2015 y 2021; en las elecciones judiciales 2011 y 2017; en el referéndum constitucional 2016; y en decenas de referéndums autonómicos. El año 2017, una auditoría integral y externa de la OEA certificó la confiabilidad del registro electoral boliviano, recomendando acciones de saneamiento permanente y la actualización de la plataforma biométrica.

Como parte de la disputa política, algunos actores de la oposición –usualmente los que pierden elecciones y gritan “fraude”– procuran descalificar el padrón y sembrar dudas sobre su solidez y confiabilidad. Así se tejen mitos: que tuvo un crecimiento inusual, que los muertos votan, que está contaminado, que registra personas inexistentes, en fin, que hay “un bloque de data alterno, restringido y secreto” (sic). Cada uno de estos mitos ha sido amplia y técnicamente refutado por el organismo electoral.

Ahora, ante la noticia de que finalmente se realizará la necesaria actualización de la plataforma biométrica del registro electoral, surgen voces, más bien marginales, con su renovado ataque. Dicen falsamente que se licitó “la limpieza del padrón y la conformación de un nuevo padrón”; que la empresa adjudicada “ocasionó el fraude electoral de 2019-2020 y de las elecciones venideras”; que “es una estrategia del gobierno para anular el derecho al voto”. Extraña mezcla de maledicencia y de ignorancia.

Los mitos y las mentiras se asientan en la falta de información. En este caso, no basta que el TSE comunique la adjudicación del proceso de contratación. Es fundamental que explique con claridad y transparencia el alcance del servicio, la solución tecnológica adoptada, la experiencia de la empresa contratada, el vínculo con NEC, los plazos y, claro, los resultados esperados. Es fundamental también que la actualización de la plataforma biométrica se haga con acompañamiento de actores políticos y sociales.

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Golpe y dictadura

Lo mismo puede decirse de los hechos del 26 de junio, todavía envueltos en un manto de confusión

Por La Razón

/ 18 de julio de 2024 / 06:44

Ayer se han recordado 44 años del sangriento golpe de los militares Luis García Meza, Luis Arce Gómez y sus socios y cómplices, dentro y fuera de los cuarteles. El amargo recuerdo del golpe de Estado no solamente sirve para valorar la importancia crucial de la democracia en la vida de todas las personas, sino también para considerar apropiadamente sucesos de reciente data en la historia.

El trabajo de la Comisión de la Verdad, creada en diciembre de 2016 para indagar las graves violaciones de los derechos humanos producidas por los gobiernos de facto entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, señala inequívocamente que en el gobierno de García Meza, iniciado con el derrocamiento de Lidia Gueiler, presidenta transitoria, hubo “múltiples agresiones” por motivos políticos e ideológicos.

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Tales agresiones se tradujeron en “apresamientos, torturas, asesinatos, desapariciones, no solo a dirigentes políticos y sindicales, también a miembros universitarios, miembros de las Iglesias, particularmente católica, metodista y luterana que desarrollaban actividades sociales. La persecución no tenía límites”, según revela el documento. El saldo, según la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), fue de al menos 29 desapariciones forzadas y 500 personas asesinadas, torturadas, heridas y detenidas.

El recuerdo de tales atrocidades, asociado a la imagen de militares en traje de campaña, o de gala para las transmisiones televisivas y radiales, sirvió para poner en cuestión lo sucedido entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cuando un grupo de civiles, amparados por la Iglesia Católica, decidió de manera inconsulta con el pueblo boliviano el modo en que se produjo la sucesión presidencial, al margen de cualquier consideración constitucional (el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, presente en el discutible evento, reconoció que se trató de una solución apenas “cercana” a la Constitución).

En el gobierno que se instaló luego tampoco faltaron las persecuciones y encarcelamientos sin debido proceso (instruidos por quien hoy todavía funge como fiscal general) y asesinatos, comandados por el hoy prófugo Luis Fernando López, que entonces ocupaba el puesto de ministro de Defensa y hoy aguarda que Paraguay le conceda refugio político, y su colega Arturo Murillo, que cumple condena en Estados Unidos, donde intentó lavar el dinero robado de las arcas públicas bolivianas. 

Hoy, desafortunadamente, sigue faltando mucho para conocer la verdad histórica de lo sucedido antes y durante los casi 12 meses de gobierno de Jeanine Áñez, pero también para desmontar el sentido común que no puede distinguir un golpe de Estado, que se produce para tomar el poder, de una dictadura, que es el modo de gobierno que suele aplicarse. Lo mismo puede decirse de los hechos del 26 de junio, todavía envueltos en un manto de confusión.

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Mercosur: oportunidades y retos

La adhesión de Bolivia al Mercosur es un proceso multifacético que va mucho más allá de lo económico

Por La Razón

/ 11 de julio de 2024 / 06:32

El lunes, después de años de preparación, adaptación y, sobre todo, negociaciones bilaterales y multilaterales con los miembros del bloque, iniciadas en 2015, Bolivia se ha convertido en miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur). Para el Estado es una gran noticia, pero, al margen del optimismo que inspira por los previsibles beneficios que producirá, también hay que considerar las amenazas.

En efecto, el Mercosur, bloque económico que integra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ahora a Bolivia, representa un mercado de más de 295 millones de habitantes y un PIB combinado de alrededor de $us 2,2 billones. Este gigante económico regional ha impulsado el comercio intra-bloque, que en 2023 alcanzó los $us 80.000 millones, demostrando su potencial como motor de crecimiento para sus miembros.

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Sin embargo, el Mercosur no está exento de contradicciones. Según análisis publicados en los últimos días en diversos medios, entre sus fortalezas destacan la ampliación del mercado para las empresas de los países miembros y el aumento de su poder de negociación en foros internacionales, pero, por otro lado, sus debilidades incluyen las asimetrías económicas entre los países miembros y la rigidez de algunas de sus normativas comerciales.

La pertenencia al Mercosur trasciende lo económico, adquiriendo una dimensión política crucial. Formar parte del bloque implica alinearse con ciertas posiciones geopolíticas y participar en la toma de decisiones regionales, lo que puede fortalecer la voz de Bolivia en el escenario internacional, pero también producir contradicciones como se ha podido ver, por ejemplo, en la ausencia del presidente de Argentina a la cita del lunes, evidentemente por razones ideológicas.

Para Bolivia, la adhesión al Mercosur ofrece beneficios significativos. El acceso a un mercado ampliado podría impulsar sus exportaciones, especialmente en sectores como el agrícola y el de hidrocarburos; además, la integración podría atraer inversiones (si el Estado lo permite) y fomentar la modernización de su aparato productivo. No obstante, los riesgos son igualmente palpables: la economía boliviana, relativamente pequeña y menos diversificada, podría verse abrumada por la competencia de industrias más desarrolladas de otros miembros. Asimismo, la pérdida de cierta autonomía en política comercial podría limitar su capacidad de maniobra económica.

Así, la adhesión de Bolivia al Mercosur es un proceso multifacético que va mucho más allá de lo económico, pues implica lo político, social y hasta de seguridad. Este paso crucial requiere una visión integral y estratégica para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos en todos los frentes, sin poner en riesgo su propio modelo de desarrollo social comunitario. El desafío para Bolivia no es solo entrar al Mercosur, sino hacerlo de manera que potencie su desarrollo en todas las dimensiones.

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Más incertidumbre

La experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables

Por La Razón

/ 4 de julio de 2024 / 06:46

Luego del conato de golpe de Estado, que ha dado, y seguirá dando, tema para la conversación pública y privada, fue una gran noticia saber, el viernes pasado, que el trabajo de selección de postulantes para las elecciones judiciales se reanudaría el lunes; mas un nuevo recurso de amparo puso en suspenso, nuevamente, el proceso. Sin embargo, todo parece estar solucionándose.

Fue a iniciativa de un abogado que se creyó injustamente inhabilitado, que la Sala Constitucional Segunda de Beni nuevamente paralizó el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no había emitido una resolución al respecto.

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Ayer, en cuestión de pocas horas ese problema fue resuelto. La Comisión de Justicia Plural decidió habilitar a uno de los postulantes antes descartados y ratificar la inhabilitación de otros cinco, incluyendo al accionante del más reciente amparo. Un séptimo caso será resuelto hoy, pero, aunque no debería, es imposible afirmar que no habrá un nuevo obstáculo jurídico en el proceso.

Fruto de este vaivén que ha causado más de un año de parálisis en el trámite, que debía resolverse en el último trimestre de 2023 con la jornada de votación, el lunes, una abogada, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), retiró su postulación indicando que el motivo es “la desconfianza” en el proceso de preselección, producida por “la dilación y suspensión que han dañado su legitimidad”.

Habrá que ver si otros u otras postulantes deciden retirarse de la carrera en los días sucesivos y, peor, si no inician una campaña de desprestigio al proceso, severamente dañado por sucesivas acciones judiciales (corruptas, según declaraciones de la senadora de CC Silvia Salame) y una evidente intención de dañar el proceso desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde todas las partes tienen intereses en juego y ninguna muestra legítima voluntad política de llegar a la elección.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó, también el lunes, que la ALP debe remitir al Órgano Electoral la lista de 192 postulantes a las elecciones judiciales hasta fines de julio; agregó la alta autoridad electoral que es necesario ampliar el tiempo para el proceso, pues el plazo señalado en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se cumplió el 6 de mayo. A eso debe sumarse el todavía pendiente debate sobre las elecciones primarias, que podrían conflictuar el calendario electoral de este año.

Por ahora, el camino parece allanado, pero la experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables, desde adentro y desde afuera de la ALP, para impedir el mandato constitucional de tener autoridades del Judicial electas por voto popular. La incertidumbre no desaparecerá hasta el día mismo de la votación.

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Intentona golpista

Con todos los contornos de un acto orquestado no para tomar el poder, sino para enviar alguna clase de mensaje, la intentona es apenas un síntoma

Por La Razón

/ 27 de junio de 2024 / 06:33

Lo sucedido ayer, cuando un general de Ejército ensayó, con tanques y tropas armadas, la toma de Palacio Quemado, podrá pasar a la memoria como una mala anécdota, pero su importancia para la salud de la democracia es mayor. Con todos los contornos de un acto orquestado no para tomar el poder, sino para enviar alguna clase de mensaje, la intentona es apenas un síntoma.

Luego de una brevísima campaña de notoriedad, alimentada por peligrosas amenazas contra el expresidente Evo Morales, de quien dijo que está organizando una “revolución de mil colores” para tomar el poder, el general Juan José Zúñiga movilizó tropas militares desde mediodía y temprano en la tarde llegó a Plaza Murillo donde, con una tanqueta, rompió la reja de hierro de Palacio Quemado, hoy convertido en símbolo del poder, que se ha trasladado al edificio contiguo, la Casa Grande del Pueblo. Acompañó su temeraria acción con un confuso discurso acerca de liberar “presos políticos”.

Lea: Cumbre del TSE

Si la dramática imagen presagiaba un retorno a los días del golpismo militar, la siguiente escena cambió el curso del relato: el presidente Luis Arce le salió al paso y, tras un ríspido intercambio de palabras, el militar golpista se dio la vuelta para retirarse, con menos fanfarria que la mostrada a su llegada y sin responder a los azorados periodistas que no entendían lo recién sucedido. Horas después, el Presidente había posesionado a un nuevo Alto Mando militar, sin necesitar el visto bueno de la Asamblea Legislativa, y salía a recibir un baño de multitudes.

Fue inevitable que así como los medios de comunicación se llenaron de declaraciones, ora de apoyo a la democracia, ora de adhesión al Gobierno, o de análisis que denotaban más sorpresa que comprensión, las redes sociales se llenasen de teorías de la conspiración con énfasis en el hecho que el primer mandatario acababa de conjurar un golpe de Estado prácticamente sin hacer nada, pero con el propósito de galvanizar apoyo en diferentes sectores de la sociedad.

Horas después, el fiscal general del Estado instruyó iniciar proceso contra el general golpista y rápidamente fue detenido en puertas del Estado Mayor del Ejército. El proceso que debería iniciarse hoy seguramente arrojará nuevos datos que ayuden a encontrar los contornos de un acto que puso en suspenso, así sea por minutos, el cauce democrático y que dejó planteada la pregunta de a quién beneficia más todo lo sucedido y los efectos de corto y mediano plazo que provocará.

Finalmente, el tenso y trascendental momento quedó reducido a una avalancha de memes, que por una parte es la muestra de cómo procesa la sociedad de hoy la realidad, simplificándola en clave de humor, y, por otra, muestra de la verdadera profundidad del conflicto de ayer, que no produjo transformación alguna ni mucho menos sirvió para aliviar las crecientes tensiones económicas, políticas y sociales que tienen cercado al Gobierno y lo tienen aquejado de debilidad.

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Receso legislativo

No está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado

Por La Razón

/ 20 de junio de 2024 / 07:01

A dos semanas de la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada y dirigida por el presidente de la Cámara de Senadores, lo que en ese momento parecía un momento de inflexión en la depauperada acción política se ha convertido en un nuevo tema de polémica, sin más efecto que el debate sobre su legitimidad y su legalidad, hoy cuestionadas.

Luego del jueves 6 de junio, hubo consenso en que el acto del senador Rodríguez serviría para sacar a las y los legisladores de su modorra, inevitable después de casi seis meses de inactividad, producida, en parte, por la mala fe de quienes habiendo postulado a sabiendas de que no cumplían todos los requisitos buscaron amparo en la justicia constitucional, hoy severamente cuestionada; y en parte por la inacción del presidente nato de la ALP.

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Si luego de la sesión del 6 de junio quedaba alguna duda sobre las acusaciones contra el Vicepresidente del Estado y su reprochable actitud, la tibia respuesta de los días siguientes, acusando a “la troika” de querer dañar al Gobierno (que se daña a sí mismo con su falta de iniciativa y transparencia) o dejando “en manos” del Tribunal Constitucional las decisiones del órgano a su cargo, sirvieron como evidencia de que la parálisis de la Asamblea es de interés del oficialismo gubernamental.

Luego, cuando parecía que el segundo mandatario del país retomaría el rol que la Constitución Política le asigna, a través de la convocatoria a la octava sesión del pleno (la convocatoria decía “séptima”, igual que la del 6 de junio, pero la presión política logró que ese dato se cambiase), se supo que la agenda propuesta incluía, además de la revisión de las observaciones presidenciales a algunas de las leyes aprobadas a inicios de mes (lo cual puede interpretarse como indicio de que sí se reconoce la legalidad de la cuestionada sesión), la decisión de fijar un receso parlamentario desde el domingo 7 de julio, lo cual, previsiblemente, inspiró nuevas críticas a la autoridad electa.

Hoy, la ALP sigue empantanada y sin indicios del camino que vaya a tomar en lo inmediato. La ALP está aquejada de las divisiones internas en el MAS, reflejadas en la creciente animadversión del presidente del Senado por el Vicepresidente del Estado; de la falta de liderazgo y coordinación, que se reclama desde hace ya muchos meses; de una incapacidad de resolver su mandato constitucional de dar paso a la elección de autoridades del Judicial, peligrosa para las y los legisladores, pero sobre todo para la democracia; y de la incapacidad de prácticamente todos sus miembros para hacer política y resolver las necesidades del país y no solo los apetitos de sus respectivos líderes.

En semejante panorama, no está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado; y, en ese contexto, la pregunta es ¿a quién le conviene más esta parálisis?

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