Editorial

Sunday 16 Jun 2024 | Actualizado a 11:21 AM

Racismo

Hoy tenemos un país enfermo de racismo y una sociedad con muy poca voluntad de resolver el problema

Por La Razón

/ 25 de mayo de 2023 / 07:53

Ayer se ha conmemorado el Día Nacional de Lucha Contra el Racismo, ocasión propicia para reflexionar sobre este grave flagelo que, a pesar de los discursos de optimismo de las autoridades gubernamentales, no ha hecho más que incrementar, particularmente desde 2020, cuando se dio rienda suelta a una mezcla de odio político y racial, abiertamente estimulado desde varios medios de comunicación.

Que Bolivia tiene el racismo, e innumerables formas de discriminación y exclusión asociadas, como elemento constitutivo de su historia no es novedad, sino un dato inocultable desde, literalmente, el día de la creación de la República. Con el ascenso de un indígena a la presidencia en 2006 se creyó, por un lado, que la sociedad estaba preparada para superar esta tara decimonónica y que la prueba era la votación mayoritaria por el personaje.

Por el otro lado, también se pensó que las condiciones estaban dadas para imaginar y construir una nueva relación entre identidades étnicas (hay una extendida confusión entre identidad étnica y etiquetación racial, que dificulta el debate público); de ahí que Bolivia cambió su nombre de República a Estado Plurinacional (que no es lo mismo que cambiar el modo republicano de gobierno), como una forma de reconocer las identidades existentes para integrarlas en un solo proyecto de país.

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Ambas ideas resultaron descartadas por la realidad. Las clases privilegiadas (que deliberadamente confunden identidad con clase, para seguir reforzando estereotipos y estigmas) demostraron no estar dispuestas a cambiar y más bien reclamaron activamente por la pérdida de sus privilegios y el incremento de derechos de aquellas personas a quienes hasta hoy consideran subalternas.

Por su parte, muchas autoridades gubernamentales, comenzando por los viceministros de Descolonización, lejos de luchar contra el racismo utilizaron la Ley 45, de Lucha contra Toda Forma de Racismo y Discriminación, de manera instrumental, racializaron al adversario político, y se mostraron incapaces de implementar todas las medidas educativas y de transformación establecidas en la norma.

La reacción a ese estado de cosas tuvo sus más horribles manifestaciones luego del inconstitucional cambio de gobierno en noviembre de 2019, incluyendo, además de las matanzas en Senkata y Sacaba, indisimuladamente celebradas por los sectores más conservadores de la sociedad, la racialización de todas aquellas personas que comulgaban con el depuesto gobierno o con su partido político. Muchos medios de comunicación fueron parte activa de este proceso, lo cual explica su feroz oposición al proyecto de Ley 305, que endurece las sanciones por promover y difundir discursos racistas.

Hoy tenemos un país enfermo de racismo y una sociedad con muy poca voluntad de resolver el problema. Quienes están en posición de liderazgo, dentro y fuera del Estado, tienen la obligación de ponerle freno a la polarización e implementar las medidas de transformación que dispone la norma. No hacerlo es condenar al país a seguir repitiendo errores que se arrastran desde la colonia.

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Educación

No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito

Por La Razón

/ 13 de junio de 2024 / 06:40

Días antes de que la tensión política volviese a escalar con la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que se aprobaron leyes que probablemente no serán promulgadas, el Presidente del Estado anunció la convocatoria al Congreso Plurinacional de Educación. Se trata de un mandato del cabildo de meses atrás en El Alto, pero también de una urgencia nacional.

A primera vista, la idea es excelente. A más de 13 años de promulgada la Ley 70, de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, es evidente que, con todo y los avances que especialistas le reconocen a la norma, la educación pública en Bolivia no parece haber mejorado mucho, aunque sí hay evidencia de mucha ideologización de los contenidos (y es bien sabido que ideología está en las antípodas de sabiduría).

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Las y los maestros de secundaria se horrorizan ante la falta de competencias básicas de niñas y niños que han cursado los seis años de primaria; y las y los docentes universitarios descubren que las y los flamantes bachilleres, en una proporción alarmantemente alta, son incapaces de comprender textos básicos, y ni hablar de escribir textos completos, coherentes y libres de errores ortográficos y gramaticales.

Ése es el contexto en el que el primer mandatario pretende realizar el Congreso Educativo con el objetivo de combatir los problemas a los que se enfrentan los educadores al momento de enseñar; al igual que los principales desafíos de los alumnos al momento de aprender. Sin embargo, todavía no se conoce de una convocatoria oficial y menos de la agenda a tratar.

En su anuncio, el Presidente habló de reajustar la Ley Educativa y la malla curricular del subsistema educativo, diseñar el perfil de bachiller que necesita el país y abordar los peligros y amenazas en materia educativa que representan las redes sociales, entre otros propósitos para el encuentro nacional. El mandatario cree que será posible diseñar una “política educativa” para profundizar “la educación inclusiva, científica, técnica, tecnológica; también la productiva, revolucionaria, liberadora, progresista, intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizadora, despatriarcalizadora en todo nuestro sistema educativo”.

Urge hacerlo, sobre todo considerando que la muy extensa lista de adjetivos empleados por el presidente Arce está lejos de materializarse en los contenidos, en las actitudes y comportamientos de la mayor parte de las y los educadores y, por supuesto, en los resultados que demuestran las y los educandos en el aula y fuera de ella.

Es bien sabido que la educación es la primera y más importante tarea del Estado, y que cualquier política pública al respecto debe pensarse y ejecutarse mirando el mediano y el largo plazos, al margen de los apetitos políticos del momento. No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito. Sin embargo, seguir postergándola solo abonará al rezago que muestra la sociedad boliviana en estos ámbitos.

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La Paz a la deriva

Hoy, la ciudad sede de gobierno está en manos de autoridades demasiado ocupadas en cubrir los rastros de sus malos manejos

Por La Razón

/ 6 de junio de 2024 / 06:42

Mientras los medios de comunicación se llenan de noticias que agravan la incertidumbre respecto de la estabilidad económica y política, en La Paz son otras las fuentes de incertidumbre y surgen del gobierno local; el desorden en el gobierno municipal paceño tiene que ver con la incapacidad de gestionar adecuadamente el desarrollo urbano y el efecto político que esto causa.

Días atrás se supo que las y los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) habían decidido retirar su apoyo a su colega Roxana Pérez del Castillo, que de todas maneras fue electa como vicepresidenta del Concejo, esgrimiendo acusaciones de irregularidades y violaciones normativas. La profunda división en el partido a cargo del Gobierno nacional repercute en todas las instancias en las que participa.

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Pero el conflicto masista es apenas uno de los elementos en este preocupante estado de cosas. Días antes del desaguisado en el Concejo, la Justicia ordenó la detención preventiva del empresario de bienes raíces Harold Lora, acusado estafar a cientos de personas con la venta de departamentos en edificios que no se han terminado de construir y probablemente, si se cumple la ley, queden inconclusos.

En este caso, que es, seguramente, solo el más visible por el número y volumen de las construcciones, así como por la cantidad de personas afectadas, el problema tiene que ver no solo con la ineficaz tarea de fiscalización, que las leyes le atribuyen al Ejecutivo municipal, sino con una probable lenidad de muchas instancias de fiscalización y control, que ha permitido que se levanten miles de construcciones fuera de norma. Según la concejala Pérez del Castillo, son más de 30.000 edificaciones irregulares solo en la gestión del actual alcalde.

Los numerosos intentos de aprobar y promulgar normativa que “regularice” las construcciones fuera de norma y permita nuevos proyectos arquitectónicos ha terminado por revelar un descuido tal en la gestión urbanística de la ciudad que incluso se le ha acusado de violar derechos humanos, comenzando por el derecho a una vida digna, no solo de quienes adquieren un inmueble mal construido, sino también de las y los vecinos de esas edificaciones levantadas con el único afán de recaudar mucho dinero a cualquier costo.

Ese contexto explica la virtual parálisis del Concejo Municipal, afectado por las disputas del MAS, que son hábilmente aprovechadas por concejales inescrupulosos, unidos no por su ideología o su partido (que no los tienen), sino por su interés de medrar de la necesidad de vivienda que hay en la sociedad paceña. Desde el inicio de la gestión fue muy evidente su mala intención gracias a inverosímiles apelaciones al derecho de las personas a tener un techo propio.

Hoy, la ciudad sede de gobierno está en manos de autoridades demasiado ocupadas en cubrir los rastros de sus malos manejos y despreocupadas de la mayor parte de los problemas que aquejan a la población; y el pronóstico no permite albergar muchas esperanzas en el corto plazo.

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Crisis y discursos

Por La Razón

/ 30 de mayo de 2024 / 00:25

A partir de una reciente aparición del Presidente del Estado reconociendo que el Gobierno tiene “ciertas dificultades” con el dólar, pero que pese a ello el país no está en crisis económica, ha comenzado una evidente campaña gubernamental para negar que haya problemas relacionados con la economía en el país y acusar a sus oposiciones de crear zozobra y malestar en la población.

El mandatario fue más allá y afirmó que las oposiciones tienen la intención de posicionar la idea de “una crisis económica estructural” con el propósito de “generar crisis política y acortar nuestro mandato”. A partir de estas ideas, miembros del gobierno de Luis Arce han afirmado que algunos legisladores del MAS del ala evista, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, además de exautoridades del gobierno de Evo Morales, tienen el objetivo de boicotear la gestión económica.

Así, el Gobierno ha pasado de la estrategia de, primero, negar que hubiera escasez de dólares, y luego acusar a agentes económicos no identificados de estar especulando con la moneda estadounidense, a reconocer, tal vez de manera tardía, que el problema ocurre en muchos países dependientes de la divisa, lo cual está produciendo inflación que es “importada” a través de la internación de productos de consumo con precio inflado en su país de origen. En ese contexto, la sustitución de importaciones sigue pareciendo un discurso de buenas intenciones.

El martes, fue la viceministra de Comunicación quien, a modo de pedir a los sectores que anunciaron medidas de presión desistir de las mismas porque solo afectará a la economía del país, afirmó que “el nuevo bloque de oposición” trata de instalar en la opinión “de manera sistemática y coordenada” la idea de una crisis económica estructural. El mismo día, la ministra de la Presidencia la secundó en otro evento afirmando que, en lugar de crisis, lo que hay es “un boicot a la economía”, irónicamente luego de haber levantado la restricción a la venta de carburantes en bidones, que son fáciles de transportar hasta el otro lado de la frontera.

Finalmente, ayer, el ministro de Planificación del Desarrollo afirmó que el país no presenta rasgos de crisis económica, como afirman algunos analistas y sectores sociales, y explicó que para identificar los síntomas en cualquier país “se debe establecer si su economía se ha achicado, si registra altos niveles de desocupación y si hay una acelerada elevación de precios de los productos”. En este punto es inevitable preguntarse si la información sobre estos indicadores es actual y confiable, así como transparente.

Así, en medio de encendidos discursos, acusaciones y justificaciones, a menudo verosímiles, pero no siempre verdaderas, la población boliviana (que, dependiendo del momento, la circunstancia y quién pronuncia el discurso tiene más o menos de “pueblo”) vive en incertidumbre, caldo de cultivo ideal para toda clase de engaños y manipulaciones, artes de las que se han valido, hasta ahora, tanto los opositores de vieja y nueva tradición como los oficialistas.

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Amenazas y excesos

La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica

Por La Razón

/ 23 de mayo de 2024 / 06:36

Probablemente a nadie sorprenda saber que un Estado débil poco a poco va perdiendo la capacidad de garantizar el Estado de derecho, con todo lo que ello implica para la seguridad interna o para los derechos humanos, ambas obligaciones estatales, y con ello también la voluntad de las personas de cumplir la ley. Poblaciones que amparan el narcotráfico o el contrabando son buena muestra.

Tómese, por ejemplo, la feroz resistencia de “la familia gremial”, como le gusta decir a sus líderes, a cualquier norma que endurezca la lucha contra el contrabando o, incluso, la identificación y sanción de las fortunas que son fruto de actividades delictivas, cuando no criminales. Cuesta entender por qué miles de personas que, literalmente, viven al día de vender baratijas y caramelos, se muestran tan preocupadas por protegerse de la vigilancia estatal; lo mismo puede decirse de su preocupación por acceder a más dólares.

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También están las constantes amenazas de varios sectores de los movimientos sociales (divididos, todos ellos, gracias a la acción del partido gobernante), de ejecutar movilizaciones, bloqueos de caminos y otras medidas de presión ante la sola posibilidad de que las instituciones estatales cumplan con lo que indica la norma. Es aún peor cuando el líder afirma que poner límites a la anomia que parece haberse apoderado del partido sería “un genocidio”.

Y si de declaraciones incomprensibles se trata, el mismo líder del partido se causa un daño gravísimo a sí mismo cuando hace afirmaciones más propias de un jefe de la mafia que de un expresidente al tratar de negar que en el Trópico cochabambino campea el narcotráfico: “cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo”, amenaza. Si las mafias del narcotráfico no dominan en la región, ¿por qué habría de temer por su vida la autoridad gubernamental? Si hay conocimiento de que el narco amenaza la vida de una autoridad, ¿por qué no se denuncia ante las instancias competentes?

Habrá quien afirme que se trata solamente de una guerra verbal, en la que es comprensible el exceso, pues se trata de “pegar” más duro que el adversario o de causar temor, pero en todos estos casos, y muchos otros, lo que queda es la evidencia de que autoridades, exautoridades y personas dotadas de notoriedad o poder dicen y hacen cuanto les place porque se ha perdido, de un lado, la necesaria mesura y el respeto por las normas y las personas, y, del otro, la capacidad institucional de poner límite a los comportamientos reñidos con la ley.

Las palabras se las lleva el viento, se dice coloquialmente, pero en los hechos, dependiendo de quien las pronuncia, pueden ser más bien el incentivo para profundizar, en todos los estratos sociales o económicos, el desprecio por los principios y valores, comenzando por los referidos a la democracia y sus instituciones, y terminando en aquellos que permiten la pacífica convivencia social. La incapacidad de poner freno a los excesos, verbales o no, es el mejor aliciente para que estos aumenten, con todo el costo que ello implica.

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Riesgo de convulsión

De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces

Por La Razón

/ 16 de mayo de 2024 / 06:25

En menos de una semana, el Gobierno promulgó un decreto supremo y lo abrogó debido a amenazas de movilizaciones y actividades de protesta contra la norma, que, como tantas otras, no había sido promocionada y mucho menos socializada, lo cual permitió que circule abundante desinformación que galvanizó las posiciones de rechazo. El Gobierno dio el paso atrás para evitar la “convulsión”.

Se trata del DS 5143, creado, según autoridades de gobierno, para transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de Derechos Reales y desburocratizar el procedimiento, que actualmente puede tardar hasta dos o tres años. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, el decreto disponía la bancarización, para pagos en línea, y la interoperabilidad, para el cruce de información entre gobiernos municipales, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí); además, se trataba de la actualización de un decreto promulgado durante el gobierno de Carlos Mesa en 2004.

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Nada de esto es lo que se discutía en las calles y centros de reunión de opositores: se especuló que el decreto serviría para posibilitar la intromisión del Estado en la administración y la tenencia de la propiedad inmueble de privados o que exigiría una nueva certificación para trámites de compra-venta. De nada sirvieron las escasas y tardías explicaciones de algunas autoridades, el rumor había echado raíces y se multiplicaban las amenazas de movilizaciones.

Más tardó el Presidente en anunciar la abrogación de la norma que los líderes de las únicas dos fuerzas políticas con representación parlamentaria en salir al espacio público y celebrar la “derrota” del Gobierno. En tiempos de política de suma cero, poco o nada importa la relevancia o necesidad de políticas públicas: todo se reduce a imponer las ideas propias y evitar a cualquier costo las opuestas. Agréguese a ese estado de cosas una gestión gubernamental llena de contradicciones y se produce lo que tantas veces se ha lamentado en este mismo espacio: pérdida de confianza de la población en las instituciones gubernamentales.

La creciente conflictividad, las dirigencias opositoras claramente orientadas a la solución por el desastre y la incapacidad gubernamental para crear y sostener alianzas y consensos (excepto cuando se trata de apropiarse del partido político), son un buen caldo de cultivo para la convulsión, lo cual no significa que haya, en realidad, planes para provocarla y forzar la caída del Gobierno.

En tiempos cuando menudean los discursos desinformadores y polarizadores, además de la memoria reciente de hechos sediciosos, es tentador acusar a la oposición, o a agentes no identificados, de buscar la convulsión; sin embargo, también suele ser evidente que los conflictos pueden ser fabricados con el propósito de influir sobre el ánimo de la población. Identificar quién gana más con la polémica, el conflicto y la abrogación del mentado decreto serviría para señalar quién es el más interesado en que haya miedo por la amenaza de convulsión.

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