El escándalo desatado con la quiebra e intervención del Banco Fassil, agravado con la macabra noticia del suicidio del interventor el sábado último, se ha convertido en un vórtice donde coinciden todos los discursos políticos descalificadores del adversario y sus prácticas, pero sobre todo en la evidencia de que en la próspera Santa Cruz de la Sierra pasan cosas que merecen preocupación.

El más preocupante de los síntomas del descalabro producido por la caída del banco que en menos de una década creció hasta convertirse en uno de los cinco más grandes del país fue el suicidio del interventor designado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y que, entre el momento del suceso y el martes por la noche, cuando el Ministro de Gobierno reveló los resultados y conclusiones de las pruebas periciales, dio paso a toda clase de conjeturas.

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En extensa conferencia de prensa, el ministro Del Castillo brindó detalles técnicos y hasta mostró perturbadoras imágenes que confirman la hipótesis del suicidio, que hasta ese momento era rechazada y hábilmente empleada por portavoces opositores al Gobierno, comenzando por el autodeclarado “abogado de la familia” del fallecido, el mismo que meses atrás insultó en entrevista transmitida en vivo y directo a dos periodistas de este diario por hacerle preguntas incómodas, que fue aprehendido en 2022 por participar en un consorcio de jueces y fiscales, que fue sancionado por inconducta cuando representaba a Jeanine Áñez y que en 2020 fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas.

Lo que no se resuelve con la investigación por el suicidio es, por una parte, aquello que sugiere la carta póstuma del fallecido (“me dejaron solo”, escribió, además de otras expresiones de angustia), así como las verdaderas razones para tomar la trágica decisión. Por otra, las dudas que producen los vínculos detectados entre el banco, la empresa propietaria de un tercio de las acciones de la institución y varias decenas de empresarios que se beneficiaron con miles de millones de bolivianos en créditos otorgados en condiciones sospechosas.

En el camino, al menos desde el 26 de abril, cuando inició la intervención, han menudeado las acusaciones de politización del caso, de uno y otro lado del espectro ideológico, incluyendo al comité cívico, que defiende el “modelo de desarrollo cruceño”, supuestamente atacado por el “masismo”, y algunos líderes de opinión que de modo delirante sospechan que se trama un “caso Terrorismo 3”, lo cual solo abona a la confusión y desconfianza generalizadas.

De todo esto queda la certeza de que la actuación pronta y oportuna de la Policía y el Ministerio Público ayuda a desvirtuar intentos de desinformación; que la Asfi y su Unidad de Investigaciones Financieras tienen mucho qué explicar sobre la catástrofe financiera; y que ya no hay forma de ocultar el hecho que gran parte de la riqueza que se ostenta en la capital cruceña proviene de fuentes inconfesables.

El año 2009, la democracia electoral boliviana dio un salto cualitativo con la conformación de un padrón biométrico. Ello implicó la adquisición de equipamiento que, además de los datos biográficos, permitía registrar la información biométrica (facial, dactilar y firma) de las y los ciudadanos con derecho al voto. La plataforma tecnológica adoptada en ese momento correspondió a la solución NEC Corporation. El nuevo padrón electoral redujo el subregistro que había de personas en edad de votar.

Con ese padrón biométrico se votó en el país en las elecciones generales 2009, 2014, las fallidas 2019 y 2020; en las elecciones subnacionales 2010, 2015 y 2021; en las elecciones judiciales 2011 y 2017; en el referéndum constitucional 2016; y en decenas de referéndums autonómicos. El año 2017, una auditoría integral y externa de la OEA certificó la confiabilidad del registro electoral boliviano, recomendando acciones de saneamiento permanente y la actualización de la plataforma biométrica.

Como parte de la disputa política, algunos actores de la oposición –usualmente los que pierden elecciones y gritan “fraude”– procuran descalificar el padrón y sembrar dudas sobre su solidez y confiabilidad. Así se tejen mitos: que tuvo un crecimiento inusual, que los muertos votan, que está contaminado, que registra personas inexistentes, en fin, que hay “un bloque de data alterno, restringido y secreto” (sic). Cada uno de estos mitos ha sido amplia y técnicamente refutado por el organismo electoral.

Ahora, ante la noticia de que finalmente se realizará la necesaria actualización de la plataforma biométrica del registro electoral, surgen voces, más bien marginales, con su renovado ataque. Dicen falsamente que se licitó “la limpieza del padrón y la conformación de un nuevo padrón”; que la empresa adjudicada “ocasionó el fraude electoral de 2019-2020 y de las elecciones venideras”; que “es una estrategia del gobierno para anular el derecho al voto”. Extraña mezcla de maledicencia y de ignorancia.

Los mitos y las mentiras se asientan en la falta de información. En este caso, no basta que el TSE comunique la adjudicación del proceso de contratación. Es fundamental que explique con claridad y transparencia el alcance del servicio, la solución tecnológica adoptada, la experiencia de la empresa contratada, el vínculo con NEC, los plazos y, claro, los resultados esperados. Es fundamental también que la actualización de la plataforma biométrica se haga con acompañamiento de actores políticos y sociales.

La corrupción, que es asociada con el mal gobierno y con la pérdida de valores en la sociedad, parece haberse convertido en cosa cotidiana en Bolivia, con el previsible costo que eso tiene en la credibilidad de autoridades, líderes e instituciones. Quien crea que es un asunto que solo afecta a autoridades y servidores públicos, puede mirar el caso del banco cruceño intervenido hace poco.

La renuncia, arresto e imputación del exministro de Medio Ambiente y Agua, acusado por una de sus colaboradoras de haber cobrado millonarios sobornos a su paso por esa cartera del Estado, es el más reciente escándalo, pero ciertamente no el primero, aunque sí sea la primera vez que el acusado, en lugar de defenderse apelando a discursos partidarios e ideológicos, tuvo la iniciativa de presentarse ante el Ministerio Público.

Una larga lista de denuncias, la mayoría difundidas sin presentar evidencia y mucho menos formalizadas ante la Fiscalía, inevitablemente echa sombra sobre el Gobierno, que una y otra vez anuncia “tolerancia cero”, pero parece no encontrar los mecanismos para identificar, sancionar y expulsar a quienes cometen actos ilícitos amparados en el cargo o los contactos con quienes tienen poder.

Junto con el caso del ahora exministro está la denuncia hecha por dos exministros de la última gestión de Evo Morales, quienes presentaron denuncia ante la Fiscalía afirmando que en YPFB hubo un millonario sobreprecio en la compra de diésel durante más de un año; las declaraciones del titular de la petrolera estatal parecen no ser suficientes para demostrar la falsedad de la acusación y solo queda esperar a que el Ministerio Público haga su trabajo con eficacia y transparencia.

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Pero no solo en el Gobierno hay acusaciones de corrupción: la caída, intervención y liquidación del banco Fassil es evidencia de que en el sector privado, particularmente entre algunas élites económicas, la honestidad tampoco es moneda común. La diferencia está en que muchos medios de comunicación, siempre afectos a la denuncia y el escándalo opositor, prefieren no tocar ni investigar el tema, ayudando de esta manera a mantener el caso en las sombras, lo cual también puede ser visto como evidencia de la pérdida de valores, esta vez entre periodistas.

Previsiblemente, el ala opositora, incluyendo al expresidente y sus afines, se regodea acusando al oficialismo por sus errores, defectos y hasta delitos, pero es incapaz de reconocer que en su vereda las cosas no están mucho mejor. Una parte importante de la sociedad, que no se inclina ni justifica a uno u otro bando, mira azorada cómo se van perdiendo las certezas y desapareciendo las instituciones confiables.

Del lado del Gobierno urge pasar de las promesas heroicas a las acciones eficaces, aunque sean modestas al principio, pues es la única manera de dotarse de legitimidad para afrontar la lucha contra un flagelo que no por extendido o común a todos los gobiernos es menos intolerable, especialmente en tiempos de crisis económica.

En su último cabildo, el 25 de enero, la dirigencia cívica cruceña hizo avalar un ultimátum contra el presidente Luis Arce: o instruye la aprobación, en 30 días, de una Ley de Amnistía, o a partir de mayo se optará por revocar su mandato. Por supuesto tal normativa no se aprobó. Está en curso, en tanto, la amenaza revocatoria. Parece una nueva aventura, difícil de cumplir.

La decisión de la dirigencia cruceña, que venía de la derrota del paro de 36 días por la fecha del censo y de la detención de Luis Fernando Camacho en el marco del caso Golpe de Estado I, apuntaba a exigir la liberación del gobernador y de “todos los presos políticos de Bolivia”. Tal mandato impulsado por Calvo ha sido heredado por Larach. El razonamiento es curioso. Si el Gobierno central accede a la liberación, es democrático; si no lo hace, es “un régimen dictatorial y antidemocrático”.

Más allá del cuestionamiento a cabildos no deliberativos que imponen posicionamientos maximalistas y, por tanto, inviables, lo cierto es que el ultimátum al presidente del Estado Plurinacional está planteado desde Santa Cruz. Y ha sido asumido y reafirmado también por dirigentes cívicos de otros departamentos. Así, al haberse cumplido la mitad del mandato, se abrió conforme a norma el período revocatorio para el binomio presidencial y los asambleístas electos en los comicios de octubre de 2020.

Como derecho político reconocido en la Constitución, la revocatoria de mandato es un mecanismo de la democracia directa por el cual la ciudadanía puede decidir en las urnas sobre la continuidad o no en sus funciones de un gobernante o representante electo. Se origina solamente por iniciativa popular. En el caso de autoridades nacionales, como el presidente Arce, se requiere al menos el 25% de firmas del padrón electoral. Estamos hablando de casi 1,8 millones de adhesiones. No es poco.

A la vista del fracaso de los juristas que estuvieron lejos de conseguir el millón y medio de firmas requerido para su iniciativa de reforma de la justicia, ¿los cívicos están conscientes de lo que implica esa labor en un período de solo 90 días, con firmas y huellas dactilares que, además, deben estar proporcionalmente distribuidas en los nueve departamentos del país? ¿O acaso por cumplir el “mandato del cabildo” se están embarcando en una aventura que podría derivar en una nueva derrota política?

Algunas voces de la oposición han advertido que forzar una iniciativa de revocatoria de mandato contra el presidente Arce es un error, pues podría terminar fortaleciéndolo (como ocurrió con el expresidente Morales en 2008). Desde el oficialismo dicen que están dispuestos a enfrentarlo, quizás con la certeza de que es una carrera de obstáculos. La dirigencia cívica del país, que con excepción de Santa Cruz tiene escasa convocatoria, tendrá que medir bien sus fuerzas y sus luchas para no debilitarse aún más.

El martes último, al cumplirse dos años y medio desde el inicio de la gestión de Luis Arce Catacora como presidente del Estado Plurinacional, el mandatario brindó un breve mensaje-informe al país, en el que destacó con énfasis los logros obtenidos desde noviembre de 2020, así como los obstáculos que el Gobierno ha tenido que superar; de los errores y defectos se habló poco o nada.

Donde más optimismo mostró el Presidente es en la economía: afirmó que, pese a contextos adversos e intentos de boicot externos e internos, la economía en Bolivia creció 3,5% en 2022 y el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó una cifra histórica de $us 44.315 millones; añadió que el PIB per cápita se incrementó en 7,4% respecto de la cifra de 2021, alcanzando a un monto de $us 3.691, “la cifra más alta en la historia de nuestro país”.

También se refirió al ámbito laboral, anunciando que la desocupación disminuyó de un pico de 11% en 2020 a un 4% al cuarto trimestre de 2022, así como a la reducción de la pobreza extrema, que bajó a 11,1% en 2021 luego de haber llegado a 13,7% en 2020. No dijo nada, sin embargo, de la calidad del empleo de esa población ocupada, que en casi todas las ciudades se manifiesta en forma de comercio callejero, ni de la indisimulable mendicidad en las calles.

Asimismo, mostró gran entusiasmo al hablar de los planes de industrialización, que llamó “irreversible”, y de la consiguiente sustitución de importaciones, señalando que está en curso la implementación de más de 130 plantas industriales en el país, y que el Gobierno está invirtiendo más de $us 3.600 millones “a objeto de crear una economía de base ancha para la industria boliviana”. Por ahora se trata de muchos anuncios y muy pocos resultados, y es de esperar que esa proporción se invierta en el corto plazo, pues hay proyectos que tienen demasiados años desde la primera vez que se publicitaron.

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También se refirió a la urgencia de renovar el sistema de justicia del país, señalando que son necesarios cambios profundos desde la formación de administradores de justicia, con una carrera judicial que garantice independencia, así como destacó la modernización y el gobierno electrónico como necesarios para acompañar este cambio, con la transparencia y el control social para garantizarlo.

De la escasez de dólares y la incertidumbre que esto ha causado dijo más bien poco, cifrando su esperanza en la recién promulgada ley que habilita la compra de oro en moneda nacional y su venta en divisas estadounidenses; lo preocupante en este caso no es el tiempo que pasará hasta que ocurra la normalización del mercado cambiario, sino el hecho que en las últimas semanas hubo contradicciones y desmentidos que no ayudan a devolver la calma a una población desinformada por acción de unos y omisión de otros.

Así, según el Mandatario, el país está en una senda que inspira optimismo, pero esa perspectiva es poco y mal comunicada a la población, que cada día se muestra más reactiva e impaciente.