La toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) el viernes 2 de junio ha servido no para “recuperar” el inmueble donde funciona la benemérita institución, sino para actualizar el todavía irresuelto conflicto entre la expresidenta y los actuales dirigentes, y para proyectar una imagen lastimera de la española convertida en activista en Bolivia.
El día de los hechos, un grupo encabezado por Édgar Salazar, presidente de la APDHB desde el 17 de diciembre de 2021, llegó hasta la oficina y, según un comunicado de la institución, se pidió a quienes allí se encontraban “que desocupen de manera pacífica” el inmueble. La respuesta fue una “vigilia” protagonizada por la expresidenta, quien permaneció por varios días en la puerta de calle al alcance de reporteros y fotógrafos de algunos medios, que desde entonces difunden únicamente la versión de ella.
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También dio paso a la presentación de un amparo constitucional, que muy pronto fue rechazado por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, cuyos magistrados afirmaron no estar en condiciones de dirimir quién es el legítimo presidente de la institución y exhortaron a las partes en conflicto a ceñirse a sus reglamentos. Eso sí, es posible que esta actuación sirva como límite al uso instrumental de la justicia constitucional, al menos en este caso.
Las reacciones al lamentable hecho, que se repite recurrentemente desde la recuperación del orden constitucional en octubre de 2020, fueron de enérgico rechazo a la acción de la dirigencia, calificada de “masista”, de parte de portavoces y periodistas de oposición, restándole todo mérito al grupo de activistas, así como de fraternos llamados a la conciliación y cumplimiento de las normas internas, de parte de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos; tampoco faltaron las voces de enérgica condena a la expresidenta de la Asamblea por parte de lideres del oficialismo gubernamental.
Sin embargo, de todo el conflicto queda en claro que la verdadera intención de Amparo Carvajal y sus acólitos es únicamente ocupar una posición en el tablero político, lo cual podrá servir, como en 2019 y 2020, para justificar abusos y excesos, ignorando por completo la doctrina de los derechos humanos; guardar silencio ante las matanzas de Sacaba y Senkata, pedir protección para los militares responsables de esas muertes, calificar de “necesaria” a la Resistencia Juvenil Cochala y hacer vigilias en la puerta del penal donde está recluida Jeanine Áñez son actos que han echado por tierra su imagen de defensora de derechos labrada desde fines de la década de 1970.
Así, Bolivia carece hoy de una instancia de defensa y protección de derechos desde la sociedad civil, lo cual solo conviene a quienes hacen de la política un deporte de combate y es otro ejemplo más del peligroso retroceso de los valores democráticos en favor de posturas violentas y autoritarias; quienes pierden con todo esto son las personas necesitadas de protección y defensa.