Editorial

Monday 15 Apr 2024 | Actualizado a 00:09 AM

Censura legislativa

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante

Por La Razón

/ 29 de junio de 2023 / 07:18

El martes, en su tercera interpelación seguida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue censurado por más de dos tercios de las y los asambleístas; esta vez fue por el tráfico de automóviles robados en Chile, pero propios y extraños coincidieron en señalar que el Presidente del Estado debe tomar muy en cuenta lo sucedido.

En la interpelación, el todavía ministro respondió 14 preguntas de legisladores de oposición sobre el robo de vehículos en Chile y su comercialización en Bolivia; si bien el tema no es nuevo en el país, al parecer la gota que colmó el vaso fue la identificación de uno de esos coches en el estacionamiento de la propia Asamblea Legislativa. Al final del acto, 101 diputados y senadores votaron por la censura del ministro, 42 rechazaron la moción y uno votó en blanco.

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En la interpelación anterior, el 13 de junio, del Castillo recibió el voto de confianza de la ALP tras responder a preguntas sobre el envío de efectivos policiales a Santa Cruz durante el paro cívico de 36 días, iniciado en octubre del año pasado. Tres semanas antes de eso, la primera interpelación, sobre la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz en diciembre de 2022, terminó de manera bochornosa cuando legisladoras del MAS y de oposición llegaron a los golpes.

En esta ocasión, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante, lo cual fue interpretado como una llamativa coincidencia de intereses entre los representantes del ala “evista” y sus colegas de oposición; previsiblemente, el ala favorable al Presidente hizo mucho énfasis en esta coincidencia.

En sendas entrevistas con La Razón Radio y Piedra Papel y Tinta, el Presidente de la Cámara de Diputados afirmó que, además de la coincidencia de intereses señalada, hay un mensaje para el primer mandatario del país: el titular de la Cámara baja insistió en que el ministro “ha sido censurado y debe ser removido del cargo”, pero que la decisión de destituir y volver a nombrar o no en el cargo al ministro censurado es tuición exclusiva del Presidente. También destacó que del Castillo “no goza de la confianza” de la ALP.

Aunque todavía es poco claro cómo responderá el Presidente, que no había hecho declaración alguna hasta el momento de escribirse estas palabras, algunos legisladores insistieron en que “el pueblo habló” a través de sus representantes en la ALP, por lo que es deber del mandatario escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia.

Hasta que el Presidente tome una decisión, únicamente queda claro que el ministro no podrá presentarse nuevamente ante la Asamblea Legislativa, que será objeto de disputa entre las dos facciones del MAS y que, eventualmente, enlodará aún más a la Justicia, especialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, si activa algunos mecanismos que restan fuerza de ley a la propia Constitución y otras normas acerca de la censura parlamentaria.

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Un impasse inédito

El camino hacia la resolución de este conflicto debe estar pavimentado con el respeto a las leyes internacionales

Por La Razón

/ 11 de abril de 2024 / 06:33

Aunque se afirma que no es la primera vez que ocurre en la historia reciente, lo sucedido en Quito la noche del viernes al sábado, cuando la Policía irrumpió en la Embajada de México ante Ecuador, representa mucho más que un escándalo diplomático y ha puesto al país andino en un impasse del cual será muy difícil salir, mucho más debido a la hasta ahora arrogante posición de su gobierno.

El conflicto diplomático entre México y Ecuador, cuyo antecedente inmediato fue la declaración de persona no grata a la embajadora mexicana, que luego dio paso al secuestro y encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glas, que acababa de recibir el estatus de refugiado político (pese a haber sido condenado por delitos comunes años atrás), ha escalado hasta alcanzar los estrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México ha presentado una demanda buscando justicia y el respeto a las normas internacionales.

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La decisión de México de acudir a la CIJ y la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) los días martes y miércoles reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de un marco de acción que respete los principios fundamentales de la diplomacia y el derecho internacional. Estos foros ofrecen una oportunidad invaluable para abordar el conflicto de manera constructiva, poniendo en primer plano la necesidad de soluciones pacíficas y el diálogo basado en el respeto mutuo, razón por la cual la demanda ecuatoriana de revisar los tratados internacionales es poco prudente.

En estas circunstancias, la comunidad internacional, así como los organismos regionales y multilaterales, deben actuar como mediadores para facilitar una resolución que respete las normas internacionales y promueva la estabilidad regional. Según expertos en la materia, la mediación debe enfocarse en la reconciliación y buscar una solución que permita a ambas partes superar el impasse, manteniendo la integridad de los tratados internacionales como guía.

Este conflicto sirve para poner en relieve la importancia de adherirse a los principios del derecho internacional no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar la paz, la seguridad y el respeto entre las naciones. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para el manejo de futuras disputas diplomáticas y reafirmar el valor de las convenciones internacionales como pilares de las relaciones entre Estados.

El camino hacia la resolución de este conflicto debe estar pavimentado con el respeto a las leyes internacionales y el compromiso con el diálogo y la negociación. Es imperativo que México y Ecuador, con el apoyo de la comunidad internacional y organismos como la OEA, encuentren una salida basada en el entendimiento mutuo y el respeto a los tratados que han guiado las relaciones diplomáticas durante décadas. Este enfoque no solo resolverá el impasse actual de manera justa, sino que también fortalecerá el sistema internacional basado en reglas, crucial para la coexistencia pacífica entre naciones.

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Liderazgos autoritarios

Es poco probable que la clase política vaya a recuperar su vocación por el debate y la competencia democrática

Por La Razón

/ 4 de abril de 2024 / 06:13

El tema no es nuevo ni se limita a Bolivia: los valores democráticos se depauperan con cada día que pasa y en la mayoría de los casos son los propios líderes políticos quienes propician este estado de cosas. Solo esta semana hubo dos ejemplos: un expresidente propuso cumplir la ley que él mismo promulgó y otro, también expresidente, pidió a sus diputados renunciar a su cargo.

En el primer caso, se trata de la aparentemente insalvable ruptura del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que ahora afronta un ultimátum del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para renovar su directiva en un congreso orgánico, que todavía no se sabe si podrá realizarse, pues hay dos convocatorias con fechas y sedes diferentes. Difícil saber cómo responderá el Órgano Electoral a la disyuntiva, que podría profundizar no solo la ruptura del partido gobernante, sino aumentar la polarización en la sociedad.

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En el afán de salvar la situación, el jefe del partido, el expresidente Evo Morales, retó al actual Presidente del Estado a competir por la candidatura en una elección primaria. Es un cambio en lo decidido en el frustrado congreso de Lauca Ñ, el año pasado, donde se dijo que el exmandatario es “el único” candidato del partido, desconociendo la Ley 1096, de partidos políticos, y su reglamento específico sobre elecciones primarias; pero también una muestra de una vocación de uso instrumental de la norma.

Si tal actitud no es suficiente muestra, las oficiosas declaraciones de los áulicos del expresidente, prometiendo baños de sangre u ofrendar sus vidas, por la “libertad”, la “democracia”, y “por supuesto, por nuestro líder”, como dijo un senador hábil para el victimismo y la desinformación, muestra el poco aprecio por el juego limpio.

En el segundo caso, se vio al también expresidente Carlos Mesa pidiendo a sus legisladores electos renunciar a su silla en la Asamblea Legislativa si no se avienen a seguir sus instrucciones. No hace falta ser un gran intelectual para saber que la democracia implica gestionar el disenso, tarea propia de un buen líder. Un mensaje que instruye obedecer ciegamente al jefe o largarse, habla mal del liderazgo.

Además, como ya se ha dicho, no son solo jefes políticos quienes muestran poco aprecio por los valores democráticos. Al anuncio hecho por el exalcalde Juan del Granado de “rearticular” al Movimiento Sin Miedo, la respuesta de una de las vocales del TSE no fue celebrar la diversidad de partidos o el retorno de una organización política que en algún momento gozó de gran relevancia, sino recordarle a la exautoridad que carece de personería jurídica, como si no fuese posible hacer el debido trámite para recuperarla.

Es poco probable que la clase política vaya a recuperar su vocación por el debate y la competencia democrática. Toca a la sociedad reflexionar profundamente sobre su futuro inmediato y decidir si quiere exaltados discursos ideológicos que enmascaran comportamientos autoritarios, o si prefiere líderes comprometidos con el bien común. Tarea nada fácil, por cierto.

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Cuatro millones

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento

Por La Razón

/ 28 de marzo de 2024 / 07:25

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento. Si no bastase con la obligada referencia al ejercicio estadístico de la Gobernación, se ha denunciado migración y hasta “acarreo” de gente, y se exige una “encuesta poscensal” para asegurar la “confiabilidad” de los datos recogidos el 23 de marzo.

Es un hecho que es el departamento con más habitantes del país, con todo lo que ello implica en demandas y necesidades; considérese además que durante muchos años funcionó en la puerta del Concejo Municipal de la capital un cartel informático, llamado “Cambómetro”, que contabilizaba el número de personas que llegaban a la ciudad capital, más el número de nuevos nacimientos; la cifra se actualizaba cada pocos minutos, dando cuenta del crecimiento imparable de la población local.

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A eso súmese la enorme expectativa que existe en el departamento porque la Constitución y las leyes indican que la distribución de escaños legislativos depende del número de habitantes, y ni luego del Censo de 2001 ni del de 2012 se hizo el ajuste necesario. De ahí que desde 2022 la “institucionalidad” cruceña haya levantado el tema como una de sus principales banderas.

Primero fue la instrucción del entonces Gobernador en ejercicio al Instituto Cruceño de Estadística, de realizar un estudio demográfico, tarea desarrollada entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que arrojó un “un estimado del número de habitantes en el departamento de Santa Cruz”; tal estimación fue fruto de “la inferencia estadística”. La cifra anunciada al final del ejercicio fue: 4.000.143 habitantes.

Luego de muchas idas y venidas, en las que el Gobernador cruceño subrayó su falta de interés en dialogar y concertar, se implementó una serie de paros escalonados que terminaron en un paro indefinido que duró 36 días y no logró su cometido, que era forzar la realización del Censo en 2023. Sin embargo, las elites, que terminaron perdiendo casi todo el apoyo popular que habían galvanizado desde 2019, por el costo de la medida de protesta, presentaron como éxito propio la ley que instruyó hacer el Censo en marzo de 2024.

Luego, en vísperas del conteo, oficiosos personajes mediáticos desplegaron una campaña de desinformación para que la gente evitase responder todas las preguntas del Censo. Solo lograron evidenciar oscuros intereses detrás de la campaña. Finalmente, luego de la realización del operativo el sábado 23, fue el Presidente del comité cívico quien reconoció la posibilidad que “por tanta migración, no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es, pues, un derrotero bien conocido en el modo de hacer política de las elites cruceñas y que mezcla los legítimos intereses de la población de ese departamento con las ambiciones de quienes operan estos actos y discursos, con resultados que solo abonan a un status quo de confrontación con el gobierno “centralista”. Ojalá esta vez alguna de las partes tenga mejores ideas para salir del conflicto.

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Los ‘retos’ de la democracia

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los ‘desafíos’

Por La Razón

/ 21 de marzo de 2024 / 06:26

La presentación, días atrás, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Bolivia, fruto de una visita “in loco” de un equipo de especialistas en 2023, ha terminado de aclarar el propósito de tal evaluación, que nada tiene que ver con casos particulares, pero sobre todo ha brindado una muy extensa lista de todo lo que falta por hacer.

El documento titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de enero de 2024, pero presentado el 14 de marzo, arranca señalando que la boliviana es “una sociedad afectada por el fenómeno de la polarización, que agrava la conflictividad social, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos”.

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En sus 222 páginas, el informe destaca que Bolivia ha experimentado transformaciones significativas desde la adopción de la Constitución de 2009, que ha promovido un amplio reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sin embargo, también señala que la polarización social ha exacerbado la conflictividad y generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CIDH recuerda que el Estado debe “fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana”.

Respecto de los derechos reconocidos desde 2009, el informe señala que la implementación de las políticas correspondientes “enfrenta desafíos, incluyendo la debilidad institucional y la persistencia de patrones de discriminación”. También llama “retos” para la democracia y el Estado de derecho la polarización política, el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación ciudadana; menciona asimismo el deterioro del debate público, alimentado por discursos de liderazgos públicos. Al gremio periodístico no le va bien, pues se observa falta de representatividad en sus instituciones y descalificación mutua entre colegas de profesión.

Pero de todos, el tema más importante en el informe parece ser el referido a la Justicia, señalando en el acápite respectivo la necesidad “crítica” de cambios estructurales para garantizar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias, y asegurar el acceso efectivo a la justicia para todos. Entre las recomendaciones, sin embargo, no hay ninguna que no se conozca desde hace ya demasiados años, a pesar de que son urgentes, quizás cada día más.

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los “desafíos” identificados. La extensa lista de recomendaciones puede ser un punto de partida para quien pretenda imaginar un proyecto de mejor país.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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