El martes, en su tercera interpelación seguida en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue censurado por más de dos tercios de las y los asambleístas; esta vez fue por el tráfico de automóviles robados en Chile, pero propios y extraños coincidieron en señalar que el Presidente del Estado debe tomar muy en cuenta lo sucedido.
En la interpelación, el todavía ministro respondió 14 preguntas de legisladores de oposición sobre el robo de vehículos en Chile y su comercialización en Bolivia; si bien el tema no es nuevo en el país, al parecer la gota que colmó el vaso fue la identificación de uno de esos coches en el estacionamiento de la propia Asamblea Legislativa. Al final del acto, 101 diputados y senadores votaron por la censura del ministro, 42 rechazaron la moción y uno votó en blanco.
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En la interpelación anterior, el 13 de junio, del Castillo recibió el voto de confianza de la ALP tras responder a preguntas sobre el envío de efectivos policiales a Santa Cruz durante el paro cívico de 36 días, iniciado en octubre del año pasado. Tres semanas antes de eso, la primera interpelación, sobre la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz en diciembre de 2022, terminó de manera bochornosa cuando legisladoras del MAS y de oposición llegaron a los golpes.
En esta ocasión, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) mostró una vez más la profunda división en el seno del partido gobernante, lo cual fue interpretado como una llamativa coincidencia de intereses entre los representantes del ala “evista” y sus colegas de oposición; previsiblemente, el ala favorable al Presidente hizo mucho énfasis en esta coincidencia.
En sendas entrevistas con La Razón Radio y Piedra Papel y Tinta, el Presidente de la Cámara de Diputados afirmó que, además de la coincidencia de intereses señalada, hay un mensaje para el primer mandatario del país: el titular de la Cámara baja insistió en que el ministro “ha sido censurado y debe ser removido del cargo”, pero que la decisión de destituir y volver a nombrar o no en el cargo al ministro censurado es tuición exclusiva del Presidente. También destacó que del Castillo “no goza de la confianza” de la ALP.
Aunque todavía es poco claro cómo responderá el Presidente, que no había hecho declaración alguna hasta el momento de escribirse estas palabras, algunos legisladores insistieron en que “el pueblo habló” a través de sus representantes en la ALP, por lo que es deber del mandatario escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia.
Hasta que el Presidente tome una decisión, únicamente queda claro que el ministro no podrá presentarse nuevamente ante la Asamblea Legislativa, que será objeto de disputa entre las dos facciones del MAS y que, eventualmente, enlodará aún más a la Justicia, especialmente al Tribunal Constitucional Plurinacional, si activa algunos mecanismos que restan fuerza de ley a la propia Constitución y otras normas acerca de la censura parlamentaria.