Editorial

Monday 26 Feb 2024 | Actualizado a 12:43 PM

Polémica acusación

La primera de ambas masacres ocurrió el 15 de noviembre, en el puente de Huayllani, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba

Por La Razón

/ 26 de octubre de 2023 / 07:04

El lunes último, en Sucre, el Fiscal General del Estado anunció la decisión de acusar formalmente a la expresidenta Jeanine Añez y otras 17 personas por el delito de genocidio, asociado a las masacres de Sacaba y Senkata, cometidas días después de que en cuestionados actos legislativos se proclamase presidenta del Senado, primero, y Presidenta del Estado, después. Hay polémica para rato.

La primera de ambas masacres ocurrió el 15 de noviembre, en el puente de Huayllani, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba: un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados, una nutrida columna que exigía “respeto a la democracia”. Cuatro días después, en Senkata, una populosa zona de El Alto, nuevamente los militares dispararon contra un grupo de manifestantes que impedían la salida de cisternas y camiones con garrafas de gas de la planta engarrafadora que allí se levanta.

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En total, 20 personas perdieron la vida, sin que los entonces gobernantes, la Iglesia Católica o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia manifestaran siquiera pena por las personas muertas o los familiares que les sobrevivieron. Los medios de comunicación alineados con el gobierno se prodigaron en interpretaciones y explicaciones para justificar los asesinatos. La única explicación válida es que el gabinete de ministros había aprobado días antes el Decreto Supremo 4078, que eximía a militares y policías de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Tuvo que ser un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar ambos casos, el que pusiera los puntos sobre las íes, calificando ambas actuaciones como “masacres” y desvirtuando las delirantes explicaciones que los ministros de Gobierno y de Defensa repetían una y otra vez, tratando de culpabilizar a las víctimas.

Casi cuatro años después, la Fiscalía General, encabezada por el mismo fiscal que ostentó el cargo durante el gobierno transitorio, tras haber acumulado 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación, además de 126 entrevistas a miembros las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de efectivos policiales, 50 entrevistas a víctimas y ocho a funcionarios de YPF, decidió acusar formalmente a la expresidenta, detenida desde 2021, a tres de sus ministros y a todos los jefes militares y policiales de su gobierno, según lo que indica el artículo 138 del Código Penal.

Sin embargo, el proceso no será sencillo ni mucho menos, no solo por la gravedad de los crímenes que se juzgan, sino sobre todo por el hecho que la expresidenta no gozará de juicio de responsabilidades, sino un proceso ordinario, en gran medida debido a que la oposición parlamentaria lo ha impedido, para beneplácito del oficialismo, que no le reconoce legitimidad alguna al gobierno transitorio. El resultado, probablemente, será una sentencia cuestionable que no dará justicia, ni mucho menos reparación, a las víctimas de ambas masacres.

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Un acuerdo prometedor

El acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2024 / 06:29

Finalmente, luego de un 2023 marcado por la incertidumbre y la desinformación, irónicamente producidas desde el propio Gobierno, el gremio de los empresarios privados no solo logró reunirse con autoridades del sector económico, sino que además obtuvo un ambicioso acuerdo orientado a facilitar el ingreso de divisas al país, así como a estimular el aparato productivo.

La reunión, realizada el lunes último en el Ministerio de Economía y Finanzas, contó con las más importantes representaciones del empresariado boliviano (pero no todas, pues algunos gremios reclamaron por no haber sido invitados), especialmente la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que en un comunicado difundido luego del encuentro saludó una “nueva etapa” en la relación con el Estado en la que “se prioriza el diálogo directo para encontrar soluciones conjuntas”.

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El acuerdo de 10 puntos, se informó luego, no fue solo resultado de las cinco horas de reunión del lunes, sino que se produjo luego de semanas de negociación entre los privados y los ministros de Economía y de Planificación de Desarrollo, los mismos que durante meses habían porfiado en señalar que la escasez de dólares o era falsa o era producto de la mala fe de algunos agentes económicos.

Finalmente, llegó el momento de la sinceridad y se acordó diversas medidas para, por un lado, favorecer el ingreso de divisas al país, así como para facilitar la adquisición de combustible (particularmente diésel) a los grandes consumidores, tanto de la industria y la minería como del agro. Es evidente que las declaraciones públicas no bastaban para calmar la creciente irritación de quienes sintieron la falta de dólares y de carburantes para desarrollar sus actividades.

En ese contexto, también se acordó implementar medidas para facilitar las exportaciones, comenzando por la eliminación de las restricciones a las exportaciones de alimentos y terminando por la decisión de avanzar en el uso de “tecnología agropecuaria de precisión”, eufemismo que confundió a comentaristas y periodistas interesados en el uso de biotecnología en los sembradíos de alimentos. También se acordó favorecer la importación de vehículos eléctricos y poner límites a las comisiones que cobran los bancos por las transferencias de dinero al extranjero.

Como pocas veces, el acuerdo comenzó a ser ejecutado de inmediato, y son varias las instancias gubernamentales dedicadas activamente a hacer realidad las decisiones. Hay analistas que afirman que si el acuerdo funciona como debería, el Gobierno, especialmente el Presidente, estaría acumulando puntos a su favor en la liza hacia la candidatura presidencial. Previsiblemente, las mayores críticas al acuerdo provienen de comentadores y analistas afines al expresidente Evo Morales.

En todo caso, y al margen del posible efecto político, el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática en la que las exclusiones fundadas en presupuestos meramente ideológicos o posiciones sectarias no tengan más cabida.

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Difícil ruta crítica

El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa

Por La Razón

/ 15 de febrero de 2024 / 06:31

Lo que hasta la semana pasada parecía una salida al laberinto de la ley de convocatoria a elecciones judiciales se convirtió, en vísperas del Carnaval, en un nuevo reto para el espíritu democrático de algunos y más del mismo juego iniciado hace casi un año, para otros. Se espera que esta semana se implemente la ruta crítica y la convocatoria a elecciones sea publicada.

El escenario parecía haberse aclarado con el acuerdo “bicameral y multipartidario”, suscrito a instancias del Vicepresidente del Estado, y entonces se celebró “el triunfo de la política” por encima de las mezquinas actuaciones de algunas y algunos legisladores; sin embargo, la semana pasada, en vísperas del Carnaval, las cosas volvieron a complicarse cuando los jefes partidarios decidieron ignorar el contenido del acuerdo.

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A despecho de lo que pudieran creer y afirmar los dirigentes políticos interesados en impedir la pronta realización de las elecciones judiciales o en mantener en status quo la “autoprórroga” de las y los magistrados en ejercicio, el acuerdo sostiene que el debate legislativo sobre el mandato de los jueces, magistrados y tribunos debía producirse “en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley” referidos a créditos externos. El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, legisladores de las tres fuerzas representadas en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de publicar hasta el fin de semana la convocatoria al registro de postulantes, paso que dará inicio al calendario electoral, que debe desarrollarse en 80 días en el ámbito legislativo y luego en 150 días en manos del Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto, la interminable pulseta, en la que es imposible identificar alguna parte que no hubiese mostrado signos de mala fe, se alimenta de amenazas de declarar “incompetente” al presidente de la Cámara de Diputados o de reactivar los bloqueos de caminos desde la próxima semana, habida cuenta que, según varios comentadores y analistas, el bloqueo sí produjo los resultados que su impulsor, el expresidente Evo Morales, buscaba.

Por su parte, el Gobierno sigue mostrándose débil y arrinconado, y sin darse cuenta de que los discursos en los que se muestra como víctima tienen poco o ningún efecto en la opinión, seguramente porque se espera que las autoridades electas con más de la mitad de los votos sean capaces de proponer iniciativas que muestren proactividad. Mientras tal cosa no suceda, es de esperar que los líderes de oposición sigan manejando la agenda política según sus caprichos y que, como dijo una senadora de CC, siga alargándose “la agonía de los ciudadanos”.

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Democracia amenazada

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global

Por La Razón

/ 8 de febrero de 2024 / 06:45

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global, caracterizado por la emergencia de líderes egocéntricos y autoritarios, obsesionados con alcanzar y luego retener el poder, pero también por la tendencia de los electorados a conceder el poder a tales líderes, habitualmente con una esperanza que luego se ve traicionada.

Ocurrió en Argentina hace pocos meses: Javier Milei, el candidato “ultraliberal”, cuya campaña estuvo plagada de insultos, descalificaciones, amenazas y cosas peores, se alzó con la victoria en segunda vuelta, y el día de su posesión mostró que, por una parte, iba en serio en su intención de impulsar una transformación neoliberal a cualquier costo, incluyendo su por ahora demorado proyecto de conceder[1]le al Presidente los poderes de los tres órganos del Estado; y, por otra, que gran parte de su discurso era mentira: las medidas adoptadas en poco afectan a “la casta”, que en los hechos es parte de su gobierno.

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Está ocurriendo en El Salvador, donde Nayib Bukele acaba de ganar su segundo mandato con un resultado electoral casi inverosímil: más del 80% de los votos fueron para el partido Nuevas Ideas, cuyo principal argumento de campaña fue el éxito en la reducción de la violencia atribuida a las mafias y las maras, lograda con el encarcelamiento masivo de presuntos delincuentes (se habla de más de 76.000 personas arrestadas) y la consiguiente reducción de libertades y derechos constitucionales.

Lo mismo, aunque con matices diferentes, puede decirse de Venezuela, donde el Presidente, en ejercicio desde 2013, ha anunciado que piensa ser reelecto a cualquier costo, lo que incluye ponerle cortapisas a cualquier oposición viable; o Nicaragua, donde desapareció por completo la competencia democrática y los opositores perdieron incluso su derecho a la ciudadanía.

Claramente no se trata de una tendencia atribuible a “la izquierda”. Para más evidencia está el último informe de Latinobarómetro, que demuestra el bajo apoyo que tiene la democracia: solo 48% de las personas en el continente la prefieren como modo de gobierno, mientras que 28% dice que le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario y el 17% prefiere “en algunas circunstancias” un gobierno autoritario.

Bolivia no es la excepción, y si en 2020 hubo evidencia del apoyo que puede galvanizar un gobierno como el de Jeanine Áñez, muchos de quienes hoy están en ejercicio del poder, en cualquiera de los niveles gubernativos, están demostrando que los valores y las formas democráticas les estor[1]ban, y cuentan con grupos organizados y movilizados para evitarlas en lo posible.

Difícil, pues, vislumbrar un futuro esperanzador cuando todo demuestra que líderes y dirigentes se han vuelto impacientes y no están dispuestos ni a esperar los plazos que impone el juego democrático ni a conceder la victoria al adversario. Así, es probable que la división no hará más que incrementar, lo mismo que las posibilidades de enfrentamientos fratricidas.

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Sombra del narcotráfico

Según las autoridades del área, 2023 fue un año intenso en la lucha contra el delito transnacional

Por La Razón

/ 1 de febrero de 2024 / 06:42

Ayer, el Ministro de Gobierno informó que en Locotal, uno de los puntos de bloqueo en el trópico de Cochabamba, se incautó Bs 1,2 millones en poder de una mujer que no pudo explicar el origen del dinero; es el tercer decomiso de dinero en menos de dos semanas. Las explicaciones gubernamentales hablan de vínculos con el narcotráfico, pero también de dinero para financiar las protestas.

Según las autoridades del área, 2023 fue un año intenso en la lucha contra el delito transnacional: la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó, en 10.470 operativos, 405 toneladas (t) de droga en el país, valuada en $us 198 millones y se aprehendió a 3.457 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico. También se confirmó que se trata de un delito transnacional y que las mafias operan simultáneamente en Bolivia, Perú, Chile y Colombia, sin mencionar los países destino de la sustancia controlada.

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En lo que va de 2024, según los reportes periodísticos, la actividad no fue menor: el 5 de enero se decomisaron 8,7 t de clorhidrato de cocaína en Oruro, cuyo destino era Países Bajos. Días después, se informó que en ocho operativos realizados entre el 8 y el 10 de enero, la FELCN secuestró 100 kilos de droga y aprehendió a 12 personas.

El 12 de enero, se supo que la Policía Boliviana había decomisado en Santa Cruz de la Sierra $us 1 millón, luego se informó que había sido retirado de un banco en el norte de Chile. El caso se hizo público al saberse que se trató de un volteo que intentaron hacer oficiales y suboficiales de la Policía. Días después, una mujer fue aprehendida en posesión de Bs 1,8 millones en la tranca de Achica Arriba, cerca de El Alto.

A mediados de mes, por primera vez en 16 años, la FELCN ingresó a la “zona roja” de la provincia Chapare de Cochabamba y destruyó 25 fábricas móviles de cocaína. En agosto del año pasado, el Ministro de Gobierno había informado que Villa Tunari es el área principal de producción de sustancias controladas. El 28 de enero, se informó de la destrucción de tres fábricas móviles de cocaína y 600 litros de cocaína líquida, en ese mismo municipio cochabambino. Casi al mismo tiempo, la FELCN incautó casi 200 kilos de cocaína, en la provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz.

Las autoridades de gobierno han estado señalando que parte del dinero incautado sirve para financiar los bloqueos; a su vez, el expresidente Evo Morales insiste en que el trabajo policial en el Trópico cochabambino sirve para tenerlo bajo vigilancia; de las incautaciones de drogas en sus dominios dice poco.

Las cifras de éxito en las tareas de interdicción muestran esfuerzo, compromiso y sorprendentes resultados, pero también sirven para disimular el hecho que, precisamente por ser números extraordinarios, son indicador de una cada vez más grande sombra del narcotráfico sobre la vida de las y los bolivianos.

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Regreso a los bloqueos

Se trata de un retroceso o, si se prefiere, de un retorno cíclico a los tiempos en que el Estado carecía de fuerza

Por La Razón

/ 25 de enero de 2024 / 06:35

El inicio de bloqueos camineros por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales, exigiendo la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial “autoprorrogados”, está llevando al país a una circunstancia no vista desde hace tres lustros. La pregunta, hoy como entonces, es ¿cuál es el verdadero efecto de las medidas de presión que se ejercen a costa de vulnerar derechos?

Al margen de los discursos de quienes organizan y ejecutan la movilización, fue el Defensor del Pueblo el primero en reconocer el derecho humano a la protesta, además de demandar al Gobierno que lo respete, instruyendo a las fuerzas del orden que observen la proporcionalidad al intervenir en los puntos de conflicto, y que actúe restituyendo el derecho de la población boliviana a elegir a sus autoridades del Judicial.

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Nada dice, sin embargo, el Defensor del Pueblo sobre los derechos del resto de la población que resultan vulnerados con los bloqueos de carreteras, comenzando por el más elemental de todos: el de libre tránsito. Vuelve, así, el país a los tiempos cuando se discutía qué derechos tienen prioridad por encima de otros, y qué grupos de la población tienen prioridad a la hora de gozarlos. Es una discusión retórica, por supuesto, como lo era en los mejores momentos del neoliberalismo.

Por lo pronto, el Gobierno ha respondido durante las tres primeras jornadas de bloqueo con aparente calma: sin intervención policial, para evitar denuncias de excesos y violencia estatal, y más bien señalando el enorme costo que la medida tiene para el país: $us 128 millones diarios. Los gremios de empresarios coinciden con el reclamo y manejan una cifra de pérdidas muy parecida. Nada nuevo hay en el uso de este tipo de argumentos para descalificar la protesta.

En el ámbito político tampoco hay nada nuevo. Representantes del oficialismo, en el Ejecutivo, en el Legislativo e incluso en los movimientos sociales afines al presidente Arce coinciden en culpar al expresidente Morales por el tenso momento, sobre todo porque todos los indicios señalan que el verdadero motivo detrás de la protesta es la presunta inhabilitación del exmandatario para postular nuevamente a la presidencia. En el lado de la oposición, las declaraciones parecen tomadas de un manual.

Se trata de un retroceso o, si se prefiere, de un retorno cíclico a los tiempos en que el Estado carecía de fuerza, pero sobre todo de razón, para contener la movilización popular y la política en las calles. Con una diferencia fundamental: entonces se buscaba una transformación estructural, mientras que hoy es un par de artículos de la Constitución Política lo que molesta a los impulsores de la protesta, que son los mismos que impulsaron el debate constituyente entre 2006 y 2008. Queda, pues, la sensación de que los bloqueos sirven para mostrar al Gobierno debilitado y al impulsor de las protestas como quien ha perdido por completo la noción del bien común. Del proceso de cambio, hoy no queda más que el slogan.

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