Editorial

Saturday 2 Mar 2024 | Actualizado a 05:53 AM

Sin justicia a la vista

Para la población, que poco o nada puede decir del entuerto, significa el secuestro de varios de sus derechos

Por La Razón

/ 7 de diciembre de 2023 / 08:16

A cuatro semanas para el fin del mandato de magistrados y consejeros del Órgano Judicial, y con la incertidumbre de cómo se resolverá el inevitable vacío de poder producido por la incapacidad del Legislativo para producir una norma que haga posibles las elecciones de estas autoridades a tiempo, nadie parece tener la respuesta, y muy pocos, interés para encontrarla.

A simple vista, lo que se percibe es un deliberado intento por mantener las cosas como están: un puñado de magistrados y consejeros que el 3 de enero no podrán seguir ejerciendo el cargo para el que fueron electas y electos en 2017 (a menos que estén dispuestos a afrontar la justicia constitucional del futuro si lo hicieran) y que en nombre de esa incertidumbre han estado produciendo fallos discutibles, pero de obligatorio cumplimiento.

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Para el oficialismo gubernamental la situación parece haber sido propicia, pues el Ejecutivo demostró tener algo de comando sobre el Judicial (con todo lo que ello implica para la muy republicana independencia de poderes), cosa que no es ni novedosa ni desconocida en la práctica política boliviana desde hace demasiados años.

Para la oposición parlamentaria, que incluye al grupo de legisladores afines al expresidente Evo Morales, mantener la incertidumbre sirve, por un lado, como evidencia de la incapacidad del Gobierno para tener una gestión mínimamente ordenada y funcional a las necesidades de un Estado que se desea eficaz; por el otro, para seguir produciendo actos reñidos con los derechos, que luego podrán ser impugnados, comenzando, por ejemplo, con las sentencias contra quienes tomaron el poder de manera inconstitucional en noviembre de 2019.

Para la población, que poco o nada puede decir del entuerto, significa el secuestro de varios de sus derechos, entre ellos los de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y a elegir a las autoridades, como señaló el Defensor del Pueblo, y el de conformar un órgano de poder que garantice el ejercicio de los demás derechos y libertades, como dijo el expresidente Eduardo Rodríguez; “es una crisis que afecta el sistema de derechos humanos”, afirmó el exmandatario, para quien, además, es evidente el conjunto de intereses en juego detrás de las acciones que han postergado el proceso sine die.

Por su parte, dos senadores del MAS, uno de ellos el presidente de la Cámara Alta y tercer hombre en la sucesión constitucional, han manifestado su preocupación y su disposición para encontrar una salida política que haga viable la transición hasta la elección y posesión de las nuevas autoridades; el problema es que nadie tiene todavía una solución a la mano.

En el futuro inmediato, cuando el sistema termine por colapsar, de nada servirán los señalamientos y descalificaciones que van a menudear de una y otra parte, para resolver la imposibilidad de acceder a la justicia de muchísimas bolivianas y bolivianos, por un mezquino comportamiento de la clase política y una evidente falta de entendimiento del Estado de derecho entre los gobernantes.

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Auditoría a la Gobernación

Los resultados de la indagación muestran un manejo irresponsable de los recursos y falta de transparencia

Por La Razón

/ 29 de febrero de 2024 / 06:43

Al cumplirse un mes desde su posesión forzada, el gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, presentó el martes último los resultados de la primera auditoría a la gestión del gobernador titular, Luis Fernando Camacho, hoy detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Los resultados de la indagación muestran un manejo irresponsable de los recursos y falta de transparencia.

El también llamado “informe de confiabilidad” de la gestión del Gobernador detenido y su equipo, dijo la autoridad interina, detectó 40 “deficiencias e irregularidades” en los más de dos años de gestión encabezada por Camacho, entre ellos, pagos parciales por avances de obra sin avance físico y «repartija de pegas», los dos asuntos más graves identificados en la auditoría.

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En el primer caso, informó el Gobernador en suplencia, se tiene un descontrolado crecimiento en la planilla de trabajadores de la Gobernación: si en enero de 2022 se había contratado 429 trabajadores eventuales, el número subió a 600 en 2023 y para enero de 2024, antes de la forzada sucesión, esta cifra alcanzó a 940 funcionarios. El aumento de los ítems también tuvo un crecimiento desmesurado. Además, en muchos casos, se contrató personal sin cumplir con todo el proceso de selección o, peor, sin que contasen con la experiencia requerida.

En el caso de la gestión financiera, se observó, además de malversación de fondos en la adquisición de perforadoras para pozos de agua (un caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía desde hace tiempo), pagos parciales sin que hubiera el avance de obra y evidente ineficiencia en la gestión del área salud, donde se dejó varios hospitales de tercer nivel sin el mantenimiento adecuado o se hizo y se pagó adquisiciones sin el debido registro.

Hay muchas otras observaciones, y la autoridad en suplencia anunció que en algunos casos se instruirá hacer auditorías especiales y en otras la Dirección Jurídica tendrá que tomar decisiones sobre el trámite a seguir, desde procesos civiles y administrativos hasta las temibles acciones penales. A nadie debe sorprender, pues, que la primera reacción del lado “camachista” de la Gobernación haya provenido del hasta hace poco Secretario General (y vicario del detenido en Chonchocoro), quien afirmó que “no se debe entrar en especulaciones y sentenciar cosas que no son”.

Estos resultados, de los cuales apenas se conocen generalidades, son, por una parte, evidencia de una gestión ineficaz que desde su inicio pretendió encubrir sus defectos (cuando no delitos) con discursos altisonantes y comportamientos violentos (incluyendo el modo en que se sostuvo el paro de 36 días a fines de 2022), y, por la otra, que la transparencia es el peor enemigo de gobiernos carentes de proyecto, contenido e ideología.

Es, pues, una lección de que la comunicación política o la propaganda sirven para confundir o encubrir por un tiempo, pero no para resolver los problemas, estructurales o contingentes, que debe atender un gobierno departamental como el cruceño.

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Un acuerdo prometedor

El acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2024 / 06:29

Finalmente, luego de un 2023 marcado por la incertidumbre y la desinformación, irónicamente producidas desde el propio Gobierno, el gremio de los empresarios privados no solo logró reunirse con autoridades del sector económico, sino que además obtuvo un ambicioso acuerdo orientado a facilitar el ingreso de divisas al país, así como a estimular el aparato productivo.

La reunión, realizada el lunes último en el Ministerio de Economía y Finanzas, contó con las más importantes representaciones del empresariado boliviano (pero no todas, pues algunos gremios reclamaron por no haber sido invitados), especialmente la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que en un comunicado difundido luego del encuentro saludó una “nueva etapa” en la relación con el Estado en la que “se prioriza el diálogo directo para encontrar soluciones conjuntas”.

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El acuerdo de 10 puntos, se informó luego, no fue solo resultado de las cinco horas de reunión del lunes, sino que se produjo luego de semanas de negociación entre los privados y los ministros de Economía y de Planificación de Desarrollo, los mismos que durante meses habían porfiado en señalar que la escasez de dólares o era falsa o era producto de la mala fe de algunos agentes económicos.

Finalmente, llegó el momento de la sinceridad y se acordó diversas medidas para, por un lado, favorecer el ingreso de divisas al país, así como para facilitar la adquisición de combustible (particularmente diésel) a los grandes consumidores, tanto de la industria y la minería como del agro. Es evidente que las declaraciones públicas no bastaban para calmar la creciente irritación de quienes sintieron la falta de dólares y de carburantes para desarrollar sus actividades.

En ese contexto, también se acordó implementar medidas para facilitar las exportaciones, comenzando por la eliminación de las restricciones a las exportaciones de alimentos y terminando por la decisión de avanzar en el uso de “tecnología agropecuaria de precisión”, eufemismo que confundió a comentaristas y periodistas interesados en el uso de biotecnología en los sembradíos de alimentos. También se acordó favorecer la importación de vehículos eléctricos y poner límites a las comisiones que cobran los bancos por las transferencias de dinero al extranjero.

Como pocas veces, el acuerdo comenzó a ser ejecutado de inmediato, y son varias las instancias gubernamentales dedicadas activamente a hacer realidad las decisiones. Hay analistas que afirman que si el acuerdo funciona como debería, el Gobierno, especialmente el Presidente, estaría acumulando puntos a su favor en la liza hacia la candidatura presidencial. Previsiblemente, las mayores críticas al acuerdo provienen de comentadores y analistas afines al expresidente Evo Morales.

En todo caso, y al margen del posible efecto político, el acuerdo entre el Gobierno y los empresarios es un hito en la construcción de una cultura democrática en la que las exclusiones fundadas en presupuestos meramente ideológicos o posiciones sectarias no tengan más cabida.

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Difícil ruta crítica

El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa

Por La Razón

/ 15 de febrero de 2024 / 06:31

Lo que hasta la semana pasada parecía una salida al laberinto de la ley de convocatoria a elecciones judiciales se convirtió, en vísperas del Carnaval, en un nuevo reto para el espíritu democrático de algunos y más del mismo juego iniciado hace casi un año, para otros. Se espera que esta semana se implemente la ruta crítica y la convocatoria a elecciones sea publicada.

El escenario parecía haberse aclarado con el acuerdo “bicameral y multipartidario”, suscrito a instancias del Vicepresidente del Estado, y entonces se celebró “el triunfo de la política” por encima de las mezquinas actuaciones de algunas y algunos legisladores; sin embargo, la semana pasada, en vísperas del Carnaval, las cosas volvieron a complicarse cuando los jefes partidarios decidieron ignorar el contenido del acuerdo.

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A despecho de lo que pudieran creer y afirmar los dirigentes políticos interesados en impedir la pronta realización de las elecciones judiciales o en mantener en status quo la “autoprórroga” de las y los magistrados en ejercicio, el acuerdo sostiene que el debate legislativo sobre el mandato de los jueces, magistrados y tribunos debía producirse “en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley” referidos a créditos externos. El primero en vulnerar el acuerdo (tal vez porque no fue parte de la deliberación), fue el expresidente Carlos Mesa.

Sin embargo, legisladores de las tres fuerzas representadas en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa se mostraron optimistas respecto de la posibilidad de publicar hasta el fin de semana la convocatoria al registro de postulantes, paso que dará inicio al calendario electoral, que debe desarrollarse en 80 días en el ámbito legislativo y luego en 150 días en manos del Tribunal Supremo Electoral.

Mientras tanto, la interminable pulseta, en la que es imposible identificar alguna parte que no hubiese mostrado signos de mala fe, se alimenta de amenazas de declarar “incompetente” al presidente de la Cámara de Diputados o de reactivar los bloqueos de caminos desde la próxima semana, habida cuenta que, según varios comentadores y analistas, el bloqueo sí produjo los resultados que su impulsor, el expresidente Evo Morales, buscaba.

Por su parte, el Gobierno sigue mostrándose débil y arrinconado, y sin darse cuenta de que los discursos en los que se muestra como víctima tienen poco o ningún efecto en la opinión, seguramente porque se espera que las autoridades electas con más de la mitad de los votos sean capaces de proponer iniciativas que muestren proactividad. Mientras tal cosa no suceda, es de esperar que los líderes de oposición sigan manejando la agenda política según sus caprichos y que, como dijo una senadora de CC, siga alargándose “la agonía de los ciudadanos”.

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Democracia amenazada

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global

Por La Razón

/ 8 de febrero de 2024 / 06:45

Como un mal de muchos que consuela a los tontos, el retroceso de los valores democráticos es ya un fenómeno global, caracterizado por la emergencia de líderes egocéntricos y autoritarios, obsesionados con alcanzar y luego retener el poder, pero también por la tendencia de los electorados a conceder el poder a tales líderes, habitualmente con una esperanza que luego se ve traicionada.

Ocurrió en Argentina hace pocos meses: Javier Milei, el candidato “ultraliberal”, cuya campaña estuvo plagada de insultos, descalificaciones, amenazas y cosas peores, se alzó con la victoria en segunda vuelta, y el día de su posesión mostró que, por una parte, iba en serio en su intención de impulsar una transformación neoliberal a cualquier costo, incluyendo su por ahora demorado proyecto de conceder[1]le al Presidente los poderes de los tres órganos del Estado; y, por otra, que gran parte de su discurso era mentira: las medidas adoptadas en poco afectan a “la casta”, que en los hechos es parte de su gobierno.

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Está ocurriendo en El Salvador, donde Nayib Bukele acaba de ganar su segundo mandato con un resultado electoral casi inverosímil: más del 80% de los votos fueron para el partido Nuevas Ideas, cuyo principal argumento de campaña fue el éxito en la reducción de la violencia atribuida a las mafias y las maras, lograda con el encarcelamiento masivo de presuntos delincuentes (se habla de más de 76.000 personas arrestadas) y la consiguiente reducción de libertades y derechos constitucionales.

Lo mismo, aunque con matices diferentes, puede decirse de Venezuela, donde el Presidente, en ejercicio desde 2013, ha anunciado que piensa ser reelecto a cualquier costo, lo que incluye ponerle cortapisas a cualquier oposición viable; o Nicaragua, donde desapareció por completo la competencia democrática y los opositores perdieron incluso su derecho a la ciudadanía.

Claramente no se trata de una tendencia atribuible a “la izquierda”. Para más evidencia está el último informe de Latinobarómetro, que demuestra el bajo apoyo que tiene la democracia: solo 48% de las personas en el continente la prefieren como modo de gobierno, mientras que 28% dice que le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario y el 17% prefiere “en algunas circunstancias” un gobierno autoritario.

Bolivia no es la excepción, y si en 2020 hubo evidencia del apoyo que puede galvanizar un gobierno como el de Jeanine Áñez, muchos de quienes hoy están en ejercicio del poder, en cualquiera de los niveles gubernativos, están demostrando que los valores y las formas democráticas les estor[1]ban, y cuentan con grupos organizados y movilizados para evitarlas en lo posible.

Difícil, pues, vislumbrar un futuro esperanzador cuando todo demuestra que líderes y dirigentes se han vuelto impacientes y no están dispuestos ni a esperar los plazos que impone el juego democrático ni a conceder la victoria al adversario. Así, es probable que la división no hará más que incrementar, lo mismo que las posibilidades de enfrentamientos fratricidas.

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Sombra del narcotráfico

Según las autoridades del área, 2023 fue un año intenso en la lucha contra el delito transnacional

Por La Razón

/ 1 de febrero de 2024 / 06:42

Ayer, el Ministro de Gobierno informó que en Locotal, uno de los puntos de bloqueo en el trópico de Cochabamba, se incautó Bs 1,2 millones en poder de una mujer que no pudo explicar el origen del dinero; es el tercer decomiso de dinero en menos de dos semanas. Las explicaciones gubernamentales hablan de vínculos con el narcotráfico, pero también de dinero para financiar las protestas.

Según las autoridades del área, 2023 fue un año intenso en la lucha contra el delito transnacional: la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) incautó, en 10.470 operativos, 405 toneladas (t) de droga en el país, valuada en $us 198 millones y se aprehendió a 3.457 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico. También se confirmó que se trata de un delito transnacional y que las mafias operan simultáneamente en Bolivia, Perú, Chile y Colombia, sin mencionar los países destino de la sustancia controlada.

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En lo que va de 2024, según los reportes periodísticos, la actividad no fue menor: el 5 de enero se decomisaron 8,7 t de clorhidrato de cocaína en Oruro, cuyo destino era Países Bajos. Días después, se informó que en ocho operativos realizados entre el 8 y el 10 de enero, la FELCN secuestró 100 kilos de droga y aprehendió a 12 personas.

El 12 de enero, se supo que la Policía Boliviana había decomisado en Santa Cruz de la Sierra $us 1 millón, luego se informó que había sido retirado de un banco en el norte de Chile. El caso se hizo público al saberse que se trató de un volteo que intentaron hacer oficiales y suboficiales de la Policía. Días después, una mujer fue aprehendida en posesión de Bs 1,8 millones en la tranca de Achica Arriba, cerca de El Alto.

A mediados de mes, por primera vez en 16 años, la FELCN ingresó a la “zona roja” de la provincia Chapare de Cochabamba y destruyó 25 fábricas móviles de cocaína. En agosto del año pasado, el Ministro de Gobierno había informado que Villa Tunari es el área principal de producción de sustancias controladas. El 28 de enero, se informó de la destrucción de tres fábricas móviles de cocaína y 600 litros de cocaína líquida, en ese mismo municipio cochabambino. Casi al mismo tiempo, la FELCN incautó casi 200 kilos de cocaína, en la provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz.

Las autoridades de gobierno han estado señalando que parte del dinero incautado sirve para financiar los bloqueos; a su vez, el expresidente Evo Morales insiste en que el trabajo policial en el Trópico cochabambino sirve para tenerlo bajo vigilancia; de las incautaciones de drogas en sus dominios dice poco.

Las cifras de éxito en las tareas de interdicción muestran esfuerzo, compromiso y sorprendentes resultados, pero también sirven para disimular el hecho que, precisamente por ser números extraordinarios, son indicador de una cada vez más grande sombra del narcotráfico sobre la vida de las y los bolivianos.

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