A cuatro semanas para el fin del mandato de magistrados y consejeros del Órgano Judicial, y con la incertidumbre de cómo se resolverá el inevitable vacío de poder producido por la incapacidad del Legislativo para producir una norma que haga posibles las elecciones de estas autoridades a tiempo, nadie parece tener la respuesta, y muy pocos, interés para encontrarla.
A simple vista, lo que se percibe es un deliberado intento por mantener las cosas como están: un puñado de magistrados y consejeros que el 3 de enero no podrán seguir ejerciendo el cargo para el que fueron electas y electos en 2017 (a menos que estén dispuestos a afrontar la justicia constitucional del futuro si lo hicieran) y que en nombre de esa incertidumbre han estado produciendo fallos discutibles, pero de obligatorio cumplimiento.
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Para el oficialismo gubernamental la situación parece haber sido propicia, pues el Ejecutivo demostró tener algo de comando sobre el Judicial (con todo lo que ello implica para la muy republicana independencia de poderes), cosa que no es ni novedosa ni desconocida en la práctica política boliviana desde hace demasiados años.
Para la oposición parlamentaria, que incluye al grupo de legisladores afines al expresidente Evo Morales, mantener la incertidumbre sirve, por un lado, como evidencia de la incapacidad del Gobierno para tener una gestión mínimamente ordenada y funcional a las necesidades de un Estado que se desea eficaz; por el otro, para seguir produciendo actos reñidos con los derechos, que luego podrán ser impugnados, comenzando, por ejemplo, con las sentencias contra quienes tomaron el poder de manera inconstitucional en noviembre de 2019.
Para la población, que poco o nada puede decir del entuerto, significa el secuestro de varios de sus derechos, entre ellos los de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y a elegir a las autoridades, como señaló el Defensor del Pueblo, y el de conformar un órgano de poder que garantice el ejercicio de los demás derechos y libertades, como dijo el expresidente Eduardo Rodríguez; “es una crisis que afecta el sistema de derechos humanos”, afirmó el exmandatario, para quien, además, es evidente el conjunto de intereses en juego detrás de las acciones que han postergado el proceso sine die.
Por su parte, dos senadores del MAS, uno de ellos el presidente de la Cámara Alta y tercer hombre en la sucesión constitucional, han manifestado su preocupación y su disposición para encontrar una salida política que haga viable la transición hasta la elección y posesión de las nuevas autoridades; el problema es que nadie tiene todavía una solución a la mano.
En el futuro inmediato, cuando el sistema termine por colapsar, de nada servirán los señalamientos y descalificaciones que van a menudear de una y otra parte, para resolver la imposibilidad de acceder a la justicia de muchísimas bolivianas y bolivianos, por un mezquino comportamiento de la clase política y una evidente falta de entendimiento del Estado de derecho entre los gobernantes.