Aunque todavía son solo amenazas, relativizadas por las contradicciones que se producen en las declaraciones públicas que hacen los dirigentes de las organizaciones sociales, es evidente que en el futuro inmediato el país ingresará a un ciclo de conflictividad de impredecibles consecuencias. Son muchas las causas del actual estado de cosas, entre ellas puede nombrarse las siguientes.
Desinstitucionalización del Estado y pérdida de confianza en el imperio de la ley. Venimos advirtiendo en este mismo espacio, desde hace años, que es problemático haber permitido que las instituciones del Estado sean mal gestionadas, cuando no deliberadamente dañadas. Autoridades interinas, ausencia de visión institucional y, peor, deliberado desconocimiento de la función que deben cumplir, han provocado que casi ninguna institución sea creíble o confiable.
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Además, en muchos casos, los rasgos arriba nombrados han provocado que la población perciba que es posible saltarse la norma y quedar impune. Sucede no solo con quienes gracias a su cercanía con el poder de turno han podido salvarse de la acción de la justicia, incluso en casos de descarada corrupción, sino con quienes saben que muchos de quienes administran justicia y garantizan el orden interno tienen precio.
Otro aspecto a destacar es la falta de habilidad política sumada a pérdida de valores democráticos, común entre muchas y muchos de quienes hoy, electos o designados, oficialistas u opositores, tienen algo que ver con la gestión de la cosa pública. Buen ejemplo es la Asamblea Legislativa, donde, casi a diario, las y los representantes de la ciudadanía se ponen en ridículo, ora por su incapacidad, ora por sus declaraciones fuera de lugar o, lo que es peor, por su mala fe.
También se ha señalado varias veces en este espacio que la falta de valores democráticos es una amenaza para la vida social. Las dirigencias sindicales mueven más voluntad que cualquier líder partidista, y en el camino nos recuerdan que sus intereses son siempre parciales, lo cual es normal, y muy a menudo opuestos al interés común de la sociedad, fruto de haber permitido la fragmentación e instrumentalización de las demandas populares.
Por otra parte, abona al estado de incertidumbre y sensación de estar en un callejón sin salida la ausencia de mediadores imparciales. Hasta el final del ciclo neoliberal, la Iglesia Católica acercaba a las partes, pero desde 2006 es evidente que la anciana institución está alineada en la oposición. La Defensoría del Pueblo, que hasta 2010 gozaba de gran prestigio y positiva reputación, hoy no logra reconstruir su imagen, dañada por la intervención del poder gubernamental.
Se trata, pues, de una coyuntura tan compleja que no hay comentarista o analista que no se lamente del estado de cosas. Para algunos de ellos lo que sucede es fruto del fin de los ciclos políticos, que terminan por derribar líderes que hasta hace poco eran hegemónicos. En el camino, la mezquindad y falta de visión en quienes están a cargo de gestionar la política luce como una amenaza a la paz y el bien común.