Al cumplirse un mes desde su posesión forzada, el gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, presentó el martes último los resultados de la primera auditoría a la gestión del gobernador titular, Luis Fernando Camacho, hoy detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Los resultados de la indagación muestran un manejo irresponsable de los recursos y falta de transparencia.
El también llamado “informe de confiabilidad” de la gestión del Gobernador detenido y su equipo, dijo la autoridad interina, detectó 40 “deficiencias e irregularidades” en los más de dos años de gestión encabezada por Camacho, entre ellos, pagos parciales por avances de obra sin avance físico y «repartija de pegas», los dos asuntos más graves identificados en la auditoría.
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En el primer caso, informó el Gobernador en suplencia, se tiene un descontrolado crecimiento en la planilla de trabajadores de la Gobernación: si en enero de 2022 se había contratado 429 trabajadores eventuales, el número subió a 600 en 2023 y para enero de 2024, antes de la forzada sucesión, esta cifra alcanzó a 940 funcionarios. El aumento de los ítems también tuvo un crecimiento desmesurado. Además, en muchos casos, se contrató personal sin cumplir con todo el proceso de selección o, peor, sin que contasen con la experiencia requerida.
En el caso de la gestión financiera, se observó, además de malversación de fondos en la adquisición de perforadoras para pozos de agua (un caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía desde hace tiempo), pagos parciales sin que hubiera el avance de obra y evidente ineficiencia en la gestión del área salud, donde se dejó varios hospitales de tercer nivel sin el mantenimiento adecuado o se hizo y se pagó adquisiciones sin el debido registro.
Hay muchas otras observaciones, y la autoridad en suplencia anunció que en algunos casos se instruirá hacer auditorías especiales y en otras la Dirección Jurídica tendrá que tomar decisiones sobre el trámite a seguir, desde procesos civiles y administrativos hasta las temibles acciones penales. A nadie debe sorprender, pues, que la primera reacción del lado “camachista” de la Gobernación haya provenido del hasta hace poco Secretario General (y vicario del detenido en Chonchocoro), quien afirmó que “no se debe entrar en especulaciones y sentenciar cosas que no son”.
Estos resultados, de los cuales apenas se conocen generalidades, son, por una parte, evidencia de una gestión ineficaz que desde su inicio pretendió encubrir sus defectos (cuando no delitos) con discursos altisonantes y comportamientos violentos (incluyendo el modo en que se sostuvo el paro de 36 días a fines de 2022), y, por la otra, que la transparencia es el peor enemigo de gobiernos carentes de proyecto, contenido e ideología.
Es, pues, una lección de que la comunicación política o la propaganda sirven para confundir o encubrir por un tiempo, pero no para resolver los problemas, estructurales o contingentes, que debe atender un gobierno departamental como el cruceño.