Editorial

Thursday 11 Jul 2024 | Actualizado a 02:08 AM

Educación

No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito

Por La Razón

/ 13 de junio de 2024 / 06:40

Días antes de que la tensión política volviese a escalar con la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que se aprobaron leyes que probablemente no serán promulgadas, el Presidente del Estado anunció la convocatoria al Congreso Plurinacional de Educación. Se trata de un mandato del cabildo de meses atrás en El Alto, pero también de una urgencia nacional.

A primera vista, la idea es excelente. A más de 13 años de promulgada la Ley 70, de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, es evidente que, con todo y los avances que especialistas le reconocen a la norma, la educación pública en Bolivia no parece haber mejorado mucho, aunque sí hay evidencia de mucha ideologización de los contenidos (y es bien sabido que ideología está en las antípodas de sabiduría).

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Las y los maestros de secundaria se horrorizan ante la falta de competencias básicas de niñas y niños que han cursado los seis años de primaria; y las y los docentes universitarios descubren que las y los flamantes bachilleres, en una proporción alarmantemente alta, son incapaces de comprender textos básicos, y ni hablar de escribir textos completos, coherentes y libres de errores ortográficos y gramaticales.

Ése es el contexto en el que el primer mandatario pretende realizar el Congreso Educativo con el objetivo de combatir los problemas a los que se enfrentan los educadores al momento de enseñar; al igual que los principales desafíos de los alumnos al momento de aprender. Sin embargo, todavía no se conoce de una convocatoria oficial y menos de la agenda a tratar.

En su anuncio, el Presidente habló de reajustar la Ley Educativa y la malla curricular del subsistema educativo, diseñar el perfil de bachiller que necesita el país y abordar los peligros y amenazas en materia educativa que representan las redes sociales, entre otros propósitos para el encuentro nacional. El mandatario cree que será posible diseñar una “política educativa” para profundizar “la educación inclusiva, científica, técnica, tecnológica; también la productiva, revolucionaria, liberadora, progresista, intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizadora, despatriarcalizadora en todo nuestro sistema educativo”.

Urge hacerlo, sobre todo considerando que la muy extensa lista de adjetivos empleados por el presidente Arce está lejos de materializarse en los contenidos, en las actitudes y comportamientos de la mayor parte de las y los educadores y, por supuesto, en los resultados que demuestran las y los educandos en el aula y fuera de ella.

Es bien sabido que la educación es la primera y más importante tarea del Estado, y que cualquier política pública al respecto debe pensarse y ejecutarse mirando el mediano y el largo plazos, al margen de los apetitos políticos del momento. No es una tarea fácil y cabe preguntarse si autoridades, así como trabajadores del magisterio, están en condiciones de afrontarla con éxito. Sin embargo, seguir postergándola solo abonará al rezago que muestra la sociedad boliviana en estos ámbitos.

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Más incertidumbre

La experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables

Por La Razón

/ 4 de julio de 2024 / 06:46

Luego del conato de golpe de Estado, que ha dado, y seguirá dando, tema para la conversación pública y privada, fue una gran noticia saber, el viernes pasado, que el trabajo de selección de postulantes para las elecciones judiciales se reanudaría el lunes; mas un nuevo recurso de amparo puso en suspenso, nuevamente, el proceso. Sin embargo, todo parece estar solucionándose.

Fue a iniciativa de un abogado que se creyó injustamente inhabilitado, que la Sala Constitucional Segunda de Beni nuevamente paralizó el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no había emitido una resolución al respecto.

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Ayer, en cuestión de pocas horas ese problema fue resuelto. La Comisión de Justicia Plural decidió habilitar a uno de los postulantes antes descartados y ratificar la inhabilitación de otros cinco, incluyendo al accionante del más reciente amparo. Un séptimo caso será resuelto hoy, pero, aunque no debería, es imposible afirmar que no habrá un nuevo obstáculo jurídico en el proceso.

Fruto de este vaivén que ha causado más de un año de parálisis en el trámite, que debía resolverse en el último trimestre de 2023 con la jornada de votación, el lunes, una abogada, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), retiró su postulación indicando que el motivo es “la desconfianza” en el proceso de preselección, producida por “la dilación y suspensión que han dañado su legitimidad”.

Habrá que ver si otros u otras postulantes deciden retirarse de la carrera en los días sucesivos y, peor, si no inician una campaña de desprestigio al proceso, severamente dañado por sucesivas acciones judiciales (corruptas, según declaraciones de la senadora de CC Silvia Salame) y una evidente intención de dañar el proceso desde la propia Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde todas las partes tienen intereses en juego y ninguna muestra legítima voluntad política de llegar a la elección.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó, también el lunes, que la ALP debe remitir al Órgano Electoral la lista de 192 postulantes a las elecciones judiciales hasta fines de julio; agregó la alta autoridad electoral que es necesario ampliar el tiempo para el proceso, pues el plazo señalado en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, se cumplió el 6 de mayo. A eso debe sumarse el todavía pendiente debate sobre las elecciones primarias, que podrían conflictuar el calendario electoral de este año.

Por ahora, el camino parece allanado, pero la experiencia del último año ha demostrado que los intereses en juego inspiran actuaciones cuestionables, desde adentro y desde afuera de la ALP, para impedir el mandato constitucional de tener autoridades del Judicial electas por voto popular. La incertidumbre no desaparecerá hasta el día mismo de la votación.

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Intentona golpista

Con todos los contornos de un acto orquestado no para tomar el poder, sino para enviar alguna clase de mensaje, la intentona es apenas un síntoma

Por La Razón

/ 27 de junio de 2024 / 06:33

Lo sucedido ayer, cuando un general de Ejército ensayó, con tanques y tropas armadas, la toma de Palacio Quemado, podrá pasar a la memoria como una mala anécdota, pero su importancia para la salud de la democracia es mayor. Con todos los contornos de un acto orquestado no para tomar el poder, sino para enviar alguna clase de mensaje, la intentona es apenas un síntoma.

Luego de una brevísima campaña de notoriedad, alimentada por peligrosas amenazas contra el expresidente Evo Morales, de quien dijo que está organizando una “revolución de mil colores” para tomar el poder, el general Juan José Zúñiga movilizó tropas militares desde mediodía y temprano en la tarde llegó a Plaza Murillo donde, con una tanqueta, rompió la reja de hierro de Palacio Quemado, hoy convertido en símbolo del poder, que se ha trasladado al edificio contiguo, la Casa Grande del Pueblo. Acompañó su temeraria acción con un confuso discurso acerca de liberar “presos políticos”.

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Si la dramática imagen presagiaba un retorno a los días del golpismo militar, la siguiente escena cambió el curso del relato: el presidente Luis Arce le salió al paso y, tras un ríspido intercambio de palabras, el militar golpista se dio la vuelta para retirarse, con menos fanfarria que la mostrada a su llegada y sin responder a los azorados periodistas que no entendían lo recién sucedido. Horas después, el Presidente había posesionado a un nuevo Alto Mando militar, sin necesitar el visto bueno de la Asamblea Legislativa, y salía a recibir un baño de multitudes.

Fue inevitable que así como los medios de comunicación se llenaron de declaraciones, ora de apoyo a la democracia, ora de adhesión al Gobierno, o de análisis que denotaban más sorpresa que comprensión, las redes sociales se llenasen de teorías de la conspiración con énfasis en el hecho que el primer mandatario acababa de conjurar un golpe de Estado prácticamente sin hacer nada, pero con el propósito de galvanizar apoyo en diferentes sectores de la sociedad.

Horas después, el fiscal general del Estado instruyó iniciar proceso contra el general golpista y rápidamente fue detenido en puertas del Estado Mayor del Ejército. El proceso que debería iniciarse hoy seguramente arrojará nuevos datos que ayuden a encontrar los contornos de un acto que puso en suspenso, así sea por minutos, el cauce democrático y que dejó planteada la pregunta de a quién beneficia más todo lo sucedido y los efectos de corto y mediano plazo que provocará.

Finalmente, el tenso y trascendental momento quedó reducido a una avalancha de memes, que por una parte es la muestra de cómo procesa la sociedad de hoy la realidad, simplificándola en clave de humor, y, por otra, muestra de la verdadera profundidad del conflicto de ayer, que no produjo transformación alguna ni mucho menos sirvió para aliviar las crecientes tensiones económicas, políticas y sociales que tienen cercado al Gobierno y lo tienen aquejado de debilidad.

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Receso legislativo

No está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado

Por La Razón

/ 20 de junio de 2024 / 07:01

A dos semanas de la inédita sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada y dirigida por el presidente de la Cámara de Senadores, lo que en ese momento parecía un momento de inflexión en la depauperada acción política se ha convertido en un nuevo tema de polémica, sin más efecto que el debate sobre su legitimidad y su legalidad, hoy cuestionadas.

Luego del jueves 6 de junio, hubo consenso en que el acto del senador Rodríguez serviría para sacar a las y los legisladores de su modorra, inevitable después de casi seis meses de inactividad, producida, en parte, por la mala fe de quienes habiendo postulado a sabiendas de que no cumplían todos los requisitos buscaron amparo en la justicia constitucional, hoy severamente cuestionada; y en parte por la inacción del presidente nato de la ALP.

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Si luego de la sesión del 6 de junio quedaba alguna duda sobre las acusaciones contra el Vicepresidente del Estado y su reprochable actitud, la tibia respuesta de los días siguientes, acusando a “la troika” de querer dañar al Gobierno (que se daña a sí mismo con su falta de iniciativa y transparencia) o dejando “en manos” del Tribunal Constitucional las decisiones del órgano a su cargo, sirvieron como evidencia de que la parálisis de la Asamblea es de interés del oficialismo gubernamental.

Luego, cuando parecía que el segundo mandatario del país retomaría el rol que la Constitución Política le asigna, a través de la convocatoria a la octava sesión del pleno (la convocatoria decía “séptima”, igual que la del 6 de junio, pero la presión política logró que ese dato se cambiase), se supo que la agenda propuesta incluía, además de la revisión de las observaciones presidenciales a algunas de las leyes aprobadas a inicios de mes (lo cual puede interpretarse como indicio de que sí se reconoce la legalidad de la cuestionada sesión), la decisión de fijar un receso parlamentario desde el domingo 7 de julio, lo cual, previsiblemente, inspiró nuevas críticas a la autoridad electa.

Hoy, la ALP sigue empantanada y sin indicios del camino que vaya a tomar en lo inmediato. La ALP está aquejada de las divisiones internas en el MAS, reflejadas en la creciente animadversión del presidente del Senado por el Vicepresidente del Estado; de la falta de liderazgo y coordinación, que se reclama desde hace ya muchos meses; de una incapacidad de resolver su mandato constitucional de dar paso a la elección de autoridades del Judicial, peligrosa para las y los legisladores, pero sobre todo para la democracia; y de la incapacidad de prácticamente todos sus miembros para hacer política y resolver las necesidades del país y no solo los apetitos de sus respectivos líderes.

En semejante panorama, no está de más reiterar que la democracia corre peligro a causa de sus agentes en los órganos del Estado; y, en ese contexto, la pregunta es ¿a quién le conviene más esta parálisis?

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La Paz a la deriva

Hoy, la ciudad sede de gobierno está en manos de autoridades demasiado ocupadas en cubrir los rastros de sus malos manejos

Por La Razón

/ 6 de junio de 2024 / 06:42

Mientras los medios de comunicación se llenan de noticias que agravan la incertidumbre respecto de la estabilidad económica y política, en La Paz son otras las fuentes de incertidumbre y surgen del gobierno local; el desorden en el gobierno municipal paceño tiene que ver con la incapacidad de gestionar adecuadamente el desarrollo urbano y el efecto político que esto causa.

Días atrás se supo que las y los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) habían decidido retirar su apoyo a su colega Roxana Pérez del Castillo, que de todas maneras fue electa como vicepresidenta del Concejo, esgrimiendo acusaciones de irregularidades y violaciones normativas. La profunda división en el partido a cargo del Gobierno nacional repercute en todas las instancias en las que participa.

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Pero el conflicto masista es apenas uno de los elementos en este preocupante estado de cosas. Días antes del desaguisado en el Concejo, la Justicia ordenó la detención preventiva del empresario de bienes raíces Harold Lora, acusado estafar a cientos de personas con la venta de departamentos en edificios que no se han terminado de construir y probablemente, si se cumple la ley, queden inconclusos.

En este caso, que es, seguramente, solo el más visible por el número y volumen de las construcciones, así como por la cantidad de personas afectadas, el problema tiene que ver no solo con la ineficaz tarea de fiscalización, que las leyes le atribuyen al Ejecutivo municipal, sino con una probable lenidad de muchas instancias de fiscalización y control, que ha permitido que se levanten miles de construcciones fuera de norma. Según la concejala Pérez del Castillo, son más de 30.000 edificaciones irregulares solo en la gestión del actual alcalde.

Los numerosos intentos de aprobar y promulgar normativa que “regularice” las construcciones fuera de norma y permita nuevos proyectos arquitectónicos ha terminado por revelar un descuido tal en la gestión urbanística de la ciudad que incluso se le ha acusado de violar derechos humanos, comenzando por el derecho a una vida digna, no solo de quienes adquieren un inmueble mal construido, sino también de las y los vecinos de esas edificaciones levantadas con el único afán de recaudar mucho dinero a cualquier costo.

Ese contexto explica la virtual parálisis del Concejo Municipal, afectado por las disputas del MAS, que son hábilmente aprovechadas por concejales inescrupulosos, unidos no por su ideología o su partido (que no los tienen), sino por su interés de medrar de la necesidad de vivienda que hay en la sociedad paceña. Desde el inicio de la gestión fue muy evidente su mala intención gracias a inverosímiles apelaciones al derecho de las personas a tener un techo propio.

Hoy, la ciudad sede de gobierno está en manos de autoridades demasiado ocupadas en cubrir los rastros de sus malos manejos y despreocupadas de la mayor parte de los problemas que aquejan a la población; y el pronóstico no permite albergar muchas esperanzas en el corto plazo.

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Crisis y discursos

Por La Razón

/ 30 de mayo de 2024 / 00:25

A partir de una reciente aparición del Presidente del Estado reconociendo que el Gobierno tiene “ciertas dificultades” con el dólar, pero que pese a ello el país no está en crisis económica, ha comenzado una evidente campaña gubernamental para negar que haya problemas relacionados con la economía en el país y acusar a sus oposiciones de crear zozobra y malestar en la población.

El mandatario fue más allá y afirmó que las oposiciones tienen la intención de posicionar la idea de “una crisis económica estructural” con el propósito de “generar crisis política y acortar nuestro mandato”. A partir de estas ideas, miembros del gobierno de Luis Arce han afirmado que algunos legisladores del MAS del ala evista, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, además de exautoridades del gobierno de Evo Morales, tienen el objetivo de boicotear la gestión económica.

Así, el Gobierno ha pasado de la estrategia de, primero, negar que hubiera escasez de dólares, y luego acusar a agentes económicos no identificados de estar especulando con la moneda estadounidense, a reconocer, tal vez de manera tardía, que el problema ocurre en muchos países dependientes de la divisa, lo cual está produciendo inflación que es “importada” a través de la internación de productos de consumo con precio inflado en su país de origen. En ese contexto, la sustitución de importaciones sigue pareciendo un discurso de buenas intenciones.

El martes, fue la viceministra de Comunicación quien, a modo de pedir a los sectores que anunciaron medidas de presión desistir de las mismas porque solo afectará a la economía del país, afirmó que “el nuevo bloque de oposición” trata de instalar en la opinión “de manera sistemática y coordenada” la idea de una crisis económica estructural. El mismo día, la ministra de la Presidencia la secundó en otro evento afirmando que, en lugar de crisis, lo que hay es “un boicot a la economía”, irónicamente luego de haber levantado la restricción a la venta de carburantes en bidones, que son fáciles de transportar hasta el otro lado de la frontera.

Finalmente, ayer, el ministro de Planificación del Desarrollo afirmó que el país no presenta rasgos de crisis económica, como afirman algunos analistas y sectores sociales, y explicó que para identificar los síntomas en cualquier país “se debe establecer si su economía se ha achicado, si registra altos niveles de desocupación y si hay una acelerada elevación de precios de los productos”. En este punto es inevitable preguntarse si la información sobre estos indicadores es actual y confiable, así como transparente.

Así, en medio de encendidos discursos, acusaciones y justificaciones, a menudo verosímiles, pero no siempre verdaderas, la población boliviana (que, dependiendo del momento, la circunstancia y quién pronuncia el discurso tiene más o menos de “pueblo”) vive en incertidumbre, caldo de cultivo ideal para toda clase de engaños y manipulaciones, artes de las que se han valido, hasta ahora, tanto los opositores de vieja y nueva tradición como los oficialistas.

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