El contexto de la economía boliviana está acompañado por una serie de factores tanto internacionales como domésticos, que han creado una situación extremadamente compleja. Sería apropiado mencionar la desaceleración económica a nivel mundial, que implica condiciones desfavorables, así como desafíos a escala interna que incluyen la presencia de problemas estructurales y de desconfianza.

Todos estos fenómenos tuvieron un impacto negativo en el entorno económico, lo que exacerbó aún más la situación. La política, naturalmente, ha sido un factor crucial en todo esto, especialmente en lo que respecta a las tensiones entre el Gobierno y sus críticos y adversarios políticos, que solo han agregado más incertidumbre sobre el futuro económico del país. Las políticas económicas han sido criticadas con intensidad, lo que demuestra una cultura polarizada que lucha por la toma de decisiones efectiva.

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Uno de los problemas más visibles es la escasez de dólares, que se agudiza desde principios de 2023 a la par de una devaluación impulsada por el precio de la divisa en el mercado paralelo. El desequilibrio ha impactado el sistema de precios, exacerbado por el control y ocultamiento de la información disponible. Las Reservas Internacionales Netas disminuyen, dando señales de fuertes problemas en la gestión de liquidez y de política monetaria. Al mismo tiempo, el sector privado señala la falta de seguridad jurídica y la urgente necesidad de una nueva ley de inversiones.

Otro conflicto de larga data es el subsidio a los hidrocarburos que aunque ha permitido mantener precios bajos en el mercado interno, es insostenible a largo plazo y está afectando el presupuesto estatal. Las discusiones sobre posibles cambios en esta política podrían generar aún más tensiones internas.

La inflación, ya perceptible, ha elevado la preocupación por el incremento de precios en productos básicos, fenómeno que se ve agravado por la especulación y la escasez de divisas. A esto se suman los desafíos provocados por desastres naturales, como la sequía que ha golpeado varias regiones del país, afectando la producción agroindustrial. Aunque ha habido avances en la exploración de hidrocarburos con algunos descubrimientos recientes, estos no han sido suficientes para aliviar las tensiones económicas y han abierto nuevos frentes de conflicto.

El desafiante entorno económico ha forzado transformaciones drásticas en varios sectores, incluyendo el de la comunicación y el periodismo. Los medios impresos, en particular, han enfrentado dificultades para importar insumos básicos, pero también han encontrado en la digitalización y en los nuevos patrones de consumo de información una ventana para reinventarse.

Aunque la situación es compleja, las crisis ofrecen oportunidades para aquellos que saben identificarlas y reestructurarse a tiempo. Las empresas y sectores que logren adaptarse a las nuevas realidades podrán salir fortalecidos. La rápida evolución en la forma de informar, impulsada por los cambios en las preferencias del público, presenta tanto desafíos como oportunidades para quienes sepan ajustarse a los nuevos tiempos.

A 10 días del plazo máximo para convocar a referéndum para resolver tres asuntos urgentes en la agenda política, social y económica, el presidente Luis Arce ha puesto en consideración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuatro preguntas, que deberán ser analizadas y comentadas antes de pasar al control de constitucionalidad; la Asamblea Legislativa no ha sido invitada al debate.

En cumplimiento de su anuncio de convocar a consulta ciudadana para dirimir si se levanta o no la subvención a los carburantes, si es posible la reelección después de un segundo periodo, y si se incrementa el número de miembros en la Asamblea Legislativa, el mandatario propuso cuatro preguntas, dos sobre los carburantes, que serán sometidas al análisis del TSE, que debe dictaminar, en el plazo de 72 horas desde ayer, “si reúnen las características de claridad, imparcialidad y precisión”.

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Luego del informe del TSE, explicó el ministro de Justicia, le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional avalar la constitucionalidad de las preguntas. La “fecha fatal” para haber cumplido ambos trámites, dijo el ministro, “es la próxima semana”. Es previsible que, cualquiera que sea el veredicto de ambas instancias, habrá severos cuestionamientos, que ya han sido anunciados por los líderes de la oposición.

Las reacciones de los líderes de partidos de oposición, incluyendo a Evo Morales, salieron por el cauce de lo previsible: el Presidente trata de transferir al pueblo responsabilidades indelegables; la reforma constitucional no puede consultarse mediante decreto; la consulta no sirve para resolver los problemas de hoy; hacer referéndum es un despilfarro de dinero, hoy tan escaso; la consulta solo servirá para confundir al pueblo; y, coincidentemente entre todos, las preguntas son confusas; el resultado solo agravará la polarización. Los unos hablaron en nombre de sus convicciones democráticas, el expresidente Morales, en nombre de su aspiración a ser candidato nuevamente y su temor de no serlo.

En medio de la carrera por llegar a la “fecha fatal” para emitir el decreto supremo convocando al referéndum e instruyendo al TSE realizarlo el mismo día que las elecciones judiciales, el debate público no ha sido parte de la agenda. No se trata siquiera de discutir la pertinencia de los tres temas, sino sobre todo de lo que se desea lograr con las preguntas. Cierto es que debatir en medio de crispada polarización parece tarea infértil, pero cuando menos proponer los temas ya es un avance democratizador.

Corre contra el tiempo el Gobierno y en su camino tiene por delante muchos obstáculos, algunos subsanables con retórica y argumentos, y muchos otros con política activa, mientras trata a toda costa de evitar el, probablemente imposible, paso por el Legislativo. Las conclusiones y recomendaciones del TSE y del TCP servirán para saber si el Gobierno prevalece en su intento o debe buscar otra estrategia en medio de un clima crecientemente conflictivo.

El martes, Bolivia ha cumplido 199 años de vida republicana en un contexto de alta crispación e incertidumbre en los ámbitos social, económico y político. El Presidente, que llegó al acto de aniversario patrio acosado por demandas de adelanto de elecciones y una popularidad muy mermada, anunció medidas trascendentes, pero de difícil implementación por los obstáculos que afronta.

En esencia, el discurso presidencial del 6 de agosto se sintetiza en no pocas alusiones al expresidente Evo Morales y sus errores y decisiones equivocadas (tratando de ignorar su cuota de culpa, pues durante casi todo ese gobierno fue ministro de Economía); a una coyuntura internacional muy complicada, especialmente en lo económico; a eventos climáticos tan incontrolables como severos; y prácticamente ningún reconocimiento de los yerros propios del actual Gobierno. Pero lo más importante del mensaje pronunciado desde la histórica Casa de la Libertad, en la capital constitucional, Sucre, fue el anuncio de cinco acciones, dos encuentros y un referéndum para tratar asuntos relevantes para el futuro del país.

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Las cinco acciones consisten en: 1) uso de plataformas de pagos digitales y de criptoactivos; 2) planes de empleo para jóvenes emprendedores y créditos, a una tasa de interés de 7,5%; 3) incentivo fiscal con gravamen arancelario cero; 4) reducción del impuesto de repatriación de divisas para la importación de combustibles; y 5) liberación de exportaciones bajo un plan de abastecimiento nacional. Fue inevitable que desde la oposición dijeran que estos temas ya fueron acordados en reuniones entre Gobierno y empresarios.

Los encuentros anunciados consistirán en un “Diálogo Nacional por la Economía y la Producción” con el empresariado y otra reunión del “gabinete social” entre su gobierno y organizaciones sociales agrupadas en el Pacto de Unidad. En ambos casos, la agenda incluirá el tipo cambiario, las exportaciones e importaciones, y otros. Es previsible que de ambas reuniones saldrán mandatos incompatibles entre sí, y habrá que ver qué hará el Gobierno al respecto.

Finalmente, el anuncio más ambicioso se refiere a la convocatoria a referéndum, el mismo día de la elección de autoridades judiciales, para consultar sobre suspensión o no de la subvención de hidrocarburos, redistribución de escaños legislativos y reelección continua o descontinua de Presidente y Vicepresidente. La descalificación a esta propuesta fue unánime entre los expresidentes Quiroga, Mesa y Morales, fervorosos opositores, que coincidieron plenamente en sus afirmaciones.

Es posible que con estos anuncios el Presidente haya ganado algo de tiempo para su gobierno, asediado por innumerables problemas y creciente pérdida de credibilidad, pero ahora toca hacer mucha gestión (y mucha política) para convertir los anuncios en hechos, lo cual, por fin, permitirá al primer mandatario dejar de hacer todas sus afirmaciones en tiempo futuro y comenzar a mostrar resultados, no solo favorables para su imagen, sino sobre todo para el pueblo boliviano.

Como en tiempos de los gobiernos de la democracia pactada, Bolivia es hoy presa de movilizaciones, paros y bloqueos de todo signo que complican la gobernabilidad y causan creciente incertidumbre en la población. La diferencia es que hoy los pactos, más o menos espurios, se producen en la vereda opositora y, aunque los efectos dicen lo contrario, se realizan en nombre del “pueblo”.

El origen del malestar de los grupos corporativos, desde empresarios privados hasta trabajadores campesinos, pasando por organizaciones cívicas y del transporte (en las que, bajo la forma sindical, se confunden propietarios con asalariados), puede identificarse en la falta de dólares en el mercado, así como la escasez de combustibles, particularmente diésel, que es el empleado para el transporte de mercancías desde y hacia el país, y que no se produce en Bolivia pese al enorme costo de importarlo y distribuirlo subsidiado.

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El resultado de este estado de cosas, agravado por un constante ataque opositor a las políticas gubernamentales y una ostensible incapacidad del oficialismo para hacerse cargo de todos los errores cometidos, incluyendo la parálisis de la Asamblea Legislativa y, sobre todo, la totalmente previsible especulación producida por la escasez de divisas, combustibles u otros productos de alta demanda, es un momento de creciente fragilidad gubernamental.

En el camino, organizaciones como la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional y Ramas Afines, atribuyéndose la representación del pueblo boliviano, resolvió no solo adelantar en un día el inicio de las movilizaciones de su gremio, sino también demandar la renuncia de ministros y otras autoridades, y hasta amenazar con pedir el adelanto de elecciones si no se cumplen condiciones casi imposibles en un plazo poco realista. En evidente consonancia, reaccionaron el ala evista del MAS y el Comité pro Santa Cruz, ofreciendo discursos oportunistas y confusos, como asegurar que “adelanto de elecciones” no es lo mismo que “acortamiento de mandato”.

Por su parte, de nada les ha servido a las autoridades gubernamentales buscar culpables en el pasado reciente y asegurar que se trata de movilizaciones “políticas” (como si alguna no lo fuese) o que hay un evidente contrasentido en organizar bloqueos por la falta de combustibles impidiendo el ingreso de camiones cisterna con el carburante reclamado. A estas alturas, la apuesta de los sectores movilizados ha crecido tanto que de nada sirven las engañosas explicaciones, propuestas y promesas gubernamentales.

La solución a este estado de cosas ni está a la vista ni será fácil. Seguramente pasa por hacer un sinceramiento (probablemente con efectos suicidas): del estado de la economía y la devaluación de la moneda nacional, de la imposibilidad de sostener el subsidio a los carburantes, del tamaño del contrabando, de la precariedad del empleo y de la imposibilidad de hacer frente a conflictos cuyos impulsores desean convertir en crisis.

El desarrollo del potencial siderúrgico del Mutún, en el oriente de Bolivia, en la frontera con Brasil, cerca de Puerto Suárez, es una de las más antiguas promesas del Estado boliviano y, como muchas otras, sigue sin ser cumplida a pesar de incontables anuncios e inauguraciones de obras para el desarrollo del proyecto, anterior incluso a los intentos de procesar el litio en el suroeste potosino.

En los últimos días, el yacimiento de hierro y la empresa creada para desarrollarlo y explotarlo, Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), han ocupado nuevamente titulares noticiosos gracias al anuncio de que en las siguientes semanas comenzarán las pruebas de funcionamiento de la planta eléctrica, que luego permitirá poner en marcha el Complejo Siderúrgico e inaugurar en septiembre la producción de hierro y su industrialización.

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El anuncio viene acompañado de la promesa de que en septiembre comenzarán a operar seis de las siete plantas que componen este proyecto: la Planta de Concentración, la Planta de Peletización, la Planta de Acería, la Planta de Laminación, la Planta de la Central Eléctrica y las Plantas Auxiliares. Días atrás, una nutrida delegación de autoridades nacionales y subnacionales visitó la planta y, según los reportes periodísticos recogidos a su regreso, todo luce muy bien.

El Gobierno tiene previsto inaugurar la planta en septiembre, ya que es el mes aniversario de Santa Cruz, y su promesa es que el complejo industrial comenzará a producir barras corrugadas de hierro para la construcción y alambrón para la fabricación de clavos, tornillos y tuercas, haciendo posible la también muchas veces anunciada sustitución de importaciones; el acero recién se producirá a mediados de 2025, cuando la séptima planta sea inaugurada. La promesa mayor es que el complejo siderúrgico producirá 200.000 toneladas anuales del metal.

Sin embargo, incluso si todas las promesas se cumplen, seguirá pendiente el trabajo de construcción de la infraestructura necesaria para que la producción de la planta, añorada por ya demasiadas décadas, llegue a sus mercados, nacionales y extranjeros, cosa que no solo tiene que ver con la construcción de caminos o vías férreas y fluviales, sino también con profundizar y activar relaciones especiales con los países vecinos y potenciales compradores del hierro y el acero bolivianos.

Hace más de una década y media, cuando la empresa india Jindal Steel & Power ganó la licitación internacional para su explotación, luego de un polémico proceso que incluyó expulsar a una empresa brasileña que estaba desarrollando trabajos sin tener licencia para hacerlo, se creyó que por fin el gigante había despertado. El proceso ganado semanas atrás a la empresa india, que demandó un resarcimiento pese a no haber cumplido con el contrato, es un recordatorio de que no importa cuánto optimismo se ponga en los anuncios, pues no valen nada si no se acompañan con evidencia de que se cumplen. Ojalá esta vez sea posible.