OPINIÓN
En la actualidad se tienen nuevas dinámicas globales y transformaciones, tanto técnicas como sociales, que implican la adopción de nuevos paradigmas, donde la energía barata pero contaminante tiene cada vez menos cabida. El cambio climático, la contaminación local, la democratización de la energía y sus implicancias sociales entrañan la búsqueda de nuevas alternativas menos contaminantes y que generen mayor valor agregado para la sociedad.
Esta toma de conciencia global, sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y limitar el calentamiento global —reflejado en el Acuerdo de París de 2015, del cual Bolivia es parte— nos muestra que ya no da igual cómo se genera la energía, cómo se utiliza y cómo se almacena, por lo que las naciones, incluido el país, están cambiando la forma de suministro y uso de la energía hacia vectores más eficientes y menos contaminantes, a través de una estrategia multidimensional para alcanzar los objetivos de sostenibilidad que, por cierto, son cada vez más importantes.
Esta transformación de la matriz energética no implica únicamente al sector de la energía, ya que solo permitiría reducir un tercio de las emisiones netas, sino que es necesario extender el uso de la electricidad a más áreas de la economía mediante tecnologías limpias, especialmente en sectores de mayor demanda energética, como el transporte, por medio de la electromovilidad; y el industrial, a través de tecnologías de generación más eficientes y sostenibles.
En Bolivia, la política energética apunta a que en 2025 el 75% de la demanda nacional de energía eléctrica sea atendida mediante fuentes limpias y renovables. En ese sentido, ya se incorporaron 1.161 MW (megavatios) de energía renovable al sistema nacional y en los próximos tres años se incluirán alrededor de 550 MW adicionales. Para acompañar estas medidas, en 2021 se introdujo la regulación de la generación distribuida con fuentes renovables y se otorgaron incentivos tributarios y financieros a la electromovilidad. Bolivia viene desarrollando una estrategia nacional de transición energética de manera integral, que incluye a los sectores hidrocarburífero, eléctrico y evaporítico. Esto ocurre porque los tres sectores no pueden ser separados si se busca el objetivo final de cambio de matriz energética. Asimismo, hay que entender otro elemento importante, este proceso no puede ser llevado adelante ni resultará exitoso, ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo, si otros sectores de la sociedad no se integran y se vuelven actores activos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Desde las industrias hasta el ciudadano común, se deben involucrar en el proceso para avanzar en la transición energética. Y es en esa línea que el país ha tratado de viabilizar esta participación de públicos y privados, ya que, idealmente, todos debemos avanzar en una misma corriente.
En ese contexto, el Decreto Supremo (DS) 4794 estableció medidas de eficiencia para producir energía eléctrica y limitar el uso del gas natural para este fin. La norma fue promulgada a principios de septiembre, pero en las últimas semanas adquirió notoriedad a partir de las declaraciones públicas de algunos directivos del sector industrial, que arguyen posibles afectaciones por efecto de esta medida en desmedro del crecimiento nacional.
Para analizar este tema, desde una mirada técnica, es importante tener presente que la transición energética, por su naturaleza, genera brechas entre intereses encontrados o contrapuestos: la continuidad del modelo energético basado en combustibles fósiles contaminantes frente a la demanda de nuevas alternativas más eficientes y amigables con el medio ambiente. Está claro que ante esta contraposición debería prevalecer la alternativa que genere un mayor valor para la sociedad en su conjunto y que sea concordante con la visión de futuro planteada en el marco de la sostenibilidad y el cuidado del planeta.
Respecto a las supuestas afectaciones económicas de la medida al crecimiento nacional, conviene prestar atención a las previsiones globales de recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y energética generada a partir del conflicto bélico en Ucrania. Según datos recientes proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el contexto actual, retrasar la cuestión climática, lejos de incentivar el crecimiento económico, reduciría el crecimiento del PIB mundial entre un 0,15% y un 0,25%, y elevaría la inflación entre un 0,1% y un 0,4%, por lo que no hay motivos económicos para retrasar la transición energética, al contrario, cuanto más se tarde en abordar el problema climático, menos crecerá el PIB global. Si bien estos datos pueden ser diferentes en el contexto nacional, muestran una tendencia global de la que el Estado boliviano no está exento.
La aplicación de la transición energética no debe ser postergada en Bolivia. Toda transición requiere de un proceso, por lo que la reglamentación del DS 4794 debe asegurar su aplicación de manera eficiente y adecuada a la realidad nacional y precautelar el cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente, que rigen al sector energético nacional.
Ronald Veizaga Ingeniero Eléctrico Especialista en Temas Energéticos.