El informe especial de la Agencia Internacional de Energía (AIE) titulado Reciclaje de Minerales Críticos (Recycling of Critical Minerals) destaca la importancia del reaprovechamiento como un pilar fundamental para garantizar la seguridad y sostenibilidad de las cadenas de suministro en la transición hacia un sistema energético limpio. Este análisis, encargado como parte de la agenda del G7 liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, pone en evidencia tanto las oportunidades como los desafíos asociados a esta actividad esencial.

La transición hacia tecnologías limpias, desde vehículos eléctricos (VE) hasta paneles solares, depende de minerales como el cobre, litio, níquel, cobalto y tierras raras. A diferencia de los combustibles fósiles, estos minerales no se consumen de manera irreversible y pueden ser recuperados y reintroducidos en la cadena de suministro mediante el reciclaje. Sin embargo, según la AIE, aunque el reciclaje no elimina la necesidad de nuevas minas, crea «una fuente secundaria de suministro valiosa» que reduce la dependencia de las operaciones mineras y refinerías.

El informe subraya que, en promedio, los materiales reciclados generan un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con los extraídos de minas, lo que también contribuye a mitigar los impactos ambientales y sociales asociados con la minería tradicional.

Desafíos y oportunidades

Los datos de la AIE revelan que, a pesar de los avances en infraestructura y políticas, el uso de materiales reciclados aún no ha alcanzado el ritmo necesario frente al aumento del consumo global. «En el caso del cobre, la proporción de suministro secundario en la demanda total cayó del 37% en 2015 al 33% en 2023», detalla el informe. Una tendencia similar se observa en el níquel, cuya participación reciclada descendió del 33% al 26% durante el mismo período.

No obstante, hay áreas de progreso significativo. Los metales de baterías, como el níquel, el cobalto y el litio, han mostrado un crecimiento notable en la producción reciclada, con tasas de recuperación que superaron el 40% para el níquel y el cobalto, y el 20% para el litio en 2023. Esto refleja un potencial inmenso si se implementan políticas adecuadas. «El mercado de estos metales reciclados experimentó un crecimiento de valor casi once veces mayor entre 2015 y 2023», destaca la AIE.

Beneficios económicos y energéticos

Una de las proyecciones más reveladoras del informe es que un escalamiento exitoso del reciclaje podría reducir la necesidad de nuevas actividades mineras en un 25% a un 40% para 2050, según el Escenario de Compromisos Anunciados (Announced Pledges Scenario o APS), que asume el cumplimiento de compromisos climáticos nacionales. Esto no solo aliviaría la presión sobre las fuentes primarias, sino que también significaría un ahorro estimado de $us 240.000 millones en inversiones mineras para alcanzar las metas climáticas de 2050.

Adicionalmente, la producción de minerales reciclados podría alcanzar un valor de mercado de $us 200.000 millones para mediados de siglo, lo que subraya su potencial como motor económico. Asimismo, el informe señala que los beneficios de seguridad energética son particularmente significativos para regiones con escasos recursos minerales y una alta adopción de tecnologías limpias, como Europa.

Políticas para más reciclado

Desde 2022, más de 30 nuevas políticas y regulaciones relacionadas con el reciclaje de minerales críticos han sido introducidas a nivel mundial, enfocándose en planes estratégicos, incentivos financieros y estándares de contenido reciclado. Sin embargo, la AIE advierte que «solo tres de las 22 regiones encuestadas cuentan con marcos integrales que incluyen metas claras, mecanismos de implementación y sistemas de monitoreo».

El informe también destaca la necesidad de abordar las disparidades regionales en las tasas de reciclaje. Mientras que en Europa y América del Norte las tasas de recolección de residuos electrónicos superan el 40%, en economías emergentes de Asia, América Latina y África apenas alcanzan el 5%.

Perspectivas del reciclaje

El reciclaje de baterías emerge como un área crucial para incrementar las tasas generales de reciclaje de minerales críticos. Según el informe, las baterías de vehículos eléctricos representan el mayor potencial de recuperación de materiales a partir de 2035, y se estima que podrían satisfacer entre el 20% y el 30% de la demanda global de litio, níquel y cobalto para 2050, dependiendo de mejoras en las tasas de recolección.

No obstante, el informe advierte sobre la lenta expansión de las cadenas de suministro intermedias, como los materiales catódicos, y señala que la capacidad de reciclaje proyectada para regiones como India cubrirá apenas el 10% de la demanda de materiales reciclables para 2040. Esto contrasta con China, que lidera la capacidad de reciclaje mundial con el 80% del total.

Reciclaje, medioambiente y sociedad

Aunque el reciclaje es una solución sostenible, no está exento de impactos. El informe señala que «una gestión inadecuada del reciclaje de baterías podría generar contaminación por residuos y emisiones perjudiciales». Asimismo, en algunas regiones, las prácticas de recolección informal exponen a los trabajadores a condiciones inseguras y trabajo infantil.

La AIE enfatiza la importancia de adoptar estándares internacionales de trazabilidad y mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para asegurar que los materiales reciclados sean producidos de manera responsable.

Llamado a la acción

El informe concluye con un llamado a la acción para fortalecer el reciclaje a nivel global. Entre las recomendaciones clave se encuentran: establecer hojas de ruta políticas a largo plazo con metas claras y mecanismos de monitoreo; armonizar las políticas de gestión de residuos y reciclaje para facilitar mercados secundarios eficientes; proveer apoyo financiero para innovación tecnológica e infraestructura; enfocarse en economías emergentes para mejorar las tasas de recolección y reciclaje.

En última instancia, el reciclaje de minerales críticos no es solo una solución para reducir la dependencia de la minería, sino un camino hacia un futuro más sostenible y seguro. Como afirma la AIE: «la adopción de un enfoque holístico que considere todo el ciclo de vida del producto es clave para construir cadenas de valor más sostenibles»

El reciclaje en Sudamérica

El reciclaje de minerales críticos, esenciales para la transición energética global, representa una oportunidad significativa para las economías emergentes de Sudamérica. Sin embargo, como señala el reciente informe especial de la Agencia Internacional de Energía, la región enfrenta grandes desafíos estructurales y de política pública que limitan su capacidad para aprovechar plenamente esta actividad.

En Sudamérica, las tasas de recolección de residuos electrónicos, una fuente clave de minerales críticos como el cobre y el litio, permanecen entre las más bajas del mundo. Según el informe, «las tasas de recolección en economías emergentes en Asia y América Latina son inferiores al 5%, y en África llegan apenas al 1%». Esto contrasta marcadamente con regiones avanzadas como Europa, donde la recolección de desechos electrónicos alcanza hasta el 50%.

Uno de los factores clave detrás de este rezago es la falta de infraestructura adecuada y políticas efectivas. «El desarrollo insuficiente de sistemas de reciclaje en economías emergentes perpetúa una alta dependencia de los vertederos y prácticas informales», advierte el informe. En este contexto, gran parte del material reciclable termina siendo descartado o manejado de manera ineficiente, lo que no solo representa una pérdida económica sino también un impacto ambiental significativo.

La oportunidad del litio

El litio, apodado «el oro blanco», ocupa un lugar especial en la región debido a los vastos recursos en el Triángulo del Litio, que incluye a Argentina, Bolivia y Chile. Sin embargo, el reciclaje de este mineral clave para baterías de vehículos eléctricos todavía está en sus primeras etapas. «Actualmente, la capacidad de reciclaje de baterías en Sudamérica es limitada, y la mayor parte de los materiales se exporta para su procesamiento en otros países», señala el informe.

Según indica la AIE, el reciclaje de baterías podría cubrir entre el 20% y el 30% de la demanda global de litio para 2050, pero esto depende de la implementación de políticas que fortalezcan la infraestructura local de reciclaje. «La inversión en capacidades domésticas podría transformar el rol de la región, no solo como proveedor de materia prima, sino también como líder en la economía circular», sugiere el organismo energético.

Políticas y cooperación

A pesar de los desafíos, hay un creciente reconocimiento de la importancia del reciclaje en las agendas políticas de la región. «El desarrollo de marcos regulatorios sólidos, incluyendo metas de recolección obligatorias y estándares de contenido reciclado, es esencial para incentivar la industria», afirma el informe. La cooperación internacional también puede desempeñar un papel sustancial. Iniciativas de transferencia tecnológica y formación de capacidades podrían ayudar a las economías emergentes a cerrar la brecha con los países avanzados.

Asimismo, el informe subraya la necesidad de abordar los problemas sociales y ambientales asociados con el reciclaje informal, una práctica común en Sudamérica. «El trabajo infantil y las condiciones laborales inseguras persisten en muchas operaciones de recolección informal, lo que exige intervenciones regulatorias inmediatas», advierte la AIE.

El reciclaje de minerales críticos en Sudamérica no solo puede mitigar los riesgos ambientales y económicos de la minería, sino también posicionar a la región como un actor clave en la transición energética global. Para lograrlo, es indispensable invertir, implementar políticas y atraer la cooperación internacional. «Maximizar el potencial del reciclaje requiere un enfoque integral que combine desarrollo tecnológico, estrategias regulatorias y un fuerte compromiso con la sostenibilidad», concluye el informe de la AIE.

Datos sobre Bolivia: Industriales recolectaron más de 300 toneladas de materiales reciclables en 2023

El Grupo Asaí adquirió IASA el pasado 4 de noviembre, marcando un hito significativo en el panorama económico y agroindustrial de Bolivia. La operación se trata de la compra del negocio de molienda de Alicorp por parte del Grupo Asaí. Esta transacción, que abarca operaciones en Bolivia, Perú y Uruguay, incluye la transferencia total de Industrias de Aceite S.A. (IASA) y otras compañías relacionadas, con un valor de 172.8 millones de dólares, sujeto a ajustes futuros. Este movimiento estratégico posiciona al Grupo Asaí como un actor clave en el sector agroindustrial de la región.

El contexto de esta operación es particularmente relevante debido a los 80 años de trayectoria de IASA, una empresa fundada en 1944 que se ha consolidado como referente en la producción y exportación de aceite y derivados de soya. La empresa asume este desafío con una visión renovada, liderada por Carlos Kempff como presidente del Directorio y Diego Moreno como CEO. Kempff destacó la importancia de la transacción, calificándola como una oportunidad para impulsar a Bolivia como líder agroexportador.

En entrevista exclusiva para Energías & Negocios, de La Razón, Diego Moreno detalló los desafíos y objetivos de este proyecto. El ejecutivo subrayó que la apuesta del Grupo Asaí representa un respaldo sólido al sector agroindustrial boliviano en un momento de incertidumbre económica regional y global. Puntualizó que la estrategia estará centrada en ampliar mercados internacionales, optimizar procesos de producción y mejorar la productividad del campo, elementos esenciales para fortalecer la competitividad de Bolivia en el ámbito agroexportador.

Bitcoin, la criptomoneda más conocida y capitalizada del mundo, está a punto de alcanzar un hito sin precedentes: los $us 100,000 por unidad. En un contexto donde los mercados financieros tradicionales enfrentan incertidumbres, Bitcoin ha demostrado una capacidad extraordinaria para atraer flujos institucionales y especulativos, impulsado por factores macroeconómicos y técnicos. Sin embargo, esta racha alcista, que ha llevado al activo a niveles récord, genera interrogantes sobre su sostenibilidad y los riesgos inherentes.

El ascenso de Bitcoin no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Como explica el analista Edris Derakhshi en TradingRage, «el precio ha estado subiendo rápidamente desde principios de noviembre. Ha superado múltiples niveles de resistencia, incluido el de $us 90,000». Este movimiento se debe, en parte, al auge del mercado de derivados, que ha alcanzado un interés abierto récord de $us 63.000 millones, triplicando los niveles observados en 2021.

Adopción de Bitcoin

La adopción por parte de instituciones financieras también ha jugado un rol clave. Empresas como MicroStrategy han adquirido grandes cantidades de Bitcoin, consolidando su posición como uno de los mayores tenedores corporativos, con 331,200 BTC en su balance. Esta acumulación, valorada en más de $us 31 mil millones, no solo refuerza la percepción de Bitcoin como una reserva de valor, sino que también contribuye a su escasez en el mercado.

El presidente electo Donald Trump, percibido como favorable a las criptomonedas, ha añadido combustible al rally. La nominación de Howard Lutnick, defensor de los activos digitales, como secretario de Comercio, y la posibilidad de crear una «reserva nacional estratégica de Bitcoin» han sido catalizadores significativos. Como señaló el analista Antonio Di Giacomo de XS.com, «el camino hacia las seis cifras parece cada vez más plausible, porque es probable que Trump alivie la regulación y los inversores institucionales están acumulando ETF».

Los ETF en juego

La reciente aprobación de opciones sobre el iShares Bitcoin Trust, el ETF (fondo cotizado en bolsa) de Bitcoin más grande y negociado, marca otro punto de inflexión en la evolución del mercado. Este instrumento ha registrado entradas de casi $us 2,000 millones en solo tres días, subrayando la creciente confianza de los inversores en Bitcoin como activo financiero legítimo.

Derakhshi advierte, sin embargo, que el aumento en las tasas de financiación en el mercado de futuros podría ser un arma de doble filo. «Si bien los valores actuales no han alcanzado los niveles extremos del último máximo histórico de $us 74.000, los picos en las tasas de financiación siempre pueden provocar caídas repentinas debido a cascadas de liquidación prolongada».

Crecimiento de Bitcoin

El análisis técnico de Bitcoin revela un panorama dual: optimismo a corto plazo y cautela a mediano plazo. En el gráfico diario, el índice de fuerza relativa (RSI) ha estado en territorio de sobrecompra desde que el precio superó los $us 75,000. Esto indica una posible corrección en el horizonte, especialmente si el activo se acerca a la barrera psicológica de los $us 100,000.

«A medida que el precio alcanza esta cifra redonda, se puede esperar una volatilidad significativa, ya que es el área de toma de ganancias para muchos poseedores de Bitcoin a corto y largo plazo», advierte Derakhshi. No obstante, el análisis en el marco temporal de cuatro horas muestra un optimismo renovado, con el RSI aun permitiendo espacio para alzas adicionales antes de cualquier corrección significativa.

La creciente dependencia del mercado de derivados para sustentar el rally también introduce riesgos considerables. En las últimas 24 horas, las liquidaciones han totalizado $us 450 millones, de las cuales el 60% provinieron de posiciones cortas, reflejando una alta volatilidad. Este fenómeno podría intensificarse si el precio se dispara por encima de los $us 100,000, desencadenando oscilaciones bruscas y aumentando el riesgo de liquidaciones masivas.

A pesar de ello, el consenso parece inclinarse hacia una continuación del rally. Según el análisis técnico, niveles como $us 105,000 y $us 110,000 podrían ser los próximos objetivos alcistas. Sin embargo, como recuerda el viejo adagio del mercado, «la tendencia es tu amiga, hasta que deja de serlo».

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Promesas y precauciones

Con un valor de mercado que ya supera los $us 1.9 billones, Bitcoin ha consolidado su lugar en el ecosistema financiero global. Sin embargo, su trayectoria futura dependerá de una compleja interacción de factores: el comportamiento de los inversores institucionales, la evolución de las tasas de financiación, las políticas regulatorias y, por supuesto, la psicología del mercado.

En palabras de Derakhshi, «a medida que Bitcoin continúa superando niveles de resistencia y atrayendo flujos significativos, el optimismo es palpable. Pero los mercados financieros rara vez son lineales, y la cautela sigue siendo imprescindible».

Bitcoin puede estar al borde de un logro histórico, pero el camino hacia las seis cifras está pavimentado con riesgos. Los inversores, tanto veteranos como novatos, harían bien en recordar que, en un mercado tan dinámico como este, el éxito depende tanto de la audacia como de la prudencia.

No todos los pronosticadores ignoran los impactos del cambio climático. Algunos son más explícitos al calcular las emisiones de CO2 anticipadas y los aumentos de temperatura global resultantes de cada escenario. También reconocen que el mundo no está en camino de mantener el calentamiento global a 1,5 °C. Y con cada nuevo informe, la probabilidad de cumplir con el objetivo se vuelve cada vez más escasa. Los escenarios que conducen a “emisiones netas cero para 2050” son cada vez menos creíbles.

Declarar un objetivo en el Acuerdo de París de 2015 fue importante, y evaluar regularmente el progreso hacia ese objetivo puede ayudar a motivar un mejor desempeño. Sin embargo, a medida que ese objetivo se aleja cada vez más de nuestro alcance, ¿corremos el riesgo de quedar hipnotizados por ilusiones?

La indiferencia ante las implicaciones del calentamiento global de sus acciones no se limita a los pronosticadores. Observamos muchos otros signos de una brecha cada vez mayor entre el desempeño real y los objetivos declarados para enfrentar el cambio climático.

Petróleo y cambio climático

Desde 2015 (el Acuerdo de París) hasta 2023, los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) redujeron su producción de petróleo en 2,3 millones de barriles por día. Su propósito no era la conservación de recursos ni la reducción de emisiones, sino el apoyo a los precios. Bajo el paraguas de los precios sostenidos por la OPEP, la producción de petróleo no perteneciente a la OPEP aumentó en 6,7 millones de b/d durante el mismo período. Por cada barril que la OPEP dejó en el suelo, casi tres barriles de oferta adicional ingresaron al mercado en otras partes.

Gran parte de la expansión se produjo en Estados Unidos y Canadá, donde los costos de producción de petróleo están entre los más altos del mundo. Sin el paraguas de precios de la OPEP, parte, si no todo, de este petróleo norteamericano no sería comercialmente producible.

En otras palabras, la OPEP protegió su flujo de ingresos induciendo la producción de petróleo en otras partes, y con ello perdiendo participación de mercado. Tal vez esta política de protección de ingresos sería compatible con la consecución de los objetivos del Acuerdo de París si los miembros de la OPEP hubieran destinado una mayor parte de su flujo de ingresos a reducir las emisiones y/o a aumentar la participación de las energías renovables en la producción energética nacional.

Cambio y emisiones

Ninguna de las medidas respalda esta interpretación. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los miembros de la OPEP en realidad aumentaron entre 2015 y 2023. La participación de la energía “limpia” en la generación de energía eléctrica de la OPEP disminuyó en cuatro estados miembros y se mantuvo, en el último año de presentación de informes, por debajo del 2% en otros cuatro miembros. Solo un miembro de la OPEP, los Emiratos Árabes Unidos, experimentó un aumento significativo durante el mismo período, debido principalmente a la apertura de la planta de energía nuclear de Barakah. La participación de Venezuela en la energía hidroeléctrica varía ampliamente según la disponibilidad de agua. Como era de esperar, muchos miembros de la OPEP dedican sus presupuestos a otras prioridades, incluidas las obligaciones socioeconómicas internas, en lugar de ampliar el uso de energía “limpia”.

Es poco probable que la OPEP elimine su paraguas de precios en el futuro cercano o mediano. La caída del precio del petróleo que permitiría a los miembros de la OPEP recuperar participación de mercado compensaría con creces cualquier recuperación del volumen. Los ingresos de la OPEP disminuirían drásticamente, lo que limitaría muchos gastos, incluidas las inversiones en energía limpia.

Esfuerzos de las empresas

En cuanto a las principales compañías de petróleo y gas del sector privado, los esfuerzos declarados anteriormente para cumplir con los objetivos de calentamiento global se ven socavados por los anuncios recientes. Hace solo unos años se jactaban de planes para diversificar sus inversiones, alejándose de los combustibles fósiles y acercándose a las energías renovables. Algunas anunciaron objetivos para reducir la producción de petróleo, al tiempo que expandían la producción de energías renovables. Sin embargo, recientemente, las mismas empresas han cambiado de opinión.

Los altos ingresos de la industria, respaldados por el paraguas de la OPEP, en su mayoría no se invierten en energías renovables. En los últimos años, la industria ha estado gastando grandes porciones de su flujo de efectivo en dividendos a los accionistas, recompras de acciones y amortizaciones de deuda. Según la Agencia Internacional de la Energía, la inversión en energía limpia de las empresas de petróleo y gas alcanzó los $us 28.000 millones en 2023, menos del 4% del gasto de capital de las empresas y menos del 1% de los ingresos netos.

La impresión de que nos estamos engañando a nosotros mismos acerca de cumplir los objetivos del Acuerdo de París se ve reforzada por la dificultad que experimentaron los países desarrollados para alcanzar una meta previamente establecida de $us 100.000 millones anuales en financiación climática para los países en desarrollo. Esta meta, establecida en la COP15 en 2009, debía alcanzarse en 2020. Esa meta no se cumplió. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la meta finalmente se alcanzó en 2022.

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Financiación para el cambio

El objetivo de $us 100.000 millones anuales es insuficiente. En la COP29 en Bakú se buscará un consenso sobre un Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG) sobre financiación climática. Un grupo independiente de expertos estima que “se necesitarían al menos $us 2,4 billones de inversión al año para 2030” en los mercados emergentes y los países en desarrollo, excluida China. Los expertos concluyeron que la financiación debe provenir de recursos públicos nacionales, del sector privado, de bancos multilaterales de desarrollo y de financiación en condiciones concesionales.

No será fácil reunir estas distintas fuentes de financiación. Por nuestra propia experiencia, entendemos lo difícil que es para los inversores privados aceptar los altos riesgos que supone iniciar proyectos en países en desarrollo. Los inversores pueden diversificar algunos riesgos formando empresas conjuntas, si es posible incluyendo también empresas del sector público. El riesgo político puede diversificarse aún más si la empresa se dirige a una amplia zona geográfica que incluya múltiples jurisdicciones gubernamentales. La financiación del sector público en las primeras etapas (en cantidades sorprendentemente limitadas) puede ser un atractivo importante para los inversores privados reacios a asumir el riesgo exclusivo de los estudios y evaluaciones iniciales necesarios para preparar la concesión de licencias y las aprobaciones reglamentarias de los proyectos.

Actualmente, el mundo va camino de experimentar un calentamiento global de aproximadamente 2,5 °C para 2100, por lo que no estamos encaminados hacia el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París. Debemos reconocerlo. Sin embargo, si la COP29 logra un consenso sobre un generoso NCQG, entonces el mundo seguirá considerando seriamente cumplir al menos uno de los objetivos del Acuerdo de París. Con ese atisbo de esperanza, tal vez no nos estemos engañando.

Dado que en el país no existe un consenso sobre la crítica situación actual -la crisis- sus causas y menos en cuanto a las propuestas o medidas para superarla, elaboré y envié un Memorándum dirigido al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Dr. Marcelo Montenegro.

Los objetivos buscados son los siguientes. Primero, proponer un punto de partida mínimo común centrado en el corto plazo y la crisis económica, caracterizada por la coexistencia de una crisis cambiaria junto a una crisis fiscal. Segundo, discutir la viabilidad de algunas medidas que actualmente circulan en el ámbito fiscal y cambiario. Tercero, buscar una propuesta mínima común, aprobada por un Acuerdo Mínimo Nacional, centrada en un Fondo de Estabilización y Reservas y otras medidas complementarias.

Las conclusiones y recomendaciones del Memorándum se presentan primicialmente en esta oportunidad.

La necesidad de un punto de partida común

No hay consenso en el tipo de crisis que atraviesa la economía boliviana ni de sus causas, coexistiendo enfoques muy diversos y opuestos y, lo más preocupante, no hay un común denominador en las propuestas para salir de la situación en que estamos.

Es necesario reconocer que desde 2015 el Modelo Productivo Social Comunitario (MPSC) ha sufrido un tránsito de una fase de auge entre 2006-2014, en que dio cumplimiento a los objetivos de política económica inclusiva con superávits mellizos en cuenta corriente y fiscal, así como reducción de la pobreza y la desigualdad, hacia una fase de declive, con un cumplimiento parcial de los objetivos de política económica en lo que se refiere a inflación de un dígito, bajo desempleo, crecimiento moderado del PIB, reducción de la extrema pobreza y la desigualdad, pero con el eslabón débil como es la continua y acelerada pérdida de reservas internacionales con déficits mellizos en cuenta corriente de balanza de pagos (Saldo CC) y en el balance fiscal, que han derivado en la actual situación crítica de divisas y combustibles (Cuadro 1).

La continuación y profundización de la escasez de divisas ha conducido a la actual crisis cambiaria, que se da en un contexto de una crisis fiscal como producto de déficits fiscales consecutivos y elevados, que se arrastran desde 2014, a la que se suma la escasez actual de combustibles que aumentó la sensación térmica de crisis.

La crisis cambiaria es resultante de un fuerte shock externo adverso de precios que se inició en 2014-2016, seguido de un shock interno de la oferta exportadora de hidrocarburos de YPFB, principal y único ofertante obligatorio de divisas y un fuerte demandante de divisas por importaciones de combustibles, en un contexto de disminución de la participación de las exportaciones del sector estatal de casi la mitad a un cuarto del total exportado en 2023. El shock externo y el interno generaron flujos netos negativos de divisas que levantaron de facto el ancla cambiaria de la peor manera, rompiendo su vínculo con el control de la inflación.

La tormenta perfecta se da porque la crisis cambiaria está en medio de una crisis fiscal, porque ya se había levantado el ancla fiscal desde 2014, al registrar seguidos déficits cuyo nivel se acentuó por la crisis del COVID en 2020, al alcanzar un máximo de 12,2% del PIB, pero que luego siguió con saldos negativos en torno a un 9,1% del PIB entre 2021-2023, y se estima que continuarán en 2024.

El financiamiento de los déficits fiscales implicó, por una parte, una expansión desmesurada del crédito interno del BCB al sector público, de 9,7% en 2019 a 20,8% del PIB en 2020, para dispararse en 2023 a un 31,5% del PIB. Por otra parte, la deuda interna del TGN, de la cual la deuda con el BCB es un 60%, trepó de 15,7% del PIB en 2019 a 42,7% del PIB a octubre de 2023. Así, el financiamiento del déficit fiscal derivó en el crecimiento desmesurado de la deuda interna pública, de manera que la deuda total pública se ha casi duplicado: de un 43,8% del PIB en 2019 a un 76% a octubre de 2023, último dato disponible.

Crisis de divisas, devaluación y Fondo de Estabilización

La crisis de divisas NO es un problema de un déficit comercial elevado ni persistente que se resolvería solo con la devaluación, puesto que está relacionada con la caída en el volumen de exportaciones del sector estatal exportador y el aumento de importaciones de combustibles. La oferta de exportación presenta una baja elasticidad frente a las variaciones del precio unitario de exportación y del tipo de cambio y, a su vez, la demanda de importaciones no es muy sensible al aumento del tipo de cambio en el corto plazo.

El mayor problema NO son los saldos en cuenta corriente de balanza de pagos sino en la cuenta financiera y, especialmente, los saldos no registrados (contrabando, salida de capitales) equivalentes a 3,8% del PIB en 2023, el doble del déficit de balanza de pagos en cuenta corriente. Influyen en el no retorno de divisas y en la salida de capitales el diferencial de tasas de interés y el riesgo de tipo de cambio (la tasa de interés equivalente en dólares). Por tanto, la brecha cambiaria, que en realidad expresa dicha tasa, disminuyó la entrada de divisas del sector privado y aumentó la salida de capitales, y mientras no se logre un shock de recursos o confianza, cualquier modificación del tipo de cambio no necesariamente conducirá a una eliminación del tipo de cambio paralelo.

Por tanto, en la situación actual, si se mueve el tipo de cambio oficial sin un respaldo sólido de reservas internacionales, se entraría a perseguir al dólar no oficial, tal como en la crisis de 1982, dando recién lugar a una espiral inflacionaria.

El prerrequisito sine qua non es contar con un Fondo de Estabilización y Reservas (FER), que se adjunta en el Memorándum, antes de realizar las medidas de ajuste fiscal y monetario, en sentido contrario a la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), que primero obliga al ajuste fiscal y monetario y después recién da a cuentagotas financiamiento externo sujeto a condicionalidad. Se tiene que hacer un ajuste fiscal y monetario de todas maneras, con FMI o sin FMI, pero no antes de contar con recursos de financiamiento externo similar al Plan Eder aplicado en la estabilización en 1956.

Ajuste fiscal, con o sin FMI

El desequilibrio fiscal NO está asociado a los gastos corrientes sino está más relacionado con los gastos de capital (que han sido el motor del modelo) y, en especial, está correlacionado con el nivel de la inversión pública, por lo que el ajuste fiscal terminará afectando la inversión pública y a las empresas estatales.

Cuando se habla en la oposición de reducir el Gasto Fiscal, hay que tener muy en cuenta que el Gasto Público Social representó en promedio un 55% del Gasto Público Total. Además, NO es culpable de la expansión del gasto total, puesto que su peso aumentó en 3,7 puntos porcentuales (pp), mientras que en términos del PIB en 2,4 pp. El aumento se dio en las transferencias directas condicionadas en efectivo como el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta Dignidad que sumaron en 2023 Bs5.156 millones, equivalentes a un 1,6% del PIB.

Con el objetivo de atenuar el ajuste fiscal, especialmente por sus efectos en la inversión pública y el gasto social, así como en la pobreza y equidad, se sugiere establecer en el Programa Fiscal Financiero la meta de déficit corriente cero y disminuir el déficit fiscal global de un 10% a un 3,4% del PIB en 2025, como también propuso el Dr. Juan Antonio Morales (1), lo que significaría volver al nivel que tuvo en 2014 antes del declive.

Es claro que reducir o eliminar subvenciones a combustibles equivale a un «impuesto gasolinario» y hay varias propuestas de modalidades, como del Dr. Rolando Morales (2); sin embargo, previamente hay que asegurar la disponibilidad y la logística de oferta en un marco de credibilidad y de confianza.

En el Programa Fiscal Financiero se debe recortar el Crédito Interno del BCB de un 31,5% del PIB en 2023 a un 9,7% del PIB en 2025 y fijar un límite explícito a la deuda interna del TGN de manera de evitar su descontrol y mantener el nivel de Inversión Pública en torno al 7% del PIB y revisar la destinada a «sectores productivos».

Deberían congelarse los préstamos del BCB a Empresas Estratégicas, que representan el 11,6% del PIB, delimitar el ámbito de empresas estratégicas o retornar al ámbito del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 y evaluar su viabilidad.

Finalmente, para enfrentar la crítica situación actual que requieren de acciones urgentes e inmediatas, se requerirán no solo de buenas políticas y un acuerdo político consensuado, sino también de la buena suerte.

(1) Juan Antonio Morales (2024). Crisis económicas en Bolivia. Tierra.
(2) Rolando Morales Anaya. Análisis de la crisis y estrategias de recuperación. Conferencia virtual.