A dos meses de la publicación del libro Geopolítica de la Transición Energética, el debate sobre el futuro energético de Bolivia sigue más vigente que nunca. En un contexto de crisis climática y agotamiento de los recursos naturales, esta obra ha impulsado una discusión fundamental sobre la viabilidad de la transición hacia energías renovables en el país. ZBasado en datos y experiencias internacionales, el libro analiza los principales desafíos y estrategias necesarias para llevar a cabo un cambio estructural en el modelo energético, abriendo el camino para un debate informado y orientado a la acción.

La transición energética, entendida como la búsqueda de cambio de la matriz energética desde fósiles a renovables, es uno de los procesos más ambiciosos y necesarios del siglo XXI. Su objetivo más visible es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así combatir el cambio climático. El punto central de este proceso es el avance tecnológico.

Expertos y expertas en el tema afirman que las gigantescas cantidades de energía que se necesitan diariamente para mantener el modus vivendi de la humanidad pueden ser provistas por una cantidad creciente de fuentes renovables y sostenibles, lo cual hace posible unir dos variables previamente irreconciliables: crecimiento y sostenibilidad.

Desde un punto de vista técnico, la transición energética es una respuesta directa al cambio climático y sus impactos devastadores en el planeta. Su objetivo principal es reducir la dependencia global de los combustibles fósiles, responsables de gran parte de las emisiones de carbono, que son los principales causantes del aumento de la temperatura en el planeta. Para lograrlo, líderes de diferentes países alrededor del mundo están apostando por energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, acompañadas por el desarrollo de tecnologías que permitan una mayor eficiencia energética. La transición también incluye cambios estructurales en los sistemas de transporte, la creación de redes eléctricas inteligentes y la promoción de la economía circular. Aunque los beneficios ambientales de este cambio son claros, es necesario resaltar que es un proceso costoso y complejo que requiere inversiones muy grandes y acompañamiento de los estados con políticas claras.

Desde la perspectiva de los países en desarrollo, este proceso plantea una interrogante central: ¿es la transición energética una verdadera oportunidad o simplemente otro proceso guiado por los países industrializados, cargado de retos y desigualdades? ¿Es esta una opción real para Bolivia?

En este contexto, los países en desarrollo enfrentan un dilema: sumarse a esta transición o quedarse rezagados en un mundo que avanza hacia nuevas formas de producción y consumo energético. Aquí se puede mencionar a Maristela Svampa y el artículo que publicó en la revista Nueva Sociedad a fines del año pasado, introduciendo su concepto de «consenso de la descarbonización», actualizando su concepto de «consenso de los commodities» popularizado hace ya una década. Bajo este nuevo concepto, Svampa enfatiza que este proceso de descarbonización de las economías está liderado por los países industrializados y el mayor riesgo para el Sur Global es sumarse a esta revolución del capital del siglo XXI, nuevamente bajo condiciones adversas.

Específicamente, si bien la descarbonización tiene un objetivo noble, también está acompañada de una nueva extracción masiva de recursos minerales críticos, como litio, cobalto, magnesio, manganeso, germanio, silicio, etc., indispensables para las tecnologías verdes. Esto implica una doble presión para los países en desarrollo: por un lado, adoptar medidas de sostenibilidad impuestas externamente, y por otro, lidiar con los impactos sociales y ambientales de una nueva ola extractivista. En este escenario, la transición energética se convierte en una espada de doble filo: mientras ofrece beneficios potenciales como ingresos y desarrollo tecnológico, también plantea riesgos significativos de dependencia y despojo.

Esta publicación nos ayuda con el análisis de las implicancias de la transición energética para Bolivia, un país que posee enormes reservas de litio, un recurso clave para esta nueva era. Identifica los riesgos de mantener el modelo extractivista y las barreras estructurales, como la falta de infraestructura y financiamiento, que obstaculizan la transición hacia energías renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica. Más allá del diagnóstico, es necesario proponer estrategias concretas para una transición energética efectiva e inclusiva, destacando la necesidad de incentivar la inversión en energías limpias, modernizar la infraestructura eléctrica y fortalecer políticas de eficiencia energética. Además, es importante desarrollar tecnologías locales y capacitar profesionales en el sector.

La FES contribuye nuevamente al debate público con este tema de relevancia. Aunque presenta muchos desafíos, también ofrece oportunidades únicas para redefinir el papel del país en la economía global. Sin embargo, para que Bolivia pueda aprovechar estas oportunidades, es fundamental que se desarrollen políticas públicas integrales y sostenibles que consideren tanto los beneficios como los riesgos de este proceso. La transición energética no debe ser vista como un destino impuesto, sino como una oportunidad para construir un futuro más justo y sostenible para todos los y las bolivianas.

El gas boliviano ha sido un recurso estratégico y un pilar fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, la estimación y certificación de las reservas de gas han sido temas controvertidos, especialmente en lo que respecta a la validez de las cifras y su relación con los contextos políticos y económicos. El economista Rolando Morales, en su libro en elaboración, «Bolivia en el primer cuarto del Siglo XXI», aborda esta problemática con detalle. El experto ofrece una visión crítica sobre las fluctuaciones en las estimaciones de las reservas de gas y las implicaciones que estas tienen para el país.

Antes de adentrarnos en el caso boliviano, es fundamental entender la diferencia entre recursos y reservas. Según un reporte del Servicio geológico de Estados Unidos, los recursos son concentraciones de materiales naturales (sólidos, líquidos o gaseosos) en la corteza terrestre que pueden ser extraídos en el presente o en el futuro. Estos recursos se dividen en identificados (cuya ubicación, calidad y cantidad son conocidas o estimadas) y no descubiertos (cuya existencia se infiere a partir de conocimientos geológicos).

Por otro lado, las reservas son la porción de los recursos identificados que pueden ser extraídos de manera económica y legal en el momento de su determinación. En otras palabras, las reservas son aquellos recursos que, además de ser técnicamente viables de extraer, son rentables bajo las condiciones económicas y regulatorias actuales. Esta distinción es crucial, ya que no todos los recursos pueden convertirse en reservas, y la certificación de estas últimas es un proceso técnico y económico que requiere de auditorías independientes.

La certificación: un proceso técnico y político

La certificación de reservas es un proceso mediante el cual una empresa independiente valida la cantidad de recursos que pueden ser considerados como reservas. Este proceso es fundamental para la industria de hidrocarburos, ya que las reservas certificadas son la base sobre la cual se toman decisiones de inversión, se planifica la producción y se evalúa el potencial económico de un país. Sin embargo, como señala Morales, este proceso no está exento de controversias, especialmente en un contexto político y económico volátil como el de Bolivia.

Morales destaca que Bolivia ha contratado a varias empresas internacionales para certificar sus reservas de gas a lo largo de los años. Entre ellas, Degoyler and Macnaughton fue la encargada de realizar las certificaciones entre 1997 y 2005. Posteriormente, otras empresas como Ryder Scott, GLJ Petroleum Consultants y Sproule emitieron sus propias estimaciones. Sin embargo, como señala Morales, «es muy difícil explicar estos saltos tan importantes en las estimaciones de las reservas de gas, lo que da lugar a algunas preguntas que por el momento no tienen respuesta».

Las fluctuaciones en las estimaciones de reservas

Uno de los aspectos más llamativos que Morales resalta es la drástica fluctuación en las estimaciones de las reservas de gas en Bolivia. Según los datos presentados en el Cuadro 1, las reservas probadas de gas (P1) pasaron de 3.6 TCF (trillones de pies cúbicos) en 1997 a un máximo de 28.7 TCF en 2003, para luego caer abruptamente a 9.94 TCF en 2009 y mantenerse en torno a los 10 TCF en los años siguientes.

Morales explica que «hay un salto hacia arriba muy importante en el año 2000 que, según los exégetas de Sánchez de Lozada, se debería al descubrimiento de nuevas reservas gracias a los contratos que firmó». En esos años, se alimentó la idea de que Bolivia era «un mar de gas» y se llegó a considerar la exportación de gas incluso a California, vía Chile. Sin embargo, a partir de 2006, las reservas probadas comenzaron a disminuir drásticamente, lo que llevó a especulaciones sobre la validez de las estimaciones anteriores.

Las hipótesis detrás de las fluctuaciones

Morales plantea tres hipótesis para explicar estas fluctuaciones:

En primer lugar, un error sistemático o falsificación de información. «Una hipótesis posible es que la empresa Degoyler and Macnaughton se haya equivocado sistemáticamente durante varios años o que haya falseado la información», indica. Si esta hipótesis fuera cierta, Bolivia debería exigir una indemnización a la empresa.

En segundo lugar, la validez de las certificaciones anteriores. «Una segunda hipótesis es que las certificaciones que hizo Degoyler and Macnaughton son correctas y las que las invalidaron desde el año 2006 están equivocadas». Sin embargo, Morales señala que la caída en la producción de gas desde 2016 no favorece esta hipótesis.

En tercer lugar, la influencia de intereses políticos y económicos. «Una tercera hipótesis es que las empresas certificadoras hayan basado sus informes en la información proporcionada por las empresas interesadas en los hidrocarburos más que en trabajos de orden técnico-científico», asevera. En este caso, las certificaciones reflejarían los intereses de las empresas más que la realidad técnica.

La importancia de la certificación de reservas

La certificación de reservas no solo es un proceso técnico, sino que tiene implicaciones económicas y políticas profundas. Como se menciona en el documento UCAM.pdf, «las reservas de petróleo y gas son uno de los elementos clave de la industria internacional del petróleo». Las reservas certificadas son la base sobre la cual las empresas y los gobiernos toman decisiones de inversión, planifican la producción y evalúan el potencial económico de un país.

En el caso de Bolivia, las reservas de gas han sido un pilar fundamental de su economía. Sin embargo, como señala Morales, «Bolivia hizo inversiones millonarias en el sector hidrocarburos, la mayor parte de ellas serían inútiles si son correctas las últimas estimaciones de reservas de gas». Esto subraya la importancia de contar con estimaciones precisas y confiables, ya que las decisiones de inversión y las políticas públicas dependen en gran medida de estas cifras.

Presente

Actualmente, la estatal de hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), recibió dos ofertas para cuantificar y certificar las reservas de gas natural y líquidos de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2024, según informa el portal Bnaméricas.

Las empresas que se presentaron para el contrato a 145 días son GEA ARG y DeGolyer & MacNaughton. El ganador cuantificará los volúmenes técnicos recuperables, realizará una evaluación económica y entregará proyecciones de producción. Los trabajos se centrarán en 60 campos de gas natural y 24 de petróleo.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que la producción de crudo sufrió una baja interanual de 11,5 % entre enero y noviembre de 2024, a 7 millones de barriles. La producción de gas declinó 11% a 10.962 millones de metros cúbicos.

La necesidad de transparencia y precisión

La historia de las reservas de gas en Bolivia, tal como la relata Morales, es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la precisión en la certificación de reservas. Las fluctuaciones en las estimaciones no solo han generado incertidumbre, sino que también han tenido un impacto significativo en la economía del país. Como concluye Morales, «elucidar estos temas es importante para entender lo que pasó durante este periodo y para proyectar el futuro».

En un mundo donde los recursos naturales son cada vez más escasos y valiosos, la certificación de reservas debe ser un proceso riguroso y transparente, libre de influencias políticas o económicas. Solo así se podrá garantizar que las decisiones de inversión y las políticas públicas estén basadas en datos confiables y precisos, lo que es esencial para el desarrollo sostenible de cualquier país.

En un giro radical respecto a décadas de políticas comerciales orientadas a la liberalización y la globalización, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha implementado una serie de medidas proteccionistas que han sacudido los cimientos del comercio internacional. Estas decisiones, que incluyen la imposición de aranceles del 25% al acero y al aluminio, no solo han afectado a países como Argentina y Colombia, sino que también han generado un clima de incertidumbre y tensiones geopolíticas a nivel global. En una entrevista exclusiva, el economista Alberto Bonadona compartió su perspectiva sobre estas políticas y sus implicaciones para América Latina y el mundo.

El proteccionismo de Trump: una provocación al mundo

Bonadona no duda en calificar las políticas comerciales de Trump como una «provocación al mundo entero». Según el analista, estas medidas representan un quiebre con más de 70 años de esfuerzos por reducir las barreras comerciales y fomentar un flujo más libre de bienes y servicios. «No es vía el proteccionismo que en esta época se puede crecer los países industrializados», afirma el economista, quien considera que estas políticas son contrarias a los principios que históricamente han impulsado el crecimiento económico global.

El experto señala que, si bien el proteccionismo puede tener cierto sentido en países en desarrollo que buscan proteger industrias incipientes, en el caso de Estados Unidos, una economía altamente desarrollada, estas medidas carecen de justificación. «Un país como Estados Unidos que ponga estos aranceles simplemente significa una provocación a otros países que van a retaliar estas medidas, como ya se está dando, y además generando efectos muy negativos al interior de su propia economía», explica Bonadona.

Impacto en América Latina: entre la retaliación y la adaptación

América Latina, una región que históricamente ha visto a Estados Unidos como su principal socio comercial, se encuentra en una encrucijada frente a estas políticas proteccionistas. Bonadona destaca que, si bien países pequeños como Bolivia, Paraguay y Ecuador pueden verse menos afectados debido a su menor volumen de exportaciones hacia Estados Unidos, economías más grandes como México, Colombia y Argentina enfrentan desafíos significativos.

«Colombia tiene el 30% de sus exportaciones en café, y si le ponen un arancel a ese café, pues la verdad que pueden hundir a esa economía o generarle una gran recesión», advierte Bonadona. En el caso de México, el impacto podría ser aún más severo, dada la estrecha relación comercial que mantiene con su vecino del norte. «Si hace esas medidas, pues ahí incluso el daño para México puede ser mayor, pero también se va a ver afectada la economía estadounidense», agrega.

China: el gran beneficiario del proteccionismo de Trump

Frente a este escenario, Bonadona considera que China emerge como el gran beneficiario de las políticas proteccionistas de Trump. «Lo que está haciendo Estados Unidos es empujar a todos a un mayor comercio con China», afirma el analista. Esta tendencia ya se está manifestando en América Latina, donde países como Perú están fortaleciendo sus lazos comerciales con el gigante asiático, especialmente a través de proyectos estratégicos como el puerto de Chancay.

Bonadona también destaca la habilidad del gigante asiático para sortear las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos. «China lo que ha estado haciendo es producir en otros países, por decir, Indonesia, Vietnam, y a partir de ahí exportar como productos originarios de esos países y sigue exportando a Estados Unidos», explica. Esta estrategia no solo permite a China mantener su acceso al mercado estadounidense, sino que también refuerza su posición como líder global en el comercio internacional.

Implicaciones para la inflación y la competitividad de Estados Unidos

Uno de los aspectos más preocupantes de las políticas proteccionistas de Trump es su potencial impacto sobre la inflación en Estados Unidos. Bonadona señala que, lejos de favorecer a la economía estadounidense, estas medidas podrían generar presiones inflacionarias. «Yo creo que sí favorece a mayor inflación, porque en primer lugar lo que ha hecho es que el dólar ahora, y con todas las medidas que se está tomando, si bien va a caer y eso puede favorecerle a Estados Unidos, pero sin embargo los productos norteamericanos, a pesar de tener ahora aranceles, no son más baratos porque no hay mayor competitividad», explica.

Además, el analista critica la falta de enfoque en la productividad y la competitividad como motores del crecimiento económico. «Estados Unidos es una economía súper desarrollada y en general sus productos no necesitan protección, sino lo que necesitan es mayor productividad, es crecer en competitividad, pero haciendo que sus costos bajen», afirma Bonadona. En este sentido, las políticas de expulsión de inmigrantes, que podrían encarecer la mano de obra, solo agravarían los desafíos que enfrenta la economía estadounidense.

¿Hacia una nueva guerra comercial?

Las tensiones comerciales desatadas por las políticas de Trump han llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de una nueva guerra comercial a escala global. Bonadona advierte que, si bien los países latinoamericanos podrían verse obligados a tomar medidas recíprocas, la situación es más compleja para las economías más grandes. «Países pequeños como nosotros, el nuestro, mayormente no le afecta porque actualmente nuestro comercio, si bien tiene cierta importancia con Estados Unidos, no es nuestro primer socio comercial», explica.

Sin embargo, para países como México y Colombia, el panorama es más sombrío. «Si llegan a ponerle un arancel a toda la producción cafetalera, como en algún momento se anunció en contra de Colombia, pues Colombia tiene el 30% de las exportaciones es café, y si le ponen un arancel a ese café, pues la verdad que pueden hundir a esa economía o generarle una gran recesión», señala Bonadona.

Un mundo en transición

En definitiva, las políticas proteccionistas de Trump representan un punto de inflexión en el comercio internacional. Como bien señala Bonadona, estas medidas no solo han generado tensiones geopolíticas, sino que también han acelerado el desplazamiento del centro de gravedad económico hacia Asia, particularmente hacia China. «Al final el perjudicado va a ser los Estados Unidos y se beneficiará China, incluso en cuanto al liderazgo mundial políticamente hablando», concluye el analista.

América Latina se encuentra en una posición delicada, obligada a adaptarse a un nuevo orden económico global en el que Estados Unidos ya no es el único actor dominante. La capacidad de los países de la región para diversificar sus socios comerciales y fortalecer sus lazos con economías emergentes será clave para navegar este escenario incierto y volátil.

Con bastante premura, hemos entrado ya en el período electoral que culminará el 17 de agosto de 2025 con la elección de presidente, vicepresidente y asambleístas. Este período coincide con el agotamiento de un ciclo que fue particularmente bueno para la economía nacional debido a las elevadas exportaciones de gas y minerales.

Aunque comenzó a declinar en 2014, poco a poco vamos llegando al fondo de ese ciclo con el agotamiento de las reservas explotables de gas y minerales. Obviamente, las reservas no se han agotado del todo, sino que no han sido estudiadas ni cuantificadas lo suficiente como para que los inversionistas diseñen, en base a ellas, nuevos proyectos económicamente viables.

La coincidencia de elecciones y crisis económica ha hecho que reaparezca en el debate la idea de que podemos aunar voluntades y llevar a cabo el cambio definitivo que conduzca al desarrollo económico y la felicidad democrática.

Extractivismo y economía

Un hecho sin duda notable es la aparente coincidencia en el diagnóstico de base: el problema que se debe vencer sería el carácter extractivista de la economía. Se asegura que es la excesiva dependencia de la explotación de los recursos naturales lo que impide a nuestra economía ofrecer mejores condiciones de bienestar a la población y acercarnos a los países más desarrollados. De acuerdo con esa explicación, extraemos riquezas que exportamos como materias primas con poco valor agregado y, para consumir, importamos bienes finales con alto valor agregado, lo que nos llevaría a un intercambio “desigual” en el que terminamos transfiriendo valor y renovando la pobreza.

Por ello, también se observa mucha coincidencia en las propuestas: abandonar el extractivismo y dedicar nuestros esfuerzos a buscar actividades que añadan mayor valor a la producción. Las discrepancias empiezan a surgir cuando se trata de establecer esas prioridades.

El actual gobierno de Arce Catacora, como antes el de Evo Morales y décadas atrás los gobiernos nacionalistas, se ha propuesto forzar la industrialización creando empresas públicas de todo tipo. La mayoría de las anteriores fracasó y la mayoría de las actuales va por el mismo camino. La oposición lo sabe y lo denuncia, proponiendo otras opciones que van desde el turismo (de aventura, cultural, de naturaleza o de salud) hasta la informática (producción de software, alojamiento de computadoras en el altiplano, call centers especializados), pasando por el mejor aprovechamiento de la riqueza cultural (tejidos, música, danzas folklóricas) y un sinfín de ideas estupendas en busca de inversionistas.

Otra perspectiva

En esta oportunidad, y con el mayor respeto por mis colegas, me permito discrepar. Creo que no es viable abandonar “el extractivismo” y que es equivocado culpar de nuestro subdesarrollo a la abundancia de recursos naturales.

En primer lugar, no creo que sea viable ignorar la dotación de recursos naturales que el país tiene a su alcance. Estos serán siempre un foco de atracción para empresarios y trabajadores, sobre todo considerando que nuestra tradición constitucional los ha hecho “propiedad” de todos los ciudadanos. Que este mandato no se cumpla o lo haga de manera deficiente a través del Estado no impide que el acceso a esas riquezas sea considerado un derecho de todos.

Los recursos naturales del país, en la medida en que tengan demanda, ofrecerán oportunidades de inversión que generarán empleos, y será muy difícil evitar su explotación. Y seguramente esto tampoco será aconsejable. ¿Por qué despreciar oportunidades? Hay países que podrían ser considerados extractivistas por el peso que tienen los sectores primarios en su producción nacional, como Australia, Nueva Zelanda, Noruega o el cercano Chile, y que se encuentran en niveles de bienestar muy superiores a los nuestros.

Las riquezas naturales no pueden ser descartadas simplemente porque en el pasado no supimos aprovecharlas adecuadamente. Lo verdaderamente importante es determinar por qué no supimos aprovecharlas.

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Riqueza y pobreza

Aquí traigo el segundo argumento: el error de culpar a la riqueza por la pobreza. Y es un error porque el problema no es la abundancia de recursos, sino la concentración de las rentas que estos generan en un Estado institucionalmente débil y vulnerable a las presiones corporativas.

En palabras sencillas, el problema no es la abundancia de recursos naturales, sino el rentismo estatal. Ese rentismo aísla al Estado del resto de la economía, lo coloca por encima de la sociedad y atrae hacia él los esfuerzos, la creatividad y la ambición de individuos y empresas. Cuando el Estado captura y controla las rentas que provienen de recursos que son de todos, se vuelve indiferente a las actividades económicas que contribuyen con impuestos y nos convierte a todos en estatistas, clientes o cómplices de sus acciones.

Poco a poco, toda acción se vuelve “política” y la política misma se degrada hasta convertirse en una simple presión distributiva. Al final, las rentas se distribuyen mal, se despilfarran o se pierden en la corrupción, sin que logremos erigir un sistema institucional más eficiente para administrar la cosa pública.

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Estado y extractivismo

Esto solo podrá suceder cuando el Estado se comprometa con el éxito económico de su gente y permita una economía volcada hacia los mercados, donde, aunque tal vez sea más difícil, siempre será mejor lograr riquezas. Con las rentas concentradas en el Estado, resulta más fácil hacer negociados con el presupuesto público y a costa de la sociedad.

¿Cómo resolver este problema? No es ignorando las riquezas naturales ni forzando experimentos con recursos ajenos, como se ha hecho tantas veces, sino eliminando la tentación de las rentas.

Y esto se logra suprimiendo el rol del Estado como intermediario y distribuyendo las rentas de manera directa a todos los ciudadanos. Cada uno sabrá cómo invertir o gastar lo suyo y sabrá también que, si quiere mejorar sus condiciones de vida, tendrá que trabajar y producir. Aprenderá a no esperar soluciones del Estado y a pagar impuestos si quiere acceder a los servicios públicos.

Solo entonces los bolivianos nos habremos liberado de las obsesiones que nos llevan a estatizar los recursos naturales y a rogar luego al Estado que nos haga llegar algo de esa riqueza, convirtiendo cada pequeña abundancia en un mito que aprisiona iniciativas.

En suma, podemos seguir con algo más de extractivismo, siempre que dejemos atrás el rentismo estatal.

El segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos ratifica el poder que tienen las decisiones de las grandes potencias en un mundo cada vez más interconectado. Su enfoque agresivo en materia de comercio internacional ha generado un clima de incertidumbre y tensiones en la economía mundial. Para entender mejor las implicaciones de estas políticas, conversamos con el economista y expresidente del Banco Central de Bolivia, Gabriel Loza Tellería, quien nos ofrece una perspectiva detallada sobre los desafíos y riesgos que plantea la administración Trump en su segunda etapa.

Trump 2.0: continuidad y radicalización de la política comercial

Gabriel Loza Tellería no duda en calificar la segunda administración de Trump como un mayor desarrollo de ideas y decisiones que ya se pusieron en marcha durante su primer mandato. «Esta segunda versión, Trump 2.0, es una continuación, profundización, y yo diría una radicalización de su política comercial que hizo a partir del 2017», afirma Loza.

En su primer gobierno, Trump inició una guerra comercial con China, imponiendo aranceles unilaterales para proteger la economía estadounidense. Sin embargo, Loza señala que, en esta segunda etapa, las medidas son más amplias y amenazan con tener impactos mucho más amplios. «El problema es que ahora Trump por lo menos amenazó a aplicar aranceles a todo el mundo. Nosotros decimos, los economistas, al resto del mundo, al mundo menos Estados Unidos. Entonces a todos, aliados o no aliados, una tarifa, y se está viendo cuál va a ser esa tarifa uniforme».

Esta política de aranceles generalizados no solo afecta a China, sino también a aliados tradicionales como Canadá y México. «A sus socios, que se supone que son Canadá y México, les amenazó con aranceles del 25 por ciento a sus importaciones», explica Loza. Sin embargo, el economista boliviano destaca que Trump ha utilizado los aranceles como una herramienta de negociación. «La visión que surge es que está utilizando el arancel como un arma de negociación, como un mecanismo de negociación. Por lo tanto, pero con la particularidad que primero pega y después negocia».