La promulgación de una ley sobre derechos de autor en Bolivia es relativamente reciente (1992). Sin embargo, la legislación respecto a la protección por parte del Estado de los bienes materiales y posteriormente de los inmateriales tiene una historia de más larga data, en particular con las reformas jurídicas que se dieron después de la revolución de 1952.  

A comienzos de los 90, un grupo de músicos folklóricos y empresarios de productoras fonográficas se movilizaron para lograr una ley que proteja a los autores de la piratería y del uso de sus obras. Las condiciones socioeconómicas que se vivían en ese momento respecto al modelo económico neoliberal, junto al crecimiento de varias empresas disqueras, y posiblemente gracias a algún acercamiento al partido en funciones de gobierno, posibilitaron la promulgación de la Ley de Derechos de Autor el 2 de abril de 1992; norma que sin embargo no logró ningún beneficio para sus promotores.

Como consecuencia de la ley se crearon instituciones específicas (entidades de gestión colectiva), conformadas actualmente por la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores (Sobodaycom), la Asociación Boliviana de Artistas e Intérpretes en Música (Abaiem) y la Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Asboprofon); de tal manera que cada autor, al afiliarse como socio a alguna de estas sociedades, concede la administración de sus regalías por concepto de derechos de autor, de ejecución pública o derechos conexos.

Sin embargo, hasta el momento existe una falta de legitimidad respecto a estas sociedades autorales, toda vez que los compositores, comunidades y grupos de artistas no se sienten representados ni tampoco se benefician por el trabajo que realizan; y más bien se ven perjudicados por estas entidades, ya que deben pagar un porcentaje de los ingresos que reciben por cada actuación incluso si las composiciones que interpretan son de su autoría; esto sin que estén siquiera registrados en alguna de estas entidades autorales.

La dominación legal (burocracia) que se ha construido hasta el momento a partir de la Ley 1322 es la mejor forma de hacer callar a aquellos que no están conformes o que simplemente piensan que estas entidades son solo entidades recaudadoras de grandes empresas fonográficas, y no así de los verdaderos autores, menos aún de las comunidades que crean su música de forma colectiva y no individual.

Es necesario una revisión jurídica de la Ley de Derechos de Autor y entender la verdadera dimensión que las entidades de gestión colectiva cumplen en beneficio de los autores y compositores, para que la valoración de los artistas no se base en cuánto cotizan, sino en su aporte cultural e intelectual.

La creciente migración de bolivianos a Sao Paulo es innegable. Cada día decenas de compatriotas llegan a la estación de Barra Funda, cargados no solo de maletas, sino también de sueños que piensan realizar en el menor tiempo posible. El principal objetivo es acumular el dinero suficiente para retornar al país e invertir en algún emprendimiento que les permita prosperar económicamente.

La mayor presencia de compatriotas en la inmensa ciudad de Sao Paulo se evidencia al transitar por las calles, o al hacer uso del transporte público, como el ómnibus, el tren o el metro. La zona de Brass sin lugar a dudas es uno de los barrios donde la presencia boliviana es masiva, la rua Coimbra que se encuentra en esta zona es la viva expresión de la apropiación territorial, reconfigurándola de manera estética a partir de la utilización del espacio físico, con la creación de restaurantes, discotecas, tiendas, oficinas de remesas y radios que operan de forma clandestina.

Esta apropiación del espacio tiene su explicación hace 20 años, cuando los comerciantes bolivianos empezaron a vender las prendas que costuraban en las calles aledañas a la estación del mismo nombre. Un lugar que en aquella época estaba conformado por grandes espacios desolados, que la gente sin vivienda usaba para refugiarse o por la excesiva criminalidad que existía entonces.

TALLERES. Esto aconteció debido a que los bolivianos dejaron de trabajar a destajo para empresarios coreanos, quienes tercerizaban para famosas marcas de ropa y empezaron a confeccionar sus propias prendas al tener ya talleres propios, fruto del arduo trabajo de años de costura; sin embargo, cuando el barrio empezó a transformarse en una zona de comercio importante, los bolivianos comenzaron a ser amedrentados por brasileños que usurpaban sus puestos de venta, además de ser extorsionados y amenazados de manera constante.

En la actualidad Brass es una de las zonas más importantes de comercio y todo indica que seguirá creciendo. Pero este cambio fue gracias a la persistencia del trabajo migrante, principalmente de bolivianos que batallaron en la ilegalidad bajo un sistema de economía oculta y que ahora siguen viviendo en un estado de sumisión a los dueños de estos locales comerciales, sin ningún tipo de seguridad que les garantice algún derecho propietario. Si Brass es una de las zonas más importantes que ha crecido y se ha trasformado por la presencia de bolivianos, también han ido asentándose en otras zonas como Bom Retiro, Penha, Ermelino Matarazzo, etcétera.

Las redes de parentesco han sido fundamentales para que el proceso migratorio continúe. Los ya establecidos hace varios años con casas y talleres propios dan trabajo a familiares o personas de la misma comunidad. Son formas de reciprocidad que se extienden de manera transnacional permitiendo que comunidades enteras se reproduzcan en diversos barrios de Sao Paulo, lo que permite la continuidad cultural.

También existe el otro tipo de migración que es a través de agencias de empleo, donde las condiciones de trabajo son inciertas. Estos últimos son los que la prensa brasileña ha visibilizado, calificando a todos los bolivianos con el estigma de inmigrante-esclavo-ilegal.

El censo de 2010 realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) lanzaba un dato interesante: los inmigrantes bolivianos representaban la segunda comunidad de extranjeros más importante después de Portugal, desplazando a los japoneses. Sin embargo, los datos ofrecidos solamente tomaban en cuenta a los residentes, es decir, a los que viven en condiciones de legalidad, siendo que el grueso de la población vive en condiciones de ilegalidad y en un sistema de economía subterránea.

Con la Ley de Amnistía que el presidente Luis Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT) promulgó el 2 de julio de 2009, las condiciones para los inmigrantes, y fundamentalmente para los bolivianos, mejoraron ostensiblemente. Esa fue la cuarta amnistía internacional general otorgada por Brasil en los últimos 30 años. Esto para los países del Mercosur favoreció a una migración legal que facilita la adquisición de una carteira de trabalho y el documento de permanencia.

La creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2008 en Brasilia también representó la importancia que Brasil daba a la región para lograr una mayor integración y cooperación entre los países sudamericanos, y libres además de la injerencia política de potencias ajenas a esta región.

Un dato relevante, que muestra los avances que hizo el gobierno del PT en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes, fue crear en la Prefectura de Sao Paulo la Secretaría de Derechos Humanos. Dicha secretaría se encarga de coadyuvar con los grupos minoritarios a trabajar en proyectos que beneficien a sus sectores, en la adquisición de mayores derechos y en la capacitación, en convenio con algunas organizaciones no gubernamentales para brindar cursos gratuitos de portugués además de otros talleres.

Consejeros. La inclusión de los inmigrantes en las políticas estatales del PT también promovió un hecho catalogado de histórico, la elección inédita de 20 consejeros participativos extraordinarios en las subprefecturas de Sao Paulo, donde el 0,5% de su población estuviera constituido por población inmigrante. Dato interesante en una ciudad de aproximadamente 20 millones de personas y con barrios de 300.000 habitantes como es el caso de Ermelino Matarazzo, donde fue electa Mónica Rodríguez; un lugar donde se asentaron más personas provenientes de Chuquisaca, particularmente de la población de Tomina, ya desde hace dos décadas.

Dicha elección confirmó que la comunidad boliviana es una de las más importantes y con una presencia política relevante, al obtener siete representantes, que ahora trabajan en la fiscalización y elaboración de proyectos en beneficio de toda la comunidad inmigrante; como se ve, fue un avance importante para todos los extranjeros en general.

Por estas razones, la segunda vuelta de las elecciones que se llevan a cabo el domingo 26 de octubre y que confrontará a la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y al candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, será  gravitante —se espera— en la ampliación de políticas que beneficien a los sectores minoritarios si es que el actual partido de gobierno es reelecto una vez más, o un posible giro o estancamiento en torno a la política migratoria, si fuera electo el partido de la derecha.

En 2009, cuando se promulgó la Ley de Amnistía, la oposición criticó la medida tomada por el presidente Lula, indicando que no era posible que Brasil amplíe sus fronteras a los extranjeros cuando los países desarrollados a comienzos de la crisis actuaban de manera contraria, cerrando sus fronteras y endureciendo sus leyes migratorias.

Muchos de los líderes que pertenecen a diferentes asociaciones de la comunidad boliviana han trabajado de forma activa en la campaña electoral del PT. Con seguridad, la mayoría de los inmigrantes espera que el pueblo brasileño se decida una vez más por Rousseff.

El 30 de marzo en la Plaza de las Artes de Sao Paulo, Brasil, ocurrió un hecho sin precedentes: se eligió a 20 representantes de la población inmigrante extranjera residente en 19 subprefecturas de la capital paulista (Sao Paulo en total tiene 31 subprefecturas). Una elección con más de 1.700 votantes, de los cuales se contabilizaron 1.694 votos válidos.

El número de representantes de los inmigrantes fue determinado según los datos del Censo 2010, provistos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Cada subprefectura que tiene al menos 0,5% de extranjeros en su población abrió un espacio para la representación migrante.

La referida elección, promovida y organizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Ciudadanía, adquiere mayor relevancia para los inmigrantes bolivianos porque de los 20 representantes electos, 7 son de nuestro país: Mónica Rodríguez Ulo, Samuel Dany Santos Arnez, Luis Vásquez  Mamani, Juan Elvis Mayta Martínez, Ronald Soto Delgadillo, Rudencido Méndez Marupa y Alejandro Tuco Quispe.

Los representantes de los migrantes tienen un mandato de dos años y serán parte del órgano consultivo del Consejo Participativo Municipal. Con la nueva representación, según la Secretaría de DDHH, se busca que los extranjeros ejerzan un control social en beneficio de los inmigrantes, tanto en la planificación como en la fiscalización del gasto público allí donde viven; además de que puedan sugerir políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida.

Mónica Rodríguez, que reside en Sao Paulo hace ochos años, afirma que en su lucha en la defensa de los derechos de los inmigrantes, denunció atropellos por discriminación, contra el trabajo esclavo y casos de bullying, y que ahora es el momento de dejar de ser invisibles: “Es un primer paso para todos los inmigrantes, al gran sueño de un día votar y ser votado en elecciones en el ámbito subprefectural”.

De acuerdo con el censo de 2010, en la capital paulista existen 151.071 residentes extranjeros legalizados y la comunidad boliviana, con 21.680 personas, ocupa el segundo lugar en importancia poblacional después de Portugal. Se trata de un dato histórico, ya que por primera vez se sobrepasó a las comunidades de japoneses e italianos. Sin embargo, estas cifras no comprenden a los indocumentados, por lo que la cantidad de inmigrantes bolivianos llegaría a 350.000 según el consulado boliviano en Sao Paulo. Rodríguez estima que este número se incrementó en los últimos años debido a la crisis económica de Argentina.

El proceso migratorio es de larga data y fue promovido principalmente por reformas estructurales. La Revolución Nacional de 1952 produjo un fuerte flujo migratorio indígena campo-ciudad e internacional, principalmente hacia la Argentina. La reforma agraria impuso la parcelación de tierras comunes, tanto en ayllus como en haciendas.

Posteriormente, tanto la hiperinflación en la época de la Unidad Democrática y Popular (UDP) como los efectos laborales que produjo en 1985 el decreto 21060, incrementaron el periplo migratorio hacia la Argentina, pero también hacia Estados Unidos, España y Brasil.

Los primeros flujos migratorios importantes a Brasil, según estudios de Sidney da Silva, están relacionados con un acuerdo bilateral de intercambio cultural, que favorecía la entrada de estudiantes bolivianos al país vecino, convenio firmado en 1958, y que fue parte de varios acuerdos conjuntos, como la exploración de petróleo, la definición de límites entre los dos países y el comercio. El perfil de los migrantes entre 1950 y 1970 era de personas de nivel educacional medio o elevado.

Para el mayor flujo migratorio de Bolivia hacia Brasil, también fue importante la construcción en 1954 de la línea ferroviaria entre Santa Cruz de la Sierra y Corumbá. Debido a los procesos políticos dictatoriales, la migración hacia el país vecino disminuyó, incrementándose nuevamente a partir de la década de los ochenta, siendo ahora mayoritariamente de personas que trabajan en el área textil, además de la importante industria creada por la inmigración de Coreanos a la zona metropolitana de Sao Paulo. Aparte de bolivianos, también se vio el incremento de migrantes peruanos y paraguayos. 

El estudio de la migración boliviana en Sao Paulo es un tema de interés constante tanto para investigadores bolivianos como brasileños. En el vecino país se estudia, entre otros aspectos, la explotación laboral y la identidad, los mercados informales, espacio y territorio, dinámicas culturales y procesos identitarios, derecho al voto y políticas migratorias. Del lado boliviano: el impacto de la migración en la parte de las familias que quedan en el país, las estrategias de continuidad de la comunidad en el extranjero pese a la migración, las familias transnacionales, el análisis de las remesas y su efecto en los lugares de origen en Bolivia.

La elección de los representantes de los migrantes en Sao Paulo abre una gran posibilidad a los bolivianos en la adquisición de derechos y en la reversión de un estigma creado por instancias políticas y por los medios de comunicación que, parafraseando al sociólogo estadounidense Erving Goffman (2006), han dejado de ver a la persona en su totalidad y solo promueven una reducción suya, un individuo menospreciado, reducido a un estigma, un atributo profundamente desacreditador que daña la identidad social, en el caso boliviano la identidad desacreditada de “inmigrante–esclavo–ilegal”.

A través de los medios de comunicación, este estigma ha sido internalizado en la opinión pública. Esto fue lo que aconteció en Buenos Aires, cuando ocurrió el incendio del Taller Textil Luis Viale en 2006 o cuando mataron al niño Bryan el año pasado, mostrando siempre a la comunidad boliviana como miserable.

La comunidad boliviana en Sao Paulo ahora a través de sus siete representantes muestra otra cara, revierte el estigma y se presenta como una comunidad importante que trabaja, que produce y que está organizada políticamente —incluso como una comunidad caritativa que recaudó siete toneladas en víveres para los afectados por las inundaciones— y que ahora, como sujeto político dentro del sistema de poder, trabajará para mejorar la calidad de vida, de seguridad y condición social de los compatriotas en la urbe paulista.

Como fotógrafo de prensa me tocó cubrir varias represiones de las fuerzas del Estado (policías, militares o la fuerza conjunta) contra ciudadanos de determinados sectores, que organizados buscaban reivindicar sus derechos o lograr ciertas demandas a través de marchas, bloqueos u otras formas de protesta. Sin embargo, nunca presencié el uso de agentes químicos o de golpes directamente contra niños. Algo que ocurrió días atrás en inmediaciones de la plaza Murillo, cuando un grupo de menores protestaba contra el Código del Niño, Niña, Adolecente, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, y que restringe el trabajo a los menores de 14 años. Un hecho indignante desde todo punto de vista, que muestra, una vez más, que los grupos minoritarios, como los indígenas de tierras bajas, discapacitados, o niños desfavorecidos no tienen derechos a la libre protesta. Además, negarles a los niños pobres la posibilidad de trabajar, sin darles ninguna alternativa, es prácticamente negar su existencia y negar una realidad concreta.

El debate acerca del trabajo infantil y fundamentalmente sobre el aborto es un falso debate. El cálculo político es lo que importa. El estar bien con Dios, con el poder de la Iglesia y con toda la comunidad de feligreses que representan la gran masa de votantes para 2014 es el meollo del asunto. El debate en la Cámara Baja solo es una puesta en escena, una fachada a los verdaderos intereses políticos.

El gran índice de madres solteras muestra que el matrimonio es una institución social en decadencia. La mejora de los derechos y las cualidades profesionales de la mujer, y por ende una independencia económica, ha construido un nuevo paradigma social sin la presencia del padre como jefe de la unidad familiar.  

También es evidente que mujeres de toda condición social recurren al aborto por diferentes razones: abusos, inmadurez, ignorancia, abandono, soledad, angustia, miedo a la represión social o incluso familiar. Las de mejores condiciones económicas acceden a esta práctica en clínicas privadas; el resto, en consultorios clandestinos en condiciones de alto riesgo.

Como afirma José Mujica, presidente de Uruguay,  “nadie puede estar a favor del aborto como principio, pero la realidad es otra”. Las mujeres en riesgo seguirán siendo una realidad y el Estado de debe hacerse cargo de la prevención, control y ayuda para evitar mayores pérdidas humanas. De lo contrario, la cantidad de bebés abandonados, de niños huérfanos, de trabajadores reclamando por su derecho a trabajar, a existir, será cada vez mayor, y la trata de personas aumentará al igual que la explotación y el abuso infantil.