La columna que hoy fenece comenzó a publicarse en 1987, cuando ejercía la jefatura de redacción del semanario AQUÍ bajo la dirección de Antonio Peredo. Se interrumpió a raíz de mi paso a la dirección de Canal 13 en 1989. Luego de mi salida de la televisión universitaria se extendió la pausa obligada por mi actividad en el Centro de Documentación e información (CEDOIN) que publicaba Informe “R”, boletín para el que escribía artículos de fondo y luego los editoriales desde que fui designado como su director. Debo recordar también que por esas épocas inicié mi labor de docente universitario, que duró nada menos que 15 años.

En fecha que no alcanzo a precisar, ya a comienzos del siglo, fui invitado a escribir en el semanario La Época para lo cual retomé el título con el que había comenzado (Hic et nunc en el viejo latín). Allí escribí en el periodo dirigido por Raúl Peñaranda, su fundador, y también en un periodo a cargo de Hugo Moldiz. Después decidí saltar al medio digital y me enrolé entre los colaboradores de ERBOL; pero, por una serie de circunstancias no logré engranar en el formato digital.

Con tales antecedentes, Claudia Benavente me invitó a formar parte de los columnistas de La Razón. Buscando el inicio del nuevo ciclo me topé de pronto con una fecha que al comienzo me pareció increíble: ¡2 de febrero de 2014! Esto quiere decir que durante más de diez años y seis meses escribí una columna quincenal lo que suma alrededor de 270 entregas (recuerdo haber fallado en una sola ocasión, debido a un viaje intempestivo). En el anuncio amable de mi incorporación Claudia dijo: “… es para este diario un privilegio poder enriquecer las lecturas de nuestro público con las reflexiones de este experimentado periodista…”. En realidad el privilegiado fui yo: se me otorgó un espacio para opinar sin tapujos, con entera libertad, con la sola limitación de los ineludibles 3.600 caracteres.

Cabe recordar, sin embargo, que mis vínculos estrictamente periodísticos con este medio son muy anteriores y destacan dos de ellos: Uno, la publicación del suplemento de 32 páginas “A 29 años de su muerte: Tras las huellas del Che En Bolivia” el 9 de octubre de 1996, por acuerdo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por Erick Torrico, La Razón dirigida entonces por Jorge Canelas y el suscrito Director de CEDOIN. Y el dos —a iniciativa de Juan Carlos Rocha y Grover Yapura— la segunda edición, corregida, ampliada y modificada de los cinco volúmenes de “El Che en Bolivia”, recopilación documental a mi cargo, publicada por CEDOIN entre 1991 y 1996 . Las entregas de CEDOIN fueron más o menos anuales, en cambio las de La Razón fueron semanales (septiembre-octubre de 2005).

Al grano. Lamento no poder acompañar el proceso de digitalización al que ingresa ahora La Razón. Ya no dispongo de algunas destrezas que se requieren para ello. Por este y otros motivos, retorno de modo irrevocable a la condición de colaborador eventual, cerrando definitivamente esta columna. La digitalización me brinda la oportunidad de dar un paso al costado, solo adelanta unas semanas lo que era ya previsible, dadas las limitaciones físicas que impone mi estado de salud.

Agradezco a los lectores que hasta aquí han seguido mis notas bimensuales. Agradezco a todo el personal de La Razón, y en especial a Claudia Benavente. Reitero con énfasis que el respeto irrestricto demostrado por ella posibilitó el ejercicio pleno y absoluto de mi libertad de expresión. Jamás he recibido la más mínima sugerencia en el abordaje de los diferentes temas y menos sobre el contenido de los mismos.

Un compañero del alma, amigo entrañable, pocos días antes de partir, en tono afectuoso me tachó de contemporizador. Quizá lo soy en alguna medida en la vida cotidiana, pero en el balance de lo que escribí en “Aquí y Ahora” creo pesan más las críticas, los desgarramientos y las broncas que suscitan los terribles tiempos actuales.

Esito sería… Ukch´akirakispawa Chaylla karqa…

Carlos Soria Galvarro es periodista.

Sobre los avances de comunicación e información a nivel constitucional:

Articulo 106.

I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho de emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información IV. S e reconoce la cláusula de conciencia de los trabadores de la información.

Artículo 107.

I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de valores éticos morales y cívicos de las diferentes culturales del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.

II. la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación, deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios.

IV. E l Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades.

Estos dos artículos (106 y 107) conforman el Capítulo Séptimo, específico sobre Comunicación Social, de la Constitución Política del Estado vigente desde 2009. Pero, además, hay en el texto constitucional cerca de una decena de otros artículos que de una u otra manera se relacionan con el tema y lo refuerzan.

En la antigua normativa así como en la nueva que ha surgido al calor de la flamante CPE (leyes y decretos) aparecen frecuentes referencias al manejo comunicacional: Códigos penal y civil, Ley General de Telecomunicaciones… Ley del niño niña y adolescente, Ley de control social, y otras. Evitar esa disgregación es otro elemento que remarca la necesidad de abordar el asunto.

Cabe recordar que desde su aprobación, casi 100 años atrás, la Ley de Imprenta estuvo poco menos que sepultada en el olvido, tanto por gobiernos de facto, como por cambios estructurales ocurridos en el país. Por largos periodos estuvo prácticamente ignorada. Hasta que a fines de 1987, subrepticiamente un senador banzerista, había hecho aprobar en la cámara alta una escueta resolución que pasaba los presuntos delitos tipificados por la Ley de Imprenta, a jurisdicción del código penal y derogaba todas las disposiciones contrarias. La vigorosa denuncia que hicimos con Antonio Peredo y Remberto Cárdenas, desde el semanario Aquí, dio lugar a pronunciamientos de los diversos estamentos e instancias del gremio periodístico y poco a poco desató también la solidaridad de varios sectores sindicales agrupados en la COB. Acertadamente fue tipificada esta resolución como “Ley Mordaza”. Hubo multitudinarias acciones callejeras en las principales ciudades del país. En La Paz la marcha fue objeto de una desatinada acción represiva policial. El resultado fue un éxito abrumador, los mismos promotores del proyecto tuvieron que retirarlo y ambas cámaras declararon expresamente que la Ley de Imprenta estaba plenamente vigente. El tiro les salió por la culata.

En la culminación de las movilizaciones el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (ahora Federación) organizó un debate sobre “Legislación en Comunicación”, realizado con gran éxito en septiembre de 1988. Los materiales recogidos permitieron publicar el libro “Ley de imprenta contra ley Mordaza” (La Paz, diciembre 1988).

Desde esa época comenzó a debatirse la conveniencia de actualizar la añeja Ley. Urge reabrir esos debates.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

A un año de la conmemoración de los 200 de la fundación de Bolivia, unos consumen sus energías poniendo zancadillas a sus eventuales contrincantes políticos, mientras otros ocupan su tiempo en actividades constructivas más edificantes. En esta segunda opción parece estar empeñada la Gobernación del departamento de Chuquisaca. Recientemente invitó a una docena de periodistas, principalmente de La Paz y Santa Cruz, para un peculiar encuentro con otros tantos colegas del ámbito local. Con el tema de fondo: rol de los medios en el desarrollo de Bolivia, tuvieron lugar simultáneamente 12 “Diálogos de Café del Bicentenario”.

Como invitado, me tocó compartir la tribuna con Douglas Romay, comunicador potosino formado en la Universidad San Xavier de Chuquisaca y que viene realizando una exitosa y creativa experiencia con las nuevas tecnologías de información y comunicación, tanto en la producción de formatos multimedia como en su difusión a través de mecanismos digitales ([email protected]).

Centré mi exposición en el controvertido tema de la Ley de Imprenta que en enero de 2025 cumplirá 100 años de existencia. Hice hincapié en la necesidad de abordarlo en el marco del necesario avance de la legislación en comunicación e información en el país, aun a sabiendas de que muchos de los componentes del gremio periodístico prefieren dejar las cosas como están, ante el riesgo de salir perdiendo en los aspectos básicos considerados positivos en la ley actual. Las razones para introducir el asunto en la agenda nacional son muchas y algunas saltan a simple vista.

Obviamente, hace un centenar de años el único medio a considerar eran las imprentas, por lo general operadas manualmente en épocas tempranas cuando los ejércitos, tanto de realistas como de patriotas, arrastraban imprentas móviles consideradas parte del explosivo arsenal bélico. El famoso decreto del 9 de febrero de 1825 emitido por Sucre a su llegada a La Paz, dice al pie “Impreso en la Imprenta del Ejército Libertador”. En tanto que el Acta de la Independencia suscrita el 6 de agosto de aquel año, dice estarlo en la “Imprenta de la Universidad”. El mariscal de Ayacucho en su corto mandato proveyó de imprentas a las prefecturas e incluso mandó traer de Montevideo a los tipógrafos, hermanos Ayllón.

La radio, como medio de comunicación social, surgió en 1929 y comenzó a expandirse durante y después de la Guerra del Chaco, a la vez de transformarse al ritmo de los cambios tecnológicos. Procesos similares ha vivido la televisión desde que se emitió por primera vez en 1979, hasta convertirse en el medio más extenso e influyente en la actualidad. Rol que comienza también a ser cuestionado con la irrupción de la “red de redes” (internet), cuyo dato de primera conexión está marcado el 16 de julio de 1995. Muchos opinan que esta última fecha debiera ser tomada en cuenta como la del ingreso de Bolivia en la llamada “era de la información y la comunicación” que, a pasos agigantados, desarrolla nuevas y cada vez más audaces tecnologías, que en conjunto han venido a llamarse “inteligencia artificial”.

La opinión de “no tocar” la Ley de Imprenta, con tales antecedentes y semejantes desafíos, me parece francamente insostenible.

Apoyados en el derecho a la información y la comunicación, y en el concepto de autoevaluación, incorporados en el texto constitucional, unidos todos los gremios relacionados con la actividad informativa, buscando alianzas con los más amplios sectores sociales, debiéramos llevar la iniciativa para elaborar un anteproyecto de ley que además de tratar los puntos anteriores, dedique un capítulo especial al acceso a la información pública como un derecho de toda la ciudadanía y no solo de los periodistas. Asimismo, elementos esenciales de manejo de los medios del Estado, o medios públicos.

Reconozco que no es una tarea sencilla, pero la peor gestión es la que no se hace.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

“…el término Alto Perú para designar a Bolivia en la etapa anterior a su independencia es un verdadero absurdo, Bolivia es el resultado del desarrollo histórico de la Real Audiencia de Charcas y su nombre debería ser Charcas, porque esa era la palabra que designaba a nuestro territorio durante la dominación española”: Guillermo Ovando Sanz (en Colección de Folletos Bolivianos del periódico Hoy, vol. III Nº 22, 1976). El autor afirma que el término Alto Perú ya se venía usando desde un tiempo atrás, pero su generalización estuvo a cargo del arequipeño José Manuel de Goyeneche, quien, al mando de las tropas realistas, encabezó la campaña contra las rebeliones de las ciudades de La Plata y La Paz (25 de mayo y 16 de julio de 1809). Cabe remarcar que estas fechas marcan el comienzo de la Guerra de la Independencia, la misma que en Charcas, hoy Bolivia, se prolongó hasta 1825.

Para cerrar este ciclo de artículos relacionados al contexto fundacional de Bolivia, volvemos una vez más, qué remedio queda, a repasar algunos libros cuya lectura arroja luz sobre estos temas:

— La dramática insurgencia de Bolivia, del historiador estadounidense Charles W. Arnade (primera edición en castellano, La Paz, 1964).

— Ni con Lima ni con Buenos Aires: la formación de un Estado nacional en Charcas, de José Luis Roca (La Paz, 2007). A partir del interés inicial por refutar polémicas afirmaciones de Arnade, el historiador boliviano (nacido en el Beni) construye una monumental y muy documentada obra (cerca de 800 páginas).

— Bolivia, su Historia (seis tomos, el tercero de los cuales abarca Reformas, rebeliones e independencia, 1700- 1825). Trabajo colectivo de una veintena de historiadores e historiadoras, especializados en diferentes temáticas y que se agrupan en la Coordinadora de Historia (La Paz, 2007).

— Rescrituras de la Independencia, actores y territorios en tensión, de los autores Rossana Barragán, María Luisa Soux, Ana María Seoane, Pilar Mendieta, Ricardo Asebey y Roger Mamani (La Paz, 2012).

— Apuntes para una visión dialéctica de Bolivia, de Roberto Alvarado Daza (La Paz, 1979). Como dice su título son apenas apuntes, recopilados por Ramiro Barrenechea de diferentes publicaciones universitarias y partidarias. Es un libro muy modesto (127 páginas) y prácticamente inencontrable en librerías y puestos de venta de libros usados. En los hechos es un libro prácticamente ignorado y desconocido aun entre los estudiosos de historia, no es mencionado en bibliografías y no figura en varias bibliotecas que hemos consultado. Todo esto tiene una explicación: Roberto Alvarado era militante del Partido Comunista desde las épocas del PIR y fue desterrado y perseguido en diversas ocasiones. Cuando ejercía la docencia universitaria fue apresado en la dictadura de Banzer, murió en la prisión de Viacha, el 31 de mayo de 1972. En uno de los artículos recopilados, Las normas jurídicas y la realidad histórica de Bolivia, Alvarado hace mención a dos versiones del decreto del 9 de febrero de 1825, firmado por el mariscal Sucre. Una es copia original, quizá como un primer borrador, enviada a Bolívar desde Puno el 2 de febrero y publicado en 1924 por Vicente Lecuna (Documentos referentes a la creación de Bolivia). Y otra la publicada en la Colección oficial de leyes, decretos, órdenes y resoluciones de la República Boliviana. Roberto Alvarado encontró algunas notables diferencias de fondo entre ambas versiones. Su temprana muerte en las mazmorras del banzerato le impidió seguir las investigaciones. Pero dejó la mesa servida para que los historiadores de hoy desentrañen ese y otros misterios que rodearon la formación de este entrañable país nuestro que tiene como certificado de nacimiento, precisamente aquel decreto firmado por el Mariscal de Ayacucho, un 9 de febrero de 1825.

Carlos Soria Galvarro es periodista.

Los “gritos libertarios” de 1809, en Chuquisaca el 25 de mayo y en La Paz el 16 de julio, marcan el inicio de una nueva etapa de la lucha emancipadora de las colonias de España en América. Se caracteriza por el rol predominante de los estamentos criollos y mestizos. Los indígenas están presentes esporádicamente y han perdido el control que tenían en los grandes levantamientos nativos de 1781 (los Katari en Potosí, Túpac Katari en La Paz y Túpac Amaru II en Cuzco). Asimismo, fracasan los intentos de aglutinar en un solo bloque a unos y otros, como ocurrió fugazmente en Oruro.

Mientras en las provincias del Rio de la Plata se hace imposible el retorno del virreinato, entre otras razones por el contrapeso británico, en el Perú y en especial en Charcas campean los ejércitos realistas aplastando, uno a uno, los focos de rebelión. En La Paz, Murillo y los después llamados “protomártires de la independencia” son llevados a la horca, sin contemplaciones.

Pero, en el sentido estratégico, quienes impiden el avance de las tropas realistas hacia el sur con la pretensión de tomar Buenos Aires son las partidas de guerrilleros, las mal llamadas “republiquetas” que colaboran con los “ejércitos auxiliares” enviados por el Gobierno de las Provincias Unidas, derrotados por los realistas en tres oportunidades consecutivas. Entretanto, las provincias no eran tan “unidas” como lo proclamaba su nombre, se agitaban por constantes pugnas, en especial la controversia entre la centralista ciudad de Buenos Aires y las provincias. Entre otros temas, se debatía la forma de gobierno a adoptar. La disyuntiva en ciertos momentos era: monárquicos o republicanos, súbditos o ciudadanos. Por una parte, Mariano Moreno, Castelli y Monteagudo, a quienes bautizaron despectivamente como “jacobinos”, aludiendo al ala radical de la Revolución Francesa. Y por otro lado, Rivadavia, Belgrano, San Martín, y Güemes, cada uno con sus propios matices, con sus momentáneos énfasis y con sus ocasionales aliados. Unos proclamaban la necesidad de un régimen monárquico constitucional al estilo de Inglaterra y otros llegaron a proponer un retorno al Imperio incaico.

En el contexto de estos debates surge una voz sumamente original: la de Vicente Pazos Kanki. Una calle en la ciudad de La Paz es, que sepamos, el único símbolo que recuerda en Bolivia a tan destacado personaje. Ni las autoridades políticas ni los organismos que agrupan a los periodistas, han hecho algo por homenajearlo. En la Argentina menos, solo uno de los siete solitarios “parajes” que tiene uno de los “partidos” de la Provincia de Buenos Aires, llevaba su nombre hasta 2019 (no sabemos si subsiste luego de la virtual quiebra de los ferrocarriles en el país vecino). “Gaceta de Buenos Aires” fue el primer periódico que salió luego del 25 de mayo de 1810 (2 de junio, declarado Día del Periodista argentino). Pazos Kanki fue su editor responsable entre 1812 y 1813 y compartió por un tiempo la conducción con Monteagudo. Después fundo el “El Censor”, en el que desarrolló intensas campañas que lo llevaron a su primer exilio. A su retorno, en 1816 —sin sotana, pero con esposa inglesa y con imprenta—volvió a las lides periodísticas, fundó “Crónica Argentina”, desde cuyas páginas defendió las ideas republicanas con apasionado rigor. Bartolomé Mitre, historiador y futuro presidente de la Argentina, casi siempre parco en halagos, dijo sobre esa parte de su obra: “Hay artículos de periódicos que tienen la importancia histórica de un libro y este es uno de ellos” (artículos de septiembre a diciembre de 1816). Con su lenguaje vibrante y con una lógica implacable, arrinconó a las tendencias monarquistas. “Un indio de la ciudad de La Paz”, como se autonombraba, les dio la estocada final.

Nunca retornó al país que lo vio nacer. Pero hizo mucho por serle útil a lo largo de su complicada vida. Su biografía debiera ser más conocida en este Bicentenario, ¿no les parece?

Carlos Soria Galvarro es periodista.