El departamento de Potosí, desde el año 2006, ha recibido 1.562 millones de dólares, según el Ministerio de Minería y Metalurgia, como compensación (regalía) a la extracción de recursos minerales de su territorio. La estabilidad y sostenibilidad de estos fondos permite una planificación estratégica, esencial, para lograr un cambio positivo en Potosí. Más del 90% de esta regalía minera ha sido depositado por las empresas privadas que operan en el departamento.
1.500 millones de dólares es una cifra inmensa. Con esos recursos se podría potenciar el desarrollo local. Sentar las condiciones que precisa una economía alternativa; en el caso del turismo, constituir una red de acceso a los atractivos más importantes del departamento. Promover la construcción de infraestructura asociada al turismo, hoteles, centros de asistencia a los turistas. Potenciar la agricultura que había florecido a la luz de la COMIBOL; potenciar la adición de valor a metales que salen de la región; por ejemplo, constituir un centro de joyería de plata de alta calidad, similar al que se encuentra en Tasco, México. Aprovechar la calidad de la lana de camélidos para añadirle valor con hilanderías profesionales. Dentro del sector minero, promover el montaje de fábricas de insumos que requiere la minería, desde reactivos químicos hasta maquinaria. 1.500 millones de dólares es una cifra lo suficientemente grande como para lanzar a Potosí a otro nivel del desarrollo económico.
El último boletín estadístico del Ministerio de minería y metalurgia muestra una alarmante disminución de la producción de los principales metales que Bolivia exporta y que provienen, en gran medida, de Potosí: zinc, plomo, estaño y plata. El oro, contrariamente, ha aumentado significativamente sus registros. Las cotizaciones de estos metales han bajado en el primer semestre del año. Según análisis de autoridades y de especialistas en el sector minero, la mayor parte del oro proviene de operaciones ilegales, entonces, su aporte al Estado es mínimo; en cambio, la contribución de los otros metales a las regiones es significativo y, por los factores mencionados, disminuirá considerablemente.
El sector minero está atravesando un momento crítico en su organización y funcionamiento, la preponderancia del subsector cooperativo, si bien genera empleo y autogestión; por sus limitaciones económicas y técnicas no es autosostenible y su aporte económico al país es reducido ya que no pagan los impuestos que sí lo hacen las empresas y, en el caso del oro, no pagan ni la regalía que corresponde.
La continuidad de la minería es resultado inmediato de la inversión; sin este factor, la vulnerabilidad regional ante la volatilidad de las cotizaciones internacionales de los metales es mayor y, por tanto, el riesgo de interrumpir el financiamiento de proyectos de desarrollo locales se acrecienta. De los distintos actores operativos del sector minero, las empresas son las que invierten y sustentan la actividad minera en el mediano y largo plazo.
La tradición muestra que, entre el descubrimiento de las anomalías superficiales que indican la presencia de un depósito minero y la puesta en marcha de un proceso de explotación transcurren unos 25 años. Durante este tiempo, el dinero fluye en un solo sentido. En países donde está autorizada la venta de minas, ese costo se reparte entre varios operadores, en nuestro país, desde la resolución 032/2006 del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional esa venta, el costo tendría que ser asumido por un solo operador.
Esta situación es una gran limitante para atraer inversiones. En el resto del mundo, llegan empresas pequeñas que invierten y corren riesgos para confirmar reservas de un yacimiento y. luego, recuperar su inversión y obtener una utilidad vendiendo el yacimiento ya estudiado, a otro operador. En nuestro país esto no se puede dar de manera natural.
Atraer inversiones externas, en esas condiciones es complicado; por esto, si alguien se atreve a traer capitales al país, y se pretende que vengan otros más, se debe poner especial atención a esa inversión porque el país es observado a través de la ventana que representa su resultado. La mayor parte de las inversiones mineras privadas en los últimos años vienen de Canadá; hay otras; pero la información que se tiene de éstas es escasa, particularmente, de las que se realizan en la Amazonía.
Varias empresas han intentado incursionar en el país trayendo inversiones, con resultados variados, South American Silver de Canadá, que sólo recuperó su inversión en Malku Khota, Kores de Corea que no pudo concretar su proyecto cuprífero en Corocoro, Castillian de Canadá que tampoco pudo consolidar su presencia en el yacimiento aurífero de Challapata, Apogee, que tuvo dificultades en su relación con cooperativas y COMIBOL, New Pacific que concretó un intenso trabajo de exploración y que se apresta a pasar a la fase de explotación.
En varias ocasiones, se han escuchado voces pidiendo un mayor aporte de los operadores mineros al país; esto nos debería llevar a analizar el marco normativo y la estructura del sector, definida en la ley de minería y metalurgia, pues, las empresas, que se ajustan a lo definido por el Estado, aportan lo que está establecido. Entonces, si se pide una mayor contribución a las empresas, en realidad, se está reclamando un cambio en las normas definidas por los distintos actores del sector minero.
El país dependerá de la minería durante muchos años, todavía; por esto, es imprescindible hacerla sostenible. Lo que significa que tiene que hacerse una inversión importante y sostenida para confirmar los buenos yacimientos que existen en Bolivia. Es muy difícil que el Estado se haga cargo de esta responsabilidad. Por eso se debe acudir a la inversión privada, pero a esa inversión que cumpla con el país, con los máximos estándares de seguridad, protección ambiental y responsabilidad con la comunidad. Esa inversión seria debe ser bienvenida y protegida. La otra, que viene a aprovecharse de las riquezas nacionales debe ser frenada u obligada a cumplir sus deberes.
A modo de síntesis, la estabilidad de las regalías depende de la inversión privada y la llegada de ésta al país se dará en la medida en que se tenga seguridad jurídica y se frenen las actividades ilegales que perjudican a municipios y comunidades.
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