Un día como hoy, hace un año, cerca de 500 policías rodearon a unos 1.000 indígenas en San Miguel de Chaparina (Beni). Les asaltaron por sorpresa cuando algunos dormían y otros comían. Una lluvia de gases lacrimógenos cubrió su campamento y luego fueron golpeados y maniatados. Hoy, en Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz se realizarán actos de conmemoración recordando un año de la represión policial a la marcha indígena por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Estaba previsto que el principal acto simbólico se realice en la comunidad de Gundonovia (Beni), considerada la puerta de ingreso al parque. Sin embargo, debido a la imposibilidad de llegar al lugar por las recientes lluvias, se determinó que la capital beniana, Trinidad, sea el punto de mayor concentración,” así como fue el punto de inicio de la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS el 15 de agosto de 2011”, explicó el diputado , alejado de las filas del MAS, Pedro Nuny.
Los líderes indígenas como Bertha Bejarano y Adolfo Chavéz participarán de la convocatoria y se espera que toda la población trinitaria asista al monumento de Pedro Ignacio Muiba a las 16.00, para emprender una caminata hasta la plaza principal. En este lugar se instalará una tarima y, tras las intervenciones acordes a la ocasión, se proyectarán imágenes y relatos sobre la represión.
En Cochabamba y Santa Cruz también se efectuarán acontecimientos en las plazas centrales. En La Paz, la concentración será en la Plaza Mayor San Francisco desde las 15.00. En dicho acto se espera la presentación del disco que Nazareth Flores, presidenta de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, quien grabó junto al colectivo Mujeres Creando.
“Nos reunimos para recordar la cruel y nefasta represión. Hay poca voluntad para esclarecer quiénes fueron los culpables”, sostuvo Nuny. Tras el amedrentamiento que sufrieron los indígenas, la justicia aun no ha encontrado al responsable que dio la orden de intervención.
POCOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Un día antes de la represión de hace un año, las mujeres indígenas obligaron a caminar al canciller David Choquehuanca unos dos kilómetros. El propósito fue romper el cerco policial que impedía el avance de la marcha en la carretera Yucumo – San Borja. La presencia de los efectivos era para evitar, según el Gobierno, un encuentro entre los marchistas y colonizadores que se encontraban del otro lado.
Días después de la intervención, las autoridades de Gobierno justificaron la acción cometida bajo el argumento central de un “secuestro” a Choquehuanca. Sin embargo, los excesos de la Policía fueron reprochados por la sociedad, activistas, políticos de oposición e instituciones afines a los derechos humanos.
Basta recordar que por este hecho la primera autoridad en renunciar fue la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, le siguió la directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga, el viceministro de Régimen Interior y Gobierno, Marcos Farfán y finalmente, ante la enardecida insistencia de varios sectores, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el 27 de septiembre.
Tras la apertura de un proceso de investigación para encontrar al responsable de la intervención, a la fecha sólo existe una persona detenida, el exsubcomandante policial Óscar Muñoz, en tanto que el exviceministro Farfán lleva una imputación formal sin medidas cautelares.
Al respecto, es pertinente recordar que el informe ejecutado por el Defensor del Pueblo (noviembre de 2011) establece que 18 personas, entre autoridades civiles, policiales y funcionarios del Ministerio de Gobierno, tuvieron parte en la intervención. Este documento señala también que Sacha Llorenti fue responsable de la represión policial.
La polémica que la exautoridad desató también se mantiene vigente un año después del hecho debido a que hace un par de semanas fue nombrado como embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Luego de la designación, Derechos Humanos lo expulsó de sus filas y le pidió no incluir el cargo de presidente de la Asamblea de Derechos Humanos que ejerció en el periodo 2003-2005.
La columna de la marcha indígena arribó a la sede de Gobierno un memorable 19 de octubre. Miles de personas coparon las calles, derrocharon solidaridad y recibieron a los marchistas como verdaderos héroes. El último tramo de la columna fue hasta la Plaza Mayor de San Francisco. Allí, el Gobierno Municipal les declaró “huéspedes ilustres” y habilitó distintos espacios deportivos para que se puedan alojar.
DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL TIPNIS A LA IX MARCHA INDÍGENA
Cinco días después de que la marcha indígena llegó a la sede de Gobierno, tras reuniones y mitines en la ciudad, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 180 de Intangibilidad del TIPNIS. El hecho frenó las movilizaciones de los indígenas pero luego fue motivo de controversias.
A inicios de este año, tras la llegada de la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), movimiento afín al MAS, el presidente Morales resolvió la Consulta Previa mediante la Ley 222 para dejar que las comunidades del TIPNIS decidan si quieren o no la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
Este proceso comenzó el 29 de julio en Oromomo (Beni) y con la ampliación aprobada, debe concluir el 7 de diciembre de este año. En recientes declaraciones, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejó al margen del censo a 40 comunidades.
Antes de ejecutarse la consulta previa, los líderes indígenas volvieron a convocar a una nueva caminata y el 27 de abril de este año, dieron inicio a la IX marcha indígena, una vez más, desde la capital beniana, Trinidad.
El propósito de la movilización fue la anulación de la Ley 222 de Consulta y el respeto a la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS, que frena la construcción de una carretera por el parque.
Desde el principio, el recorrido de esta nueva columna estuvo debilitado por los obstáculos climatológicos y por los accidentes que dejaron el luto. Al llegar a la localidad de San Miguel de Chaparina, la marcha hizo un acto de desagravio y sembró tres cruces en memoria de los fallecidos en la VIII caminata.
La marcha arribó a la sede de Gobierno el 26 de junio de este año y pese a que el recibimiento no fue el mismo que en el anterior, los marchistas gozaron de la solidaridad del pueblo. Su insistente pedido no fue atendido y decidieron acampar frente a la Vicepresidencia del Estado. Tras una gasificación, agotados, decidieron marcharse a sus lugares de origen y advirtieron con una fuerte “resistencia” a la consulta.
Sin duda, el primer año de la represión en Chaparina no es sólo una conmemoración simbólica. El hecho se convierte en uno de los capítulos más controversiales que el gobierno de Evo Morales ha enfrentado desde que asumió el poder en 2006.