El vicepresidente, Álvaro García Linera, denunció que el Gobierno de Estados Unidos protege a los ‘criminales’ que ordenaron la masacre de octubre de 2003, en alusión al expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada procesado por genocidio junto a sus exministros de Estado.
Las palabras del Segundo Mandatario del país se produjeron a la conclusión del acto de entrega del Bono Juancito Pinto, en el colegio Tarapacá de la ciudad de El Alto. García recordó que hace nueve años la población de esa ciudad lideró una revuelta popular contra la exportación de gas natural a Estados Unidos y México, por un puerto chileno, que dejó como saldo más 60 muertos y al menos 400 heridos por la violenta represión militar.
“Octubre marcó el derrumbe de una pandilla de criminales que estaban dispuestos a matar a todos los bolivianos con tal de preservar sus privilegios, esos criminales han escapado a Estados Unidos y lamentablemente la Embajada norteamericana y el Gobierno norteamericano en vez de hacer justicia, de ayudar a castigar a un criminal, a un genocida, lo encubre y lo protege”, argumentó.
García lamentó el rechazo del Gobierno estadunidense a la solicitud boliviana de extradición de Sánchez de Lozada. Declaró que Estados Unidos “protege a criminales y genocidas por una política estatal y sin fundamento legal”.
“Está claro que es una decisión política, no es un hecho legal, es la decisión política de un gobierno que siempre ha protegido y parece ser que quiere seguir protegiendo a los poderosos, a los malvados, a la gente que tiene veneno en el corazón”, sustentó.
Recordó que la “guerra del gas” marcó el inicio de una nueva era para el país, caracterizada por la recuperación de los recursos naturales en apego a lo que establece la nueva Constitución Política del Estado.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el juicio declararon al menos 320 testigos, entre ellos ex Presidentes, viceministros, dirigentes sindicales y otras autoridades. Sánchez de Lozada es también acusado por delitos económicos.