Durante los últimos dos años, el diálogo de las buenas intenciones con el que navegaban las relaciones de La Paz y Santiago encalló lejos de un buen puerto, por efecto de al menos cuatro factores políticos y diplomáticos.
La captura del general René Sanabria en Panamá (febrero 2011) por efectivos de la agencia antidroga de EEUU se dio luego de un seguimiento en el que colaboraron agentes encubiertos de Chile. El oficial boliviano dirigió la fuerza antinarcóticos del país y fue acusado por haber enviado unos 140 kilos de cocaína a Estados Unidos.
El presidente Evo Morales no respaldó a Sanabria pero dijo, entonces, que hubo “deslealtad” en el gobierno de su colega Sebastián Piñera. Desde el Palacio Quemado cuestionaron la política de “confianza mutua”, el primero de los 13 puntos de la agenda bilateral aprobada el 17 de julio de 2006, que llevó adelante la Cancillería boliviana durante las conversaciones con Chile. El clima de diálogo bilateral se descompuso en marzo de 2011.
Segundo factor. Precisamente, hace dos años, al recordar a los héroes bolivianos que participaron en 1879 en la defensa de Calama, el presidente Morales dijo que plantearía, en instancias de la justicia internacional, una demanda por una salida soberana al mar. Aseguró que el Tratado de 1904 no fue cumplido por Chile y anticipó la creación de la Dirección General de Reivindicación Marítima (Diremar) para que “prepare las acciones por la causa”. La nueva dirección, dependiente de la Cancillería del Estado, comenzó a funcionar en abril de 2011 sin plazos establecidos para la configuración de la causa legal.
El anuncio del litigio emergió tras una intensa negociación bilateral que llegó a crear una comisión de “alto nivel” activada entre los cancilleres de Bolivia y Chile.
A la desconfianza y al anuncio del litigio, se sumó —en tercer grado— los conflictos fronterizos, protagonizados por militares bolivianos que cruzaron la frontera chilena en junio de 2011 y enero de 2013. Ambos incidentes desembocaron en roses verbales que deterioraron el estado de la relación.
El cuarto factor estuvo marcado por el continuo reclamo de Bolivia en los escenarios multilaterales. En 2012, en la Cumbre de las Américas, la Asamblea de la OEA y la Cumbre Iberoamericana y en 2013 en el encuentro de la Celac, realizado en Santiago de Chile. Estos escenarios aparecen en el epílogo de lo que será un contencioso legal de largo aliento.
Una inversión ‘gigante’ para la integración
El Gobierno espera ejecutar una inversión “gigante” con la construcción de varias carreteras y el tendido de un sistema de ferrocarriles que vincule al puerto peruano de Ilo, donde Bolivia tiene una concesión costera, hasta Brasil, en las costas del Atlántico.
La propuesta, ratificada hace varios días por el vicepresidente Álvaro García Linera, es parte del enfoque “concéntrico” que pretende ejecutar el gobierno del presidente Evo Morales para persuadir a Chile que negocie una salida al mar con soberanía, una posibilidad que ya fue negada en Santiago.
En la actualidad, entre un 60 y 70% del comercio de Bolivia con ultramar se produce por medio de las terminales del norte chileno. Ahora, Bolivia espera invertir hasta $us 3.000 millones para el monumental proyecto integracionista.
n un primer momento, el propio Morales habló de excluir a Chile de esta iniciativa, que comenzó hace diez años con el respaldo de Brasil. De hecho, el Mandatario invitó a Dilma Rousseff y al jefe de Estado de Perú, Ollanta Humala, a la inauguración del último tramo del corredor bioceánico central en la localidad cruceña de San José de Chiquitos. El acto debió realizarse el 5 de abril, pero fue postergado a pedido del propio Perú.
La inauguración del proyecto bioceánico aún no tiene fecha. En Perú se aguarda el próximo fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre la demanda planteada contra Chile sobre los límites marítimos, una decisión de la justicia internacional que ejercerá una nueva dinámica en esta parte del continente, según los escenarios que atisban los diplomáticos en la Cancillería boliviana. De hecho, de ese fallo también depende la ratificación en Perú de los acuerdos de Ilo.