Representantes de Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Tarija manifestaron su preocupación y alerta luego de conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012; el mayor temor es que les afecte en la redistribución de recursos y de escaños parlamentarios.
La encuesta ubica a Chuquisaca en el quinto lugar, por lo que el Comité Cívico pedirá que la redistribución de los escaños no se aplique para las próximas elecciones generales, mientras que los campesinos anunciaron que no permitirán que la región reduzca su presencia política en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Una de las consecuencias para Chuquisaca es que podríamos perder un escaño, de ningún modo aceptaremos la reducción en la Asamblea”, afirmó el presidente cívico, Milton Barón.
También propuso que se genere un gran debate nacional para encontrar soluciones para las regiones que tienen menos habitantes en el país. En el mismo departamento, el dirigente de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, Leonardo Maturano, advirtió que “nosotros no vamos a permitir perder ningún escaño en la Asamblea Legislativa” y planteó que oficialistas y opositores se unan en la región para defender al departamento.
Recursos. En la misma línea, los cívicos de Tarija, que ocupa el sexto lugar en el Censo Nacional de 2012, expresaron su preocupación por los resultados de la encuesta, que muestran una disminución con relación a los datos preliminares que presentó el presidente Evo Morales en enero.
“Estamos preocupados por los resultados del censo frente a la poca seriedad que ha tenido el Gobierno central al manejar un tema tan delicado”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Waldemar Peralta. Además dijo que se debe rediseñar la representación política y reasignar recursos.
En Santa Cruz, por el desplazamiento al segundo lugar, el Comité Cívico se declaró en emergencia y anuncia que una próxima Asamblea de la Cruceñidad definirá las medidas de presión que habrá en rechazo a los datos emitidos por el Gobierno.
Para el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, las diferencias numéricas entre las cifras emitidas a principios de año y ayer, son inaceptables y técnicamente insostenibles. La reunión cívica emitió una resolución, en la que rechaza los resultados, y demanda al Instituto Nacional de Estadística (INE) una explicación por la variación negativa en las cifras entre enero y julio.
En La Paz, a pesar de que haya recuperado el primer lugar en población en el Censo 2012, la jefa de bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM) de la Asamblea Legislativa, Vilma Magne, afirmó que ahora sería el momento adecuado para debatir el tema del pacto fiscal, porque al departamento tendrían que llegar más recursos económicos.
“Creemos que estos resultados del censo deberían servir para que haya un espacio de diálogo entre los gobiernos autónomos departamentales; éste es el momento adecuado para que el Gobierno pueda discutir la distribución de recursos”, mencionó.
Aprueban decreto
Distribución
La ministra de Planificación, Viviana Caro, informó que el gabinete aprobó un decreto supremo que instruye la distribución de recursos económicos de acuerdo con los datos del censo. Servirá para lo que es el presupuesto de 2014 y para los “requerimientos presupuestarios que incorporen como coeficiente de distribución la participación de la población”.
Un proceso que cuesta $us 56 millones
Christian Galindo
Con un presupuesto de $us 56 millones, el Censo 2012 fue programado con el objetivo de obtener información estadística actualizada sobre las características demográficas, económicas, sociales y habitacionales de la población del país. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que los datos serán utilizados para la formulación de políticas, planes y programas públicos y privados.
Además, los resultados poblacionales definirán la redistribución de recursos tributarios y los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El empadronamiento se realizó el 21 de noviembre de 2012 en el marco de un proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad estadística y de la base de información para la planificación basada en evidencias”.
El plan tiene cuatro componentes: Actualización cartográfica Multipropósito, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, el Censo Nacional Agropecuario y la Encuesta de Hogares. En los dos últimos se tiene prevista su realización en los siguientes meses.
El financiamiento llegó a través de un crédito internacional del Banco Mundial de $us 50 millones, según el INE, que respondió un cuestionario de La Razón en diciembre de 2012. Además, el Gobierno presupuestó otros $us 6 millones como contraparte del Estado.
El censo se realizó después de 11 años del anterior, en 2001, por lo que tuvo un retraso de un año, por temas de organización y definición gubernamental. Incluso para 2012 la fecha inicial estaba prevista para agosto, ésta fue postergada hasta noviembre y, siete meses después, se dieron los resultados finales.
Reymi Ferreira: Lo mejor es una auditoría técnica
Ha generado (el resultado del censo) dos tipos de preocupación: una legítima, de la ciudadanía que desconfía, que no está de acuerdo con el trabajo técnico, con la transparencia del censo; y, otra, interesada políticamente en usar cualquier error, cualquier distorsión para sus propios intereses. Políticamente esto va a generar confrontación y, en lugar de ser un insumo para elaborar una política pública de concertación, puede ser un insumo para el conflicto.
Pero ahora no solamente va a estar la discordia por el resultado (del censo) en los departamentos de Santa Cruz o La Paz, sino también habrá otros departamentos en los que sus dirigencias van a luchar por legitimar sus resultados, por lo menos aquellos que pierden en proporción a su población.
Este escenario de confrontación no creo que sea encendido ni violento, pero creo que va a ser una confrontación de argumentos, de discusión bastante fuerte que apuntará, por un lado, a deslegitimar el censo; también habrá otro sector que va a querer transparencia, auditoría, una justificación técnica.
Yo creo que van a ser estas dos las posiciones ciudadanas: La de los que llevan el conflicto al plano político electoral, y la de los que llevan el tema al plano de la exigencia de transparencia, de pedir un informe, de credibilidad, de fundamentos técnicos.
Si una auditoría valida técnicamente y sostiene lo organizado y la cifra, ese va a ser el principal argumento, y si no (valida el censo), se tendrá que rehacer lo hecho y realizar un nuevo censo; pero esa sería la salida extrema, la última, en caso de que se pruebe que definitivamente hubo poca transparencia, manipulación o errores garrafales sobre los instrumentos técnicos.
Yo creo que mal haría el Gobierno en caer en la provocación de reducir cualquier cuestionamiento del censo al tema político, esto sería un gravísimo error.
Reymi Ferreira es abogado y docente universitario