El 23 de marzo de 2011, el gobierno del presidente Evo Morales planteó un litigio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), tras una serie de intentos de negociación bilateral sin resultados, en busca de una solución al enclaustramiento marítimo de Bolivia.
Un año antes, pidió al entonces presidente Sebastián Piñera plantear “soluciones concretas, útiles y factibles” para resolver el diferendo; no obstante, la administración chilena decidió de manera unilateral cancelar una reunión prevista entre ambos países.
Roto el diálogo, Morales creó la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) para analizar una alternativa judicial y en abril de 2013 se nombró como agente antela CIJ al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), para interponer la demanda contra Chile.
El litigio era un hecho. El día 24 de ese mes, La Paz presentó la demanda ante la CIJ con el fin de que ésta falle en sentido de que “Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para así llegar a un acuerdo que conceda a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”, como señala el documento judicial que fue trabajado durante dos años.
En la Guerra del Pacífico (1879-1883), el país perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, sobre los que un tratado entre ambos países, suscrito en 1904, fijó la soberanía chilena, dictó la paz entre ambos países y puso fin al conflicto bélico.
Desde entonces, los distintos gobiernos sostuvieron acercamientos infructuosos para resolver el diferendo; el más avanzado fue el acuerdo de Charaña (1975), cuando los dictadores Hugo Banzer (Bolivia) y Augusto Pinochet (Chile) simbolizan con un abrazo el inicio de una negociación para dar al Estado boliviano una salida soberana a través de un corredor al norte del puerto de Arica.
En virtud de ese hecho, la demanda plantea a la CIJ obligar a Chile cumplir promesas anteriores. Este concepto se lo conoce como “derechos expectaticios”.
Tras la creación de Diremar, se conformó el Consejo de Defensa Marítima, integrado por el canciller David Choquehuanca y los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de Defensa, Rubén Saavedra, y de Transparencia, Nardi Suxo, y el procurador general, cargo que ocupa ahora el otrora diputado Héctor Arce.
Esa instancia junto a un equipo de juristas internacionales y el agente Rodríguez Veltzé coordinan el segundo paso de la demanda marítima que es la elaboración y presentación en La Haya de la memoria histórica, este 17 de abril, documento que sustentará con antecedentes históricos y pruebas materiales el juicio interpuesto contra Chile en 2013.
En el marco de esta fase de alegatos, el Estado vecino tendrá diez meses para que su agente, Felipe Bulnes, presente su “contramemoria” para que luego ambos documentos sean revisados por el tribunal e inicie la fase oral del proceso que se calcula durará al menos un año.
No obstante, antes de ese trámite “existe la posibilidad de la parte demandada, en este caso de Chile, de presentar excepciones de incompetencia”. El proceso debe ser anunciado hasta tres meses después de que Bolivia presente su memoria, según el reglamento de la CIJ.
Objetivo: obligar a Chile a negociar una salida al mar
La demanda en la CIJ está dividida en seis partes y el objetivo final es obligar a Chile a negociar con Bolivia una salida al mar con soberanía, en base a derechos expectaticios, es decir compromisos unilaterales hechos por el país vecino en el pasado.
No obstante, en los últimos años, autoridades chilenas como el expresidente Sebastián Piñera (2006-2010) siempre argu- mentaron que “no hay temas pendientes con Bolivia” pese a negociaciones efectuadas y que ahora son conocidas por la CIJ.
La primera parte del documento (según la traducción no oficial) explica el conflicto, es decir que Chile siempre negó la obligación de negociar una salida soberana al mar, debido a ello “Bolivia afirma que todos los otros mecanismos de solución han quedado cerrados, por lo que se acude a la CIJ”.
En segundo lugar, el documento hace referencia al artículo XXXI del Pacto de Bogotá que “da competencia a la CIJ para dirimir el conflicto”, al ser Bolivia y Chile signatarios de ese acuerdo. En el siguiente punto, se enumeran y relatan 22 hechos fundamentales que, ordenados cronológicamente (de 1825 a 2012), describen las circunstancias desde el nacimiento de Bolivia, con acceso a la costa, la Guerra del Pacífico, la pérdida del litoral, las posteriores negociaciones bilaterales para resolver el diferendo y falta de intención chilena para resolver el enclaustramiento.
Como cuarto punto, se establece el “fundamento legal de la demanda”. Es decir, “Chile se ha comprometido —a través de “convenios, prácticas diplomáticas y una serie de declaraciones”— a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar (…); sin embargo, “no ha cumplido con la obligación”.
En quinto lugar, la demanda establece como fin último que “Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que conceda un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”, “que debe cumplirla en buena fe, pronta, eficaz y formalmente en un tiempo razonable”.
Por último, se señala que Bolivia “elegirá a un juez ad hoc”: para un fin específico.
Tres bases históricas de la memoria
El secretario general de la Diremar, Emerson Calderón, detalló que la memoria histórica se basa en tres fundamentos: acuerdos convencionales, compromisos convencionales y actos unilaterales realizados por diferentes autoridades del Gobierno de Chile, “los cuales se han comprometido a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar”.
El contenido del documento tiene carácter reservado y solo se lo pondrá a consideración del Estado chileno para que inicie el trabajo de argumentación de la contrademanda. El procurador general, Héctor Arce, informó que la memoria está “casi” concluida y solamente se hacen algunos ajustes en la traducción final al inglés.
Tres equipos de trabajo técnico-legal
Tras la presentación de la demanda marítima se han conformado tres equipos técnico-jurídicos para la elaboración de la memoria histórica y el establecimiento de los argumentos incluidos en ella.
El primer grupo de trabajo corresponde al de abogados bolivianos que trabajan en Diremar; el segundo es un equipo de asesores extranjeros que coordinan con el agente Eduardo Rodríguez Veltzé. Por último, está el Consejo de Defensa Marítima, que aprueba las políticas del proceso. También han participado miembros de las FFAA. En los últimos dos años se han recopilado pruebas, mapas y figuras ilustrativas que respaldarán el texto y el contenido de la memoria.