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sábado 6 mar 2021 | Actualizado a 14:13

Historia secreta del último diálogo fallido entre Bolivia y Chile

Enclave. El acuerdo estuvo ‘casi listo para la firma’, pero fracasó ante la falta de consenso en Santiago

Pisagua. El cementerio de trabajadores de las antiguas oficinas salitreras y de excombatientes de la Guerra del Pacífico. Al fondo se ve la bahía de Tiviliche.

/ 23 de marzo de 2016 / 08:12

En 2008, Bolivia y Chile acordaron hacer “estudios técnicos” para resolver el sexto acápite de la agenda de los 13 puntos: el tema marítimo. Ambas naciones, en una negociación secreta, avanzaron hacia una solución con la mira en un enclave. La iniciativa fracasó.

El presidente Evo Morales se refirió en varias ocasiones a este proceso, pero sin entrar en muchos detalles. El Jefe del Estado informó que había designado a Ana María Romero, la presidenta del Senado de entonces, como su delegada especial para analizar las propuestas que se pusieron sobre la mesa de las conversaciones diplomáticas. Morales reveló que hubo un sobrevuelo por una zona costera, cuyas coordenadas tampoco precisó. Romero, la primera Defensora del Pueblo de Bolivia, falleció en 2010 y no dejó el testimonio de lo negociado.

“De ellos (del Gobierno de Chile) era otro compañero que venía a reuniones a la residencia (presidencial) en La Paz. Parece que avanzaba muy bien y la compañera Ana María me decía que hasta les han puesto helicóptero para saber dónde sería la salida al mar que nos iban a otorgar”, declaró Morales el 20 de marzo de 2015, durante un acto en la sede del Colegio de Abogados de Santa Cruz.

¿Negociaciones? En efecto, ocho años después, el excónsul general de Chile en La Paz Jorge Canelas se animó a desvelar una parte de la historia oculta que estuvo activa entre 2008 y 2010. “Fue una negociación extremadamente secreta, muy reducida y muy poco compartida con las personas que debieran estar en conocimiento de las líneas básicas de una negociación de este tipo”, remarcó el diplomático, ya retirado del servicio exterior de su país, en una conversación que sostuvo con La Razón el 10 de marzo en Santiago de Chile.

Canelas, que llegó al país en 2010 al inicio del gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera (2010-2014), señaló que al momento de traspasar los asuntos pendientes, la primera administración de Bachelet entregó el documento sobre esta negociación “casi listo para ser firmado”, pero lamentó que este entendimiento con Bolivia no haya sido consensuado previamente con las autoridades del Congreso de su país ni con los altos mandos militares, como “normalmente se hace”.

Dos días antes de la entrevista, en la que Jorge Canelas confirmó que la zona de la negociación fue la bahía de Tiviliche, este rotativo visitó el lugar, ubicado a unos 160 kilómetros al norte del puerto de Iquique y al sur próximo de la población de Pisagua, una zona marcada por la Guerra del Pacífico que hace 137 años enfrentó a bolivianos, chilenos y peruanos.

El excónsul precisó que en estas conversaciones no se habló de soberanía ni de entrega de territorio chileno a Bolivia. Eventualmente, se trató de un enclave con autonomía en favor del país, cuyos detalles aún se mantienen en reserva. De haber avanzado hacia una solución con soberanía, el siguiente paso debió ser una consulta al Perú, según el Protocolo Complementario del Tratado de Lima, firmado en 1929. “Hasta donde se sabe, no se llegó a negociar una entrega de soberanía. No había una cesión de territorio.  Esa no habría sido la mayor dificultad (con respecto al Perú)”, puntualizó el diplomático que por estos días se ha dedicado a escribir en sitios especializados sobre política internacional.

El 16 de julio de 2006, los vicecancilleres Mauricio Dorfler (Bolivia) y Alberto van Klaveren (Chile) firmaron la llamada agenda de los 13 puntos que por primera vez incluyó, de manera oficial, “el tema marítimo”, que para Bolivia era el debate de la “reintegración” al océano Pacífico sobre la base de las propuestas que se hicieron durante la historia bilateral y que en algún momento abordaron la demanda de un territorio soberano.

El  acta. Dorfler dejó el cargo algunos meses después y le sucedió Hugo Fernández, quien junto con Van Klaveren celebró cuatro reuniones durante dos años en el marco del mecanismo de consultas políticas, una entidad de diálogo que reemplazó durante algo más de 10 años a las inexistentes relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. En estos encuentros se pasaban revista a los grandes temas bilaterales. Para el abogado internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo, “el tema” marítimo ha sido imprescindible y natural en las reuniones de políticos bolivianos y chilenos. No  obstante, el experto —durante una conversación que sostuvo con La Razón en Santiago— señaló que ambos países “fingieron” durante muchos años tener relaciones diplomáticas junto con asumir señales “audaces” que se dieron especialmente entre 2006 y 2010.

Escenario. De hecho, durante el apogeo de la agenda de los 13 puntos, Fernández y Van Klaveren firmaron un acta en la que se habla de la voluntad de avanzar hacia una solución. “Después de analizar las opciones existentes se profundizó en las que ofrecen mayor viabilidad (….). En este análisis (los vicecancilleres) se comprometieron a encomendar los debidos estudios técnicos”, señala el texto del acta de la decimoctava reunión de Consultas Políticas de Bolivia y Chile que se celebró en La Paz el 17 de junio de 2008. Adicionalmente, ambas autoridades “reiteraron su convicción que mediante este proceso de diálogo con un enfoque realista y de futuro se podrán alcanzar los acuerdos necesarios”.

Van Klaveren afirmó en la rueda de prensa posterior a la firma de este documento: “En el tema marítimo queremos avanzar sin prisa, pero también sin pausa, se trata de una conversación seria y hemos logrado avanzar en términos de criterios y de orientaciones para enfrentar ese tema”. Su colega Fernández celebró el diálogo y “el descongelamiento” de las relaciones entre Bolivia y Chile.

Las reacciones ante estas señales fueron distintas en Bolivia y Chile. En el país los principales rotativos le dieron poca cobertura a esta declaración, mientras que medios chilenos, como La Tercera, optaron por titulares de apertura.

“En una rueda de prensa conjunta, posterior a la cita en La Paz, las declaraciones de Van Klaveren  y Fernández fueron escuetas pues —aseguran altos personeros diplomáticos— hubo un acuerdo entre ambos de no revelar el diálogo sobre el tema marítimo”, escribió el periodista Phillip Durán, quien fue enviado por el rotativo chileno para la cobertura de esta reunión. En esa misma nota se apuntó que los ejes del análisis fueron: un corredor por el norte de Arica, un enclave costero y un puerto de uso compartido.

“Fue un error haberlo llevado de esta manera y un error mayor aún haberlo tratado así, después de que se había avanzado bastante en la negociación, decir: ‘termínala tú’ a un gobierno que no tenía ni idea de lo que se había negociado”, señaló Canelas en referencia al proceso de transición entre Bachelet y Piñera (2010).

En referencia a este proceso de negociación, el canciller David Choquehuanca había dado cuenta en la reunión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) “el poco avance” del desarrollo de la agenda de los 13 puntos”, mientras que su colega de entonces, Alejandro Foxley, consideró que se dieron “algunos avances” en el diálogo con Bolivia, pero rechazó la posibilidad de multilateralizar el inédito proceso de diálogo. “Hay un tratado, el de 1904, que establece claramente cuál es la situación territorial y nadie puede revisar unilateralmente un tratado ni puede tampoco pedir a un organismo multilateral que lo modifique”, afirmó el jefe de la diplomacia chilena tras ratificarse en la postura tradicional de su país sobre el tema.   

A pesar de esta señal, tanto Bolivia como Chile avanzaron por esos días en un inédito acuerdo de cooperación militar que fue firmado entre los ministros de Defensa Walker San Miguel (Bolivia) y José Goñi (Chile).

El 19 de junio, el mismo Foxley valoró el acuerdo y optó por admitir que existen “otras medidas” para un acceso al mar en favor de Bolivia que no detalló. Finalmente, en otra acta posterior a la de junio de 2008, los vicecancilleres optaron por preparar propuestas “útiles y factibles” para un acceso al mar. Choquehuanca afirmó, a tiempo de referirse al juicio en la CIJ, que Bolivia aún aguarda estos planes.

Por la señal de la cruz

Es inevitable. Persignarse en el desierto de Atacama es un hábito de quien pasa por los llamados cementerios salitreros, camposantos que van desapareciendo humillados ante el sol y el olvido. Las primeras cruces de madera aparecen poco antes de llegar a Pisagua, donde existían las llamadas oficinas salitreras que se expandieron entre 1860 y 1930 por el desierto más árido del planeta. Las otras señales con cruces están en el cementerio de Pisagua, donde incluso aparece un mausoleo, casi en ruinas, de lo que fue la Beneficencia Peruana, cuando Lima controlaba la zona antes de la Guerra del Pacífico que estalló el 14 de febrero de 1879, cuando tropas chilenas invadieron el antiguo puerto boliviano de Antofagasta. Tras esa acción, Chile avanzó al norte hasta Pisagua, donde en abril de 1879 comienza la campaña de Tarapacá motivada por el salitre y capitales ingleses vinculados al extractivismo.

Un poco ajeno a esta historia, Jorge Gonzales, un anciano de 70 años, se lamenta por su pueblo. Esperó cerca de cuatro horas para que algún vehículo le lleve 50 kilómetros desde la autopista, que une Iquique con Arica, hasta Pisagua. “Ahora todo está en ruinas y hasta la guerra se olvidó de nosotros”, dice.

El viaje dura dos horas desde Iquique, pero no existe un servicio regular de transporte público. Pisagua, donde habitan 256 personas, está a 160 kilómetros al norte del puerto más requerido por el comercio boliviano. Pertenece a la comuna de Huara, un sitio cuya economía se anima por el paso de cientos de camiones que unen Iquique con Oruro.

La Razón llegó hasta el poblado con la idea de ubicar la bahía de Tiviliche, sobre la que se ensayó la última negociación del “tema marítimo” entre Bolivia y Chile, que está un poco al sur de aquél. Pero son las cruces las que resaltan, las señales de la ambición y la guerra.

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Bolivia apuesta al diálogo en la recta final hacia el fallo

Analistas coinciden en que debe prevalecer una voluntad de conciliar.

Bolivia apuesta al diálogo en la recta final hacia el fallo. Foto: ABI

/ 25 de marzo de 2018 / 03:38

Tras una tensa relación con Chile, Bolivia encara la fase final de la demanda marítima hacia el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con la apuesta de un diálogo que permita reanudar las negociaciones vinculadas a un acceso soberano al océano Pacífico.

El excanciller Javier Murillo de la Rocha afirma que el “cambio de tono” en el lenguaje y el contenido del presidente Evo Morales tiende a recuperar un ambiente de diálogo mutuamente respetuoso que es el que debe prevalecer como una “condición indispensable” para buscar la concertación y el entendimiento para lograr una solución para el “enclaustramiento geográfico” de Bolivia.

El 12 de marzo, tras asistir a la investidura del presidente chileno Sebastián Piñera, Morales expresó, a nombre del pueblo boliviano, un mensaje de “fraternidad y de integración” e hizo un llamado para sumarse a las voces que “reclaman unidad y apertura para superar las diferencias en base al diálogo y la negociación”.

En esa línea, el Mandatario pedía “reiniciar las negociaciones sobre la materialización de un acceso soberano al mar para Bolivia”.

“Les invito a dar un giro a nuestras relaciones que nos permita construir juntos una paz justa y duradera con integración y complementariedad entre nuestros pueblos, pero necesitamos resolver las heridas del pasado”, manifiesta la autoridad.

La postura del Jefe del Estado fue exteriorizada a una semana de los alegatos orales, programados entre el 19 y el 28 de marzo, en el marco del juicio que Bolivia inició en 2013 para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declare que Chile está obligado a negociar “de buena fe” un acceso soberano al mar sobre la base de actos unilaterales expresados en el pasado.

Morales volvió a plantear que el diálogo se pueda tratar de forma paralela al máximo tribunal. “Quisiéramos eso, (que) al margen de los resultados, del fallo, (ver) cómo avanzar con el diálogo”.

Para el analista en temas internacionales Andrés Guzmán, lo ideal hubiera sido que Morales adopte el “tono amigable y conciliador” que demostró en las últimas semanas desde el inicio del proceso debido a que no es lógico ni coherente que un país solicite una negociación ante una instancia judicial, pero al mismo tiempo sus autoridades mantengan un “discurso beligerante”.

En los últimos años, las relaciones entre Bolivia y Chile han estado marcadas por una tensión verbal y por un ruidoso silencio del vecino país frente a los razonables reclamos del país por el incumplimiento de las obligaciones del libre tránsito del Tratado de 1904, la falta de interés de esa nación para coadyuvar en las tareas de lucha contra el contrabando, así como los incidentes de tránsito.

Sin embargo, el diálogo técnico entre ambos países se reinstaló por una ‘cuerda separada’ a los litigios que se tramitan en la CIJ —por el tema marítimo y las aguas del manantial Silala que Chile reclama como río internacional— para tratar asuntos técnicos y fronterizos gracias a la señal que dio el país cuando hizo la devolución de dos carabineros que pasaron de manera irregular la frontera, en agosto de 2017.

Carlos Mesa, expresidente y representante oficial de Bolivia para la Demanda Marítima, cita que en general las relaciones entre Bolivia y Chile se han caracterizado por ser tensas de ambos lados, pero ahora se debe celebrar una “voluntad de diálogo” porque la demanda marítima tiene argumentos jurídicos e históricos sólidos y cuenta con un equipo jurídico coherente, además que el país tiene una posición política con mucho sustento y un criterio de “unidad” muy importante.

Mesa indica que si bien existen “turbulencias políticas muy duras y posturas muy distintas” en Bolivia, pero cuando se trata del tema marítimo todos apoyan al Gobierno, pues es una causa mayor. “Chile se está dando cuenta de que eso no cambiará, independientemente de las diferencias”.

El exmandatario menciona que el vecino país está sorprendido, desde el inicio del litigio en 2013 hasta hoy, de la forma en que se ha llevado este tema porque los argumentos jurídicos de la fase preliminar “han sido tan fuertes” que Bolivia le ha ganado a Chile cuando interpuso la excepción preliminar de incompetencia.

Guzmán expresa que por más de que las relaciones se tensionaron a un “nivel quizás imposible de revertir, al final de cuentas, lo que interesa en las relaciones internacionales son los intereses de las partes, mucho antes que los afectos o los desafectos”.

En esa línea, el diplomático sostiene que si la Corte emite un fallo favorable para el país y se establece una negociación con Chile dependerá de la capacidad de las autoridades nacionales de identificar los intereses de Chile en este asunto y formular una propuesta atractiva que permita al país obtener un acceso al mar.

Karen Longaric, docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), refiere que es evidente que Morales desea restaurar el diálogo y mejorar las relaciones bilaterales de cara a una eventual negociación, por eso asistió a la toma de juramento de su colega Piñera, aunque esa decisión no fue fácil ante el “tremendo deterioro” de las relaciones con Chile.

“Me pareció estupendo el llamado a la integración de ambos países, ése es el mensaje y el estilo de un líder, de un estadista. Empero, no estoy de acuerdo con el lenguaje que usó en su intento de rectificar declaraciones que con tono agresivo hizo en el pasado”.

La especialista dice que Morales es consciente de que el diálogo sereno y conciliador es la ruta adecuada para lograr acuerdos.

Se plantea diseño de estrategia diplomática viable

Aline Quispe

El analista en temas internacionales Andrés Guzmán plantea que para la “agenda post La Haya” se debe diseñar una estrategia diplomática “realista y viable” que considere las teorías de la negociación y los antecedentes históricos-legales. También señala que el país debe evaluar qué está dispuesto a ofrecer en el diálogo para un acceso soberano al mar.

“Dicha estrategia debe incluir un debate interno dentro de Bolivia, en el que los bolivianos definamos al menos de forma mayoritaria, qué queremos, qué entendemos por ‘acceso soberano’ y lo más importante y difícil de todo: qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación para conseguir lo que estamos buscando”, afirma.

El diplomático indica que el Gobierno debe acompañar esa estrategia con gestiones de aproximación y lobby diplomático con Perú, que podría ser parte activa de la negociación de acuerdo con lo dispuesto en el protocolo complementario al tratado chileno y peruano de 1929, así como otros países estratégicos como Brasil, Argentina y Estados Unidos.

“El apoyo de la comunidad internacional será clave para conseguir un acceso soberano al mar”.

En tanto, Karen Longaric, docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), manifiesta que una alternativa de diálogo tras el fallo de La Haya de la que se habla como “un precedente a seguir” para resolver el tema es el acuerdo de Charaña o “abrazo de Charaña”, en la que Chile ofreció a Bolivia en 1975 la cesión de un corredor a una franja territorial con Perú, bajo un canje de territorio.

Longaric expresa que se debe evaluar el actual contexto, rescatar lo positivo y descartar lo que frenó la viabilidad de ese convenio. “Indefectiblemente, hay que pensar en la posición de Perú y las limitaciones que se derivan del Protocolo de 1929”, precisa.

Para el excanciller Javier Murillo si el fallo es positivo para Bolivia en la demanda marítima, como se espera, la Corte estaría demostrando que está a la altura de la misión que se le encomendó y el vecino país tendría la oportunidad histórica para demostrar al mundo que rige su comportamiento externo por los principios de la convivencia civilizada de las naciones, consagrados por la Organización de Naciones Unidas y el sistema interamericano.

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Abogados, entre la academia y la gestión de los litigios

Los equipos de abogados muestran tendencia opuesta

Corte. Parte del equipo jurídico boliviano en la audiencia del lunes. Foto: ABI

/ 25 de marzo de 2018 / 00:05

Al cierre del proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Bolivia tiene seis abogados internacionales, y Chile, siete. Pero, como pasó con los agentes, aquí también fue invariable el grupo boliviano y cambiante el chileno.

En efecto, empezaron el proceso y lo terminan los seis profesores “bolivianos”, Antonio Remiro Brotóns, Mathías Forteau, Monique Chemillier-Gendreau, Payam Akhavan, Vaughan Lowe y Amy Sander.

En cambio, en el caso chileno, si bien empezaron Daniel Bethlehem, Pierre Marie Dupuy, Ben Juratowitch, Harold Koh, Mónica Pinto y Samuel Wordsworth, en el camino, en vez de Dupuy ingresó en el equipo Jean-Marc Thouvenin, y se añadió a la abogada australiana Kate Parlett.

En cuanto al equipo jurídico boliviano, lo peculiar es que todos son o han sido profesores universitarios: Brotóns es docente a nivel doctorado entre universidades de España y Francia, ha escrito libros sobre derecho internacional; Forrau enseña en la universidad de París Nanterre, uno de sus textos, junto con otros dos profesores es La Carta de las Naciones Unidas. Comentario artículo por artículo (2005).

La doctora Chemillier-Gendreau, por su lado, ha enseñado en las universidades de Reims y París VII-Didrot y en centros académicos de Argelia, Mali, Burundi, Vietnam, Laos. Dos libros suyos son: Humanidad y soberanías. Ensayo sobre la función del Derecho Internacional (1995) y El derecho en la mundialización (2001).

El doctor iraní Akhavan enseña en universidades de Canadá y Estados Unidos Derecho Internacional Público, Penal y Justicia Transicional. Un texto suyo es Confrontando el genocidio: Jus Gentium perspectivas comparativas sobre el derecho y la justicia (2010). Vaughan Lowe es maestro emérito en Derecho Internacional en la Universidad de Oxford. Entre otros libros, escribió Las Naciones Unidas y los principios del Derecho Internacional (1994). Y Amy Sander, la más joven del equipo, es máster por la universidad de Cambridge (Gran Bretaña).

Del lado del equipo chileno, si bien también un rasgo común es que se trata de abogados de prestigioso nivel, su orientación  más bien es la gestión del litigio. Así, por ejemplo, Bethlehem ha sido consejero jurídico del UK Foreign and Commonwealth Officce; Juratowitch es codirector del Área de Derecho Internacional del prestigioso estudio Freshfields Bruckhaus Deringer, fundado en 1743.

Thouvenin, por su lado, es especialista en litigios internacionales y autor de varios libros sobre derecho internacional y comunitario; lo mismo, Kate Parlett, es autora de numerosas publicaciones sobre derecho internacional. El abogado estadounidense Koh fue consejero legal del Departamento de Estado y Secretario de Estado Adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.

La de rasgo más académico es Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y, Wordsworth, abogado inglés, especialista en Derecho Internacional. Es muy cercano a Chile, pues le defendió en varios casos ante la CIJ.

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Equipos jurídicos: Estabilidad vs. variación

Política. En casi 5 años de litigio, el grupo jurídico más estable fue el boliviano.

Autoridades bolivianas junto al equipo jurídico en el palacio de la Paz en La Haya.

/ 24 de marzo de 2018 / 23:07

Desde que fuera presentada la demanda ante la CIJ, hace casi  5 años, el 24 de abril de 2013, Bolivia ha tenido un solo agente, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé; en cambio, Chile tuvo tres: Felipe Bulnes, José Miguel Insulza y Claudio Grossman.

En ambos países, se trata de personalidades de primer nivel. En el lado boliviano, Rodríguez Veltzé fue presidente por sucesión presidencial entre 2005 y 2006; había sido designado en este cargo en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En Chile, Bulnes fue ministro de Justicia y de Educación además de embajador de su país en Estados Unidos; de hecho, por un tiempo ejerció a la vez como embajador y agente de Chile ante La Haya. Insulza, por su lado, ocupó el ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y del Interior cuando era presidente Ricardo Lagos; el último cargo de renombre que ejerció fue de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); en el caso de Grossman, se trata más de un académico, profesor universitario, que tuvo eventuales representaciones en organismos internacionales.

En lo relativo a los coagentes, la parte boliviana lo tiene apenas desde enero de 2018, cuando el representante de Bolivia en Naciones Unidas, Sacha Llorenti, fue designado en el cargo. En cambio, Chile, desde hace al menos tres años cuenta con dos coagentes (Grossman y María Teresa Infante), llegando a sumarse a la fecha un tercer coagente, Alfonso Silva (Subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno chileno).

Infante, además de exembajadora de Chile en los Países Bajos (donde está La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia, CIJ), hace poco fue coagente en el litigio que por límites marinos sostuvieron también ante la CIJ Perú y Chile.  

Según el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el “equipo jurídico” que atiende la demanda marítima en La Haya también está compuesto por el exsubsecretario de Relaciones Exteriores Alberto van Klaveren, con el cargo de “Asesor Principal” del equipo chileno. Una particularidad de Klaveren es que él fue Agente de Chile ante la CIJ en el juicio contra Perú sobre la delimitación marítima.

Son parte del equipo, además: Carolina Valdivia, profesora de Derecho Internacional con el cargo de Coordinadora Ejecutiva; Claudio Troncoso, actual director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; y, Ximena Fuentes Torrijo, directora nacional de Fronteras y Límites del Estado, quien en julio de 2017 estuvo en Bolivia encabezando la delegación chilena que participó en la reunión del Comité de Fronteras. Fuentes

Torrijo hoy también es Agente de Chile ante la CIJ en el litigio de las aguas del Silala que el Gobierno chileno planteó contra Bolivia.

Del lado boliviano, en esta parte ‘política’, de las autoridades nacionales en el “equipo jurídico”, se evidencia dos grandes grupos: el primero, liderado por el excanciller David Choquehuanca, el verdadero gestor del caso, pues bajo su autoridad estuvo tanto el juicio por la competencia de la CIJ (mayo de 2015), como la elaboración y presentación de la parte escrita del proceso; aquí cabe resaltar al exviceministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Alurralde y al exresponsable de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) Juan Lanchipa.

Y está el segundo grupo, luego de que fuera designado canciller Fernando Huanacuni (23 de enero de 2017). En este nuevo momento, si bien la política de Estado marítima en La Haya continuó invariable, se evidencia una mayor presencia ministerial en el equipo marítimo; es cuando ya tienen peso gravitante los ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, de Defensa, Reymi Ferreira; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; y el responsable de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón. Aunque con un marcado distanciamiento con el Gobierno, también ha sido parte del equipo boliviano el expresidente Carlos Mesa.

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Empresarios piden buscar alternativas para comercio

Economía. En 2017, Antofagasta y Arica movieron 3,6 millones de toneladas de carga boliviana.

Comercio exterior boliviano a través de puertos chilenos.

/ 24 de marzo de 2018 / 21:52

Empresarios bolivianos coinciden en que la capacidad de los puertos chilenos fue rebasada y que se deben buscar alternativas. En 2017, el volumen de exportaciones e importaciones por las terminales de ese país fue de 3,6 millones de toneladas métricas (TM).

En la gestión pasada, el volumen de importaciones a Bolivia subió un 0,58% respecto a 2016, de 1,71 millones de toneladas métricas (TM) a 1,72 millones de TM. No obstante, las exportaciones se redujeron un 10,58%, de 2,14 millones de TM a 1,91 millones de TM, debido a los conflictos en Chile, según el empresariado boliviano.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, los puertos chilenos están atravesando dificultades en el manejo de la carga boliviana. “Esos puertos ya no tienen la capacidad para almacenar nuestra mercadería”, afirmó.

No obstante, el Gobierno chileno señaló en reiteradas oportunidades que Bolivia tiene pleno acceso al océano Pacífico. En 2014, después de que el país presentara una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el entonces canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseveró que Bolivia “goza de un tratamiento que en la práctica significa acceso al mar. Un acceso indiscutiblemente mejor del que gozan la mayoría de los países sin litoral”.

En 2016, el presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó las políticas de privatización del Gobierno chileno y las malas condiciones de estructura caminera y portuaria, en la presentación del libro Bolivia, un país privado de litoral, que ratifica la existencia de trabas al comercio exterior. “Estos factores producen que Bolivia sea el país con los más altos costos de transporte carretero de los países de América Latina (…) debe pagar 33,2% más por concepto de transporte que otros países de la región”, señaló en esa ocasión Morales.

Los problemas con los puertos, según Salinas, siguen afectando al comercio exterior. El empresario detalló que los puertos chilenos no dan abasto cuando se importan equipos o materiales para proyectos especiales. En 2016, el puerto de Arica (Chile) se saturó por la importación de materiales para la construcción de la Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo, en Cochabamba. “Fue tanta la saturación que se construyeron los llamados ‘antipuertos’ o galpones, que son espacios fuera del puerto mismo para almacenar la mercadería”, apuntó el empresario.

En 2017, el gerente general de la CNC, Javier Hinojosa, informó que el puerto de Arica también colapsó con la llegada de equipos electrónicos, cabinas, torres, cables y otros desde Austria para el proyecto estatal Mi Teleférico.

Para el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, el problema no está en la transferencia y rotación de carga, sino en el almacenamiento de mercancía, que está pactado en el Tratado de 1904.

“Cuando por cualquier situación los puertos colapsan con mercancías bolivianas, automáticamente también colapsan los depósitos de aduana, perjudicando seriamente a importadores, transportistas y a todos”, sostuvo.

Opciones. Blazicevic aseveró que se deben buscar alternativas para el comercio exterior. “Bolivia debe tener opciones portuarias que le permitan dejar poco a poco de depender de los puertos chilenos”.

Para el empresario esa dependencia se manifiesta cuando hay paros y huelgas con los portuarios chilenos que generan déficits “importantes” en la balanza comercial.

“El comercio exterior de Bolivia depende en demasía de esos puertos, motivo por el cual se ha pensado en utilizar otros alternos, desde que se han encontrado dificultades como la saturación, para que se pueda descongestionar y utilizar otras rutas más convenientes”, coincidió el gerente general de Instituto de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

Identificó como opciones en el océano Pacífico a Matarani, El Callao e Ilo; y en el océano Atlántico, en la cabecera de la hidrovía Paraguay-Paraná, a Puerto Aguirre, Puerto Gravetal y Puerto Jennifer.

En octubre de 2017, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, dijo que se identificó al puerto de Callao (Perú) como una alternativa para reducir costos de operación.

El conflicto más largo de 2017 fue el de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach), que paró entre el 24 de mayo y el 2 de junio, debido al incumplimiento de acuerdos laborales por parte del Gobierno chileno. Unos 1.600 transportistas bolivianos se vieron afectados durante 10 días en la zona fronteriza de Tambo Quemado y Pisiga, sin alimentación y soportando el clima de esa región, según constató este medio.

El paro dejó pérdidas calculadas en $us 11 millones por día, según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Afectaciones. Más allá de las cifras, Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) aseveró que el perjuicio es “incalculable”. “Es casi imposible decir un número que pueda acercarse a la realidad. El hecho de no cumplir con la cadena logística tiene un impacto elevado”, sostuvo.

Rojo explicó que cuando se demora en llegar al puerto se debe contratar a otro barco, que genera un costo adicional. Luego, el retraso además hace que se pierdan contratos y clientes y que se paguen multas a los mismos.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado en 2015, señala que entre 2010 y 2014 la mitad (46%) de las huelgas y paros que afectaron las operaciones normales en los puertos de la región se registraron en Chile, sumando los 143 días de perjuicio.

En junio de 2017, Morales denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que 34 días de paro en Chile, registrados entre 2015 y el segundo semestre de 2017, afectaron y perjudicaron al comercio internacional boliviano y causaron un daño económico de al menos $us 206 millones.

Blazicevic manifestó que el acceso a los puertos es deficiente y que las huelgas y paros chilenos afectan seriamente al sector industrial boliviano en el aprovisionamiento de sus materias primas, bienes de capital, insumos, maquinaria y equipo, “poniendo en riesgo la producción y hasta la paralización de las fábricas”.

Con todo, los empresarios bolivianos coincidieron en que existen problemas en el acceso a los puertos chilenos, que perjudican al comercio exterior boliviano.

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La fiesta se tiñe de luto en Oruro

Tragedia. La explosión de una garrafa ocasiona la muerte de ocho personas; hay 40 heridos

Desastre. Los restos de la explosión que tuvo una onda expansiva de 50 metros a la redonda. Foto: Miguel Carrasco

/ 11 de febrero de 2018 / 14:27

Restos de vidrios y de latas de cerveza, manchas de sangre. Esa era la escena tras la explosión de una garrafa de GLP que ayer ocasionó la muerte de ocho personas y lesiones de gravedad de distinto tipo en otras 40 durante la entrada del Carnaval de Oruro.

La explosión se produjo en la esquina de la calles Bakovic y Ejército en un puesto de comida callejera entre las 18.30 y 18.45 de ayer a escasos 100 metros de la pasarela que colapsó el 1 de marzo de 2014, cuando murieron cinco personas. Al igual que en esa ocasión, la tragedia de ayer se produjo durante la entrada del sábado de Carnaval.

El subcomandante de la Policía de Oruro, Freddy Betancourt, explicó —en un primer momento— que la explosión produjo una onda expansiva de 50 metros, lo que provocó destrozos y vidrios rotos en varias edificaciones. “En el lugar se encontraban vivanderas y puestos de venta de comida donde ocurrió una explosión de una garrafa de gas”, precisó en un informe producto de las primeras indagaciones de las que participaron efectivos de la unidad de explosivos del cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Cerca de la medianoche, el comandante de la Policía de Oruro, Romel Raña, informó la cifra total de fallecidos. Precisó, en una rueda de prensa, que la explosión activó un operativo para establecer las causas del siniestro. De acuerdo con testigos, la tragedia se originó en la garrafa que empleaba una vendedora de chicharrones, quien se encontraba con su familia cuando se produjo la tragedia. La comidera trabajaba en una carpa.

Los cuerpos de cuatro de los ocho fallecidos (dos personas mayores y dos niños) fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad, donde se hará la autopsia de ley. Cerca de la medianoche, un médico forense y un fiscal de apoyo llegaron al lugar para completar el tramite legal, mientras Raña confirmaba la lista de las personas que ayer perdieron la vida en un contacto con La Razón: Herbert Gutiérrez (38), Jannete Vicenta Gutiérrez (47), Ariana Fátima Herrera (16), Nicol Gutiérrez Guarachi (24) Ana Fernández de Gutiérrez (71), Gisel Katerine Valderrama (24), Gabriel Fernández Gutiérrez (7) y Emily Fernández Gutiérrez (2).

Otros relatos señalaron que luego de la tragedia se produjo una estampida de personas que tras el estruendo intentaron protegerse. Muchos puestos de venta, entre ellos un punto de expendio de cerveza, quedaron destruidos por la onda expansiva y destructiva que ocasionó el trágico accidente.

Raña señaló que el aceite del perol que empleaba la vivandera pudo desgastar la manguera que conectaba la garrafa con la cocina donde se fritaba el chicharrón de llama. “El rebalse del aceite ha hecho que se queme la manguera y ha ocasionado la fuga”, remarcó el jefe policial, quien anticipó que personal de explosivos continuaba anoche colectando pruebas para confirmar la causa del accidente.

Raña informó que se colectaron restos óseos a 50 metros del punto de la tragedia, lo que grafica la magnitud del suceso y que muchos puestos, incluso uno de venta de cerveza, fue alcanzado por las partículas de la explosión. Entre los restos de la tragedia estaba un refrigerador para cerveza completamente destrozado.

“Me entré un rato a dormir a una carpa, y cuando desperté una wawa (bebé) estaba destrozada a mi lado. Le alcé y lo deje sobre un nilon, nadie quería ayudar y yo me he escapado. Solo quiero decir que Dios existe, Dios me ha salvado”, contó Silvia Apaza, una de las que sobrevivió a la explosión de la garrafa de gas en Oruro.

Entre sollozos, Apaza dijo conocer a la vendedora de chicharrón, en cuyo puesto se produjo la explosión. “Yo la conocía a la chicharronera, el Alcalde nos ha botado de arriba donde vendíamos por eso se ha venido aquí”.

Al menos dos horas después de la tragedia la entrada prosiguió sin que se de señales de luto.

FALLECIDOS

1. Herbert Gutiérrez Fernández (38)

2. Janet Vicenta Gutiérrez (47)

3. Ariana Fátima Herrera (16)

4. Nicole Gutiérrez Guarachi (4)

5. Ana Fernández de Gutiérrez (71)

6. Gisselle Katherine Balderrama Gutiérrez (24)

7. Gabriel Fernández Gutiérrez (7)

8. Emily Fernández Gutiérrez (2)

HERIDOS

Hospital Oruro – Corea

1. Alejandrina Yampara Colque (22)

2.  Homero Anozi Ayma Cayoja (39)

3. Paola Michel Veliz (20)

4. María Mercedes Kena (21)

5.  Cinthia Jesica Suarez Escobar (47)

6.  Germán Brayan Fernández Suarez (10)

7. Gregorio Vargas Ramírez (51)

8. Elizabeth Fernández Maire (21)

9. Trifón Felipes León (26)

10. Carla Molina Lucana (38)

11. Rosemary Tapia (16)

12. Efraín Villegas Pacheco (23)

13. Andrés Guzmán Portugal (25)

14. Teresa Mamani (47)

15. Delia Quispe Huarachi (41)

16. Filemón Mamani Velasco (44)

Clínica Natividad

17. Nazario Condori Mamani (35)

18. José Luis Fernández Flores (26)

19. Kelli Alejandra Canedo Rafael (22)

20. Jonatán Jhony Rocha Calle (23)

21. Delia Rojas de Zapata (72)

22. Darlin Melani Gutiérrez Molina (18)

23. Reyna Colque Cruz (24)

24. Primitiva Guarachi Michalla (43)

25. Julia Blanco Quelali (43)

26.  Luisa Gabriel Apaza (25)

27. Roberto Medina Orihuela (25)

28. Fabio Beltrán López (25) 

Hospital General

29.  Ambrosio Vasquez

30. Sabina Velazques Quispe (37)

31. Luisa Calderón (46)

32. Beatriz Aguilar (64)

33. Cristina Flores Rivero (21)

34. Valeria Mollo Mollo (41)

35. Bertha Condori (54)

36. David Moya Flores (12)

37. José Luis Marca Gonzales (43)

38. Franz Pérez Guarachi (32)

39. Genara Barco Vásquez (44)

40. Alan Mamani (5)

Conozca más detalles de esta información en la edición impresa del periódico La Razón. 

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