Un accidente de tránsito dejó al menos ocho heridos en la zona Sur de La Paz. El siniestro sucedió en la concurrida avenida Roma, en la zona de Obrajes, y la Policía confirmó que el conductor protagonista se encontraba en estado de ebriedad.

“La persona se encontraba en total estado de ebriedad; hemos realizado la prueba de alcoholemia, se encontraba con 1,5 de porcentaje de alcohol en la sangre, lo cual establece que, por supuesto no se encontraba en las condiciones suficientes para poder conducir un vehículo”, informó el director de Tránsito de la zona Sur de La Paz, Eduardo Huallpara.

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Pese a encontrarse en estado inconveniente, este conductor se habría puesto al mando de una vagoneta y con esta impactó a un minibús. Ocho personas resultaron heridas como resultado de este siniestro.

“Este sujeto, al mando de su vehículo particular, una vagoneta ha colisionado con la parte trasera de un minibús; en el cual se encontraba en la avenida Roma, aproximadamente a la altura de la segunda pasarela de Obrajes. Este minibús se encontraba con ocho pasajeros; estos ocho pasajeros resultaron con diferentes lesiones, desde leves hasta dos personas que tienen lesiones de consideración”.

La Policía llegó al lugar y evacuó a los heridos, a tiempo de abrir una investigación sobre este caso. El conductor de la vagoneta quedó aprehendido. “El hecho constituye delito de conducción peligrosa, lesiones en hecho de tránsito y se lo ha puesto a disposición del Ministerio Público”.

Bajo una investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, este viernes se ejecutó un allanamiento en el domicilio de un obispo emérito del departamento de Santa Cruz. El operativo se desarrolló en el municipio de San Ignacio de Velasco y se secuestraron varios elementos para avanzar con las indagaciones; llama la atención de las autoridades la cantidad de propiedades que tendría este hombre.

“Esta persona cuenta con patrimonio valuado en 14 a 15 inmuebles aproximadamente. También tiene distintos flujos económicos bancarios que no van acordes a su perfil socioeconómico. En ese sentido es que se ha iniciado un proceso, una investigación de oficio y se ha dado cumplimiento a una orden de allanamiento a objeto de poder recabar mayores elementos”, informó el fiscal Gustavo Ríos.

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Carlos S. es el ahora investigado de oficio por el Ministerio Público, que analiza si otras personas más serán incluidas en este caso. Además de los al menos 14 inmuebles, el obispo emérito tendría “más de 10 vehículos”.

“(Se ha secuestrado) documentación que nos ayude a poder identificar a los posibles autores en el presente caso (…). El vehículo que se encuentra en este momento ha sido secuestrado y va a ser dirigido a las dependencias de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) de la Unidad Anticorrupción. También se secuestró dinero”, puntualizó el fiscal a los medios.

El investigado calificó el allanamiento como un “abuso”. Afirmó, en entrevista con Unitel, que está hace 50 años en Bolivia y que ofició 30 años como obispo en San Ignacio.

El diálogo que parecía en buen rumbo, finalmente quedó trabado. La Alcaldía de La Paz no logró un acuerdo con los trabajadores municipales movilizados y se mantiene en incertidumbre el futuro de las medidas de presión.

“Estábamos a punto de firmar, es más yo ya lo firme, pensé que iban a aceptar, pero se han puesto intransigentes sobre un tema. Quieren que bote cerca de 30 funcionarios sin derecho a evaluación, sin derecho a réplica, sin derecho a una investigación”, aseveró el alcalde de La Paz, Iván Arias.

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Durante esta semana, trabajadores municipales se movilizaron por el centro de La Paz, incluso con bloqueos. El sector exige estabilidad laboral, entre otros puntos que han sido tratados en encuentros con representantes de la comuna.

DIÁLOGO

Hasta el miércoles se hablaba de un buen avance. El diálogo quedó en cuarto intermedio hasta este jueves, cuando se retomaron los encuentros para tratar el único punto del pliego petitorio pendiente, pero, de acuerdo con Arias, no hubo acuerdo.

“Hemos cumplido el 99,9% de sus demandas, he cedido en todo. Lo que no podemos ceder es en los factores constitucionales, quieren que destituya a casi 30 personas a simple denuncia, no estoy diciendo que sea verdadera o falsa (la denuncia), pero necesito escuchar a las partes, hacer un proceso de investigación”, señaló Arias.

¿Qué pasará en La Paz? Las movilizaciones de trabajadores significaron un colapso del centro paceño. Arias advirtió con aplicar más descuentos a quienes no se presenten a sus funciones en los siguientes días. El diálogo quedó en un nuevo cuarto intermedio.

“Vuelvo a reiterar, se rompe el acuerdo, día no trabajado es día no pagado, la ciudad de La Paz está sufriendo, estamos paralizando las ‘superobras’, deberíamos ya empezar todo el asfaltado en Calacoto”, expresó el alcalde.

Un año pasó ya desde que dos cadetes del Ejército cayeron de forma intempestiva al hacer una demostración del llamado “salto de la muerte”, desde entonces se libra una lucha por su recuperación. Para uno de ellos aún está en debate su estado de salud y el Ministerio de Defensa evalúa su traslado a algún centro médico del exterior del país.

“Las últimas informaciones que tenemos es que aquí en Bolivia han habido muy importantes avances, por el informe médico, en su recuperación; sin embargo, también hay dos opciones que estamos trabajando para apoyarlo, ya sea en Colombia, donde hay una institución especializada y también la posibilidad de Suiza. Es decir, continuamos nosotros con ese apoyo, atendiéndoles”, expresó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

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El 18 de abril de 2023, los dos cadetes se paraban en lo más alto de una torre para hacer la demostración del ejercicio de altura denominado “salto de la muerte”. Era la ocasión del 132 aniversario del Colegio Militar Gualberto Villarroel y decenas de personas se habían congregado en este recinto, ubicado en la ciudad de La Paz.

SALTO DE LA MUERTE

No obstante, el ejercicio terminó en tragedia. Ante la vista impotente de los asistentes, los dos cadetes cayeron al piso desde la torre de al menos 50 metros de altura, lo que los dejó de inmediato en situación crítica.

Ambos recibieron tratamiento, mientras las autoridades trataban de determinar las responsabilidades en este caso. Un año ha pasado y aún la lucha por su recuperación es constante, en especial para uno de ellos.

“Como Gobierno nacional, como Ministerio de Defensa, y además junto a las Fuerzas Armadas, todos hemos hecho un gran esfuerzo. Creo que se ha apoyado plenamente y con todas las posibilidades que se ha tenido, de manera que nosotros consideramos que, si bien todavía hay algo pendiente con uno de los cadetes, particularmente con el cadete Condori, estamos trabajando”, afirmó el ministro.

CADETES

Dos instructores militares quedaron aprehendidos y con detención preventiva por este caso. En tanto, el accidente cambió la vida de los cadetes. Si bien ambos lograron sobrevivir, el camino a su recuperación no ha sido sencillo, pues resultaron afectados en piernas, columnas y hasta el cráneo, en el caso del cadete aún delicado.

El Ejército les otorgó el ascenso, pero la vida militar plena que ellos soñaban no se pudo concretar tras ese 18 de abril.

“Ellos han ascendido de grado, también ellos, por la condición que han tenido del accidente, han sido favorecidos para que puedan estudiar en la Escuela Militar de Ingeniería”.

Es momento de actualizar la ley 348, así lo considera la Defensoría del Pueblo, que ha exhortado a los legisladores del país a hacer un debate respetuoso que logre la ejecución de ajustes en esta norma destinada a erradicar la violencia contra la mujer.

“(…) A pesar de los avances logrados, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave y estructural en Bolivia. Por ello, se considera pertinente impulsar la iniciativa apremiante de realizar ajustes de fondo a la Ley 348; y fomentar la educación y prevención de la violencia hacia la mujer”, señaló la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado.

La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Libre de Violencia fue aprobada el 9 de marzo de 2013, durante el gobierno de Evo Morales. En su artículo 2 precisa como su objeto el, “establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores”.

LEY 348

Ya con 11 años de vigencia, en la Asamblea Legislativa se habla de una revisión para modificar esta norma. Este tema ha generado polémica entre legisladores y especialmente críticas contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que calificó a la norma como “antihombres”.

“Me parece una muy buena iniciativa (modificar esa norma), porque la ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres, seguramente le senadora Andrea (Barrientos) no va a estar de acuerdo; pero hay bastante abuso y nos consta”, dijo Rodríguez en la sesión del pleno camaral.

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Ahora es la Defensoría del Pueblo que habla de una revisión; con la conciencia de que la violencia aún es un flagelo que afecta a miles de mujeres y con el objetivo de una “convivencia armónica”.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

“(…) Desde la Defensoría del Pueblo, exhortamos a las autoridades legislativas a dar prioridad a los ajustes respectivos a la norma; mediante un proceso de debate respetuoso y constructivo que permita su actualización y desmonte de estructuras patriarcales aún existentes, para efectivizar su aplicación y vigencia, y no solo brindar justicia a las víctimas de la violencia machista; sino, posibilitar una convivencia armónica dentro de la cultura de paz que nos define como Estado”.

Al mismo tiempo, la institución alertó sobre los datos de la Fiscalía que dan cuenta de que cada día, en promedio, 107 mujeres son víctimas de violencia familiar o doméstica; y que “cada dos días hay víctimas de feminicidio en grado de tentativa y cada seis días hay un feminicidio”.

“Desde la Defensoría del Pueblo, manifestamos nuestro compromiso permanente de seguir adelante; luchando porque más mujeres ejerzan plenamente sus derechos y menos sean víctimas de violencia, y pone a disposición sus buenos oficios para acompañar este proceso de actualización de la Ley 348 en el Órgano Legislativo”.