En los últimos seis años, las transferencias de recursos desde Bolivia hacia paraísos fiscales se multiplicaron casi por 20. Los destinos preferidos por estos capitales son Holanda, Suiza, Panamá y Luxemburgo.
Según la organización internacional de lucha contra la pobreza y la desigualdad Oxfam, entre 2001 y 2014, los flujos hacia países con menor o nula imposición fiscal se multiplicaron por 15 en la economía internacional —“al doble de velocidad” que el Producto Interno Bruto (PIB) global— y “casi por cinco en Latinoamérica y el Caribe”.
Bolivia no estuvo ajena a este fenómeno, ya que entre 2001 y 2016 el traslado de capitales hacia paraísos fiscales creció casi 20 veces, de unos $us 50 millones a 989 millones, según información del grupo de 20 ONG y del Gobierno.
Desde 2010 hasta 2014, los destinos hacia donde más se dirigieron los recursos generados en el Estado fueron Holanda, Suiza, Panamá y Luxemburgo. Los flujos aumentaron 18 veces al primero, 7,5 veces al segundo, 5,6 veces al tercero y 3,15 veces al último, señala el informe
“Paradise papers y otros escándalos fiscales” presentado en La Paz por Susana Ruiz, experta en fiscalidad de Oxfam.
Otro ejemplo del crecimiento de la optimización fiscal en la región es Perú, que entre 2001 y 2016 multiplicó por 16 sus envíos a sistemas tributarios externos. “Este incremento de la salida de capitales está vinculado al crecimiento y a la internacionalización de estas economías”, explicó Ruiz.
De acuerdo con el estudio de Oxfam “Justicia fiscal para reducir la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe”, de los $us 170.000 millones que los países en desarrollo dejan de recaudar cada año, 100.000 millones (el 59%) se deben a la reducción o eliminación del pago de impuestos por medios ilegales de las grandes empresas, que en general registran niveles de evasión que van del 46% en México al 65% en Ecuador, “sin suficientes sanciones a los evasores”.
“Los impuestos que generarían solo el 3,5% de los capitales latinoamericanos que están escondidos en paraísos fiscales serían suficiente para que 32 millones de personas salgan de la pobreza. Es decir, todas las personas pobres de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú”, cita el documento.
Espere…
Esta salida de capitales tiene un impacto directo en economías como la boliviana que dependen de la explotación de recursos naturales, ya que los presupuestos de éstas dependen en buena parte de tributos generados en el sector.
En América Latina, durante el trienio 2009-2011, Trinidad y Tobago muestra la mayor dependencia fiscal (45,8%), le siguen Venezuela (40%), Ecuador (34,5%), México (32,5%), Bolivia (29,9%), Chile (17,3%), Colombia (16,2%), Argentina (13,5%) y Perú (9,3%), detalla la información de Oxfam.
La polémica por el uso de paraísos fiscales en las economías cobró mayor fuerza en abril de 2016 luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara información de más de 214.000 empresas offshore o extraterritoriales que se presume evadieron el control fiscal en más de 200 países. En la lista de los Papeles de Panamá figura Bolivia con 95 empresas, 18 clientes, 8 beneficiarios y 35 accionistas.
Producto de este escándalo, la Asamblea Legislativa aprobó el 12 de diciembre de este año el informe final de la comisión especial mixta que investigó la evasión fiscal en territorio nacional, el cual calcula que en 2016 se transfirieron de Bolivia hacia paraísos fiscales unos $us 989 millones, lo que representaría una evasión impositiva de $us 662,6 millones.
PLAN. La comisión realizó asimismo tres recomendaciones: al Banco Central de Bolivia tomar medidas para desincentivar estas prácticas; al Legislativo el tratamiento de un anteproyecto de ley de lucha contra el uso de estos sistemas; y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero efectuar controles adicionales y más rigurosos para detectar transferencias de acciones a sociedades offshore.
Para luchar contra esta evasión fiscal, Bolivia debe implementar al menos seis medidas, según Oxfam. El levantamiento de una lista negra de paraísos fiscales con criterios objetivos y sanciones o contramedidas, y la revisión de las definiciones de prácticas nocivas o perjudiciales; la elaboración de un registro público de titulares reales y últimos de offshore, fideicomisos y fundaciones; y el establecimiento de responsabilidades institucionales son las primeras tres.
También están la activación de BEPS (planes contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios); la imposición de una mayor transparencia en los informes financieros como mecanismos de detección de riesgos; y la mejora de los precios de transferencia de los commodities.