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Seis equipos, en carrera por aportar al desarrollo de la economía

Seis proyectos de investigación recibieron financiamiento a través de una iniciativa que apunta a generar mejores políticas públicas para el desarrollo económico de Bolivia y a reducir la brecha en generación de conocimiento que afecta al país.

Los trabajos fueron seleccionados el 19 de febrero de entre 28 propuestas de alta calidad que se presentaron a un concurso convocado el 2 de octubre de 2017 por  el Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF), la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE) y el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad).

“No es lo mismo hacer una política pública basada en evidencia que una que se aprueba solo porque sí”. “Un médico no puede dar un diagnóstico y definir una cura sin realizar una serie de análisis”, subrayó la directora del Inesad, Beatriz Muriel.

Los estudios que recibirán $us 12.800 son “Análisis de la evolución de las desigualdades 1976-2016”, “Desarrollo y características de la economía popular”, “Rent seeking en un entorno de alta dependencia de recursos naturales”, “Disparidades geográficas versus disparidades de mujeres casadas en ciudades latinoamericanas”, “Descentralización” y “Fluctuaciones cíclicas y cambios de régimen en la economía”.

Paola Yujra, analista junior del último equipo, destacó el apoyo a estudios “más rigurosos y relevantes”, que aporten “algo nuevo” a la  investigación económica del país, un respaldo necesario y urgente, ya que “el gasto en ciencia y tecnología de Bolivia está entre los más bajos del mundo”, según Muriel.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en Bolivia el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) es del 0,15% del PIB (2009), cuando en Corea del Sur es de 4,23% (2015).

El Índice de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial, a su vez, sitúa a la innovación boliviana en el puesto 135 de 138 economías, un indicador que incluye la calidad de las instituciones de investigación (131), el gasto de compañías en I+D (134), la colaboración de universidades e industrias en I+D (136) y la disponibilidad de científicos e ingenieros (110), entre otros subindicadores.