Pequeñas y medianas empresas coinciden en que no es posible competir de manera “legal y justa” en sectores de la economía en los que hay monopolios, por lo que empiezan a diseñar un frente común que impulse normas más claras para el mercado.
La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 314, “prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios”.
Pero “lamentablemente”, nueve años después “ese precepto no se ha reglamentado”, dijo Carlos Wille, directivo de la flamante Cámara Boliviana de Pequeñas y Medianas Empresas Cerveceras (Capymecer), institución conformada por siete compañías que tienen como uno de sus objetivos principales la “lucha contra los abusos monopólicos” que hay en el país.
En esa línea se enmarca la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en marzo de 2017 por el diputado de Unidad Demócrata (UD) Óscar Urquizo en contra de la Asamblea Legislativa, que no sancionó hasta el momento la ley de desarrollo del artículo 314 de la ley fundamental.
Esta omisión se dio pese a que la Disposición Transitoria Quinta de la Carta Magna de febrero de 2009 determinó que durante el primer mandato del Legislativo —hasta 2014— se debían aprobar las leyes necesarias para el cumplimiento de los mandatos constitucionales. “No hay una estructura legal que permita la aplicación del artículo 314 de la CPE, por lo cual el mercado nacional —no solo en el sector cervecero sino en todos los rubros— no tiene un reglamento claro sobre la competencia y sobre la defensa de los derechos de cada una de las empresas”, insistió Wille, quien considera “fundamental” cubrir ese vacío legal.
El director de la Unidad de Defensa de la Competencia de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp), Pedro Álvarez, estima que en el país “existe una normativa clara para la defensa de la competencia”: el artículo 314 de la Constitución de 2009 y el Decreto 29519.
“Aun así”, reconoció, “urge tener una ley antimonopolio, porque existen figuras que no están previstas en las normativas, como las concentraciones económicas”.
ACCIONES. “Las empresas que incurrieron en infracción y son sancionadas, reclaman. También existe otro grupo que solicita que se apruebe una ley que dé más fuerza y vigor a las actuales normas”, manifestó Álvarez.
El Decreto 29519 tiene por objeto regular la competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad, pero fue aprobada en abril de 2008, es decir, antes de la Constitución de 2009.
El Decreto 29519 es la única norma reguladora de los mercados en cuanto a prácticas anticompetitivas; sin embargo, no incluye consecuencias antimonopólicas y no da una respuesta a las distorsiones estructurales de los mercados, solo a las funcionales, por lo cual es parcial e insuficiente, sostiene Urquizo.
“Esperamos que el TCP”, que admitió el recurso, “le ordene a la Asamblea Legislativa elaborar la ley antimonopólica”, porque “en este momento hay muchos monopolios privados y públicos y no existen reglas claras para que las empresas compitan limpiamente”, agregó el legislador.
Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, coincide en que “no hay una normativa para regular las prácticas monopolísticas”; sí “para evitar la competencia desleal”. “Sin duda tenemos que completar nuestro marco legal para así atraer mayores inversiones extranjeras y nacionales”, indicó.
Consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, Ibo Blazicevic, dijo: “En Bolivia y en muchos países, el tener una posición de dominio per se no es ilícito. Si usted tiene la preferencia de los consumidores está bien, el abusar sí es un delito”.
“En la práctica, existen todos los reglamentos. Una ley no va a cambiar absolutamente nada, porque tenemos decretos y resoluciones administrativas de la Aemp que —si bien no tienen rango de ley— hacen cumplir la normativa”, aseveró el ejecutivo, que funge como gerente de Relaciones Institucionales de Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
Sin embargo, Blazicevic admite que el mercado empresarial necesita de “reglas claras” en este asunto. “Hay muchas empresas sancionadas” bajo el actual marco legal. “Más bien nos parece excesiva la reglamentación que existe, es subjetiva y quisiéramos tener reglas claras del juego”, apuntó.
“El monopolio existe en varios sectores de Bolivia y la pyme está desprotegida”, denunció el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Humberto Baldiviezo.
PASOS. Con el fin de que en el mercado nacional haya una competencia “leal y justa”, la Capymecer se puso la tarea de articularse con pequeñas y medianas empresas (pyme) de otros sectores que también se ven afectados por prácticas que frenan la inversión de emprendimientos con capacidad de generar mayor empleo.
Además, se comprometió a reunirse con legisladores, otras cámaras empresariales y la Aemp para impulsar una ley antimonopólica, aparte de concientizar a la población en esta materia.
“Llamamos a todos los empresarios a unirnos para que entre todos podamos lograr la libre competencia que necesita el país”, dijo Arturo Sahonero, directivo de Capymecer, cuya presidenta, Paola Álvarez, identifica monopolios al menos en los rubros cervecero, lácteo y farmacéutico.
En el primer sector, la Aemp ya confirmó conductas anticompetitivas con dos sanciones a CBN, poseedora —según Capymecer— del 96% del mercado. La primera multa, de unos $us 2,04 millones, fue dictaminada en 2014 por la Aemp por una acusación de la Compañía Cervecera Boliviana; y la segunda, de $us 8,2 millones, fue ratificada este año por una denuncia de la Cervecería Amazónica.
“Bolivia tiene que cambiar sus reglas. No es posible que solo una empresa tenga el control del 96% de este mercado”, dijo Sahonero. “En los países vecinos, se considera monopolio al 60 o 70%” de cuota de mercado, agregó Álvarez, quien recordó que Bolivia es el único país de América Latina sin una ley antimonopolio.
En el segundo rubro en el que se registra posición dominante, Felipe Vera, presidente ejecutivo de Delizia, indicó: “Hay un vacío legal en temas de monopolio. Por ejemplo, hay en el país una sola empresa que fabrica leche en polvo y en el Ejecutivo están considerando normas para prohibir la importación de ese alimento. Esa es una actitud totalmente monopólica”.
Vera añadió que para exigir mejores normas en lo que se refiere a monopolio y regulación de precios se conformó la Asociación Nacional de Industrias Lácteas. “Pero no tenemos mucha acogida de las autoridades”, lamentó.
La presidenta de la Asociación de Propietarios de Farmacias de La Paz (Asprofar), María Tórrez, confirmó que el rubro también se enfrenta al problema, por lo que existe la necesidad de “una normativa uniforme y transparente” para las empresas.
“El monopolio está a la luz, se ve en la incursión de las redes de farmacias que buscan abarcar la mayor cantidad de áreas geográficas”. Estas cadenas “manejan capitales grandes, lo que hace que pueda haber una diferenciación de precios. Eso no es correcto, debería de manejarse un solo costo en todo el país”, afirmó.
Los ejecutivos tanto de Delizia como de Asprofar estuvieron de acuerdo en conformar una red empresarial que impulse normas claras para acabar con los monopolios en el país.
EFECTOS. “Los monopolios son dañinos para la economía, impiden la competencia, causan el cierre de empresas y, al final, perjudican al ciudadano, que tiene pocos ofertantes”, dijo Urquizo.
Según el estudio del Banco Mundial El emprendimiento en América Latina, “en entornos económicos en los que hay unas pocas empresas que disfrutan de rentas debido a la falta de leyes antimonopolio o a la permisividad de las leyes de la competencia, podría haber escasez de innovación, ya que es posible que los emprendedores de gama alta logren obtener beneficios considerables innovando poco”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos calcula que los “pobres pagan hasta 40% más en alimentos a causa de los monopolios”.
Ante la consulta de si el país cuenta con una normativa adecuada que evite el acaparamiento y las prácticas anticompetitivas, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor indicó que no se pronunciará sobre el tema, ya que éste es de competencia de la Aemp.
Espere…
Aemp trabaja más en cuatro sectores
La competencia desleal afecta más a la pequeña y mediana empresa
“Los mercados de distribución y comercialización de cerveza, de cemento, de lácteos y de medicamentos” son los que “más intervine” la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp), informó Pedro Álvarez, director de la Unidad de Defensa de la Competencia de la reguladora.
En el país, las sanciones emitidas en el marco del Decreto 29519 se dan de acuerdo con la complejidad del mercado (nacional, departamental y local) y de la cantidad de los agentes económicos que intervienen en éstos.
“No hay un promedio” de rubros intervenidos “por año. Se investiga cualquier mercado de bienes y servicios que no esté regulado. Por ejemplo, recibimos una denuncia contra BoA, pero la transferimos a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes”, explicó el funcionario.
Impacto. La competencia desleal y las prácticas anticompetitivas se pueden percibir en todos los sectores empresariales, pero principalmente en bebidas, cemento y farmacéutica, según el estudio jurídico Vaca-Guzmán Siles, que alerta que este tipo de conductas afectan más a la pequeña y mediana empresa.
Datos a 2017 de la Fundación para el Desarrollo Empresarial indican que en Bolivia hay 295.829 empresas, de las cuales el 79,3% son pequeñas o unipersonales.
La oferta de artículos a precios que están por debajo de sus costos de producción, la promesa de premios o incentivos económicos a los distribuidores o comercializadores para que exclusivamente vendan un producto determinado y oculten los de la competencia, y la compra de la mercadería del rival para destruirla son algunas de las acciones ilícitas que ciertas compañías grandes ejecutan —solas o en conjunto— en el país con el fin de adueñarse del mercado, indica el análisis de la firma.
En 2016, la Aemp fiscalizó a 991 empresas para que cumplan sus obligaciones comerciales y concluyó tres procesos por malas prácticas de competencia y 16 análisis de conductas anticompetitivas, de acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
El año pasado, la reguladora emitió 15 pronunciamientos administrativos en materia de defensa de la competencia por investigaciones de conductas anticompetitivas y 11 pronunciamientos de control y supervisión al cumplimiento del marco normativo de gobierno corporativo.
Publicó además cuatro estudios de mercado y actualizó uno, elaboró tres disposiciones normativas y/o regulatorias, y realizó 12 eventos de difusión en materia de defensa de la competencia y gobierno corporativo dirigidos a colegios profesionales y universidades.