El esfuerzo permanente por incrementar las recaudaciones, la elevada mora tributaria y la necesidad de contar con recursos “frescos” para mantener la inversión pública son al menos tres factores que preceden la aprobación de la ley del “perdonazo” tributario.
El miércoles, la Secretaría General de la Asamblea Legislativa recibió del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el proyecto de Ley de Regularización del Pago de Impuestos de Dominio Estatal, una propuesta que contempla la condonación de hasta el 95% de las multas y el 100% de los intereses a los contribuyentes individuales y a las empresas que paguen sus deudas hasta el 31 de octubre de este año.
Tanto el ministro de Economía, Mario Guillén, como el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, afirmaron tras la presentación del documento que el objetivo del proyecto de ley no es recaudatorio y que éste más bien busca regularizar el pago al erario nacional de deudas y multas de los contribuyentes grandes, medianos y pequeños.
Sin embargo, el analista Gonzalo Chávez consideró al “perdonazo” como parte de una “tentativa” del Gobierno para conseguir más ingresos en un momento difícil del sector fiscal, con un déficit público que se arrastra y se va profundizando desde 2014 (de 3,4 ese año a 7,8% en 2017, y 8,3% para esta gestión) y un acelerado crecimiento de la deuda externa en los últimos cuatro años, de $us 5.736 millones a 9.428 millones.
“Eso significa que sus gastos son mayores que sus ingresos, los mismos que han bajado” principalmente por efecto de la caída del precio del petróleo, manifestó.
La Ley de Regularización del Pago de Impuestos de Dominio Estatal surge luego de la aprobación de la Ley 812 de Modificación al Código Tributario Boliviano, que en junio de 2016 fijó un plan de pagos con tasa de interés fija desde 4% (que sube hasta 10% en función de la antigüedad de la deuda) y una reducción de la multa de hasta un 60%, entre otros beneficios para los adeudos.
Con esa medida, el fisco logró cobrar ese año Bs 3.899 millones adicionales, lo que evitó una abrupta caída en el crecimiento de las recaudaciones anuales, es decir que la disminución de lo percibido en relación a la gestión previa no fuera del 13,8% sino solo del 3%.
Así, las recaudaciones del mercado interno —que no toman en cuenta el IDH— fueron de Bs 35.874 millones en 2015, Bs 34.789 millones en 2016 (incluidos los montos obtenidos por la Ley 812) y Bs 33.386 millones el año pasado (sin aportes de la Ley 812).
Esta fluctuación de recursos fiscales aumenta la presión para mantener la inversión pública —que presupuestariamente este año creció solo en 0,3%—, ya que el Gobierno apostó desde 2006 por políticas económicas que reduzcan la dependencia de las exportaciones y que alimenten cada vez más al Tesoro General de la Nación con los impuestos que genera la demanda interna.
Chávez insistió en que “el Gobierno necesita de recursos frescos lo más rápidamente posible”.
Medidas. “Este perdonazo está inscrito en el marco de una hambruna fiscal, de un creciente déficit fiscal, por lo que el Gobierno tiene que apelar a este tipo de mecanismos para tener más ingresos, hacer caja probablemente para pagar el segundo aguinaldo”, dijo.
“En el fondo sabemos que no es como el Gobierno indica: ‘Que hay suficientes recursos mayor crecimiento (económico)’, sino que necesita de dinero para pagar un doble aguinaldo que tiene fines políticos (por las elecciones presidenciales de 2019)”, coincidió la diputada Kary Mariscal (UD), miembro de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de Diputados, en la que en los próximos días se iniciará el tratamiento de la ley del “perdonazo”.
Pero el proyecto de ley no solo tiene fines de regularización —según el Ejecutivo— o recaudatorios y políticos —de acuerdo con Chávez y Mariscal—. La legisladora reconoció también que la medida representa un “alivio” para los empresarios privados, cuyas cargas sociales se han incrementado considerablemente en los últimos años y que este 2018 tendrán —casi con seguridad, adelantó el Ejecutivo— que pagar nuevamente el segundo aguinaldo.
“Es conveniente porque así muchas empresas podrán quitarse de encima los impuestos adeudados de muchos años”, aseveró.
Espere…
“El ‘perdonazo’ es una medida que pretende, de alguna manera, descargar el peso que tienen los privados para que logren pagar el doble aguinaldo”, expresó a su vez Néstor Conde, dirigente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
De acuerdo con información del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y del Ministerio de Economía, la nueva ley, que tiene un carácter “excepcional”, reducirá la mora tributaria acumulada a marzo de Bs 29.900 millones, el 89,5% de lo recaudado en 2017.
En relación a similar periodo de la gestión anterior, la recaudación tributaria a junio de este año aumentó en “casi 7%”, destacó a su vez Morales.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se incrementó en 5,6%, el Impuesto a las Transacciones en casi 8% y el Impuesto a la Utilidad de las
Empresas en 4,5%, detalló la autoridad el 16 de agosto al programa Hora 23 de la red Bolivisión. Estos resultados, indicó, se deben a que el SIN viene trabajando en un ámbito más informativo y de concientización que en medidas coercitivas.
“Como han mejorado los ingresos vinculados a los precios del petróleo a partir de abril, mayo (pasados), la hambruna fiscal debió bajar un poco”, sostuvo Chávez.
El SIN aumenta la presión del cobro
Marcelo Padilla
Frente a una meta de 196.349 procesos de fiscalización, investigación y control destinados a disminuir la omisión de pago, evasión y mora tributaria el año pasado, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) logró un total de 305.642 casos de cobros de impuestos.
Un informe de la Memoria Anual 2017 de la entidad recaudadora da cuenta que el porcentaje de cumplimiento de las acciones de control para el pago de adeudos tributarios fue de 156%.
“Mediante el cumplimiento voluntario y las tareas de control y cobranza, el SIN logró en 2017 una recaudación tributaria de mercado interno de Bs 33.386 millones”, destacó Mario Cazón, presidente ejecutivo de la administración tributaria.
Según el documento, en la pasada gestión se registraron 113.497 medidas coactivas aplicadas y ejecutadas para la recuperación de las deudas fueron: retención de fondos (79,3%), hipotecas (13,1%), retención de pagos a terceros (8,3%), clausuras por no pago de adeudos tributarios (1%), embargos, adjudicaciones y derivaciones de acción administrativa.
Las acciones de cobro coactivo constituyen el ejercicio de las facultades de recaudación y ejecución de la administración tributaria instituidas en la Ley 2492 del Código Tributario Boliviano.
Control. ‘Los empresarios, con el fin de no tener deudas con el fisco, recurren a préstamos bancarios”, afirmó Marco Antonio Salinas presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
La entidad recaudadora indica que las tareas de control de pago de tributos se centran en la planificación, organización, programación y ejecución de procesos de fiscalización e investigación para disminuir la omisión de pago, evasión y mora tributaria.
Además, se refuerza el cumplimiento voluntario de obligaciones impositivas a través del control, investigación y fiscalización, así como la emisión de guías y procedimientos técnicos y tributarios, como también la resolución de consultas internas y externas en el marco de sus competencias.
El padrón de contribuyentes que llegó a administrar el SIN al 2017, entre activos e inactivos, fue de 956.751 aportantes, un 7,6% más que en 2016. Este dato es relevante porque las acciones del fisco no se limitan a los contribuyentes con obligaciones tributarias vigentes, sino que se extienden a todo el universo de aportantes.