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Carola Aguilera, del Banco Ganadero, recomienda desarrollar una cultura de ahorro desde joven, estableciendo metas claras, llevando un registro detallado de gastos y abriendo una cuenta específica para ahorro.  

Planificar y ahorrar para la jubilación es crucial, especialmente en un país como Bolivia, donde la informalidad laboral supera el 80%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta realidad pone en riesgo la seguridad financiera de muchos trabajadores, quienes podrían enfrentar un retiro sin ingresos garantizados, ya que no contribuyen al Sistema Integral de Pensiones. Incluso quienes sí aportan se enfrentan al desafío de jubilarse con un porcentaje reducido de sus salarios.

Carola Aguilera, subgerente de Marketing del Banco Ganadero, enfatizó la importancia de desarrollar una cultura de ahorro desde temprana edad. “El ahorro para nuestra jubilación debería tomarse como prioridad, porque podría traducirse en la seguridad económica que necesitamos cuando finaliza nuestra vida laboral”, señaló. Aguilera subrayó que la planificación a largo plazo y la disciplina son fundamentales para asegurar un futuro financiero estable.

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Para ayudar a las personas a comenzar a ahorrar de manera efectiva, Aguilera ofreció cuatro recomendaciones clave. En primer lugar, destacó la necesidad de tener claridad en los gastos mensuales. “Es necesario llevar un registro detallado, ya sea en un cuaderno o en una hoja de cálculo, para identificar tanto los ingresos como los egresos”, recomendó. Este análisis permite identificar patrones de gasto innecesarios y áreas donde se pueden recortar, lo que facilita la creación de un presupuesto realista.

En segundo lugar, Aguilera sugirió establecer metas de ahorro claras y realistas. Aunque existe la fórmula 50-30-20, donde el 20% de los ingresos se destina al ahorro, cada persona debe definir su porcentaje según su realidad y cumplirlo disciplinadamente.

La tercera recomendación es abrir una cuenta bancaria específica para el ahorro. “Tener una cuenta específica fomenta hábitos financieros más disciplinados, ya que te obliga a dedicar una parte de tus ingresos a ese fondo de manera regular”, destacó Aguilera.

Finalmente, Aguilera aconsejó considerar inversiones de riesgo controlado una vez que se haya acumulado un ahorro significativo. Existen productos como GanaSafi, que facilitan el acceso al mercado de valores.

Mundo

Según el economista Hernán Letcher, la vida en Argentina es cada vez más cara, al haberse reducido su poder adquisitivo de grandes sectores. Las políticas del presidente Milei benefician principalmente a grandes empresas.

Argentina enfrenta un escenario económico crítico marcado por una inflación persistente, un tipo de cambio apreciado y salarios que no logran mantener el ritmo de los crecientes precios. Según el economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta combinación ha hecho de Argentina un país cada vez más caro para sus ciudadanos, afectando especialmente a la clase trabajadora.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, la economía argentina ha atravesado un proceso de desregulación, particularmente en lo que respecta a los precios, lo que ha impactado negativamente en el poder adquisitivo de la población. “El salario mínimo en Argentina se ha quedado muy por detrás del costo de la vida. Si comparamos el salario mínimo y el poder de compra con una canasta de productos básicos, los argentinos necesitan más salarios mínimos para cubrir sus necesidades básicas”, explicó Letcher en diálogo con Xinhua.

La inflación, aunque ha mostrado una leve desaceleración desde diciembre pasado cuando alcanzó un preocupante 25,5%, sigue siendo elevada y los salarios no se han ajustado adecuadamente para compensar el alza de precios. “Los salarios registrados han mostrado una leve mejoría, pero en promedio se están moviendo por debajo de lo necesario para mantener el poder adquisitivo”, añadió Letcher.

Uno de los pilares de la política económica de Milei ha sido el mantenimiento de un tipo de cambio apreciado, utilizado como un ancla inflacionaria. Sin embargo, esta estrategia ha tenido un alto costo para la economía en general. “El problema es que, al mantener un tipo de cambio alto, Argentina pierde competitividad en el mercado internacional y termina siendo un país caro en dólares, tanto para extranjeros como para los propios argentinos”, señaló el economista.

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Esta pérdida de competitividad preocupa a diversos sectores financieros y empresariales, no solo por el encarecimiento de los precios internos, sino también por el peso de la deuda en términos de dólares, que se ve incrementado por la política cambiaria. “La insistencia en mantener este tipo de cambio está provocando que la deuda en dólares sea cada vez más onerosa, lo que agrava aún más la situación económica de los países, principalmente los emergentes”, advirtió Letcher.

Letcher subrayó que la situación es cada vez más alarmante. “El punto de equilibrio encontrado en la economía, donde los salarios son bajos y los precios siguen altos, está llevando a que la gente pueda comprar menos, afectando gravemente su calidad de vida”, explicó. Además, Milei volvió a poner en acción el impuesto a las ganancias para los trabajadores.

En primer lugar, un artista crea una nueva obra. La ley de derechos de autor protege la propiedad intelectual del artista, lo que le permite publicar la obra para el disfrute del público. La ley de derechos de autor también permite a otros crear obras derivadas basadas en la obra original. La sociedad se enriquece con la existencia tanto de la obra original como de las obras derivadas.

Pero ¿qué pasaría si otra ley hiciera al artista legalmente responsable de cualquier delito o daño incurrido por cualquiera de las obras derivadas creadas a partir de la original? Esto seguramente tendría un efecto paralizante en la cantidad de nuevas obras creadas. Pocas se publicarían para el disfrute del público. El creador mantendría estrictos controles contractuales sobre quién puede ver o usar la obra, y la creación de obras derivadas se convertiría en la excepción en lugar de la norma. Como resultado, la sociedad sería mucho más pobre culturalmente. En consecuencia, este tipo de leyes de responsabilidad derivada son extremadamente poco comunes.

En segundo lugar, un fabricante fabrica un producto con la intención de que se utilice para un propósito específico, por ejemplo, un vehículo de motor para el transporte personal. El fabricante está obligado a tomar las debidas precauciones para garantizar que el producto sea apto y seguro para el propósito previsto.

Pero ¿qué pasaría si existiera una ley que obligara al fabricante a ser también responsable de prever y prevenir el uso del bien para cualquier otro fin que no fuera el original? Por ejemplo, ¿ser legalmente responsable por no prever o prevenir el uso de un vehículo de motor fabricado en la planta para transportar a un terrorista suicida y una bomba a un mercado abarrotado? Si existiera una ley de ese tipo, entonces solo cuando el fabricante pudiera mantener un control contractual estricto de todos los artículos una vez que salieran de la línea de producción, alguno estaría disponible para su uso. Se evitarían tanto los usos beneficiosos creativos como los perjudiciales; una vez más, la sociedad sería la perdedora. Por lo tanto, este tipo de leyes no suelen existir.

Sin embargo, precisamente este tipo de disposiciones caracterizan las regulaciones actuales y propuestas que limitan el desarrollo y la implementación de aplicaciones de IA. Tendrán precisamente los efectos paralizantes esperados en el sector de la IA y privarán a la sociedad de beneficios significativos si permanecen en vigor, algo que anticiparon los oponentes de la SB 1047 de California, la Ley de Innovación Segura para la Inteligencia Artificial de Fronteras.

La mayoría de los regímenes regulatorios de IA (por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial de la UE) y las normas voluntarias (como el Marco de Gestión de Riesgos de IA del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología) exigen que los desarrolladores e implementadores de IA anticipen los riesgos potenciales que surgen de sus aplicaciones, monitoreen activamente su uso y, en el caso de California, intervengan y cierren las aplicaciones si ocurre un evento suficientemente adverso. Para cumplir satisfactoriamente este requisito, una aplicación nunca puede salir del control directo del desarrollador original. El desarrollador no puede poner la aplicación a disposición del público en un mercado de código abierto para que se realicen más innovaciones, por miedo a ser considerado responsable de las consecuencias de las acciones posteriores de otro.

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El productor tampoco puede conferir una “participación de propiedad libre” (según los derechos de propiedad de Demsetz) donde el propietario es libre de ejercer opciones de control como ocurre en la venta de un vehículo fabricado por temor a que se use para un propósito no considerado ya en el marco de gestión de riesgos. Tales regulaciones pueden tener éxito solo si estas aplicaciones están disponibles en comunidades muy cerradas, con acceso limitado o amenazas de control, lo que difícilmente es un entorno vibrante para la innovación continua. Tal vez por eso algunos desarrolladores de IA no se oponen a una mayor regulación en su sector.

Sin embargo, el ecosistema de aplicaciones de IA ya ha ido mucho más allá de un simple modelo estructural de producción y venta de bienes manufacturados que se pueden controlar mediante una regulación de seguridad basada en la gestión de riesgos. Muchos desarrolladores de IA utilizan elementos de código abierto como insumos para sus aplicaciones y suministran sus resultados a las comunidades de software de código abierto. Lo hacen con la plena expectativa de que los modelos se adaptarán y mejorarán para generar nuevas variantes que beneficien a la sociedad, de la misma manera que los creadores de obras protegidas por derechos de autor esperan que sus obras se puedan adaptar para crear beneficios nuevos y diferentes. No controlan todos los elementos de su cadena de suministro de insumos. Tampoco pueden controlar todos los usos y usuarios posteriores, por lo que es inútil intentar exigirles que rindan cuentas.

Los reguladores y legisladores deben reconocer que, si la IA ha de cumplir su promesa innovadora y de aumento de la riqueza, los desarrolladores no pueden ser los únicos responsables de todas las consecuencias. Si lo son, los efectos paralizantes no serán simplemente hipotéticos, sino reales.

Bronwyn Howell Doctora en economía y políticas públicas

Economía

Especialistas discutieron las trampas del desarrollo que dificultan el progreso, destacando la importancia de fortalecer las capacidades institucionales y de gobernanza para enfrentar las crecientes demandas.

El seminario “El desarrollo político en América Latina y el Caribe en la última década”, realizado el 23 de agosto en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, reunió a especialistas de la región para debatir sobre el estado de las democracias, las trampas del desarrollo y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para superar los desafíos actuales de gobernanza y desigualdad en América Latina y el Caribe.

Qué significa “desarrollo político”, cuál es el estado de las democracias en tiempos de incertidumbre y cómo el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la gobernanza puede ayudar a los diferentes países a superar las trampas de desarrollo en las que está sumida la región fueron algunos de los temas abordados en el seminario en la sede de la CEPAL.

El encuentro, en el que participaron especialistas de la región, fue inaugurado por el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Javier Medina Vásquez, en representación del secretario ejecutivo José Manuel Salazar-Xirinachs, y por Daniel Buquet, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip) y académico de la Universidad de la República del Uruguay.

Medina saludó la realización del seminario como parte de las actividades de la Escuela Latinoamericana de Estudios del Desarrollo (Elades) de la CEPAL y de su Programa de Estudios sobre Políticas del Desarrollo que cursa su vigésima quinta edición. “El desarrollo político es uno de los cinco pilares de la Elades junto al desarrollo económico, social, ambiental y de las personas”, explicó.

Durante su presentación, el alto funcionario analizó las tres “trampas del desarrollo” identificadas por la CEPAL y que son parte central de los debates que propondrá la institución durante su cuadragésimo periodo de sesiones que tendrá lugar en Lima, Perú, del 9 al 11 de octubre de 2024.

“Estamos en un momento de cambio de época, en un punto de inflexión, en el cual la región de América Latina y el Caribe está sumida en tres grandes trampas del desarrollo: una incapacidad de largo plazo para crecer, una elevada desigualdad, y una baja capacidad institucional y de gobernanza”, indicó Medina.

Por eso, dijo, “en la CEPAL hemos buscado que los retos del desarrollo se puedan organizar alrededor de un decálogo de brechas que constituyen áreas prioritarias de acción para la política pública y los esfuerzos colectivos de transformación”.

Medina centró su intervención en los desafíos de gobernanza, diálogo social y capacidades técnicas, operativas, prospectivas y políticas, para luego terminar con una reflexión sobre la gestión de las transformaciones necesarias en América Latina y el Caribe.

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“Los efectos de las políticas públicas, tanto a corto como largo plazo, están profundamente influenciados por los procesos mediante los cuales se diseñan e implementan”, indicó el secretario ejecutivo adjunto, por lo que “analizar y comprender el proceso de formulación, adopción e implementación de una política es tan relevante como el contenido de la política misma”, recalcó.

Según Medina, “en un momento de crecientes demandas ciudadanas hacia los gobiernos e instituciones, necesitamos desarrollar capacidades para liderar las transformaciones en los modelos de desarrollo. Estas transformaciones requieren no solamente una mejora continua, sino el abordaje de las disrupciones en la capacidad institucional para diseñar, implementar, evaluar y ajustar las políticas públicas en circunstancias cambiantes”.

“La falta de estas capacidades se refleja en respuestas institucionales insuficientes a situaciones complejas e inciertas, como, por ejemplo, el retraso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el incremento de la polarización y los conflictos, las dificultades de gobernabilidad en muchos países y el deterioro en los índices globales de gobernanza y transparencia”, enfatizó.

A su vez, Buquet presentó los fundamentos teóricos de una propuesta de medición del desarrollo político en América Latina y cómo se complementa con los estudios sobre la democracia en la región.

“El desarrollo político se debería conceptualizar como algo que tiene que ver con la democracia, que está vinculado a la democracia, a la democratización, a la calidad de la democracia, pero que no es lo mismo”, concluyó, agregando que se trata de “un proceso acumulativo, que refleja más el potencial que la situación”.