La naturaleza del aguinaldo ha sido distorsionada por los objetivos políticos del Gobierno, que ajusta el procedimiento de pago del “Esfuerzo por Bolivia” según sus necesidades y a solicitud de los sectores, coinciden dos expertos que rechazan que el doble aguinaldo sea un incentivo para las empresas y trabajadores.
El aguinaldo se estableció en el gobierno de Gualberto Villarroel mediante Ley de 18 de diciembre de 1944 y como una gratificación que el empleador da a sus trabajadores antes de Navidad.
Esta retribución se mantiene vigente desde esa fecha y se amplificó con el Decreto 1802 de 2013, que instituye el pago del llamado Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” cada gestión en la que el crecimiento de la economía alcance o supere el 4,5%.
El primero se cancela hasta el 20 de diciembre cada año, “sin ningún tipo de descuento”; en tanto que el segundo sufrió modificaciones en 2015, cuando el plazo para el pago se amplió hasta el 31 de marzo de 2016; y en 2018, cuando se incluyó el pago parcial en productos nacionales (15%) y la ampliación del plazo hasta el 29 de marzo de 2019.
“Más que doble aguinaldo debería ser un bono (…). De ahí las interrogantes que muchas instituciones y empresarios privados” tienen hoy, comenta el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine.
“Si queremos hacer las cosas correctas deberíamos legitimarlo e incluirlo en la Ley General del Trabajo”, observa el especialista, quien considera que el escenario propicio para debatir la inclusión de esta gratificación en la normativa laboral nacional vigente es la Asamblea Legislativa.
“Para justificar el pago del segundo aguinaldo, el Gobierno ha ido cambiando las condiciones… ha hecho una serie de ajustes que llevan a la distorsión del pago de este beneficio”, advierte el analista Armando Álvarez.
La modificación de los términos del pago, subraya Akamine, causa la pérdida de credibilidad y confianza por parte del sector privado hacia el Gobierno.
Como en otros temas salariales, “deberíamos tener una normativa específica y clara, y no estar cambiándola dependiendo de la necesidad política”, agrega.
Para Álvarez, no es racional que los trabajadores perciban una gratificación independientemente de si han trabajado bien o mal.
DESEMPEÑO. “El bono tiene que estar relacionado con el buen desempeño de la empresa, porque si la empresa tiene pérdidas (…) el pagar este beneficio representa una doble carga y pone en peligro su sostenibilidad”, afirma.
“Por tanto, el bono tiene que estar relacionado con los resultados de la empresa y con el buen desempeño del trabajador, de tal manera que aquel que se esfuerza tenga acceso a ese beneficio”, insiste Armando Álvarez.
El economista Roberto Laserna señala a su vez que “el segundo aguinaldo no vincula de manera directa lo que sucede en la empresa con lo que hacen los trabajadores. Llega como un premio político para los trabajadores y como un castigo para los empresarios; excluye a la mayor parte de la población y desalienta la inversión formal y la generación de empleos de calidad”, manifiesta.
Por tanto, sostiene, no sería aceptable su incorporación a la Ley General del Trabajo. “No se justifica, sobre todo existiendo ya un incentivo como la prima, que se paga a los trabajadores cuando el desempeño de la empresa lo permite”, dijo al referirse a la normativa que establece que las empresas privadas que hubieren obtenido utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados, un sueldo al margen del aguinaldo.
“Ese sí es un incentivo real y su cumplimiento viabiliza la salud económica de la empresa, a la cual contribuyen los propios trabajadores”, enfatiza.