En los últimos 13 años, el porcentaje de la población boliviana con acceso a la energía aumentó en el área urbana de 87 a 99% y en las zonas rurales de 33 a 81%, lo que requirió de importantes inversiones por parte del Gobierno, cuya meta es alcanzar el 100% de cobertura total antes de 2025. Los logros alcanzados hasta el mometo, aunque importantes, parecen no ser suficiente para coadyuvar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, ya que según Carlos Sordo no se incluyen en el diseño de proyectos de vinculación eléctrica elementos productivos y comunitarios que aseguren la sostenibilidad de estos avances.
— ¿Cuál es la propuesta que tiene Practical Action para optimizar el impacto de los proyectos de acceso a la energía?
— En 2010 le propusimos al Banco Mundial y a Naciones Unidas que el acceso universal y total a la energía solo se podría conseguir incidiendo en la parte productiva y comunitaria, es decir, todos los programas deberían estar diseñados para dar una solución energética adaptada a las comunidades, tanto en lo domiciliario como en lo productivo y lo comunitario, sean centros de educación o de salud. Todo eso tiene que ir de la mano, por una razón muy obvia, porque si —como han hecho algunos países, incluido Bolivia— solo aportamos conexiones domiciliarias no generamos un cambio en la economía doméstica, y el empezar a tener foquitos, una televisión o una nevera en las casas no es, en última instancia, la transformación que necesitamos para conseguir los ODS hasta 2030. Entonces, lo productivo y lo comunitario han sido dejados de lado por los gobiernos —no solo el boliviano— en el diseño de los programas. Lo segundo es una planificación energética integral que tome en cuenta todas las tecnologías que hay en el mercado. Los gobiernos tienden a pensar que la mejor forma de electrificar a las comunidades aisladas, por ejemplo a una que está a la mitad de la Amazonía, es con la red eléctrica y eso es muy complicado y carísimo, siendo que hay otras tecnologías más baratas. Cuando un gobierno subsidia la red para llegar a un pueblo alejado, la mayoría de las veces esa población no tiene demanda eléctrica, con lo cual la red pública no es financieramente sostenible, ya que se acaba manteniendo con un subsidio del Estado. Entonces, lo que proponemos tanto al sistema público como al privado es que la planificación de ese modelo energético se realice mediante una aproximación costo-efectividad, que es básicamente la solución tecnológica al coste más reducido en términos financieros y de tiempo. Eso quiere decir que si la comunidad está muy alejada de la red, quizá lo que haya que utilizar para darle acceso a la electricidad sea un sistema domiciliario solar, que se puede hacer en una semana; o una pequeña red eléctrica que puede ser híbrida (diésel-fotovoltaica) o 100% renovable si la comunidad aislada está muy poblada, y a eso se llama preelectrificación. Luego, cuando la demanda de electricidad suba, se puede pasar de la preelectrificación a la electrificación final con un riesgo para la empresa pública muy inferior en inversión y en deuda. Pero eso nos está costando, no es un mensaje fácil. La conexión a la red eléctrica es la idea más sencilla cuando estás sentado en un ministerio, otra cosa muy diferente es lo que está pasando en el terreno. Y lo que pasa es que el acceso a la energía no solo es el acceso a electricidad para cocción, para calentarse cuando hace frío, también es para las cadenas de valor y eso también hay que planificarlo.
— ¿Este modelo integral qué resultados ya ha mostrado?
— Los resultados son interesantes como mínimo y en algunos casos transformadores. Por ejemplo, en Kenia, unos dos millones de consumidores accedieron a sistemas domiciliarios mediante paneles fotovoltaicos y desde un modelo de mercado, lo que quiere decir que tienen una atención poscompra que les garantiza el servicio si éste se les estropea.
— ¿Y se está realizando este trabajo en Bolivia?
— Bolivia está haciendo cosas. Ayudamos, por ejemplo, a los campesinos a adaptarse al cambio climático a través de varias cadenas de valor y ese acompañamiento a los procesos productivos está impulsando ahora mismo el uso de energía para efectos productivos. Ahora bien, creo que Bolivia está todavía detrás de Perú y que debería aprender de Perú (…). En Perú, el Banco Interamericano de Desarrolo (BID) y el Banco Mundial hicieron un proyecto muy interesante de electrificación por red, pero lo que se encontró es que —como no había efectos productivos diseñados ni apoyo para que el campesinado se adapte a ese servicio— la gente no consumía esa energía para producir, por lo cual la demanda no subía y las eléctricas perdían dinero (…). En Bolivia, el miedo que tenemos es que el BID y el Gobierno boliviano no incluyan este tipo de cosas desde el principio, así que esperamos que ese aprendizaje se pueda reproducir y que no se cometan los mismos errores otra vez (…). Sabemos que en Bolivia se van a instalar aproximadamente 7.000 sistemas fotovoltaicos y nuestro deseo es diseñar conjuntamente con ENDE un sistema de tarifas, de recuperación de fondos, que permita a las tecnologías de acceso a la energía ser estables, eficientes y económicamente sostenibles.
— Por el lado de organizaciones como Practical Action se está implementando este modelo integral de acceso a la energía, ¿cuál es la situación por el frente de los gobiernos?
— Tradicionalmente, electrificar un país venía de la mano de un gobierno y de una deuda, pero lo que hemos visto es que el sector privado ha ido cogiendo las riendas de un modelo de concesiones y de licencias privadas que está lejos de ser perfecto, un modelo principalmente de pequeñas empresas (…). Ahora bien, las empresas requieren, para entrar en zonas de riesgo de inversión, de un apoyo, de subsidios, de reglas y regulaciones que les permitan no pagar, por ejemplo, impuestos por la entrada de baterías o de paneles fotovoltaicos. La generación de mercados y demanda requiere también de un trabajo con las comunidades, porque si no conocen la tecnología no la van a consumir. Además hay que trabajar con las empresas para ver cuáles son sus debilidades financieras y técnicas y llevarlas de la mano para que puedan dialogar con el gobierno y con otros actores.
— ¿El aporte privado será posible en el caso del pequeño mercado boliviano?
— Mi visión es que hay dos modelos de escalabilidad en Bolivia. El primero viene, por supuesto, de la mano del Gobierno y de su enfoque municipalista, con una financiación pública mediante crédito bancario; el segundo viene del modelo de concesión o de licencia privada. Nosotros creemos que los dos tienen que ser complementarios porque donde el Gobierno no llega podrían llegar financiadores privados e incluso actores que vienen de la cooperación al desarrollo y que tienen una visión de mercado. Ese doble modelo, si está bien complementado con reglas y regulaciones que permitan y den por parte del Estado seguridad financiera a la inversión, podría conseguir un escalamiento mucho más rápido que el que cada sector podría alcanzar de manera unilateral. Así que creo que el reto en Bolivia es que los dos sectores se sienten a hablar.
— ¿Ese marco legal que garantiza la inversión del sector privado y las condiciones para la expansión integral de la red están dadas?
— El mercado renovable descentralizado no es un mercado maduro. Eso quiere decir que, aunque la tecnología ya está aprobada y es barata, todavía no hay una demanda ni una capacidad de suministro suficientes. Entonces, para poder gradualmente llegar a un mercado maduro, ese mercado debe ser subsidiado hasta que el modelo sea sostenible y ya no requiera de financiación pública (…). Sin la demanda suficiente, el modelo no es financieramente sostenible, para lo cual hace falta potenciar los efectos productivos, y para potenciar los efectos productivos hace falta un mercado de efectos productivos energéticos que no se ha llevado a cabo todavía en este país.
— Se espera que en el caso boliviano se esté trabajando en esa dirección ya que eso implica crecimiento para las economías aisladas…
— Así es y evitas la migración y la pérdida de campo, distribuyes riqueza y generas producción tecnología y empleo. En España, por ejemplo, los sistemas renovables descentralizados pueden generar 300.000 puestos de trabajo, porque se trata de una economía de micro, pequeñas y medianas empresas; de una economía circular, que genera retorno a nivel local, que te da soberanía energética, que cuida el medio ambiente, que te da resiliencia frente al cambio climático, que debería ser la prioridad número uno para el Gobierno boliviano (…). Así que, a nivel estatal, creo que debe haber no solo una planificación energética sino multiministerial, que entienda los efectos que va a haber por el cambio climático y que defina soluciones, porque un dólar que inviertes hoy en una solución son 10 dólares que te ahorras mañana. Y esto está empezando a pasar. Por ejemplo, en el país, como resultado de un trabajo conjunto para la gestión de riesgos entre el Gobierno, Naciones Unidas y otras organizaciones, el número de afectados (por el calentamiento global) se redujo de 60.000 el año pasado a 10.000 en esta gestión (…). Entonces, hay una serie de articulaciones que hay que hacer y que deben ser hechas desde el ámbito multiministerial. Bolivia puede hacer mucho más de lo que está haciendo ahora.
Perfil
Nombre: Carlos Sordo Olive
Cargo: Gerente de Innovación en Practical Action
Experto en desarrollo energético
Es responsable de crear, reforzar y fortalecer las relaciones innovadoras, influir en las relaciones existentes y asociarse con los actores claves para aumentar el acceso a la energía en los países en los que interviene Practical Action. Antes de estar en la ONG, trabajó en AECID y en Plan Internacional España, logrando exitosas asociaciones público-privadas para la implementación de servicios fuera de la red, como la primera microrred de energía solar domiciliaria de la historia, en Nigeria.