Desde 2017, es la más joven en el gabinete ministerial. A sus 37 años, Mariana Prado se concentra en la planificación integral de Bolivia y lidera la institución que apoya a las entidades del Estado en la aplicación de políticas, estrategias e instrumentos de planeamiento integral, inversión pública y financiamiento. A las 15.00 del jueves pasado, recibió a La Razón en su despacho, rodeada de un mobiliario elegante y sobrio, pero salpicado con detalles que revelan parte de la personalidad activa y jovial de la administradora de empresas, como un cojín decorado con la cara de un gato. Se presentó en la entrevista luego de una reunión en Cochabamba que fue parte del proceso de construcción de la Agenda del Bicentenario 2025.
— ¿Cómo evalúa el estado del desarrollo de Bolivia?
— Yo tengo una mirada muy esperanzadora del país. En estos últimos 13 años no ha habido ningún momento en el que la reducción de la pobreza o el crecimiento se hayan detenido. Hemos dado un giro no solo en términos económicos sino de cierre de la brecha de Bolivia frente a la región y al mundo. Hemos empezado a aparecer como un país de referencia a nivel global, no solo por el plano económico, sino también porque hemos recuperado mucha dignidad, mucho protagonismo que hace mucho tiempo habíamos perdido o nunca habíamos tenido. 
— Los resultados que el Gobierno destaca año tras año son fruto de una estrategia que en principio estaba más orientada a la base de la pirámide social, pero eso ha cambiado con la expansión de la clase media. ¿Cómo se planifica el desarrollo a partir de ese cambio?
— En un principio, tuvimos que resolver algunos temas estructurales, porque sin encarar primero una agenda social era imposible encarar luego el tema económico. Y creo que el parteaguas ahí ha sido definitivamente el proceso de nacionalización, que nos ha permitido retomar el control no solo del gas sino de otros sectores estratégicos de la economía. De esa forma, se garantizaron los recursos con los cuales hemos podido emprender nuestra agenda social, que desde luego se ha convertido en una franca reducción de la pobreza extrema, en una disminución de la desnutrición infantil, en muchos temas que son centrales para que el desarrollo económico pueda concretarse. Si no existe una población que no tiene acceso a la salud ni a la educación no existen recursos humanos para encarar la agenda productiva. Con la nacionalización empezamos también a diversificar mucho de nuestra matriz productiva. El hecho de que estemos, por ejemplo, incursionando en los temas de evaporíticos como el litio y de la biotecnología nos proyecta hacia adelante. Ya podemos tener una agenda distinta, más diversificada y con una participación vigorosa del sector privado. Diría que desde 2014 hay una mirada distinta de nuestro Gobierno a lo que debe hacer el sector privado.
— ¿Qué lineamientos va a tener está agenda distinta para el país? ¿Estará más orientada a la clase media?
— Desde luego que la composición del país ahora es diferente. Desde el punto de vista de los ingresos, casi el 62% de la población es considerada clase media, una clase media que ahora no solo requiere el acceso a los servicios, sino que tiene una mirada respecto a la calidad de esos servicios. Ya no basta que estén la escuela y el hospital, sino que el hospital tenga todas las prestaciones requeridas por la población, que la unidad educativa tenga hasta nivel secundario, que pueda proveer a la gente de formación técnica y mejorar el perfil de nuestros chicos al momento de que ingresen al mercado laboral. Entonces, el reto de la clase media es distinto y la agenda de desarrollo debe estar adaptada para un país que, desde luego, es diferente a lo que encontramos en 2006. Ahora, eso no quiere decir que vamos a dejar de enfocarnos en el sector más pobre, en la gente que tiene todavía cierta vulnerabilidad; esa es una prioridad en nuestro Gobierno, es una política de Estado: la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero ahora el componente de nuestra agenda es más diverso y complejo, y tiene muchos más valores referidos a la calidad de lo que hacemos, a la calidad de nuestras políticas públicas. Eso demanda la clase media en este momento en el país.
— Sigue siendo parte de nuestra estrategia de desarrollo, porque si desde el Estado no estaríamos haciendo el esfuerzo de generar condiciones para que la inversión pública se pueda ejecutar y tenga un efecto multiplicador, creo que hubiéramos sido víctimas también de un contexto internacional bastante complicado. Cuando vemos un poco en el vecindario, lo primero que el resto de los países hace ante un contexto internacional adverso es contraer su gasto público, reducir su gasto en educación y en salud, y eso enfría la economía. Nosotros hemos tenido una estrategia distinta. En los momentos más duros teníamos los recursos para inyectarlos en la economía, para mantener el flujo de la inversión pública y así garantizar que los bolivianos sigan teniendo trabajo, que las constructoras sigan teniendo obras, que se sigan contratando servicios. La inversión pública va a seguir siendo una estrategia nuestra, pero la innovación hacia la Agenda del Bicentenario es que queremos que la participación del sector privado sea de corresponsabilidad. La agenda de desarrollo no puede ser únicamente una agenda pública, tiene que ser una agenda compartida.
— ¿Qué propuestas tiene el Gobierno para lograr ese objetivo en la nueva agenda?
— El tener una participación del sector privado más significativa en el Producto Interno Bruto (PIB), en la inversión general que se hace en el país, es algo que ya estaba programado en nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social (2016-2020), pero tal vez ahora vamos a poder incorporarlos convocándolos a alianzas estratégicas público-privadas en proyectos de interés público. Por ejemplo, ahora estamos con una agenda muy importante: el hub de Viru Viru, Puerto Busch, el proyecto Etanol y todo lo que queremos trabajar con el tema de residuos sólidos a nivel nacional. Hay muchas empresas privadas que quieren venir a resolver problemas que son públicos.
— El Ejecutivo afirma que existen las condiciones para una mayor inversión privada. ¿Se va a añadir algún marco legal adicional para que la participación del empresariado privado en la economía sea mayor?
— Algo que hemos conversado permanentemente con el sector privado es qué condiciones faltan para que ellos se animen a invertir más en el país y creo que tenemos que seguir trabajando en toda la reglamentación conexa a la Ley 516 de Promoción de Inversiones de 2014, que fue el marco de normas como las leyes de Incentivos a los Hidrocarburos (2015), del Etanol (2018) y del esquema de alianzas estratégicas. Pero creo que podríamos trabajar en una mayor reglamentación para adaptar incentivos específicos para algunos proyectos. Si por ejemplo, hay en horizonte algún proyecto minero interesante, una industria que tiene proyección a exportar, nosotros a través de la Ley (516) estamos facultados para construir un esquema de incentivos adaptado a ese proyecto. Nosotros nunca hemos sido muy partidarios de los incentivos generales (…). Dependiendo del sector, queremos armar a esos proyectos algo a medida y eso es lo que nos queda por hacer hacia adelante (…). En este momento estamos trabajando particularmente para el sector minero y vamos a tener algunas novedades en eso.
Para cuando empecemos con el asunto de los residuos sólidos, vamos a tener que trabajar algunos esquemas adaptados a la medida de ese tipo de emprendimientos. NdE. La participación privada en el PIB está entre 7 y 8% y la del sector público en aproximadamente 14%, según datos del MDPyEP.
— ¿Puede adelantar algunos nuevos incentivos mineros?
— No, ahí me van a “boxear” (risas), pero ya está en puertas.
— ¿Cómo ve la otra cara de la moneda?, la inversión pública.
— La inversión pública ha sido el motor de nuestra economía. En 2005 era absolutamente marginal, no superaba los $us 600 millones, un monto que ahora gastamos a veces en proyectos como el del Mutún. Este año, si contabilizamos la inversión pública más la de las empresas con participación estatal, estamos cerca de los $us 8.000 millones programados. ¿Se imagina la diferencia que hace la inversión pública en el contexto de la economía nacional? Entonces, eso va a seguir siendo importante. Pero ahora una discusión que es parte del gabinete económico es la eficiencia de esta inversión. Hay determinadas inversiones, por ejemplo en el sector productivo, que sí tienen un retorno en el tiempo que es mucho más interesante y relevante. Eso nos está pasando con (los programas) Mi Agua y Mi Riego, cuyos retornos empiezan a ser positivos a partir del tercer año. Hay otras que tienen un retorno más a largo plazo. Hemos calculado que recién a los 10 años de incorporarla en un lugar donde no había tanto tráfico, una carretera empieza a dinamizar toda la zona. Entonces, esa es nuestra propuesta hacia la Agenda del Bicentenario: tenemos que seguir trabajando en nuestras brechas de infraestructura con inversiones que dejan retornos a largo plazo, pero también estamos tratando de que la inversión pública esté orientada fundamentalmente al sector productivo y a todo lo que está vinculado a la mejora de las condiciones de vida de la gente. La inversión en la gente es siempre la inversión que tiene mejor retorno (…). Entonces, seguiremos con Mi Agua y Mi Riego, y empezaremos también a trabajar en estrategias para inyectar recursos en el contexto urbano, para que la gente tenga mejores condiciones de vida en sentido amplio, porque ahora ahí están casi siete de cada 10 bolivianos. Que el barrio tenga luz, posta de salud, transporte, esas son inversiones que valen la pena y que las vamos a seguir haciendo.
— Parte de esta inversión es alimentada con crédito externo…
— ¿Cómo medimos esto? De toda la inversión pública programada durante estos 13 años, el 70% en promedio proviene de financiamiento interno y 30% del externo. Esa proporción nos ha permitido hacer inversiones con completa dignidad y en el uso de nuestras normas nacionales. Si me preguntan cómo preferimos ejecutar la inversión pública, desde luego diré que con nuestros recursos internos, con mayor soberanía y facilidad, porque a veces con financiamiento externo uno debe cumplir algunas normas internacionales de contratación que hacen que los proyectos se ejecuten de manera más lenta. Pero no todo puede ser recurso interno, uno tiene que diversificar las fuentes con las que financia su inversión. Si dependiéramos únicamente de los recursos internos, estaríamos complicados ante una baja de los ingresos del gas por X o Z motivo. Ahora, surgió la preocupación de que nos estamos endeudando más allá de nuestras posibilidades, pero nuestra deuda (externa) es saludable ya que rondamos el 23% del PIB, cuando los organismos internacionales dicen que uno puede endeudarse hasta el 50% de su PIB. Entonces, tenemos mucho espacio de endeudamiento. Si no fuera así, no nos estarían correteando los organismos internacionales, bancos externos y fondos de inversión para darnos dinero, porque saben que el dinero aquí rinde y que el Estado boliviano cumple con su deuda soberana. Entonces, esa preocupación debe ser de alguna manera despejada por el hecho de que nuestros ingresos también han ido creciendo en una proporción mayor al endeudamiento que hemos estado contratando. Nosotros no cometeríamos la irresponsabilidad de endeudarnos por encima de nuestras capacidades.
— En este marco, ¿no preocupa entonces que haya un mayor déficit fiscal por varios años y que la deuda crezca también de forma importante?
— Lo que siempre estamos mirando todas las semanas en el grupo macroeconómico (del Ejecutivo) es el comportamiento del déficit fiscal. Para nosotros, el déficit no ha sido una preocupación en tanto está explicado por las inversiones que van a tener un rédito en el mediano plazo. Vale la pena, por ejemplo, gastar en este y los próximos dos años $us 200 millones en una carretera que va a tener un impacto cinco o siete años después de su conclusión. Cuando el déficit está explicado con inversión pública creo que no hay mayor drama, pero en el momento en que empecemos a tener déficit porque nos está faltando plata para pagar a los médicos, a los policías, a las Fuerzas Armadas o la luz o el papel del ministerio, ahí es el momento en el que tenemos que levantar las alertas.
Perfil
Nombre: Mariana Prado Noya
Nació 20-04-1982
Cargo: Ministra de Planificación del Desarrollo
Especialista en gestión pública
Obtuvo su título en Administración de Empresas en la UCB, su diploma en Lengua y Civilización Francesa en la Universidad de la Sorbona IV y su Maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Fue directora de Relaciones Institucionales de Fonplata, jefa de gabinete y asesora en la Vicepresidencia, presidenta del Directorio de BoA, asesora y consultora en dos ministerios.