jueves 28 ene 2021 | Actualizado a 08:20

Panda se reactiva con el fin de dejar atrás lo peor

‘Intentaron desfalcar a la empresa y aburrir a los trabajadores’

/ 31 de julio de 2019 / 00:00

La primera empresa social bajo el marco de la Ley 1055 opera desde esta semana bajo la administración de sus trabajadores, que alentados por la solidaridad de la población buscan revertir la quiebra técnica de la empresa y fortalecerla técnica y financieramente.

La primera marca de helados del país ingresó al mercado el 17 de mayo de 1988 cuando se fundó las Industria de Alimentos (Inal), que vivió sus mejores años entre 1990 y 2000, tras los cuales comenzó a ceder su liderazgo a otras compañías nacionales y extranjeras.

Su actual crisis comenzó luego de que los propietarios Samuel Brofman y Henry Ferszt, ambos de origen judío, sacaron un crédito bancario para comprar maquinaria con la que pensaban competir con marcas extranjeras y se agudizó el año pasado, cuando comenzó a bajar su producción, primero al 70%, después al 50% y finalmente al 10% este año.

La mala administración de sus propietarios, menores ingresos y las deudas con los obreros (por tres meses de salarios y beneficios sociales), con la banca y por servicios básicos (luz, agua, telefonía e internet), entre otras, así como una huelga laboral, crearon las condiciones para que Inal se convierta en la primera en acogerse a la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales de mayo de 2018; la cual permite a los trabajadores hacerse cargo de un negocio que está en quiebra, liquidación o abandonado por sus propietarios.

“Nos hemos trazado una línea de trabajo como empresa social y vamos a llegar a la meta”, aseguró Samuel Huanca, secretario general del Sindicato de Inal, que agrupa a los más de 80 obreros que de forma unánime decidieron organizarse para hacer frente a la amenaza de cierre de su fuente laboral.

Con este fin, definieron, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la Confederación de Fabriles, un nuevo organigrama, encabezado por la directiva del sindicato, el interventor, el gerente de Producción, el contador y los jefes de Ventas y Distribución. “La empresa es viable, solo tiene que ser bien administrada, nada más”, puntualizó Osmar Portocarrero, interventor designado el 19 de julio.

Esta confianza se respalda también en la campaña social #PandaChallenge, que a través de las redes no solo permitió identificar los lugares de venta de estos helados sino que motivó a la población a comprarlos de manera masiva, e impulso a los medios de comunicación y youtubers a contar la situación de Inal.

Algunas empresas, incluso, llegaron a dar servicios gratuitos si sus clientes les llevaban envolturas de los tradicionales helados.

“Después de haberla pasado muy mal, estamos retomando la producción en nuestras diferentes líneas de helados de crema y de agua, y de yogures en botella y en sachet entre otras”, aseguró el gerente de Producción de Panda, Williams Montero, quien afirmó que ahora la planta trabaja a más del 50% de su capacidad.

“Con la bendición de Dios, superaremos los 15.000 litros por día en helados y yogures”, expresó.

La empresa “es viable porque existe la voluntad de los trabajadores, cuenta con un mercado cautivo y se está reforzando con todo el sistema financiero y el equipamiento necesario”, reveló Portocarrero a La Razón.

Pese a sus necesidades, los trabajadores decidieron, además, que los ingresos por las actuales ventas sean destinados a la compra de materia prima, como leche, al pago de servicios básicos, al mantenimiento de máquinas y a la adquisición de un compresor, con el cual reiniciaron operaciones.

“No percibiremos sueldos hasta que recuperemos la liquidez de la empresa. Vamos a solucionar, no será tan rápido pero lo haremos”, subrayó Huanca, cuyos compañeros trabajan en dos turnos para cumplir con los pedidos.

Estas y otras medidas evitaron lo peor: dejar en la calle a los trabajadores con un efecto indirecto en al menos 600 familias que dependen de la venta de helados, entre proveedores de materia prima y comerciantes del producto.

Según evaluación del interventor, Inal tiene una deuda que supera los Bs 3,5 millones: 1,5 millones por aportes a los sistemas de pensiones y de salud y 2 millones por una hipoteca con la banca.

A la fecha, se efectúa una verificación de las cuentas por pagar tanto a los trabajadores como a los proveedores, así como de aportes a la seguridad social adeudados por más de un año. “Los dueños abandonaron a la empresa e intentaron desfalcarla y aburrir a los trabajadores para que se vayan”, lamentó Portocarrero.

Por ejemplo, tras el abandono de la empresa, reveló, los trabajadores descubrieron que en los escritorios de los administrativos se ocultaba dinero mientras se los hacía trabajar en condiciones “infrahumanas”, bajo el argumento que no existían utilidades en Panda.

Hasta el próximo viernes, el interventor presentará al Juzgado Primero de Instrucción Laboral de El Alto un informe sobre la situación de Inal en el que también solicitará una auditoria especial a los ingresos y egresos de los últimos años. Los resultados de esta revisión permitirán establecer qué ocurrió en la empresa y quiénes son los “deudores reales y efectivos de las cargas sociales” para iniciar ante las instancias correspondientes las acciones legales en contra de los responsables.

Héctor Hinojosa: No es ‘falta de mercado’, fue ‘mala gestión’

El Viceministro de Trabajo y Previsión Social sigue paso a paso la  constitución legal de Inal (helados Panda) como empresa social.

El Viceministro de Trabajo y Previsión Social conversó con La Razón sobre la situación de la Industria de Alimentos (Inal), los pasos que debe cumplir para constituirse como empresa social y quién asumirá las obligaciones sociales que se adeuda a los trabajadores. Además, justificó la importancia de la Ley 1055.

—¿Cuál es el estado de situación de la empresa?

—Tenemos entendido que ha sufrido graves pérdidas, pero no por falta de mercado para sus productos sino por mala gestión. Entonces, en ese caso, los trabajadores tienen la posibilidad de constituirse en una empresa social como un mecanismo para defender su fuente laboral.

—¿Qué pasos restan para la constitución de Panda como empresa social?

—El requerimiento está en trámite judicial. Ya se tiene un interventor y en breve se conocerá su estado de situación. Con base en ello, se determinará qué medidas se asumirán para su constitución legal. Este proceso durará 30 días, conforme lo establece la Ley 1055 de Creación de Empresas Sociales. El interventor hará una evaluación, presentará un plan de acción y —a partir de un informe del juez laboral— asumirá la decisión que corresponda.

—¿Qué pasará con las obligaciones sociales?

—Los trabajadores iniciaron las acciones para reclamar todos los beneficios que les deben. Se establecerá la deuda preferente, pero todo por vía legal.

—¿El sector privado observa que las empresas sociales no tendrán éxito?

—Hay una actitud de oposición social de las empresas privadas, que rechazaron desde un inicio a la Ley (1055). Denunciaron que es una norma que iba a expropiar sus bienes pero, tal como lo está demostrando el caso Panda, esta ley se aplica en casos excepcionales y de crisis provocadas por una inadecuada conducción y mala gestión de la empresa. En otras palabras, esta norma tiene un carácter social; es decir, fue elaborada para defender las fuentes de trabajo.

Perfil

Nombre: Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez 

Profesión: Profesor de Filosofía

Cargo: Viceministro de Trabajo y Previsión Social

Sindicalista

Con trayectoria sindical en la Central Obrera Bolivia (COB), fue director de Planificación y Viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. Impulsó el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, cartera de Estado que dirigió hasta enero pasado.

Comparte y opina:

Crisis: El 40% de los hoteles en La Paz no opera

Emergencia. El sector pide apoyo al Gobierno para evitar mayores pérdidas

CRISIS. El sector hotelero ‘sobrevive’ en medio de la recesión económica y la pandemia del COVID-19.

Por Marco A. Ibañez

/ 27 de enero de 2021 / 10:29

Agobiados por la recesión económica y la emergencia de la segunda ola del COVID-19, los empresarios hoteleros de La Paz piden ayuda al Gobierno para afrontar la crisis. Un 40% del sector no opera y las pérdidas superan los $us 35 millones.

“Un 60% está operando, tenemos un 20% que permanece cerrado y un 10% cerró de forma definitiva”, es una evaluación que efectuó para LA RAZÓN la presidenta de la Cámara Hotelera de La Paz, Helga Cisneros, quien reveló que por la pandemia, el pasado año, el sector sufrió una afectación de $us 35 millones solo en La Paz.

Además, dijo, la crisis provocó la paralización de inversiones por otros $us 27 millones, que se estimaba serían ejecutados por empresas hoteleras nuevas.

Un panorama que se complica en esta gestión, debido al rebrote del COVID-19 y las restricciones que comienzan a aplicarse en diferentes regiones del país.

Por ello, el sector hotelero de La Paz, representado por esta cámara, se declaró en emergencia, por las “pérdidas irreparables” que ponen en riesgo las operaciones de las empresas hoteleras y la inacción del Gobierno.

“Estamos en emergencia, y el tema económico es el que más nos apremia. Si bien al finalizar el pasado año se vio un incremento leve de la actividad turística, por el rebrote otra vez volvió a bajar. La pandemia nos está volviendo a afectar y no hemos tenido el tiempo necesario para poder captar recursos que permitan mantener a nuestras empresas a flote y nos permita cubrir las deudas bancarias que se tiene”, expresó la ejecutiva hotelera.

Pese a que el sector llevó adelante acciones para reducir costos operativos, así como la reinversión de ahorros para poder alargar sus operaciones, la falta de liquidez es un tema que los asfixia.

“Estamos en una situación de subsistencia, muchos están viendo cómo continuar, de dónde poder prestarse para seguir adelante porque los ahorros que se tenían ya fueron utilizados y no sabemos qué acciones tomar”, dijo al reclamar apoyo financiero del Gobierno para superar la crisis.

“Solicitamos un fondo que esté destinado al salvataje del sector, en particular del turismo. Sabemos que se pueden conseguir donaciones de organismos, sabemos que este año se dará apoyo al turismo. Entonces solicitamos que se gestionen fondos para que nosotros accedamos a esos recursos para poder paliar esta situación”, manifestó Cisneros.

Un hostal, en el centro paceño. Foto: Álvaro Valero

INACCIÓN

Conforme a la evaluación de la Presidenta de la Cámara Hotelera de La Paz, el sector no ha tenido ningún acercamiento con el Gobierno, con el cual esperaban trabajar medidas de apoyo, pero que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta a su pedido.

“Sacaron el Decreto Supremo 4424 de apoyo al sector productivo en el cual indican que el turismo no es un sector productivo”, reclamó la ejecutiva y manifestó que por esa razón buscan reunirse con las autoridades del Viceministerio de Turismo para que se los incluya en la reglamentación de esta norma.

“Solicitamos ser tomados en cuenta como sector formal que genera fuentes de empleo, divisas e inversión en el departamento, dentro de un plan de apoyo y salvataje a los hoteles”, insistió la máxima representante de las empresas hoteleras de La Paz.

Restaurantes cruceños se declaran en emergencia

Junto a los empresarios hoteleros de La Paz, el sector gastronómico cruceño —representado por la Cámara Gastronómica de Santa Cruz— se declaró en emergencia debido a que la crisis económica y la emergencia por el rebrote del coronavirus hacen peligrar la “sostenibilidad” de las fuentes laborales que generan.

Según un comunicado público, la restricción del horario de circulación hasta las 22:00 tiene un impacto negativo muy fuerte en el sector debido a que un 50% y 70% de las ventas de los restaurantes se concreta en horario nocturno.

CRISIS

Un relevamiento de información efectuado el 11 de enero por esta cámara gremial reveló que un 53% del sector gastronómico tiene deudas con Impuestos, AFP y Caja Nacional de Salud.

Un 51% de negocios cerró al menos una sucursal. El 65% de estas actividades económicas de Santa Cruz tiene deudas ya sea con bancos, proveedores o terceros. Además, nueve de cada 10 restaurantes han reducido personal, operan a un 40%.

Comparte y opina:

Por el COVID-19 cae un 20% el consumo de leche

Demanda. En Bolivia se consumió 63 litros per cápita en 2020, un nivel bajo respecto a la región

PRODUCCIÓN. En el país hay más de 9,7 millones de cabezas de ganado; el 84,4% es destinado a la producción de carne y el 13,6%, a la producción de leche.

Por Liliana Aguirre

/ 27 de enero de 2021 / 10:21

En 2020, el consumo de leche en Bolivia bajó un 20% por la pandemia del COVID-19. Pese a ello, el sector primario logró producir 1,9 millones de litros diarios. Para esta gestión, Pro Leche busca incrementar en 46% el consumo per cápita de este alimento.

“El sector primario ha producido de manera estable (el pasado año), entregando los volúmenes de leche de manera regular a las industrias que procesan leche y esto porque es parte de la cadena de alimentos que se priorizó pese a las restricciones de la pandemia. Las vacas no paran, pero la industria nacional es la que ha tenido alguna dificultad con un 20% menos demanda de lácteos”, explicó a La Razón el gerente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz, Eduardo Wills Justiniano.

Esta baja en la demanda de leche y derivados (queso, mantequilla, leche en polvo y otros) se debe a la contracción económica que vive el país, la clausura de las actividades educativas en 2020 y la paralización de programas sociales como el desayuno y almuerzo escolar, que impulsan municipios y gobernaciones, sostuvo. 

Añadió que esa situación generó “una caída en la demanda del producto que pone en oferta la industria nacional”. No obstante, este sector estimó que “la producción en 2020 llegó a 1,9 millones de litros al día. La producción para 2021, activando la demanda y volviendo a lo normal, vamos a estar con un crecimiento de 3 a 5% de manera regular. El 5% es la expectativa”, detalló el ejecutivo.

Con datos del Fondo Pro Leche, Justiniano explicó que en la gestión pasada se consumió en el país alrededor de 63 litros per cápita del lácteo (leche fluida y derivados).

“Esto de forma gráfica es menos de un vaso de refresco al día. El objetivo debe ser llenar el vaso (con leche). Así este año proyectamos un per cápita de 92 litros. Claro, si es que todos los bolivianos consumiésemos un vaso de 250 mililitros (un cuarto de litro). Lo que consumimos es 175 ml por persona al día, es decir los 63 litros en 365 días”, insistió.

Uruguay y Argentina son los países de la región que más consumen leche y Bolivia está en el último lugar (ver infografía).

En el país, la región donde más se consume leche es Santa Cruz, le sigue La Paz y Cochabamba. Respecto a la producción, el 60% proviene del departamento cruceño, seguido de Cochabamba con  30% y La Paz con 10%.

Asimismo, Bolivia exporta leche a mercados como Colombia y Perú. “Para la exportación se va un 20% de la producción nacional. Es importante destacar este aspecto porque generamos un producto con estándares internacionales y de buena calidad”.

INCENTIVO

Para conocer qué acciones efectuará el Gobierno para incentivar este año el consumo del alimento lácteo, este medio se contactó con el director general de Pro Bolivia, Fidel Coria, quien anticipó: “Vamos a hacer una estrategia para incentivar el consumo con un conjunto de acciones y tratar de articular con instituciones del nivel central, departamental y municipal”.

Además precisó que efectuarán campañas de promoción en zonas donde el consumo de esta proteína líquida esté muy por debajo del promedio nacional.  “Esto significa volcar la mirada a los municipios más vulnerables que están en extrema pobreza”, dijo.

Sube la demanda de huevo, pero baja la de carne de pollo

El año pasado, el consumo per cápita de huevos en Bolivia fue de 190 unidades, cinco más que en 2019. En tanto, la demanda de carne de pollo fue de 44 kilogramos (kg), pese a la pandemia del COVID-19, según una evaluación del sector productivo avícola del país.

“Durante la pandemia de COVID-19, que cambió la forma de vida de todos los bolivianos, la demanda de alimentos sufrió cambios drásticos principalmente durante el periodo de cuarentena rígida, puesto que el consumo de huevo se incrementó debido a que muchas personas agregaron esta proteína a las preparaciones de sus diferentes tipos de comida por su bajo costo. Sin embargo, tras la cuarentena rígida, el consumo disminuyó”, señaló Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) y de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA).

El valor nutricional de este producto aportó para el incremento de la demanda. (Ver infografía).

“Con respecto a la demanda de la carne de pollo, considerando que es un alimento de primera necesidad y económico en comparación con las otras carnes, la demanda disminuyó a causa de las restricciones establecidas en la cuarentena, el cierre de los mercados de abasto y la prohibición del funcionamiento de los restaurantes y ventas de comidas rápidas. No obstante, en los últimos meses de 2020 el consumo se ha ido recuperando y actualmente se espera alcanzar la demanda normal”, relató el ejecutivo.

La producción de huevos a nivel nacional fue de 2.230 millones, de los cuales Santa Cruz produce el 54% del total. La producción de pollos a nivel nacional fue de 203 millones, siendo el departamento cruceño el que produce el 58%.

El mayor consumo de la carne de pollo y huevo se da a nivel del eje central, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y en menor medida en Beni y Pando.

Sin embargo, a nivel latinoamericano Bolivia aún tiene un bajo nivel de consumo de huevo. Por ejemplo, en 2019, México volvió a tener el mayor consumo anual per cápita de toda Latinoamérica con 378 unidades por persona, es decir, un 3% más que en 2018 (de 367 unidades per cápita), según la base de datos de IndustriaAvicola.net.

MERCADOS

“La avicultura se encuentra deprimida debido a precios bajos de sus productos en los últimos años y ahondado con la pandemia. Ambos rubros presentarán un decrecimiento de su producción, por lo menos en el primer semestre. Sin embargo, la demanda nacional se encuentra totalmente cubierta”, dijo Alandia.

El kilo de pollo al consumidor final en La Paz llega a costar en promedio Bs 13, mientras que un maple de huevos de 30 unidades se oferta entre Bs 15 y Bs 18.

Comparte y opina:

Baja producción de carne de llama alerta a productores

Desarrollo. El sector se siente ‘desprotegido’ para afrontar el Año Internacional de los Camélidos

GANADO. En el país hay más de 3,5 millones de camélidos, un 70% son llamas.

Por Marco A. Ibañez

/ 27 de enero de 2021 / 10:14

A tres años de celebrarse el Año Internacional de los Camélidos, en Bolivia el sector observa con preocupación la falta de apoyo del Estado para incrementar la capacidad de producción de carne de llama y derivados, para acceder a mercados externos como el chino.

Por iniciativa del expresidente Evo Morales, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 2017 una resolución que declara a 2024 como Año Internacional de los Camélidos. Una declaración que permitirá a los países del mundo que tienen esas especies de animales, entre ellos Bolivia, prepararse con tiempo y promover sus productos derivados.

Su propósito es sensibilizar a la opinión pública y a los gobiernos sobre la importancia de reconocer y valorar el aporte económico y social de los camélidos en la vida de comunidades, y que el aumento de su producción contribuirían a reducir los niveles de pobreza extrema, considerando que la optimización de sus múltiples productos (carne, fibra, etc.) permitirá incrementar los ingresos y garantizar la sostenibilidad de los medios de vida y reducir el hambre y la malnutrición en las zonas caracterizadas por condiciones climáticas extremas, se destaca de la propuesta.

No obstante, los productores de camélidos y transformadores bolivianos, observan que el Estado no brinda el apoyo necesario al sector para su desarrollo.

“Al sector no le han dado la importancia necesaria, existe programas que por temas políticos no avanzan”, dijo a LA RAZÓN el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Camélido de Bolivia (Anapca), Alberto Cortez, al referirse al Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

En tanto, Sixto Icuña, representante del emprendimiento A toda Llama, consideró que no se debe desaprovechar el impulso que está dando al sector la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Por ello, productores y Gobierno deben trabajar en la elaboración de políticas de desarrollo.

Asimismo, sin precisar detalles, reconoció que en el país se han llevado adelante acciones para mejorar el sector pero que éstas no son suficientes para cumplir con los objetivos del Año Internacional de los Camélidos.

“Nos preocupa cómo se llegará a 2024 sin haber superado el tema de repoblamiento camélido y producción”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Camélidos de Oruro, Sabino Mamani, informó que el mercado de China está interesado en comprar dos toneladas de carne de llama al mes, pero los criadores no cuentan con esa capacidad, además que les falta certificaciones sanitarias.

LLAMA. Productores de camélidos ofertan sus productos en una feria. Foto: Nicolás Quinteros-archivo

EXPORTACIÓN

“China solicitó dos toneladas mes, pero debemos reforzar la producción y crianza; hay buenos pastizales y la carne es de calidad; pero debemos incrementar la producción”, dijo Mamani y agregó que frente a esa situación requieren apoyo del Gobierno para mejorar la genética, reproducción y calidad de la proteína de camélidos.

Al respecto, Cortez precisó que para cumplir con la demanda internacional es importante que el Gobierno a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) apruebe y certifique con Categoría A para exportación, al matadero de camélidos ubicado en el municipio de Turco, provincia Sajama del departamento de Oruro.

Además, recordó que desde hace 6 años, Anapca impulsa una ley para el sector camélido que “no se logró aprobar durante el gobierno de Evo Morales, menos en la administración de Jeanine Áñez”, por ello esperan que el presidente Luis Arce tome conciencia y apoye a estos productores.

GASTRONOMÍA. El charquecán, plato típico del departamento de Oruro. Foto: Archivo

Comparte y opina:

Silvia Escóbar: Acumular capital no permite el desarrollo de la base productiva ni genera empleo

La investigadora aborda en su trabajo la situación estructural caracterizada por la reducida generación de empleo en el sector formal, la ampliación constante de la ocupación por cuenta propia y el desempleo en Bolivia, entre otros factores

La socióloga Silvia Escóbar

Por Liliana Aguirre

/ 27 de enero de 2021 / 10:09

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) presentó una nueva publicación denominada Serie: Desigualdades y pobreza multidimensional Enfoques, perspectivas y situaciones.La investigadora Silvia Escóbar de Pabón publicó allí un capítulo denominado: Desigualdades de excedentes en el mercado de trabajo: condiciones de explotación y precariedad laboral en Bolivia.La autora ahonda en algunos puntos de la investigación que realizó.

— ¿A qué se refiere en cuanto a la desigualdad de excedente en el mercado laboral boliviano?

— A las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo y su relación con los procesos de precariedad laboral, en el contexto de las transformaciones globales de la producción y sus especificidades en Bolivia durante las últimas décadas. El punto central de la discusión es la profunda desigualdad entre los que producen (trabajadores) y los dueños de los medios de producción (empleadores), en la que estos últimos se apropian del trabajo y acaparan la riqueza social producida, destinando solo un salario de subsistencia a la mayor parte de los trabajadores. Específicamente, se analizan los mecanismos que amplían los límites de la explotación laboral y las grandes asimetrías en la apropiación del excedente económico a favor del capital.

La desigualdad del excedente en el mercado laboral se expresa, entre otros indicadores, en la distribución desigual del ingreso nacional entre salarios y ganancia —remuneración a los empleados y excedente bruto de explotación— en las cuentas nacionales del INE.

— ¿Los salarios en el país tienden a disminuir?

— Según un estudio de la CEPAL de 2018, la participación de los salarios muestra una tendencia histórica a disminuir en todos los países de la región, sin embargo, el deterioro ha sido mayor en Bolivia. Desde el año 2000, la participación salarial en el ingreso se redujo del 36% al 29%, alrededor de 2016, mientras que la parte de la investigadora aborda en su trabajo la situación estructural caracterizada por la reducida generación de empleo en el sector formal, la ampliación constante de la ocupación por cuenta propia y el desempleo en Bolivia, entre otros factores que se apropian los empresarios se mantuvo por encima del 50%. A su vez, vía impuestos y con un porcentaje creciente, el Estado pasó a recibir el 18%. Esta mayor desigualdad en la distribución del ingreso entre capital y trabajo es una de las manifestaciones del debilitamiento de los procesos de negociación colectiva de los trabajadores, lo que incide en el rezago o estancamiento de los salarios reales, en relación con las variaciones en el crecimiento del producto, así como en la vulneración de los derechos laborales. Como resultado, se asiste a la precarización generalizada de las condiciones de trabajo, que afecta en forma duradera las condiciones de vida de gran parte de la fuerza de trabajo, profundizando las desigualdades sociales y la pobreza en múltiples dimensiones.

— ¿A qué conclusiones llegó?

— El análisis de la desigualdad de excedente en el mercado laboral ha mostrado que la acumulación de capital en el país no contribuye a desarrollar la base productiva ni a generar más y mejores empleos; incluso cuando el sector empresarial obtiene grandes beneficios, el limitado aumento del empleo formal está acompañado de la pérdida constante de su calidad. El desmantelamiento continuo de los derechos laborales y de los logros más importantes de los trabajadores en materia de estabilidad, salarios y protección social, como sostén de las condiciones de vida, ha profundizado la distribución desigual del excedente entre capital y trabajo y, por esa vía, la precariedad y la pobreza que se origina en el mundo del trabajo. Estas tendencias se han visto amplificadas por predominio de las pequeñas y micro unidades económicas en la estructura productiva nacional. En este contexto, se concluye que la acción colectiva en contra de la desigualdad en el mercado laboral es un desafío permanente para los trabajadores, al mismo tiempo que su capacidad para articularse y participar activamente en la urgente transformación del actual patrón de desarrollo extractivista y avanzar hacia una economía diversificada y sostenible (…).

Perfil

Nombre: Silvia Escóbar 

Profesión: Socióloga

Cargo: Responsable del equipo de Seguridad social y Derechos Laborales

Experiencia

Estudió Sociología en la UMSA. Es especialista en temas laborales y es la exdirectora ejecutiva del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), donde ha realizado investigaciones en el campo del empleo y los mercados de trabajo urbanos y rurales. Ha sido presidenta del Comité Directivo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB/DGIS-Holanda).

Participó en investigaciones regionales en el marco de la CLACSO y la OIT en acuerdo con organizaciones laborales, gremiales e instituciones privadas de apoyo a pequeños productores.

Comparte y opina:

Biden, frente a duros desafíos económicos

Mundo. 16 MM de trabajadores reciben algún beneficio por desempleo

Automotriz. una planta ensambladora de Ford en Chicago

Por AFP

/ 27 de enero de 2021 / 10:04

Los desafíos económicos que enfrenta el presidente estadounidense, Joe Biden, quedaron en evidencia una vez más por el número de personas que pidieron subsidios por desempleo, un termómetro de los daños causados por el COVID19 en la mayor economía mundial.

Las inscripciones semanales a los subsidios de desempleo bajaron en Estados Unidos la semana pasada sobre la anterior, pero siguen en niveles excepcionalmente altos, de acuerdo con datos divulgados el jueves, un día después de la toma de posesión de Biden, por el Departamento de Trabajo.

Del 10 y al 16 de enero, 900.000 personas se inscribieron a estas ayudas, frente a 926.000 la semana anterior, una cifra revisada a la baja. Los analistas esperaban un descenso mayor, a 845.000 inscripciones. Estos números son superiores a períodos entre 2008 y 2010, durante la crisis hipotecaria, cuando Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama.

En la primera semana del año se produjo un aumento de inscripciones a estos subsidios, principalmente porque el derecho de los trabajadores a pedirlas fue prolongado, lo cual permitió a muchas personas cuyos beneficios caducaban, volver a inscribirse.

Esa misma semana, poco más de cinco millones de personas recibían estos subsidios, 127.000 menos que la semana anterior, pero en total son 16 millones de trabajadores que reciben algún beneficio por desempleo, una cifra que podría aumentar.

FORD. Operaria, en la cadena de ensamblaje del fabricante de autos. Foto: AFP

CIFRAS

El Gobierno también reportó 423.734 nuevas inscripciones al programa de Asistencia al Desempleo en Pandemia, que beneficia a trabajadores autónomos que habitualmente no pueden recibir subsidios por desempleo. El dato muestra una duplicación sobre la semana anterior considerada, luego de una breve interrupción del programa por desacuerdos políticos en Washington.

“Los despidos avanzan a un ritmo acelerado, reflejando el impacto de las medidas de contención” de la pandemia de coronavirus, explicó Rubeela Farooqi, de High Frequency Economics, en un análisis. “Es probable que las condiciones no mejoren hasta que las infecciones puedan controlarse, y la economía pueda reabrir”.

Los pedidos de subsidios de desempleo se dispararon en Estados Unidos luego de que estados y ciudades restringieran la apertura de comercios en todo el país cuando el COVID-19 comenzó a impactar en marzo.

Desde entonces el mercado laboral ha mejorado, y la tasa de desempleo pasó de 14,7% en abril a 6,7% actualmente.

Biden propuso antes de asumir el miércoles, un plan de estímulo económico por 1,9 billones de dólares que también busca contribuir a expandir la campaña de vacunación contra el coronavirus.

Esta iniciativa busca dar aire a los desempleados, prolongando sus derechos a subsidios hasta el 30 de setiembre y más si fuera necesario, y aumentando sus indemnizaciones a 400 dólares por semana.

Los analistas advierten que las cifras de desempleados podrían seguir altas.

Comparte y opina: