Agua (potable) por cañería y alcantarillado son los servicios básicos que menos se han llegado a desarrollar en Bolivia en los últimos 11 años en relación al crecimiento demográfico que se da, en especial, en las zonas metropolitanas del país, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Constitución determina que “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas domiciliario”, pero los bolivianos aún están lejos de gozar de un aprovechamiento pleno de esos beneficios.
Hasta el año pasado, el 92,8% de las 3,46 millones de familias tenía cobertura eléctrica, el 66% de agua por red, el 53,6% de un servicio público de recolección de desechos sólidos, el 47,4% de alcantarillado y el 24,4% de gas por cañería, según la Encuesta de Hogares, la cual proporciona información sobre la evolución de la pobreza, el bienestar y las condiciones de vida de la población, y que es necesaria para la evaluación, formulación y seguimiento de políticas y diseño de programas de acción enmarcados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 del actual Gobierno.
Los datos de esta herramienta del INE dan cuenta también de que en el periodo 2007-2018 la población nacional creció en 40,64%, mientras el acceso a gas domiciliario creció en 20,9 puntos porcentuales (pp), la cobertura de energía en 12,6 pp, la expansión del alcantarillado en 9,7 pp y el recojo público de residuos en 4,4 pp. El único servicio que se redujo en función del incremento demográfico fue el de agua por cañería (9,5 pp).
Con base en esta información, los servicios que presentan mayores debilidades en cuanto a cobertura en el país son los de agua por red y alcantarillado, que junto a otros sistemas públicos son esenciales para que Bolivia pueda cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030.
La Razón solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua información sobre el avance de ambos indicadores, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
El experto en gestión pública Vladimir Ameller recordó que la dotación e instalación de agua potable y alcantarillado —considerados por la Carta Magna como “derecho humano”— son atribución directa de los gobiernos municipales, pero al momento están en manos de la administración central, que brinda ambos servicios a través de empresas públicas como EPSAS y cooperativas privadas.
“Extrañamente, el Gobierno central desde hace bastante tiempo incumple la transferencia de la competencia de agua y alcantarillado a los gobiernos municipales”, dijo.
Responsabilidades. El presidente de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), Benjamín Cáceres, y el titular de la Conaljuve afín al oficialismo, el senador Efraín Chambi (MAS), coincidieron en que el principal desafío en materia de servicios básicos en Bolivia es el alcantarillado.
“Eso está muy retrasado”, sostuvo Cáceres. “Se necesita mucho dinero, por ejemplo, para el cambio de las alcantarillas de la ciudad de La Paz en este momento. Todo (el sistema) es viejo, ya cumplió su ciclo de vida y requiere un cambio total, para lo cual se necesita un presupuesto grande”. Para avanzar en estos proyectos, “tendrán que verse opciones de financiamiento o quizá recibir un fuerte apoyo del Gobierno central”, agregó.
“Falta avanzar principalmente en las contrapartes”, ya que “los municipios aportan hasta el 30%” de los recursos para estos proyectos”, dijo a su vez Chambi, quien reconoció que “para agua y alcantarillado se requieren millonarias inversiones”.
Pese a que las cifras del INE indican que no hubo un crecimiento acorde a la expansión de la población, el legislador destacó también que, “en el ámbito urbano, se avanzó sustancialmente en la cobertura de agua potable en capitales de departamento y municipios intermedios”.
Cáceres, a su vez, indicó que en agua potable “hay avances”, que “no hay quejas de los vecinos”, que “hay problemas solo cuando hay sequía e imprevisión de las autoridades” y que “las zonas están creciendo y necesitan servicios básicos”.
Para los casos de energía y gas por red, la Constitución determina que “se los podrá prestar mediante contratos con una empresa privada”, siempre y cuando el servicio responda a criterios de “universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria”. Ambas prestaciones, precisó Ameller, son competencia del nivel central y éste los desarrolla a través de firmas públicas y cooperativas.
ENDE, por ejemplo, atiende al 59% de los usuarios residenciales a través de sus filiales Delapaz, Elfec, Delbeni y Deoruro, mientras el 41% restante es responsabilidad de cooperativas (CRE, CER, Coopelect y otras) y de empresas a cargo de las gobernaciones (Setar, Sepsa, Cessa).
Sobre la expansión del sistema de gas domiciliario, Chambi observó que una mayor cobertura está ligada a la cuestión del “derecho propietario y el saneamiento de aspectos técnicos municipales como la rasante de la línea y nivel, que presentan dificultades en las zonas en crecimiento”, lo cual “limitó el avance (del servicio) en algunos municipios”.
La recolección de residuos sólidos, a su vez, está en manos de los municipios, los que pueden delegar el trabajo a terceros, siempre y cuando realicen una “gestión integral” de éstos, algo que al momento no se cumple.
“Definitivamente, no hay gestión integral de residuos sólidos, lo que solo están haciendo es un trabajo de traslado y botaderos”. No se obtienen los “múltiples beneficios, como la producción de electricidad y de compost, que el procesamiento adecuado de la basura puede generar para grandes ciudades”, sostuvo Ameller.