El Gobierno propone que desde el próximo año los productores e importadores de botellas pet, pilas, bolsas plásticas, envases de plaguicidas, llantas y aparatos electrónicos se hagan cargo de gestionarlos una vez que los consumidores los desechen.
El planteamiento se enmarca en la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, aprobada el 28 de octubre de 2015, la cual determina que los fabricantes y distribuidores son responsables de la gestión integral de sus productos hasta la fase de posconsumo, cuando éstos se convierten en residuos.
El proyecto de “Estrategia de Implementación Gradual del Régimen de Responsabilidad Extendida del Productor (REP)”, elaborado por la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, se basa en el principio de “quien contamina paga” e insta a distribuidores, productores y consumidores a asumir responsabilidades específicas cuando un determinado producto se convierte en residuo.
La propuesta, que se encuentra en fase de consulta, identifica como remanente, “sujetos a la responsabilidad extendida del productor”, a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), a las llantas o neumáticos, a las bolsa de polietileno, a los envases de plaguicidas, a las botellas pet y a las pilas o baterías.
Gestión. La Cámara Nacional de Industrias (CNI), a través de su gerente de Promoción Industrial y Comercio Exterior, Iván Larrazábal, hizo conocer su conformidad con la premisa de “quien contamina paga”, con los conceptos de la estrategia y con los seis sectores identificados. “Estamos de acuerdo con la REP. No hay vuelta atrás porque sabemos que va a beneficiar al medio ambiente”.
Sin embargo, cuestiona que el documento no defina claramente quién asumirá los costos adicionales del acopio, transporte y transformación de los desechos en la etapa de posconsumo y cómo se llevará a cabo este proceso en el mercado.
Por ello, planteó sumar al precio de los artículos que estén bajo la Responsabilidad Extendida del Productor un porcentaje por esos ítems, aunque no precisó el importe. “Proponemos un análisis de costos o financiamiento de la REP. Las empresas tienen su grado de responsabilidad y la van a cumplir, pero debemos ser conscientes que eso conlleva costos que alguien debe sufragar”.
En Costa Rica, ejemplificó, se adiciona un porcentaje al costo de los aparatos electrónicos para su acopio y procesamiento al finalizar su vida útil, “un modelo que puede funcionar en Bolivia”, pero que debe ser analizado entre los sectores involucrados.
“Quien contamina paga es la premisa y estamos completamente de acuerdo, pero eso no significa que el productor pague todo. Existen obligaciones que el Estado tiene que cumplir o brindar las condiciones adecuadas para que se procesen o se traten estos residuos de una manera adecuada, porque si no se cuenta con infraestructura será complicado”, adviertió el Gerente de Promoción Industrial y Comercio Exterior.
La “Estrategia de Implementación Gradual del Régimen REP”, que se implementaría entre 2020 y 2030, tiene como objetivo la aplicación de este compromiso con el medio ambiente con la participación y articulación de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil.
Apunta además a fomentar la adopción de patrones de producción y consumo sustentables que faciliten la prevención de generación y el aprovechamiento de los seis tipos de residuos.
Tareas. “El proceso de implementación de la REP en Bolivia conllevará una serie de desafíos bajo la premisa de impulsar el aprovechamiento de los recursos incorporándolos una y otra vez a la cadena productiva, incidiendo de esta manera en la transición gradual del modelo de producción lineal actual hacia uno circular”, cita una de las conclusiones del documento oficial.
La Cámara Nacional de Industrias tiene previsto difundir en noviembre entre sus afiliados esta estrategia y espera sostener reuniones con autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el fin de consensuar la aplicación de este documento y establecer mecanismos de financiamiento para la aplicación de la REP.
“Es imprescindible que la gestión integral de residuos a nivel nacional incremente sus niveles de reutilización y reciclaje, para lo cual es indispensable: impulsar instrumentos normativos bajo un enfoque sustentable; mejorar los actuales sistemas de recolección y transporte municipales, potenciando la práctica de separación en origen y la recolección diferenciada; optimizar el uso de la tecnología en los tres niveles de gobierno, para facilitar y reducir procedimientos administrativos, de fiscalización, control y seguimiento; y asegurar una aplicación estricta de la REP de productos que finalmente se convertirán en residuos”, indica la estrategia.
Plan de acción
1. Coordinación. Se promueve la generación de alianzas público-privadas y de espacios de participación e intercambio sobre la gestión para los seis sectores.
2. Estrategia. Incorpora al productor y al distribuidor en la cadena productiva de residuos, en el desarrollo de sistemas de gestión y en la articulación de esfuerzos.
3. Desarrollo. Promueve la implementación de sistemas para el mejoramiento de los servicios de recolección y transporte de residuos, así como mecanismos para la trazabilidad de éstos.
Industria decrece a junio en 34,9%
En ‘adelante vamos a enfrentar muchos más problemas’, indica la CNI
En el primer semestre, la construcción decreció en 11%, el sector petrolero en 13% y la industria manufacturera en 34,97% debido a la contracción de la economía boliviana, a las bajas ventas, a la alta competencia en el mercado por los productos importados y a la reducción de las inversiones, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
Las aseguradoras, en tanto, crecieron 13,95%, la banca 8,16%, las telecomunicaciones 6,16%, el eléctrico 5,89%, el ferroviario 5,11% y la agroindustria 4,78%.
“Nos estamos adecuando al entorno para tratar de sobrevivir de la mejor forma posible”, subrayó el asesor principal de la CNI, Hugo Siles, quien el 17 de octubre presentó a nombre de la institución un análisis del avance de la economía durante los seis primeros meses del año.
“Las ventas (internas) en el sector industrial cayeron un 0.86%. Entonces, no es la mejor de las condiciones” para el avance del sector, expresó el presidente industrial, Blazicevic.
SECTOR. Este balance es fruto de un análisis económico a 65 empresas privadas y públicas efectuado por la CNI, el cual establece también que en el primer semestre del año el déficit comercial de Bolivia alcanzó los $us 755 millones; que las exportaciones bajaron un 7,2%, así como los precios de cinco de los ocho principales productos que comercializa el país en el exterior; que las importaciones se incrementaron un 6%; y que la inflación rondó el 1%.
“Las importaciones que crecen son materias primas y productos terminados, no así bienes de capital”. Así que “aquí hace falta una medida del Gobierno para liberar de impuestos todos los bienes de capital y buscar incentivos para una renovación tecnológica de la industria”, aseguró Blazicevic.
El principal ejecutivo de la CNI recordó también que la desaceleración en el mundo y la región afectarán el desarrollo de la economía local.
“El entorno internacional está complicado (…). Bolivia no es una isla y está siendo afectada por ese contexto y de aquí adelante vamos a tener que enfrentar muchos más problemas probablemente”, indicó el ejecutivo del sector industrial, un panorama que obliga a las empresas a ser más eficientes y mejorar su productividad.
Cumbre: ‘no hay avances para el sector’
El encuentro de todos los actores del rubro se llevó a cabo en junio de 2019
A más de tres meses de que el Gobierno organizará la Cumbre de Desarrollo Industrial, Manufactura y Artesanía no existen avances para mejorar el sector, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic.
“No hemos tenido absolutamente ninguna noticia y eso nos preocupa. Se han creado expectativas y no vemos resultados”, afirmó el ejecutivo, el 17 de octubre.
De acuerdo con el Gobierno, para un mayor desarrollo y competitividad, la industria nacional debe enfrentar desafíos relacionados con la estructura del sistema, el financiamiento e inversión, la competitividad, la educación, las condiciones ambientales, el género y la institucionalidad.
Este diagnóstico se incluyó en el documento Construyendo la Política Industrial del Estado Plurinacional de Bolivia, que concentra las principales propuestas efectuadas en la cumbre industrial.
Entre los retos que representan estos ejes están el acceso a financiamiento, el cual es aún insuficiente, pese a las reformas financieras; la maximización de la eficacia de la inversión pública y el incremento de la participación privada; y el bajo rendimiento y las limitaciones en el acceso a la innovación y tecnología.
También figuran: el bajo grado de industrialización, debido a la insuficiente inversión; la exigua articulación entre los actores públicos y privados; la escasa participación de la industria nacional en el mercado interno y externo, a consecuencia de la falta de promoción; y la insuficiente estructura y sistemas de logística, distribución y comercialización.