lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 17:05

El acuerdo salarial está en otro escenario

Es inminente el diálogo tripartito en un contexto de alta conflictividad económica.

Incremento salarial Foto: La Razón

/ 9 de enero de 2020 / 13:44

Las posiciones están claras, pero el escenario de diálogo aún no. La definición del alza salarial de 2020 oscila entre el pedido de los empresarios de “congelar” cualquier incremento, el rechazo de los trabajadores y la continuidad del Gobierno.

El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, adelantó a La Razón que cualquier decisión en esta materia se tomará de forma concertada y en función a un diálogo que considere la realidad económica del país, aunque reconoció también que antes de aplicar estos principios se necesita la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la ampliación “excepcional” del mandato provisional de la presidenta Jeanine Áñez.

“Entendemos plenamente que somos un Gobierno de transición, que hay temas que tienen que ser abordados con un gobierno electo que emerja del proceso electoral (…). Si nos correspondiera ver esa situación (el alza salarial) lo vamos a hacer fundamentalmente a partir del diálogo con todos los sectores”.

En diciembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, propuso que la negociación para un incremento se haga de manera tripartita: entre Ejecutivo, empresarios y trabajadores, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otros líderes empresariales se sumaron al pedido, debido a que un debate entre los tres sectores permitirá compartir visiones sin asumir posiciones unilaterales.

“Si podemos generar una mesa tripartita sería extraordinario y muy bueno para el país, para que podamos conversar todos. Pero si el diálogo tiene que ser desde una dinámica bilateral, primero con los trabajadores y después con los empleadores o viceversa, noso-tros vamos a abordar esa temática concertando con todos los sectores involucrados”, ratificó el Ministro de Trabajo, quien subraya que la administración de Áñez busca resolver los temas de fondo, más allá de las formas.

Ante esta eventual participación privada en la mesa de negociación —la primera, tras casi 14 años en los que la decisión fue tomada solo por el gobierno de Evo Morales y dirigentes de los obreros —, el titular de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, planteó en diciembre a la actual administración congelar el salario mínimo nacional este año y elevar el haber básico en función de la inflación de 2019, que a noviembre se situó en 3,06%.

Principios. No obstante, por los conflictos sociales que vivió Bolivia en octubre y noviembre pasados, así como el paro de actividades productivas en varias regiones, las previsiones inflacionarias de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior para el año que finalizó se encuentran entre 8 y 9%.

Al pedido de Blazicevic se sumaron al inicio de este año los principales ejecutivos de las federaciones de empresarios privados de Cochabamba y La Paz, Javier Bellot y Jaime Ascarrunz, respectivamente, quienes consideran que los incrementos salariales impuestos durante la gestión de Morales fueron “desproporcionados” y no se relacionan con la productividad.

Datos oficiales muestran que entre 2006 y 2019 el salario mínimo nacional aumentó en 382,2%, mientras que el porcentaje acumulado del alza al haber básico fue de 107% y el de la inflación de 69,24%.

“Hubo incrementos desproporcionados que lo único que han hecho es distorsionar la economía y generar un escenario de alta complejidad, restándole competitividad a las industrias y a todo el sector productivo”, dijo Bellot.

“Insistir en un incremento por costumbre no es nada prudente”. El país necesita “sincerar su economía y empezar a reconstruir las bases esenciales de la lógica económica”, para lo cual es oportuno cambiar los criterios políticos por razones técnicas a fin de “recuperar las bases de la institucionalidad económica, para que podamos manejarnos en un marco de una alta objetividad”, explicó.

Ascarrunz, por su lado, afirmó: “En los últimos años hemos estado con incrementos que no tienen nada que ver con la productividad y con el crecimiento económico”, por lo que empresas pequeñas y grandes del sector industrial enfrentaron dificultades para su cumplimiento.

El anterior gobierno impulsó desde 2006 una política salarial que define un incremento por encima de la inflación anual —con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del salario— y que está en función de parámetros como la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) y la productividad del trabajo y del capital, entre otros, explicó en su momento el ex ministro de Economía Luis Arce.

“Dada esta época de transición y porque las circunstancias de crecimiento han variado, nosotros apoyaríamos” el congelamiento del salario básico “por esta gestión”, como medida adecuada para preservar las fuentes laborales, sostuvo el presidente de los empresarios paceños.

Rechazo. Sin embargo, la Central Obrera Bolivia (COB), a través de su secretario de Organización, Nicanor Baltazar, anticipó a este medio su rechazo a las dos propuestas. “No vamos a aceptar posiciones de los empresarios. En lo que nos vamos a basar es en el pronunciamiento de los sectores”.

Anunció también que la próxima semana se tiene previsto convocar a las confederaciones, federaciones y centrales obreras departamentales y regionales a un ampliado nacional para la elaboración de pliego petitorio de 2020.

En esa reunión se analizará la situación económica del país así como el incremento de los precios de la casta familiar, y en función de ello plantearán al Gobierno el aumento salarial para la presente gestión,  aseguró el dirigente.

Según el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb), Jorge Akamine, las reducciones registradas en los indicadores del crecimiento económico del país, así como del gasto público y recaudaciones de impuestos, muestran un “escenario conservador” para este 2020, en el que el Gobierno tendrá que “pelear contra un déficit fiscal”.

El economista agregó que por esa situación “no es conveniente algún incremento en el salario mínimo nacional” y que por ello solo deberá considerarse “una reposición del valor adquisitivo del salario, tomando en cuenta la inflación que se registre en 2019”.

Consideró, adicionalmente, “prudentes para el manejo económico del país” las propuestas de los empresarios, en sentido de congelar el salario mínimo nacional para la presente gestión”.

Respecto al diálogo tripartito, el presidente de la Coneb apuntó que Bolivia es uno de los pocos países de la región que no usa esa metodología  para llegar a “pactos” con los diferentes sectores.

Añadió que, de darse esa situación, es importante sumar a ese proceso al sector público, por el tamaño de la estructura estatal.

“Deberíamos tener cuatro actores: empleados públicos y privados, Estado y empresarios (…) Si hablamos de igualdad, el empleado público fue bien tratado pero no está en un escenario de definiciones”, argumentó.

Akamine también recomendó al Gobierno, empresarios y trabajadores hacer una lectura correcta de la situación económica del país, reconocer que el 2019 fue un año difícil y que la presente gestión será complicada.

Citando una proyección del 9% como déficit fiscal para 2019 efectuada por la Cainco, sugirió a la administración de la presidenta Áñez llevar adelante acciones para bajar ese indicador como “una administración pública eficaz, al igual que inversiones eficientes y la disminución del gasto corriente, los cuales tendrás un efecto en la economía”.

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El CIBERCRIMEN está a un clic en la red Internet

Seguridad. Frente al ciberdelito se deben efectuar acciones en el país, pero sobre todo que el usuario reconozca el riesgo.

Por Marco A. Ibáñez

/ 24 de octubre de 2021 / 19:11

ECONOMÍA

Para combatir el cibercrimen, que está a un clic en el país, se requiere la georreferenciación del delito informático, políticas criminales y actualizar el Código Penal. Denuncias de robo de Bs 638.300 de cuentas de clientes del Banco Unión son un alerta roja.

Un clic puede marcar la diferencia cuando se trata de proteger los sistemas informáticos de los usuarios, de las redes o dispositivos móviles personales frente a los ciberdelincuentes.

Estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) señalan que el costo global de la ciberdelincuencia, en los últimos años, asciende a $us 600.000 millones.

Además que el daño causado al desarrollo sostenible y a la seguridad, a la igualdad de género y la protección —mujeres y niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por el abuso sexual en línea— es inmenso.

El organismo alerta también que mantener a las personas más seguras en línea es una tarea enorme y ninguna entidad o gobierno tiene la solución perfecta. Pero, hay mucho que se puede hacer, y se necesita hacer para fortalecer la prevención y mejorar las respuestas al delito cibernético.

SEGURIDAD. Recomiendan no compartir información personal por aplicaciones móviles o internet. FOTO. ESAN.EDU.PE

DELITO. El cibercrimen es una actividad delictiva perpetrada a través de una computadora, una red informática o un dispositivo en red. La mayor parte del cibercrimen lo cometen “cibercriminales o hackers” que desean obtener dinero de forma fácil.

Así como la sociedad evoluciona, estos delincuentes también encuentran nuevas maneras de cometer sus crímenes; “aunque en otro tiempo se decía que los delincuentes informáticos eran de cuello blanco, hoy están detrás de estas fechorías todo tipo de lumpen (grupo social) con o sin conocimientos profundos de informática”, asegura el abogado y especialista en derecho informático y seguridad de la información, Luis Fernando Zegarra.

El criterio fue expresado por el experto tras conocerse en los últimos días denuncias que señalan que al menos 14 clientes del Banco Unión fueron víctimas de robos virtuales de sus cuentas por un monto aproximado de Bs 638.000. Delitos que fueron cometidos supuestamente por “hackers” a través de diferentes dispositivos móviles.

Una situación —dice— que no implica ni compromete la ciberseguridad del sistema bancario nacional y menos a la citada entidad estatal, solo al usuario.

“No está involucrada la seguridad del banco, ya que éste por norma debe cumplir ciertos protocolos de seguridad, la mayoría de los casos son atribuibles al usuario, debido a que no tenemos cultura de seguridad y dejamos de lado —por ejemplo— tener contraseñas seguras o no compartir las mismas con cualquier persona”, afirma Zegarra.

A su vez, el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, aclara que las denuncias por supuestos desfalcos a cuentas bancarias de clientes del Banco Unión se deben a “hackeos” de dispositivos móviles de los usuarios y no a operaciones de la entidad bancaria.

Hablar de “14 casos de robo virtual en el Banco Unión es falso (…), está a un clic en la red Internet El CIBERCRIMEN no se trata de casos que hubieran ocurrido por aspectos atribuibles al Banco Unión”, dice el funcionario en una entrevista con LA RAZÓN. Además, asegura que la Asfi no tiene atribuciones para iniciar una investigación ante esas denuncias y que en las inspecciones que realizaron no se han evidenciado acciones que dejen vulnerable la seguridad de los usuarios.

Agrega también que ese tipo de sucesos, que se enmarcan en el denominado ‘riesgo operativo’, se presentaron de igual manera en al menos cuatro entidades financieras del país, y aunque no especificó cuáles, se conoce que las denuncias estarían en instancias del Ministerio Público.

“No es el Banco Unión el único que tiene estos inconvenientes, ni son estas (otras cuatro) entidades financieras de Bolivia las que atraviesan este tipo se situaciones, sino que, a nivel internacional, existen personas y organizaciones dedicadas a realizar este tipo de trabajos irregulares de tratar de clonar celulares, de ‘hackear’ cuentas”, destaca Yujra.

Al respecto, el abogado Luis Fernando Zegarra complementa que en Bolivia solo existen dos tipos penales relacionados a delitos informáticos, “la manipulación informática y la alteración, acceso y uso indebido de datos, cuya pena máxima es de cinco años de cárcel para el primer caso y prestación de trabajo de un año para el segundo, no estando tipificado como delito informático” y que la estafa con la utilización de medios digitales es lo más común en nuestro medio.

FOTO. REDSEGURIDAD.COM y LABORATORIO.LATERCERA.COM

ACCIONES. En ese marco, el experto considera importante que en el país, a través de las instancias correspondientes (Gobierno, Ministerio Público y Policía), se avance para hacer una “georreferenciación del delito informático”, es decir, para saber dónde y con qué frecuencia se realizan.

Además, observa la necesidad de contar “con políticas criminales que nos den luces sobre el particular”. Y a nivel jurídico, es necesario actualizar el Código Penal y reforzar el tema cultural. “Se debe enseñar más a la población las bondades del internet, pero también de sus riesgos”, sostiene.

Sobre este tema, la UNODC en los pasados meses ya ha considerado que es importante aumentar las capacidades, sobre todo en la aplicación de la ley, especialmente en los países en vías de desarrollo como Bolivia; y fortalecer la cooperación internacional y el diálogo entre los gobiernos, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, Interpol y muchos otros socios interesados en detener la ciberdelincuencia, incluidas las empresas y la sociedad civil.

Pero además, el organismo precisa que delitos cometidos en la red internet, incluyendo la proliferación de software malicioso (malware), ransomware (secuestro de datos) y piratería; las actividades ilícitas facilitadas por el ciberespacio, tales como el correo electrónico fraudulento para robar datos financieros; y la explotación y el abuso sexual infantil en línea, todos tienen algo en común además del aspecto “cibernético”: todos son delitos.

La Policía, los fiscales y los jueces necesitan comprender estos delitos y deben contar con las herramientas adecuadas para investigarlos y perseguir a los delincuentes, así como proteger a las víctimas; también, deben tener las capacidades para procesar y resolver los casos, concluye la oficina de la UNODC.

FOTO. DIGITALDELITOSFINANCIEROS.ORG

Ante el riesgo de ciberdelitos, la prevención es importante

Para la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), los fraudes denunciados en los últimos días son “hechos aislados” que no representan un riesgo para el sistema financiero. Esta entidad y un experto hacen recomendaciones frente al cibercrimen.

Tras conocerse denuncias de al menos 14 clientes del Banco Unión que fueron víctimas de robos virtuales de sus cuentas por un monto aproximado de Bs 638.000, Asoban asegura que los bancos asociados cuentan con estándares internacionales de seguridad para sus transacciones realizadas a través de dispositivos móviles y de banca por internet.

“En Bolivia, los fraudes denunciados en los últimos días son hechos aislados que no representan un riesgo significativo para la banca; sin embargo, así se trate de un solo caso, éste merece ser atendido debidamente”, señala la entidad.

En ese marco, Asoban considera que es de vital importancia que los consumidores financieros tomen en cuenta las recomendaciones de seguridad que su banco les brinda, como ser: no compartir información personal vinculada a sus aplicaciones móviles o por internet (principalmente contraseñas, pin de tarjetas de débito o crédito, claves de acceso a los token digitales).

Asimismo, es clave cerrar sesiones que hayan iniciado los usuarios (en dispositivos) para realizar sus transacciones por banca por internet y banca móvil.

Y finalmente, no compartir información personal a través de mensajes de texto o llamadas.

Con el objetivo de compartir y consolidar información, Asoban anticipa que las entidades están trabajando en un proyecto de intercambio de información de “transacciones sospechosas”, lo que permitirá no solo identificar irregularidades, sino también llevar adelante otras acciones de prevención y de colaboración en las investigaciones de estos hechos que afectan a los clientes del sistema financiero.

De igual manera, el abogado y especialista en seguridad de la información Luis Fernando Zegarra considera importante reforzar contraseñas, cambiarlas periódicamente, utilizar letras mayúsculas minúsculas, símbolos o números. “No anotar contraseñas, no divulgarlas por servicios de mensajería, decirles que el dinero fácil no existe”, subraya.

SEGURIDAD. La ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos.

En los últimos años, Bolivia ha dado los primeros pasos para mejorar su seguridad cibernética desde que el Senado aprobó, en 2017 una ley que declara la puesta en marcha de una estrategia nacional de seguridad cibernética como una prioridad para el país.

No obstante, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su Reporte Ciberseguridad 2020 observa que Bolivia todavía tiene un largo camino que recorrer. El estudio muestra que entre 2016 y 2020 no existen avances en temas como seguridad cibernética en el Gobierno y sector privado, y menos aún en los usuarios.

El nivel de confianza y seguridad en internet todavía es bajo así como relativa la comprensión del usuario de la protección de la información en línea. (Ver infografía)

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‘Revolución Verde’ británica es criticada por ecologistas

Economía. El gobierno de Boris Johnson presentó su estrategia neutralidad de carbono en 2050.

Por AFP

/ 24 de octubre de 2021 / 18:49

MUNDO

El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió una “revolución verde” en una reunión de líderes empresariales destinada a captar miles de millones en inversiones, a pocos días del inicio de la COP26, pero que despertó críticas de los ecologistas.

“Este es el plan: una revolución industrial verde, impulsada por las nuevas libertades del Brexit”, defendió ante un plantel de dirigentes encabezados por el fundador de Microsoft, Bill Gates, y la directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, reunidos en una Cumbre de Inversión Global en Londres.

“Tengo entendido que en esta sala se reúnen $us 24 billones. Y quiero decirle a cada uno de esos dólares: son bienvenidos en el Reino Unido”, bromeó, subrayando que el país pretende aprovechar su capacidad de atraer inversiones “para tomar una nueva dirección”.

El Reino Unido, que se ha propuesto alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, se prepara para recibir a los líderes mundiales en la COP26, la cumbre de la ONU sobre el cambio climático que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre.

Johnson considera asimismo que la inversión verde es clave para el crecimiento de la economía británica, duramente golpeada por la pandemia y el Brexit.

En la víspera de esta Cumbre de Inversión Global, su gobierno anunció que el gigante español de la electricidad Iberdrola invertirá 6.000 millones de libras ($us 8.200 millones; como 7.100 millones de euros) en su mayor proyecto de energía eólica marina.

El proyecto, planeado a través de su filial Scottish Power frente a la costa este de Inglaterra y pendiente de autorizaciones, debe suministrar suficiente energía para abastecer a 2,7 millones de hogares y crear 7.000 puestos de trabajo, aseguró Johnson.

La inversión del grupo español es la mayor de una serie de 18 operaciones, por un valor total de 9.700 millones de libras, con potencial para crear 30.000 empleos, cerradas en el marco de esta reunión empresarial.

PROMESA. El ministro británico Boris Johnson prometió una “revolución verde” en una reunión de líderes empresariales. FOTO. AFP

INVERSIÓN. El martes pasado, Johnson y Gates anunciaron también una inversión de 400 millones de libras en diez años, la mitad de los cuales serán aportados por un programa de inversión dirigido por el multimillonario estadounidense y la otra mitad por el Gobierno británico, para financiar «la próxima generación de tecnologías de energía limpia».

Sin embargo, la reunión desató las críticas de militantes ecologistas como el grupo Global Justice Now, que la tildó de simple operación cosmética.

El grupo denunció que cuatro bancos invitados al evento —BlackRock, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Barclays— invirtieron un total de $us 173.000 millones en combustibles fósiles en los últimos años. Y condenó la participación del gigante energético británico Drax Group, quien, según esta oenegé, en 2019 efectuó más emisiones que todo el país de Ghana, ubicado en Africa occidental.

El gobierno de Johnson presentó asimismo su muy esperada estrategia de neutralidad carbono.

Esta incluye 120 millones de libras para desarrollar proyectos de energía nuclear, 350 millones para impulsar la producción de vehículos eléctricos y 180 millones para obtener carburantes menos contaminantes para la aviación.

También, ayudas de 5.000 libras a los propietarios de viviendas en el marco de un programa de 450 millones de libras para ayudarles a sustituir las viejas calderas de gas por bombas de calor de bajas emisiones.

Sin embargo, el ejecutivo suprimió un proyecto previo para mejorar el aislamiento de los hogares, que los expertos señalaron como fundamental para que estos nuevos sistemas de calefacción doméstica funcionen eficazmente, al tiempo que denunciaron que las ayudas solo permitirán financiar 90.000 dispositivos de los millones que necesita el país.

“Hasta que no se cierren las brechas en políticas y financiación, el llamado de Boris Johnson a otros países para que cumplan sus promesas en la conferencia global sobre el clima del próximo mes será fácil de ignorar”, afirmó Rebecca Newson, responsable de Greenpeace en el Reino Unido, denunciando una falta de verdadera ambición.

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Tigo es líder en velocidad de internet

SERVICIO. Cuenta con la red más veloz para ver contenidos en Netflix.

VELOCIDAD. Es de 3,4 Mbps (megabytes por segundo) en fibra y cable.

/ 24 de octubre de 2021 / 18:40

EMPRESA

Por 12 meses consecutivos, Tigo ha ofrecido a sus usuarios el internet más rápido de Bolivia para ver contenidos en Netflix. De acuerdo con un estudio, la telefónica registró en septiembre una velocidad superior de 3,4 Mbps en los servicios de fibra y cable.

Desde octubre de 2020 hasta la fecha indicada, la compañía telefónica ha liderado el índice de velocidad de los proveedores de internet en el país, según un estudio que publica mensualmente el gigante del streaming.

Además de mantener el liderazgo en el servicio, esta calificación reconoce un aumento de la velocidad de internet con respecto a meses anteriores, cuando la telefónica registraba 3,2 Mbps.

CAPACIDAD. La puntuación de Tigo es también similar a lo que obtuvieron proveedores de grandes capitales de países de la región como Brasil, Paraguay, Canadá y Panamá, entre otros.

Para María Laura Mendoza, gerente de Marca y Comunicación de Tigo, el índice de velocidad de Netflix demuestra el liderazgo que esta telefónica ha consolidado en el territorio nacional, gracias al gran despliegue técnico ejecutado para ampliar la cobertura de fibra óptica e internet móvil 4G.

Todo ello con el firme propósito de construir autopistas digitales que conecten personas, mejoren vidas y desarrollen comunidades, sostuvo la ejecutiva.

“Es para nosotros un gran orgullo haber mantenido el primer lugar en este índice durante el último año. Este indicador nos ayuda a entender que nuestros usuarios están disfrutando del contenido con una calidad superior a través de nuestros servicios de internet”, reiteró Mendoza.

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TOYOSA cumple 40 años con la generación de 500 empleos

Visión. Rumbo al medio siglo, la compañía apunta a híbridos.

CAPACIDAD. Toyosa cuenta con 32 sucursales y siete talleres especializados en todo el territorio nacional.

Por Marco A. Ibáñez

/ 24 de octubre de 2021 / 18:36

EMPRESA

Toyosa, distribuidor exclusivo en Bolivia de la marca Toyota, cumple 40 años impulsando la economía con la generación de más de 500 fuentes de empleo directos e indirectos. Es la primera empresa automotriz que cotiza en la Bolsa Boliviana de Valores.

La compañía brinda servicios a miles de clientes a través de 32 sucursales, siete talleres, dos de preentrega y dos concesionarios dedicados a la venta de automóviles, partes y servicios automotrices. Cuenta con showrooms en los nueve departamentos del país, también a través de su concesionaria Crown.

A lo largo de estas cuatro décadas, la firma fue creciendo en función de la expansión y necesidades del mercado, logrando diversificar sus productos, incluyendo diferentes marcas como la línea automotriz de lujo Lexus, camiones Hino, maquinaria pesada Volvo, maquinaria agrícola Kubota, montacargas Toyota, neumáticos Bridgestone, la distribución de motocicletas Yamaha y Grúas Unic que son una innovación en ingeniería.

“Nuestra empresa está conformada por un equipo de apasionados perfeccionistas, que busca satisfacer las necesidades de nuestra comunidad, distribuyendo el mejor producto a precios acordes al mercado nacional, orientado al logro de nuestros objetivos de generar relaciones duraderas con clientes y proveedores y de servir a nuestra sociedad contribuyendo y protegiendo el medio ambiente”, destacó Erick Saavedra, director ejecutivo de Toyosa.

SERVICIO. El ejecutivo dijo que el liderazgo nacional de Toyosa es el resultado del trabajo que lleva adelante en beneficio de sus clientes, logrando el respeto por su calidad en el servicio y por sus procesos claramente establecidos.

En estas cuatro décadas, Toyosa ha logrado posicionar a Toyota como la marca número uno del mercado boliviano. Además, a través del servicio posventa ha establecido una relación con sus clientes ofreciendo repuestos originales de calidad.

“Acompañamos a nuestros clientes en cada momento y trabajamos siempre pensando en cómo ayudarlo a ser parte de la gran familia de Toyosa. Les brindamos un servicio técnico de calidad y personalizado ofreciendo repuestos originales que tienen el sello de calidad y durabilidad de fábrica. Cada vez estamos más cerca de nuestros clientes en todo el país con nuevos servicios y estándares internacionales de la marca”, puntualizó Saavedra.

Rumbo a los 50 años, la visión de Toyosa está concentrada en evitar la contaminación y cuidar el medio ambiente. En ese marco, impulsa la comercialización de vehículos híbridos (motor de combustión y eléctrico).

“Cuando una tecnología como la híbrida proporciona muchos beneficios, se podría pensar que es complicado tener uno; sin embargo, nuestros híbridos han sido diseñados para hacernos la vida más fácil”, concluyó el ejecutivo.

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Hasta diciembre, el 94,6% de los hogares del país tendrá luz

Energía. Se reanudaron las obras del cableado eléctrico en el territorio.

COBERTURA. Las inversiones estatales en el sector impulsan el proceso de electrificación en el país.

Por Marco A. Ibáñez

/ 24 de octubre de 2021 / 18:30

Economía

La cobertura de energía eléctrica avanza y se prevé que hasta diciembre llegará al 99,6% en zonas urbanas y el 83,5% en la rural. La demanda interna se incrementó en los últimos años, llegando a septiembre a 1.611 megawatts.

La proyección del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas es cerrar este 2021 con el 94,6% de los hogares de las familias bolivianas, tanto urbanas como rurales, conectados a este servicio.

Según datos de esta entidad estatal, hace seis años la cobertura eléctrica a nivel nacional alcanzaba al 86,5% de la población, lográndose incrementar hasta llegar al 93,5% en 2019.

Por ejemplo, en el área urbana pasó de 97,3%, en 2015, a 99%, en 2019; y en el área rural se elevó de 70,1% a 79,9% durante el mismo periodo.

“Sin embargo, durante el gobierno de facto estos proyectos no solo se paralizaron, sino también se vieron afectados por nefastas decisiones de las autoridades que manejaron la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y sus subsidiarias”, aseguró el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay.

Frente a esa situación, el funcionario dijo que una de las prioridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías fue reanudar las obras del tendido eléctrico para llegar con electricidad a regiones que no contaban con el servicio básico.

“Cabe destacar que el crecimiento de la demanda nuevas conexiones eléctricas, al igual que la demanda interna de este servicio básico, crece constantemente; por ello, el Gobierno trabaja arduamente para alcanzar el 100% de cobertura nacional en cumplimiento de lo que establece la Constitución Política del Estado”, apuntó el viceministro Romay.

DEMANDA. Respecto a los niveles de consumo energético en el país, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que en los últimos cuatro años se incrementó la demanda interna de electricidad y que a la vez se redujo la de gas, lo que demuestra que Bolivia avanza en el cambio de la matriz energética.

Como ejemplo, citó que el consumo interno promedio de gas en 2017 fue de 12,2 millones de metros cúbicos por día (MMmcd); mientras que el año pasado alcanzó a 9,9 MMmcd. Y a septiembre de esta gestión se llegó a 10,9 MMmcd.

Por el contrario, la demanda interna de energía eléctrica se fue incrementando paulatinamente. En 2017 la demanda máxima fue de 1.458,5 megawatts (MW); elevándose a 1.565,8 MW en 2020. Asimismo, al noveno mes del año el registro de la demanda máxima fue de 1.611 MW.

“Algo que genera confusión en la población es que se cree que los recursos energéticos provienen solo del gas o el diésel. Desde 2016 el Gobierno nacional está trabajando en la diversificación de la matriz energética y por ello en el sector eléctrico desarrollamos diversos proyectos que incluyen la generación con fuentes renovables y limpias. Este incremento en la demanda eléctrica y la reducción del consumo interno de gas refleja cuál es nuestra visión de cambio de la matriz energética”, aclaró el funcionario.

Finalmente, Molina anticipó que en cuatro años se sumará 500 MW a la red eléctrica del país, que impulsarán la electromovilidad en el país. “Para 2025 estaremos agregando casi 500 MW con nuevos proyectos de energías renovables y limpias, y además se promueve la electromovilidad, que permitirá desplazar el uso de combustibles fósiles por energía eléctrica como combustible del parque automotor. Eso es parte de las gestiones que venimos haciendo y la visión como Estado que tenemos”, destacó.

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