Hérland SolIz: ‘En estos meses sí o sí habrá una nueva ley de incentivos’
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza un primer balance de la situación de la primera empresa del país luego de haber sido gestionada durante 14 años por el gobierno de Evo Morales.
La nueva administración de la empresa más grande de Bolivia socializa desde hace unos días el primero de al menos dos informes sobre la situación de la estatal petrolera. El primer documento presenta nuevos resultados de las actividades de exploración, explotación, refinación e industrialización efectuadas en los últimos 14 años, mientras que el segundo —que se difundirá el 28 de febrero— examinará el desarrollo de los sectores de transporte, almacenaje, comercialización y redes de gas. Ambos informes se realizan por iniciativa de Hérland Soliz, quien fue posesionado como presidente de YPFB el pasado 16 de diciembre en reemplazo de José Luis Rivero, quien fue retirado del cargo luego de declarar que la petrolera estatal “está toda quebrada económicamente”.
—¿Cuál es la situación financiera de YPFB Corporación?
—La transparencia es el pilar fundamental de esta gestión encabezada por la presidenta Jeanine Áñez y nosotros; como primera medida, queremos convertirnos en la empresa más transparente de los bolivianos. El primer balance general al 30 de septiembre de 2019 da un valor patrimonial de Bs 63.244 millones ($us 9.086,8 millones), el más alto de todas las empresas bolivianas, con lo que podemos deducir que YPFB no está en quiebra. El estado de resultados hasta la misma fecha muestra también un saldo a favor de Bs 1.600 millones. Pero hay ajustes que se le tienen que hacer a estas utilidades, y eso es lo que escondía el gobierno anterior. Estos ajustes son, por ejemplo, deudas de la subvención de combustibles y de la energía pagada no retirada al Brasil que hacen que el saldo sea negativo, de menos Bs 3.000 millones. Las deudas son mucho mayores que la propia gestión que se hace. En 2019, lo planificado en YPFB Casa Matriz o Corporación fue de Bs 2.133 millones, pero solo ejecutamos el 38,65% y eso empresarialmente no funciona. Entonces, aquí se nota la falta de planificación que hubo de parte del anterior gobierno, la mala administración, la mala salud financiera en la que estaba la anterior gestión. Lamentablemente, en este período transitorio cuesta mucho volcar esta situación, (pero) estamos haciendo todos los ajustes necesarios, estamos convirtiéndonos en una empresa que cuide el bolsillo de los bolivianos (…). Otro reporte importante es el del personal. En Yacimientos, sin contar las subsidiarias, el promedio de personal era de 2.500, una cantidad que en 2019 sube a 2.845.
—¿Por qué el año pasado?
—Es una muestra clara de que esta empresa (YPFB) era la caja de campaña y la agencia de empleo del gobierno anterior. Metían personal a dedo, políticos, candidatos y parientes de candidatos. Entonces esto se politizó tanto que realmente no se tenía un rumbo y cada vez se gastaba mucho más. Y esa es la mejora que se hizo en 2020. Solo en enero hemos disminuido 235 personas y el ahorro que hemos tenido es de Bs 1.463.957. También han finalizado algunos contratos y vamos a dejar de contratar a personas que realmente no se utilizan. Esta forma de ser austeros con nuestros recursos no significa que vamos a dejar de trabajar, más bien queremos mayor calidad de gente proba e idónea que estamos metiendo. Entonces eso es lo que estamos haciendo en YPFB: una reingeniería en todo aspecto.
—Según este análisis, ¿qué empresas y proyectos son rentables y cuáles son deficitarios?
—Dentro de los proyectos rentables tenemos el etanol y la exportación de GLP, mientras que el proyecto más deficitario de toda la cadena de hidrocarburos es la Planta de Urea, a la que catalogo como “el peor capricho político del anterior gobierno”. Por otro lado, tenemos el dato de que hasta ahora ninguna de las empresas subsidiarias fue deficitaria; sin embargo, han bajado mucho sus utilidades, han llegado a números negativos. Eso se va a saber en el próximo informe.
—¿Por qué califica la planta de Bulo Bulo como un “capricho”?
—Es un capricho político por la ubicación. No puede ser que la hagas en el centro del país si quieres vender el 90% de lo que produce. ¿Dónde están los estudios de mercado y el análisis para hacer eso? Aquí se muestra nuevamente la falta de planificación que tuvieron el anterior gobierno y YPFB en la planta más cara del país.
—¿Cuál fue su costo?
—$us 1.053 millones. Primero el contrato original era de $us 890 millones, luego se hizo un contrato modificatorio y se llegó a $us 1.000 millones. Se gastó $us 50 millones más en la adecuación de transporte, barcazas y vagones, que han sido escándalos de corrupción en otro años; y otros $us 3 millones en tener un puerto de salida al río Paraguay. Además se va gastando casi $us 300 millones más en la vía férrea. Todo se planificó al revés. La Planta de Urea es el peor negocio que hemos tenido porque se planificó con un precio de $us 800 la tonelada métrica (TM) y ahora está en $us 250. ¿Cómo va a ser rentable esto?, no hay forma de que sea rentable este proyecto. Lo que si nos pone en duda es cómo en otros países es rentable con ese precio y aquí en Bolivia no.
—¿Cuáles son las opciones?
—Buscar una asociación público privada con una empresa de afuera o trasladarla, aunque nos cueste más recursos. Vamos a llegar a una solución en dos meses. En ese tiempo estamos haciendo una auditoría bien específica y quirúrgica en la planta, la cual estamos paralizando porque el mismo hecho de utilizarla nos causa gastos. Para que funcione esta planta se utilizan 2 millones de metros cúbicos de gas día (MMmcd), más negocio es vender ese gas a Brasil y Argentina que vender la urea a ese precio ($us 250 por TM). Entonces, no hay forma de ver que este negocio sea rentable (…). Estamos sacrificando todo nuestro tiempo y trabajo, aparte de las funciones normales que tenemos, en hacer esta clase de análisis para dejarle al próximo gobierno una ruta expedita sobre este tema, porque si no lo hacemos nadie lo va a hacer.
—¿Qué indica el balance sobre el proceso de nacionalización?
—Los bolivianos fuimos víctimas de la propaganda política, porque la nacionalización en realidad no es más que buscar recursos económicos en la comercialización del gas natural; no es buscar nuevos horizontes, nuevas reservas o negocios rentables. Para mí, el gran fracaso de la nacionalización es la exploración, hubo más inversión en explotación que en exploración (…). Ese proceso, debido a los altos precios del petróleo, nos ha dado 10 veces más recursos que los que teníamos antes, pero no tenemos 10 veces más hospitales o 10 veces más escuelas en las comunidades. Entonces, la falsa nacionalización, al final de cuentas, nos lleva a este fracaso y ahora nadie habla de ella.
—¿Y la industrialización?
—Está concebida con tres proyectos grandes: las separadoras de líquidos Gran Chaco y Río Grande y la Planta de Urea. Río Grande está funcionando siempre a más del 80% de su capacidad de GLP para el mercado interno. Gran Chaco está pensada para el mercado externo, es un negocio rentable, pero el problema es que extraemos líquido al gas que se exporta a la Argentina; si va menos gas a ese país sacamos menos líquido y viceversa. Está al 30 o 40% de capacidad y es una clara muestra que si queremos exportar tenemos que hacerlo en la frontera, no desde el centro del país. Entonces, dentro de la industrialización no todo ha sido malo, la Planta de Urea, sí. También se toma como industrialización a las 21 Estaciones Satelitales de Regasificación, de las cuales 18 no operan. Esto se presentará en el próximo informe, pero imposible que sea un negocio rentable si hacemos 21 y solo funcionan tres.
—En todo ese contexto, ¿qué acciones se llevarán a cabo?
—Vamos a darle continuidad a los negocios que son rentables y tratar de potenciarlos. En los deficitarios vamos a buscar en estos meses una solución alternativa para que sean rentables y si no lo son lo vamos a decir. Lo que menos queremos es seguir invirtiendo en negocios que son deficitarios (…). Sin embargo, nuestra máxima prioridad en una exploración seria y es la que estamos teniendo para cambiar la situación del país. Estamos perforando ocho pozos de exploración; en dos ya hemos llegado a la profundidad final. La próxima semana, la presidenta Áñez va a anunciar estos resultados positivos. Otro tema importante es la reunión con las operadoras que están casi 20 años en Bolivia. El hostigamiento, las prohibiciones, las obligaciones que tenían que cumplir, los riegos muy altos, causaron en estos 14 años una mala relación entre los operadores y YPFB y el gobierno. Nosotros hemos vuelto a abrir relaciones. Por ejemplo, con Petrobras —que tenía nominaciones muy bajas— hemos firmado un acuerdo de paz para exportar gas. Le hemos vuelto a vender a Brasil lo que le vendimos antes, 31 MMmcd (…). La capacidad de producción que tenemos en Bolivia es de 64 MMmcd, eso significa todo lo que pueden tratar todas nuestras plantas al 100%, pero si no tenemos ese gas no vamos a llegar a 64 MMmcd. Lo máximo a lo que podemos llegar es 54 MMmcd, de los cuales 13 MMmcd van al mercado interno —la prioridad nacional—, 31 MMmcd van a Brasil en este momento y entre 10 y 11 MMmcd van a Argentina. Entonces, estamos garantizando el mercado interno y los de exportación; estamos a máxima producción si comparamos con los reportes de enero de años pasados.
—¿Qué ha cambiado?
—Hemos vuelto a tener amistad y relacionamiento con estos países y con las operadoras mismas. Vintage, por ejemplo, es una empresa muy pequeña en Bolivia pero su progenitora, la estadounidense Oxi, es muy grande y quiere venir a invertir a Bolivia en algunos campos. Yo sé que para cambiar esta situación no solo se necesita de actitud y buena predisposición, también hay que mostrar cambios en la Ley de Hidrocarburos (3058). Pero hay que ser francos, nosotros no podemos tener una nueva ley en este período transitorio. Una ley sectorial de este calibre necesita años de trabajo técnico y consultas públicas.
—¿Cómo se encara el proceso?
—El Ministerio de Hidrocarburos está tratando de abrir una consulta pública para la Ley de Hidrocarburos y nosotros como YPFB estamos primero mostrándole qué cosas se debe cambiar y qué no. Sí se pueden hacer algunos ajustes con decretos supremos, no los estamos haciendo en estos seis meses, lo ideal es que el próximo gobierno de una vez plantee una nueva ley. En eso estamos mostrando el camino.
—¿Habla de normas específicas para impulsar el sector?
—Por ejemplo, la Ley (767) de Promoción para la Inversión Hidrocarburífera es una norma que más bien desincentiva. Antes había un incentivo a los campos maduros que era mucho más rentable para las empresas que la ley que hay ahora. Ya nos hemos reunido con las operadoras y nos dijeron que no están de acuerdo con esta ley (767); hemos engranado y estamos creando en conjunto una nueva ley de incentivos. Trabajar en campos maduros, explotados y que siguen produciendo es rentable siempre y cuando le demos un buen incentivo.
—¿Estos nuevos incentivos pueden ser tributarios?
— Claro, todo. (Hay que) buscar la forma de que sea rentable el negocio.
—¿Esa ley puede promulgarse en dos meses?
—Sí, estamos en eso. El encargado de proponer las leyes y los decretos es el Ministerio de Hidrocarburos, nosotros solo estamos dando los insumos, pero el ministro (Víctor Hugo Zamora) dice que sí se va a poder y en estos meses sí o sí habrá una nueva ley de incentivos. Lo que también queremos es darle (a las gobernaciones) la oportunidad de invertir en una empresa departamental petrolera, una empresa que trabaje los campos maduros, lo que hará que todo el rédito que se saque (por esa actividad) sea para el propio departamento. Entonces, esas son las cosas que estamos analizando.
Perfil
Nombre: Hérland Javier Soliz Montenegro
Cargo: Presidente de YPFB Corporación
Carrera dedicada a la energía
Es ingeniero en Petróleo y Gas Natural en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Se desempeñó en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz como técnico en la Secretaría de Economía y Hacienda, asesor de hidrocarburos y titular de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos. También fungió como docente universitario y técnico en el Proyecto de Aguas Subterráneas de la Gobernación cruceña.
