lunes 20 sep 2021 | Actualizado a 13:37

Hérland SolIz: ‘En estos meses sí o sí habrá una nueva ley de incentivos’

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza un primer balance de la situación de la primera empresa del país luego de haber sido gestionada durante 14 años por el gobierno de Evo Morales.

Despacho. Soliz recibió a los periodistas de La Razón el martes pasado. Foto: Christian Calderón

/ 12 de febrero de 2020 / 10:30

La nueva administración de la empresa más grande de Bolivia socializa desde hace unos días el primero de al menos dos informes sobre la situación de la estatal petrolera. El primer documento presenta nuevos resultados de las actividades de exploración, explotación, refinación e industrialización efectuadas en los últimos 14 años, mientras que el segundo —que se difundirá el 28 de febrero— examinará el desarrollo de los sectores de transporte, almacenaje, comercialización y redes de gas. Ambos informes se realizan por iniciativa de Hérland Soliz, quien fue posesionado como presidente de YPFB el pasado 16 de diciembre en reemplazo de José Luis Rivero, quien fue retirado del cargo luego de declarar que la petrolera estatal “está toda quebrada económicamente”.

—¿Cuál es la situación financiera de YPFB Corporación?

—La transparencia es el pilar fundamental de esta gestión encabezada por la presidenta Jeanine Áñez y nosotros; como primera medida, queremos convertirnos en la empresa más transparente de los bolivianos. El primer balance general al 30 de septiembre de 2019 da un valor patrimonial de Bs 63.244 millones ($us 9.086,8 millones), el más alto de todas las empresas bolivianas, con lo que podemos deducir que YPFB no está en quiebra. El estado de resultados hasta la misma fecha muestra también un saldo a favor de Bs 1.600 millones. Pero hay ajustes que se le tienen que hacer a estas utilidades, y eso es lo que escondía el gobierno anterior. Estos ajustes son, por ejemplo, deudas de la subvención de combustibles y de la energía pagada no retirada al Brasil que hacen que el saldo sea negativo, de menos Bs 3.000 millones. Las deudas son mucho mayores que la propia gestión que se hace. En 2019, lo planificado en YPFB Casa Matriz o Corporación fue de Bs 2.133 millones, pero solo ejecutamos el 38,65% y eso empresarialmente no funciona. Entonces, aquí se nota la falta de planificación que hubo de parte del anterior gobierno, la mala administración, la mala salud financiera en la que estaba la anterior gestión. Lamentablemente, en este período transitorio cuesta mucho volcar esta situación, (pero) estamos haciendo todos los ajustes necesarios, estamos convirtiéndonos en una empresa que cuide el bolsillo de los bolivianos (…). Otro reporte importante es el del personal. En Yacimientos, sin contar las subsidiarias, el promedio de personal era de 2.500, una cantidad que en 2019 sube a 2.845.

—¿Por qué el año pasado?

—Es una muestra clara de que esta empresa (YPFB) era la caja de campaña y la agencia de empleo del gobierno anterior. Metían personal a dedo, políticos, candidatos y parientes de candidatos. Entonces esto se politizó tanto que realmente no se tenía un rumbo y cada vez se gastaba mucho más. Y esa es la mejora que se hizo en 2020. Solo en enero hemos disminuido 235 personas y el ahorro que hemos tenido es de Bs 1.463.957. También han finalizado algunos contratos y vamos a dejar de contratar a personas que realmente no se utilizan. Esta forma de ser austeros con nuestros recursos no significa que vamos a dejar de trabajar, más bien queremos mayor calidad de gente proba e idónea que estamos metiendo. Entonces eso es lo que estamos haciendo en YPFB: una reingeniería en todo aspecto.

—Según este análisis, ¿qué empresas y proyectos son rentables y cuáles son deficitarios?

—Dentro de los proyectos rentables tenemos el etanol y la exportación de GLP, mientras que el proyecto más deficitario de toda la cadena de hidrocarburos es la Planta de Urea, a la que catalogo como “el peor capricho político del anterior gobierno”. Por otro lado, tenemos el dato de que hasta ahora ninguna de las empresas subsidiarias fue deficitaria; sin embargo, han bajado mucho sus utilidades, han llegado a números negativos. Eso se va a saber en el próximo informe.

—¿Por qué califica la planta de Bulo Bulo como un “capricho”?

—Es un capricho político por la ubicación. No puede ser que la hagas en el centro del país si quieres vender el 90% de lo que produce. ¿Dónde están los estudios de mercado y el análisis para hacer eso? Aquí se muestra nuevamente la falta de planificación que tuvieron el anterior gobierno y YPFB en la planta más cara del país.

—¿Cuál fue su costo?

—$us 1.053 millones. Primero el contrato original era de $us 890 millones, luego se hizo un contrato modificatorio y se llegó a $us 1.000 millones. Se gastó $us 50 millones más en la adecuación de transporte, barcazas y vagones, que han sido escándalos de corrupción en otro años; y otros $us 3 millones en tener un puerto de salida al río Paraguay. Además se va gastando casi $us 300 millones más en la vía férrea. Todo se planificó al revés. La Planta de Urea es el peor negocio que hemos tenido porque se planificó con un precio de $us 800 la tonelada métrica (TM) y ahora está en $us 250. ¿Cómo va a ser rentable esto?, no hay forma de que sea rentable este proyecto. Lo que si nos pone en duda es cómo en otros países es rentable con ese precio y aquí en Bolivia no.

—¿Cuáles son las opciones?

—Buscar una asociación público privada con una empresa de afuera o trasladarla, aunque nos cueste más recursos. Vamos a llegar a una solución en dos meses. En ese tiempo estamos haciendo una auditoría bien específica y quirúrgica en la planta, la cual estamos paralizando porque el mismo hecho de utilizarla nos causa gastos. Para que funcione esta planta se utilizan 2 millones de metros cúbicos de gas día (MMmcd), más negocio es vender ese gas a Brasil y Argentina que vender la urea a ese precio ($us 250 por TM). Entonces, no hay forma de ver que este negocio sea rentable (…). Estamos sacrificando todo nuestro tiempo y trabajo, aparte de las funciones normales que tenemos, en hacer esta clase de análisis para dejarle al próximo gobierno una ruta expedita sobre este tema, porque si no lo hacemos nadie lo va a hacer.

—¿Qué indica el balance sobre el proceso de nacionalización?

—Los bolivianos fuimos víctimas de la propaganda política, porque la nacionalización en realidad no es más que buscar recursos económicos en la comercialización del gas natural; no es buscar nuevos horizontes, nuevas reservas o negocios rentables. Para mí, el gran fracaso de la nacionalización es la exploración, hubo más inversión en explotación que en exploración (…). Ese proceso, debido a los altos precios del petróleo, nos ha dado 10 veces más recursos que los que teníamos antes, pero no tenemos 10 veces más hospitales o 10 veces más escuelas en las comunidades. Entonces, la falsa nacionalización, al final de cuentas, nos lleva a este fracaso y ahora nadie habla de ella.

—¿Y la industrialización?

—Está concebida con tres proyectos grandes: las separadoras de líquidos Gran Chaco y Río Grande y la Planta de Urea. Río Grande está funcionando siempre a más del 80% de su capacidad de GLP para el mercado interno. Gran Chaco está pensada para el mercado externo, es un negocio rentable, pero el problema es que extraemos líquido al gas que se exporta a la Argentina; si va menos gas a ese país sacamos menos líquido y viceversa. Está al 30 o 40% de capacidad y es una clara muestra que si queremos exportar tenemos que hacerlo en la frontera, no desde el centro del país. Entonces, dentro de la industrialización no todo ha sido malo, la Planta de Urea, sí. También se toma como industrialización a las 21 Estaciones Satelitales de Regasificación, de las cuales 18 no operan. Esto se presentará en el próximo informe, pero imposible que sea un negocio rentable si hacemos 21 y solo funcionan tres.

—En todo ese contexto, ¿qué acciones se llevarán a cabo?

—Vamos a darle continuidad a los negocios que son rentables y tratar de potenciarlos. En los deficitarios vamos a buscar en estos meses una solución alternativa para que sean rentables y si no lo son lo vamos a decir. Lo que menos queremos es seguir invirtiendo en negocios que son deficitarios (…). Sin embargo, nuestra máxima prioridad en una exploración seria y es la que estamos teniendo para cambiar la situación del país. Estamos perforando ocho pozos de exploración; en dos ya hemos llegado a la profundidad final. La próxima semana, la presidenta Áñez va a anunciar estos resultados positivos. Otro tema importante es la reunión con las operadoras que están casi 20 años en Bolivia. El hostigamiento, las prohibiciones, las obligaciones que tenían que cumplir, los riegos muy altos, causaron en estos 14 años una mala relación entre los operadores y YPFB y el gobierno. Nosotros hemos vuelto a abrir relaciones. Por ejemplo, con Petrobras —que tenía nominaciones muy bajas— hemos firmado un acuerdo de paz para exportar gas. Le hemos vuelto a vender a Brasil lo que le vendimos antes, 31 MMmcd (…). La capacidad de producción que tenemos en Bolivia es de 64 MMmcd, eso significa todo lo que pueden tratar todas nuestras plantas al 100%, pero si no tenemos ese gas no vamos a llegar a 64 MMmcd. Lo máximo a lo que podemos llegar es 54 MMmcd, de los cuales 13 MMmcd van al mercado interno —la prioridad nacional—, 31 MMmcd van a Brasil en este momento y entre 10 y 11 MMmcd van a Argentina. Entonces, estamos garantizando el mercado interno y los de exportación; estamos a máxima producción si comparamos con los reportes de enero de años pasados.

—¿Qué ha cambiado?

—Hemos vuelto a tener amistad y relacionamiento con estos países y con las operadoras mismas. Vintage, por ejemplo, es una empresa muy pequeña en Bolivia pero su progenitora, la estadounidense Oxi, es muy grande y quiere venir a invertir a Bolivia en algunos campos. Yo sé que para cambiar esta situación no solo se necesita de actitud y buena predisposición, también hay que mostrar cambios en la Ley de Hidrocarburos (3058). Pero hay que ser francos, nosotros no podemos tener una nueva ley en este período transitorio. Una ley sectorial de este calibre necesita años de trabajo técnico y consultas públicas.

—¿Cómo se encara el proceso?

—El Ministerio de Hidrocarburos está tratando de abrir una consulta pública para la Ley de Hidrocarburos y nosotros como YPFB estamos primero mostrándole qué cosas se debe cambiar y qué no. Sí se pueden hacer algunos ajustes con decretos supremos, no los estamos haciendo en estos seis meses, lo ideal es que el próximo gobierno de una vez plantee una nueva ley. En eso estamos mostrando el camino.

—¿Habla de normas específicas para impulsar el sector?

—Por ejemplo, la Ley (767) de Promoción para la Inversión Hidrocarburífera es una norma que más bien desincentiva. Antes había un incentivo a los campos maduros que era mucho más rentable para las empresas que la ley que hay ahora. Ya nos hemos reunido con las operadoras y nos dijeron que no están de acuerdo con esta ley (767); hemos engranado y estamos creando en conjunto una nueva ley de incentivos. Trabajar en campos maduros, explotados y que siguen produciendo es rentable siempre y cuando le demos un buen incentivo.

—¿Estos nuevos incentivos pueden ser tributarios?

— Claro, todo. (Hay que) buscar la forma de que sea rentable el negocio.

—¿Esa ley puede promulgarse en dos meses?

—Sí, estamos en eso. El encargado de proponer las leyes y los decretos es el Ministerio de Hidrocarburos, nosotros solo estamos dando los insumos, pero el ministro (Víctor Hugo Zamora) dice que sí se va a poder y en estos meses sí o sí habrá una nueva ley de incentivos. Lo que también queremos es darle (a las gobernaciones) la oportunidad de invertir en una empresa departamental petrolera, una empresa que trabaje los campos maduros, lo que hará que todo el rédito que se saque (por esa actividad) sea para el propio departamento. Entonces, esas son las cosas que estamos analizando.  

Perfil

Nombre: Hérland Javier Soliz Montenegro

Cargo: Presidente de YPFB Corporación

Carrera dedicada a la energía

Es ingeniero en Petróleo y Gas Natural en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Se desempeñó en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz como técnico en la Secretaría de Economía y Hacienda, asesor de hidrocarburos y titular de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos. También fungió como docente universitario y técnico en el Proyecto de Aguas Subterráneas de la Gobernación cruceña.

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Revertir el desempleo requiere de políticas e incentivos

Crisis. Pese a una baja en la tasa de desocupación, la población espera empleos de calidad.

A julio, la desocupación bajó a 6,4%. Para el Gobierno es ‘alentador’ y para economistas no es suficiente, se debe generar empleos de calidad.

Por Marco A. Ibañez

/ 19 de septiembre de 2021 / 19:33

ECONOMÍA

A julio de este año, el desempleo en el país bajó a 6,4%, es decir, 5,2 puntos porcentuales menos de lo registrado el mismo mes en 2020. Para el Gobierno este indicador es “alentador” para la economía; mientras que analistas recomiendan empleos de calidad.

“Las cifras son muy alentadoras, porque reflejan que hay un mayor dinamismo económico y mejores ingresos en las familias bolivianas”, destacó los días pasados la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza.

Para la funcionaria la reducción a 6,4% de la tasa de desempleo urbano al sexto mes de esta gestión es muy importante, sobre todo si se compara este indicador con el alcanzado en julio de 2020, cuando el porcentaje de desocupados llegó al 11,6% como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

A este comentario, se puede añadir que a abril de este año la tasa de desocupación fue de 7,6%, la cual confirma que la cifra experimentó un descenso de 1,2 puntos porcentuales para julio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentados por la ministra Mendoza, la brecha de desempleo entre mujeres y varones se redujo a 0,9%, cuando en 2020 llegó a 4,2%. También se redujo la tasa de desocupación de jóvenes entre 16 y 28 años de edad de 21,0% en 2020 a 10,7% a julio de este año.

La construcción está entre los sectores con mayor ocupación de mano de obra, según el presidente Luis Arce, quien también escribió en su cuenta en Twitter: “Pisamos el acelerador en la inversión pública y eso nos permitió dinamizar el sector de la construcción, que es el principal generador de empleo en estos momentos”.

El INE también informó que a junio de 2021 la Población Económicamente Activa (PEA) llegó a 4.344.000 personas, lo que significó una variación positiva de 22,0% con relación al mismo trimestre del año anterior, cuando registró su punto más bajo como resultado de las cuarentenas por la pandemia del COVID-19.

Del citado total, 4.013.000 personas están ocupadas, mientras que 330.000 se encontraban a junio de este año desocupadas, es decir, sin ninguna fuente laboral.

Asimismo, la Tasa de Ocupación (TO), que representa el porcentaje de población mayor de 14 años que se encuentra trabajando, al segundo trimestre de 2021 registró un 66,3%, con un importante incremento de 10,5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de la gestión anterior (55,8%). (Ver infografía)

Según actividad económica, los datos de la entidad oficial de estadística boliviana muestran que el 25,6% de esta población (1.029.000 personas) tuvo como principal actividad el comercio, seguido de un 13,9% (558.000 personas) que se dedicó a la industria manufacturera y 9,8% (395.000 personas) que desarrolló actividades en transporte y almacenamiento, principalmente.

Al segundo trimestre de 2021, los jóvenes de 16 a 28 años representan el 28,7% de la población ocupada, seguido de las personas de entre 45 y 59 años que alcanzan el 22,3%.

FUENTE:INE-ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO(ECE)

POLÍTICAS. La reducción del desempleo en el país fue destacada por los economistas Jaime Dunn y Jimmy Osorio porque consideran que la población está empezando a tener empleo; no obstante, coinciden también en que la cifra del 6,4% (a julio de 2021) no es suficiente debido a que la administración de Arce aún no ha presentado al país una política “seria” y “estímulos” para que el sector privado participe en la generación de nuevas fuentes de trabajo.

Para Dunn puede observarse un descenso en el desempleo muy importante, pero los datos del Gobierno no muestran cuánto del empleo es formal e informal. Además, que es necesario revisar las cifras del subempleo en el país.

“Es una estadística que parece tan atractiva pero que necesita ser analizada dato por dato para ver exactamente si los empleos que se están creando son de calidad. Lo más probable es que no”, dijo a LA RAZÓN.

Igualmente, Osorio señaló que después de un año (2019) con cuarentenas rígidas por la pandemia, la población activa está volviendo a la normalidad, es decir, las actividades económicas en esta gestión se están reactivando, pero “no se está generando empleo de calidad, o sea, aquel trabajo que tiene seguro, beneficios sociales como aguinaldo, vacaciones y servicios de salud”. 

A esto, el economista Dunn consideró que también es necesario conocer si son empleos nuevos o viejos. Y si es la última situación, no se está generando nuevas fuentes de trabajo, simplemente se están reemplazando los empleos perdidos durante la pandemia.

Ante ello, recomendó a las autoridades de Gobierno trabajar en políticas para luchar contra el subempleo y aplicar “estímulos reales” para que el sector privado genere empleo, entendiendo que es el empleador más grande del país.

“Los únicos que pueden resolver el problema del empleo en Bolivia son los empresarios privados y no el sector público”, dijo Dunn.

Como medidas, explicó que en países de la región y el mundo se aplican iniciativas para la reducción del impuesto a la utilidad a fin de que las empresas contraten más personal. “No pagas impuestos a cambio de contratar gente”.

Otra medida que propone el economista es la “flexibilización laboral” no para retirar personal sino para contratar más personas. Esta acción puede permitir la contratación de trabajadores por horas o a tiempo parcial.

Para el economista Jimmy Osorio no es una tarea fácil crear empleos debido a las condiciones de desarrollo que tiene el país, con una economía “pequeña y una industria bastante incipiente”.

Frente a ello, se requiere políticas de desarrollo industrial, la inversión pública debe aumentar al igual que la Inversión Extranjera Directa (IED), dijo a este medio.

“Se debe dar el gran salto hacia la industrialización y no seguir exportando materia prima, mayor inversión pública, porque es generadora de empleo, atraer capitales extranjeros al país, impulsar proyectos generadores de fuentes de trabajo”, señaló tras reiterar que solo con la aplicación de este tipo de políticas se logrará revertir el desempleo en el país.

POBLACIÓN. Generar nuevas fuentes de empleo necesita de medidas a largo plazo. Foto. ÁLVARO VALERO

La informalidad puede prolongar la crisis laboral en la región

 A un año y medio de iniciada la pandemia por COVID-19, la crisis económica, laboral, sanitaria y social ha “exacerbado los importantes déficits de trabajo decente” y los elevados niveles de desigualdad preexistentes en América Latina y el Caribe, según un último estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La región es una de las más afectadas a nivel mundial. Ello se ha manifestado a través de reducciones inéditas en el nivel de actividad económica y en el empleo, en un fuerte deterioro del aparato productivo y cierre de empresas, en contracciones significativas en los ingresos medios y en aumentos en la desigualdad y la pobreza, señala el documento titulado: Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe: una recuperación insuficiente y desigual, el cual fue difundido la semana pasada.

Las mujeres, los jóvenes, los migrantes, las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores de menores calificaciones han experimentado con mayor intensidad los efectos de esta crisis.

A diferencia de crisis previas, la tasa de informalidad se redujo en el periodo más crítico. Sin embargo, en 2021 son las ocupaciones informales las que están liderando la recuperación parcial del empleo.

La estrecha vinculación entre informalidad laboral, bajos ingresos y desigualdad se ha hecho aún más evidente en este contexto.

Frente a este escenario, la OIT considera que la región requiere adoptar una agenda de políticas integrales, consensuadas y de gran alcance, centrada en las personas, que apuntale la creación de más puestos de trabajo formales, que proteja a las micro y pequeñas empresas y que otorgue sostén de ingresos a los trabajadores y familias en condiciones de vulnerabilidad.

De lo contrario, los impactos de la crisis se prolongarán y dejarán profundas cicatrices sociales y laborales por largo plazo en la región, advierte el organismo internacional.

MERCADO. En varias capitales del país la informalidad tomó las calles. Foto. APG

POLÍTICAS. «La incipiente recuperación económica que ha tenido lugar, en especial en el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, no se ha reflejado de forma suficiente en el mercado laboral», dijo en conferencia de prensa el director regional de la OIT para América Latina, Vinícius Pinheiro.

El brasileño Pinheiro confirmó a la agencia AFP que durante la pandemia, en 2020, se destruyeron hasta 43 millones de empleos, lográndose recuperar solo 29 millones entre el segundo trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.

“Falta recuperar 14 millones”, señaló Pinheiro, quien subrayó que el sector servicios fue el más afectado y reiteró que para los países de la región “todavía hay una brecha muy grande de empleos perdidos” que no se cerrará “antes de 2024 y 2025”.

“Alrededor de 70% de los empleos que se están generando desde mediados de 2020 hasta el primer trimestre de 2021 son ocupaciones en condiciones de informalidad, de acuerdo con datos de un grupo de países de América Latina”, destaca el documento de la OIT.

Al respecto, el economista Jimmy Osorio precisó que en el caso de Bolivia la informalidad es del 83%, es decir, de 100 personas 83 trabajan de manera informal en el país.

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La ONU exhorta a ‘reorientar’ los apoyos a la agricultura

Efectos. La ayuda mundial a este sector tiene efectos ‘dañinos’.

Por AFP

/ 19 de septiembre de 2021 / 19:22

MUNDO

Tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron a “reorientar” las ayudas a la agricultura tras considerar que en demasiados casos generan efectos “dañinos” para el medioambiente o la salud de la población.

A pocos días de la cumbre mundial de sistemas alimentarios organizada por la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre, la FAO (agricultura y alimentación), el PNUD (desarrollo) y el PNUMA (medioambiente) presentaron un informe que juzga de manera muy severa el impacto de la ayuda a los agricultores en el mundo.

Titulado “Una oportunidad de varios miles de millones de dólares”, este informe documenta que el apoyo a los agricultores en todo el mundo asciende a un monto de unos $us 540.000 millones (unos 456.100 millones de euros) al año. De éstos, unos $us 470.000 millones —o sea, el 87%— provocan “distorsiones de los precios y son perjudiciales para el medioambiente y a nivel social”.

Una parte importante de estas ayudas, $us 294.000 millones por año, proviene de los incentivos a los precios, mediante los aranceles aduaneros, subvenciones a la exportación y cuotas de importación, según el informe.

“Esto genera distorsiones de los precios” y de la competencia, subraya Marco Sánchez, economista en la FAO y uno de los autores de este informe, quien fue entrevistado por la AFP. “Esto perjudica a la eficacia”, insiste.

CAMBIO .La redistribución de los apoyos es una oportunidad para transformar los sistemas alimentarios Foto. AFP

FINANCIAMIENTO. Las ayudas presupuestarias a los agricultores, que alcanzan unos $us 245.000 millones por año, pueden tener de manera concomitante “un impacto negativo sobre el medioambiente”, cuando están vinculadas a determinada producción en concreto o insumos (ayudas asociadas o acopladas).

Esto puede llevar a una “utilización masiva de productos químicos, a la disminución de los recursos naturales y al desarrollo del monocultivo”, advierte Sánchez.

Es muy probable además que estas ayudas perjudiquen al equilibrio nutricional de las poblaciones al fomentar el consumo de alimentos básicos (azúcar, por ejemplo), en detrimento de las frutas y hortalizas, destaca.

Solamente los $us 110.000 millones de gasto que benefician colectivamente al sector para los servicios generales (infraestructura, investigación y desarrollo, etc.) son considerados verdaderamente eficaces por los autores del informe.

El documento tiene por objetivo despertar “la conciencia de los gobiernos del mundo entero”, señala Qu Dongyu, director general de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Los países deben “repensar sus regímenes de apoyo a la agricultura de tal forma que se vuelvan capaces de transformar nuestros sistemas agroalimentarios”, con cuatro objetivos en la mira: “una mejor nutrición, mejor producción, mejor medioambiente y mejor calidad de vida”, añade.

REFORMAS. Estos tres organismos de la ONU abogan por una gestión en seis etapas para alcanzar una reforma gradual de estos apoyos. La reorientación de las ayudas deberá hacerse de una manera “transparente”, basándose “en las evidencias” y adaptándose a la situación en los distintos países, subraya el informe.

Con el hecho de pasar a apoyos a la agricultura “más respetuosos con la naturaleza, equitativos y eficaces, podemos mejorar los medios de subsistencia y de manera simultánea reducir las emisiones contaminantes, protegiendo a los ecosistemas y reduciendo la utilización de productos agroquímicos”, señala Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.

Los apoyos públicos a la agricultura son objeto de críticas frecuentes. En junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lamentó en un informe que este verdadero maná esté mal orientado. La OCDE aspira a que se haga aún más hincapié sobre la innovación para ganar en productividad y respetar mejor el medioambiente.

“Pero, esta es la primera vez en tiempos recientes que tres agencias de la ONU lanzan este mensaje con una sola voz, con pruebas detalladas y nuevos datos”, asegura Sánchez.

Espera que la gestión en seis etapas propuesta para reorientar estos apoyos “sea adoptada por algunos países”.

“En su conjunto, la redistribución de los apoyos agrícolas son una oportunidad única para transformar los sistemas alimentarios, pero esto no podrá ser así sin un fuerte apoyo de los gobiernos y una acción urgente en los próximos eventos internacionales”, para empezar en la cumbre sobre sistemas alimentarios, destaca.

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El Grupo Venado estará en la Expocruz

FERIA. Se podrá degustar los principales productos de esta empresa.

OFERTA. Una variedad de salsas serán ofertadas al público.

Por Marco A. Ibañez

/ 19 de septiembre de 2021 / 19:17

EMPRESA

Con su gran variedad de productos, la marca de salsas “Kris”, una de las más requeridas por las familias bolivianas, estará presente en la nueva versión de la Expocruz, durante los 10 días de la feria.

“Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con la población cruceña en esta gran fiesta, por lo que estaremos todos los días de feria a disposición de los que nos visiten para ofrecerles las salsas que deseen para su degustación”, anunció Genaro Valverde, jefe de Negocios-Grupo Venado.

El punto de Salsas Kris estará ubicado en un espacio especial del patio de comidas, para que los que deseen degustar los productos lo puedan fácilmente hacer y acceder a estas salsas sin costo alguno, para disfrutar junto a sus familias y amigos de los puestos de comidas que estarán presentes en esas fechas, detalló el ejecutivo.

“Esperamos a todo el público con los brazos abiertos para que puedan disfrutar en esta Expocruz 2021 junto a la marca ‘Kris’, y volver a encontrarnos después de un año lleno de adversidades”, agregó Velarde.

Entre los productos que se expondrán en los días que se lleve adelante la feria, se encuentran: kétchup, mayonesa, mostaza y las salsas de su línea tradicional denominadas “kriollas”.

EMPRESA. El Grupo Venado tiene más de 108 años apostando por el crecimiento y la economía del país. Cuenta con más de un centenar de productos de excelente calidad, en las categorías de alimentos, bebidas y lácteos, cuidado del hogar y personal, convirtiéndose en una empresa sólida y en un referente para Bolivia.

La calidad de sus productos es reconocida en el ámbito nacional.

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Tigo Money supera el millón de usuarios

Crecimiento. Se trata de un aumento del 55% de los clientes activos.

SERVICIO. Un 30% de los puntos Tigo Money se encuentran en el área rural del país.

Por Marco A. Ibañez

/ 19 de septiembre de 2021 / 19:07

EMPRESA

Con más de 2.500 puntos de cobranzas y pagos, Tigo Money se consolida como la red financiera más amplia de Bolivia con más de un millón de usuarios. A través de este servicio se efectúan transacciones mensuales por $us 70 millones.

Tigo Money marca un nuevo hito al superar el millón de usuarios a escala nacional que acceden a servicios de cobranzas y pagos. En comparación con la gestión pasada, se registró un crecimiento del 55% de clientes activos.

Son más de 2.500 puntos de cobranzas y pagos que esta plataforma tiene a disposición de sus usuarios, de los cuales un 30% se encuentra en zonas rurales.

“Somos la red financiera más amplia del país, en lo que va de este año, hemos logrado un 25% de crecimiento en la red de distribución de Puntos Tigo Money, lo que nos convierte en una excelente solución de pago para los comercios. Además, para tener una cuenta Tigo Money no es obligatorio ser cliente Tigo, personas con servicios de cualquier telefónica a través de nuestros canales digitales (Web móvil) pueden tener una cuenta Tigo Money”, destacó la gerente de Marca y Comunicación Institucional de Tigo Bolivia, María Laura Mendoza.

Este servicio genera alrededor de $us 70 millones en transacciones mensuales. El envío de dinero y los pagos de facturas son los más requeridos. En lo que va del año, la ejecutiva detalló que el servicio de colecturía (cobranza para empresas) tuvo un crecimiento del 100%, en comparación con el mismo periodo de 2020, pasando de mover Bs 5,4 millones a Bs 11 millones de forma mensual.

“Nuestros beneficiarios son tanto empresas como personas en general”, insistió Mendoza. “La diversidad de alternativas y puntos de pago que ofrecemos permite que cobrar o pagar sea más fácil para cualquiera. Para acceder a la billetera tenemos tres interfases: la aplicación web móvil, la web transaccional y el *555# para los usuarios Tigo.” puntualizó.

TIGO. Telefónica Celular de Bolivia (Telecel) es una filial del grupo empresarial Millicom, proveedor líder de servicios de cable y móviles dedicado a mercados emergentes en América Latina.

Tiene como misión construir autopistas digitales, que conecten personas, mejoren vidas y desarrollen comunidades.

En Bolivia, Telecel opera desde 1991 y ofrece telefonía e Internet móvil de alta velocidad, Internet fijo ilimitado, Televisión por suscripción, contenido de entretenimiento, servicios de billetera móvil y servicios corporativos. A través de inversiones amplió y diversificó su infraestructura, jugando un rol dinamizador en la economía.

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Entre harinas, PANES y crisis

Consumo. Bajó un 40% el consumo de pan y los hornos producen a fuego lento.

CONSUMO. La producción de pan bajó un 40% y la demanda, también.

Por Sheila Olivarez

/ 19 de septiembre de 2021 / 19:02

ECONOMÍA

La elaboración de las tradicionales marraquetas, sarnitas y ch’amillos atraviesa su peor momento. Tras la pandemia, la venta de estos panes bajó 40%, que sumado a una “inadecuada” distribución de la harina subvencionada por el Estado, alarma a los panificadores.

Por la crisis económica ocasionada por el COVID-19, la producción de pan en los hornos disminuyó considerablemente. Antes de la pandemia, en los grandes centros de panificación se producían ocho quintales (qq) al día, en los medianos al menos seis y en los pequeños hasta cuatro.

“Ahora el que hacía ocho produce seis, el mediano de acuerdo a la demanda produce cuatro y el último hasta dos quintales, esa es la escala de producción de pan después de la pandemia”, reveló a LA RAZÓN el presidente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia, Juan Carlos Cachicatari.

Esta situación expone que el sector panificador fue duramente golpeado por la pandemia —desde marzo del pasado año cuando se detectó el virus en el teritorio nacional a la fecha— provocando que la producción de pan baje al 60% de la capacidad así como la demanda de la población también se reduzca en 40%.

Pese a esa caída en la oferta y demanda, 2.500 panificadores distribuidos en los nueve departamentos se mantienen firmes y confiados en que la crisis pasará.

“Estamos con 2.500 afiliados en la Confederación Nacional de Panificadores, distribuidos en los nueve departamentos. A pesar de la pandemia se ha mantenido casi en ese mismo promedio. Hubo bajas o decesos por el COVID -19, pero también por la falta de trabajo”, sostuvo.

MERCADO. En los centros de venta, la oferta de pan es variada. Foto. Rodwy Cazón

CONSUMO. Según evaluación del principal ejecutivo de los panificadores del país, la población de La Paz es la mayor consumidora de pan, le sigue la de Cochabamba y posteriormente la de Oruro. Los depar tamentos que demandan en menor cantidad este alimento de primera necesidad son Potosí y Chuquisaca.

“Las marraquetas, sarnitas, cachitos se mantienen vigentes”, a pesar de la reducción de ingresos económicos de la población.

“Por ejemplo, una familia que compraba 20 panes, al día, entre marraqueta con o sin manteca, sarnitas, cachos y caucas, ahora lleva entre 12 y 15 unidades, pero siguen surtiendo su compra”, aseguró a este medio Cachicatari.

La reducción de los ingresos de las familias bolivianas sumada a la falta de fuentes laborales, ha provocado que en el último año “prolifere” en diferentes capitales del país, el funcionamiento de hornos clandestinos.

“Algunas personas, por la falta de trabajo, compraron un hornito y han tratado de producir (pan) a precio más barato, como dicen aunque no tendrán una utilidad razonable como para sostener un hogar pero les ayuda para vivir al día, por lo menos para un medio kilo de carne”, comentó.

HARINA. Otro factor que influye en la baja de la producción de pan es una “inadecuada” distribución de harina a las panificadoras por parte la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). “La harina no está siendo distribuida de forma adecuada por Emapa. La harina subvencionada es Bs 151 precio estándar. Y en el mercado solo se encuentra la harina argentina a un precio de Bs 185”, alertó Cachicatari.

La subvención de la harina que hace el Estado no es suficiente y los panificadores deben cubrir la falta del producto, comprando este producto del mercado informal, lo cual encarece sus costos de producción frente al congelamiento del precio del pan en Bs 0,50.

“Hay un desabastecimiento en la entrega de harina desde el gobierno de los pititas y desde enero seguimos arrastrando este problema”, dijo al anunciar que en los próximos días la dirigencia de los panificadores se reunirá con autoridades de Emapa para encontrar una solución a esta dificultad que enfrenta el sector. 

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