miércoles 15 jul 2020 | Actualizado a 23:15

Empleo, un desafío para la inversión pública y privada

Las industrias fueron golpeadas por la crisis del coronavirus. Foto: AFP

/ 15 de mayo de 2020 / 08:20

Trabajo. Dos economistas y la CNI critican al Gobierno por no incluir a los privados en la generación de empleo formal.

La tasa de desocupación crece en el país, mientras el Gobierno de transición ofrece un plan temporal de empleos sin visión de desarrollo y sin la participación del sector privado, coinciden dos economistas y la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

El desempleo en Bolivia alcanzó un 4,83% el último trimestre de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que 5 de cada 100 habitantes de las ciudades estaba sin trabajo hasta ese período, como consecuencia de una reducción de las actividades económicas por la crisis social y política vivida en el país entre octubre y noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales Ayma a la presidencia.

Considerando los efectos de la emergencia sanitaria y la cuarentena por la pandemia del COVID-19 o nuevo coronavirus, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la tasa de desocupación en el país llegará al 8% en esta gestión, de acuerdo a su informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado en abril.

En ese mismo mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus proyecciones sobre el impacto de la pandemia en el empleo en América Latina y el Caribe, calcula que un millón de empleos formales y 4,2 millones de trabajos informales en Bolivia están en riesgo debido a la crisis causada por el coronavirus.

En ese escenario de proyecciones, la presidenta Jeanine Áñez, durante la celebración del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, ha anunciado la implementación de un plan amplio para crear empleo masivo a partir de junio, con el cual espera beneficiar a 600.000 personas a través de la construcción de obras públicas en áreas como la salud, mejoramiento barrial y campo.

Considerando la situación económica que vive el país por la emergencia sanitaria, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, observa “improvisación” en el plan de empleo gubernamental porque no presenta una visión de desarrollo y no involucra al empresariado privado para la creación de al menos 100.000 fuentes laborales estables o de calidad del total ofrecido.

CAMPAÑA. “El desafío debe ser que el sector privado participe en ese plan, generando por lo menos 100.000 empleos hasta diciembre. Si eso sucede, el 2021 será de ganancia”, dice y agrega que es necesario involucrar a los empresarios y dejar de lado los cálculos políticos porque le pasarán factura a la administración de Áñez.

En sintonía con Akamine, el presidente de Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, considera urgente establecer una mesa de diálogo con el Órgano Ejecutivo donde el empresariado exponga sus proyectos y experiencias para la creación de nuevas fuentes de trabajo.

“Hemos decidido hacer una convocatoria al Gobierno para hacer un diálogo y podamos discutir nuestras ideas y la experiencia de crear nuevos empleos o apoyar los que están a punto de morir”, advierte el ejecutivo.

El sector siente que sus demandas para salvar los empleos que generan, no son escuchadas por las autoridades gubernamentales y que en respuesta solo hablan de crear nuevas fuentes de trabajo.

“Entonces se está poniendo en riesgo a una población muy grande que depende de la industria manufacturera y no encontramos apoyo”, afirma Blazicevic.

FÓRMULA. En tanto, el presidente de los economistas bolivianos cuestiona cómo se hizo la fórmula para ofertar 600.000 empleos, al recordar que el último en ofrecer 500.000 trabajos —y no cumplió— fue Gonzalo Sánchez de Lozada (como candidato presidencial para las elecciones de 1993), con la diferencia que esas fuentes laborales tenían que ser generadas por el sector privado.

La propuesta gubernamental busca construir aceras en ciudades, empedrado de calles, sistemas de alcantarillado y parques, para lo cual se contratará mano de obra de los vecinos y en el área rural de las comunidades para la construcción de caminos, muros de contención para prevenir derrumbes y canalización de ríos para evitar inundaciones.

“No es construir por construir y gastar”, se debe contar con una visión de desarrollo del país, dice Akamine, afirmando que también es importante incluir a los municipios con vocación productiva con tres actores: el gobierno municipal que cuenta con recursos, las universidades con la investigación y los emprendedores para la generación de nuevos modelos de negocios.

INVERSIÓN. En ese contexto y tomando en cuenta las condiciones económicas por las que atraviesa el país, “el camino más expedito es el fortalecimiento a la inversión pública productiva y generadora de empleo, a través del endeudamiento interno y externo”, afirma por su lado el economista Jimmy Osorio, quien considera que el plan gubernamental solo generará empleo de emergencia.

“Estos planes, han funcionado en economías que sufrieron desastres de diferentes índoles, incluso guerras. Y lo que hacen es reponer la fuente de ingresos de aquellas personas del sector informal que han quedado sin ingresos.

Estos planes no generan empleo formal, es decir, son temporales y tienen un objetivo específico, por ejemplo, el empedrado de una calle, que podría tomar 60 días a una cuadrilla de 30 empleados”, asegura y añade que por ello no pueden ser considerados formales, pues los beneficiarios no llegan a tener un seguro social o beneficios como el aguinaldo, pero para dinamizar la economía y fomentar la inversión pública local cumple tal objetivo.

Osorio argumenta que en los últimos años el Estado apostó todos sus esfuerzos a la captación de sus ingresos por vía de la extracción de materias primas y la venta de éstas, pero al ir cayendo las cotizaciones de minerales y petróleo en el mercado internacional, el crecimiento económico nacional se fue desacelerando de 6,83% en 2013 a 2,22% en 2019, es decir, se registró una contracción del 68% en este periodo.

Plan. El Gobierno pretende crear 600.000 empleos en los barrios. Foto: Miguel Rivas

PARALIZACIÓN. A esta situación se suma la crisis política y social de octubre de 2020, que ocasionó que la economía boliviana sufra el primer embate interno, pues el gran aparato económico-productivo fue parado por al menos 2 a 3 semanas, provocando la pérdida de la fuente de ingresos primaria de un gran porcentaje de familias así como de micro y pequeñas empresas.

A esto se suma la cuarentena por el riesgo sanitario que aceleró el cierre de una gran cantidad de emprendimientos y la pérdida de fuentes generadoras de recursos, señala Osorio y recuerda que en Bolivia el 83% de la población económicamente activa (PEA) pertenece al sector informal, por lo que más allá de perder un empleo, muchas personas de este sector perdieron o están perdiendo sus fuentes de ingresos.

“El 17% de trabajadores que pertenece al sector formal (de la economía), en la mayoría de los casos mantendrá sus fuentes laborales, por lo que ese sector no debería tener mayores inconvenientes, sino que a través del esfuerzo de sus empleadores podrán salir casi ilesos de esta crisis” sanitaria, analiza el economista.

Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia complementa que en este tiempo el país necesita generar un escenario poscuarentena, con un ambiente de confianza y certidumbre para que “las personas vuelvan a creer y las empresas vuelvan a invertir, y se produzca el efecto multiplicador del empleo y el consumo” interno.

Akamine considera que ésa es la receta que en el mediano plazo debe ser aplicada por el Estado porque “continuar viviendo de los recursos naturales es retroceder en el tiempo, se requiere estimular al sector privado que durante el gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) fue asfixiado. No era negocio tener empresa y todo el mundo se movía en la informalidad a tal punto que se llegó a un 75% de informalidad en el país”, concluye el economista.

Blazicevic y el plan de empleo

Programa

‘En vez de que el Gobierno nos apoye y nos ayude a salvar los empleos que generamos, que son de calidad con todas las prestaciones de ley y son permanentes, nos está diciendo que van a tratar de crear nuevos empleos y no salvar los que existen y eso nos induce a tener más preocupación todavía. Parecería que no es de su interés o el Gobierno no estaría oyéndonos y no se esté dando cuenta de que estamos por perder una gran cantidad de empleos’, afirma.

Franklin Pérez: ‘La economía se reactivará con el pago de deudas a las constructoras’

El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) afirma que la inversión pública es fundamental para el funcionamiento de una economía, pero que en el caso de Bolivia lamentablemente no se la está haciendo

/ 1 de julio de 2020 / 11:45

Cochabamba. El presidente de Caboco, Franklin Pérez Jordán.

A raíz de los conflictos político-sociales de octubre y noviembre de 2019 y la pandemia del coronavirus, a partir de marzo de este año el aparato productivo está paralizado. Uno de los sectores más afectados es el de la construcción. El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Franklin Pérez Jordán, dice que para reactivar la economía boliviana el Gobierno debe cancelar a las empresas constructoras las deudas pendientes de las planillas adeudadas desde septiembre de 2019, monto que asciende a Bs 2.500 millones.

—Ante las crisis del año pasado y de la pandemia, ¿cómo está actualmente la situación de sector de la construcción?

—Las instituciones contratantes a la fecha no han realizado los desembolsos que corresponden a las obras que se han terminado hace mucho tiempo. Hace más de seis meses que están en ejecución algunas. Entonces la situación es muy crítica del sector de la construcción puesto que no hay la cancelación de las planillas y nosotros hemos tenido que cubrir a proveedores, mano de obra, a la banca, impuestos con créditos inclusive, crédito de la banca, créditos personales, etcétera. De tal manera que la situación es muy dura para el sector constructor. Muchos ya se están deshaciendo de su patrimonio. Con relación a la crisis de octubre, noviembre (de 2019), hasta ese entonces no estaban canceladas la planillas, luego viene el tema de la pandemia. Pese al cambio de gobierno de transición, igual estamos en la misma situación, no se ha avanzado absolutamente nada respecto al pago que corresponde a planillas.

—¿Qué acciones se asumieron para evitar que la crisis ahonde más a este sector?

—Se ha conversado con el Gobierno por algunos temas de ir postergando el tema de tributos, que sean flexibles los de la banca respecto a los plazos que tenemos contractuales para desembolsos, que se difieran si es posible hasta diciembre, eso se le ha planteado al Gobierno y en alguna medida se ha avanzado, pero no es suficiente, creemos que debe haber un mayor apoyo a este sector y fundamentalmente cubrir algo que se ha trabajado, que está ejecutado inclusive obras que ya están terminadas, de tal manera que son esos temas los que complican al sector constructor y esperamos pues que tengamos con el Gobierno el acercamiento. Hay ofrecimientos de créditos que ellos están consiguiendo, de tal manera que nosotros podamos cubrir todas nuestras obligaciones y va a ser una parte importante que se nos cancele todo lo adeudado a la fecha.

—¿A cuánto asciende la deuda de las instituciones contratantes?

—Se habla de Bs 2.500 millones, esa es la suma que está afectando fundamentalmente a las pequeñas empresas, porque hay proyectos que se han terminado con la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales), con el FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social), las gobernaciones, los municipios; entonces es una cadena muy grande de deudores a la construcción y estamos a la espera justamente de poder ver cómo se avanza con el Gobierno en estos temas.

—¿Cómo cree que se debe reactivar la economía del sector de la construcción?

—Una manera ágil, sencilla, eficiente para el Gobierno de poder reactivar la economía es cancelar las planillas, porque nosotros debemos a los proveedores, son más de 10 actividades económicas, estamos hablando de los que generan agregados, cerámicas, ladrillos, todo lo que corresponde a la construcción, es transversal a la economía del sector de la construcción; por tanto, el cancelar a todas estas empresas estas deudas es inyectar unos fondos a la economía, porque todo lo que recibamos va a ir a pagar lo que estábamos trabajando (…) En todo caso, el Gobierno en varias reuniones nos ha planteado que están realizando créditos para ver esta forma y pedir uno de estos créditos (del Fondo Monetario Internacional) que ha sido planteado y que ha sido rechazado ya en la Asamblea Legislativa, creemos que debe haber conciencia de todos los asambleístas en función de eso; si hoy estamos en crisis, afectadas todas las instituciones, éste debería cubrir una demanda central que es el tema de salud, de tal manera que los otros montos presupuestados deberían ir a cubrir la deuda del sector constructor.

—¿Cuál cree que será la situación del sector de la construcción a fin de año?

—Tenemos que hacer un trabajo conjunto entre sector público y privado, la actividad privada está recuperándose, se están volviendo a inyectar de alguna manera algunos fondos para culminar algunos proyectos que se han iniciado; pero creemos que en un diálogo franco con el Gobierno podamos empezar a reactivar el sector, nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, pero hoy el tema de liquidez es central para la construcción, de tal manera que podamos, entre el Gobierno y constructor, entrar a algunos acuerdos que nos permitan en plazos determinados poder reiniciar nuestras actividades con la mayor solvencia, como lo hemos ido haciendo permanentemente.

—¿Las empresas constructoras cuántas obras ya han culminado para ser entregadas a las entidades contratantes?

—Creo que tranquilamente puede llegar al 50%, en global de obras terminadas y obras en ejecución son (en valor) de Bs 2.500 millones, lo mínimo que se debe a las empresas son desde septiembre a la fecha, han ido desembolsando muy poco, no corresponden ni siquiera a un 10% de esto, entonces es fuerte todavía la deuda que se tiene. Lo que interesa es dar una solución a este tema fijando un cronograma de desembolsos que sean más adecuados que nos permitan ayudar con la liquidez, ver nuevos proyectos también con el Gobierno.

—¿De qué manera afecta al sector de la construcción la baja ejecución de la inversión pública?

—Tremendamente, afecta tremendamente, finalmente uno de los principales rubros para que funcione una economía es la inversión pública y eso no se está haciendo, no creemos que el Gobierno lo pueda hacer hasta no cubrir lo que hasta hace rato tenemos como deuda, entonces habrá que trabajar en algunos proyectos urgentes, creo que el tema de salud es importante, hay que ver la forma de cubrir esos requerimientos y algunos otros que tienen los municipios y gobernaciones fundamentalmente en el tema de salud y educación.

Perfil

Nombre: Franklin Pérez Jordán

Profesión: Ingeniero civil

Cargo: Presidente de Caboco

Profesional con años de experiencia

Franklin Pérez culminó sus estudios en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. Entre 1980 y 1984 fue director de la Cooperativa Hospicio Ltda. De 2012 a 2015 estuvo al frente de Cadeco Cochabamba y entre 2015 y 2016 ejerció el cargo de vicepresidente de Caboco. Desde 2018 a la fecha es presidente de Caboco.

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El consumo de cemento cae 37,5% al primer trimestre

Coronavirus. La cuarentena obligó a cementeras a paralizar la producción y comercialización

/ 1 de julio de 2020 / 11:20

Foto: Álvaro Valero

Tras un crecimiento sostenido en los últimos años, el mercado del cemento en Bolivia pasa por una situación difícil. A marzo de este año, el consumo cayó 37,5% respecto a igual periodo de 2019 a raíz de la cuarentena decretada para combatir el nuevo coronavirus.

Pero no solo ha caído el consumo de cemento en el país, la producción y las ventas también han mermado, en un 4% y un 16,4%, debido a la decisión tomada por las autoridades para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Y marzo es el mes que ha marcado el punto de inflexión para un comportamiento negativo en la producción, comercialización y demanda de cemento, principal insumo para la construcción.

El 22 de marzo, el Gobierno de transición decretó cuarentena total en el territorio boliviano por 14 días, medida que posteriormente fue ampliada en otras dos ocasiones. La primera estuvo vigente hasta el 30 de abril y la segunda hasta el 11 de mayo, luego de lo cual empezó a regir en el país una “cuarentena dinámica” (diferenciada por departamentos y municipios según el nivel de riesgo).

De acuerdo con los datos publicados en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo de cemento entre enero y marzo de la presente gestión alcanzó a 567.559 toneladas métricas (TM), 340.795 TM menos que las 908.354 TM adquiridas en similar periodo de 2019.

La caída en la demanda fue más notoria en marzo, precisamente cuando empezó la cuarentena total en el país. Para abril y mayo se espera que la situación empeore más debido a que las restricciones eran aún más rígidas.

PROBLEMÁTICA. El gerente general de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa), Marcelo Díaz, consideró que la crisis de la producción y comercialización de cemento se produjo desde 2018, cuando se inició la ralentización de la economía, sobre todo en el sector de la construcción donde ellos son parte de la cadena.

Esta problemática se acrecentó durante octubre y noviembre del año pasado cuando se registró una convulsión político-social debido a los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que ocasionó un daño a la economía nacional. A esto se sumó la llegada de la pandemia por el coronavirus, donde se tuvo que paralizar las actividades tanto de producción como de comercialización en al menos un 30% de la industria cementera.

“Después de estos eventos estamos hablando de un 30% menos, estamos hablando de entre 3 millones y 3,2 millones de toneladas de cemento. Entonces ese es un periodo acumulado. La reducción de demanda y de consumo de cemento y además de manera proporcionada ha ido afectando a cada una de las empresas cementeras del país de acuerdo con su partición de mercado”, explicó.

En el caso de Fancesa, durante abril y mayo que duró la cuarentena rígida en gran parte del país, la producción y comercialización fue nula. Pese a ello, la empresa cumplió con las normativas para la reanudación de trabajo, aplicando las medidas de bioseguridad para el personal que realizaba y realiza actividades en la planta y oficinas.

La reactivación total, no solo de la actividad cementera sino de todo el aparato productivo boliviano, dependerá de la evolución sanitaria para enfrentar el nuevo coronavirus. Sin embargo, Díaz consideró que podría darse rebrotes de la enfermedad en diferentes regiones, lo que obligaría a reanudar las cuarentenas para evitar una mayor propagación del virus.

RECAUDOS. Itacamba Cemento SA informó, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio, que la empresa tomó sus recaudos un mes antes del inicio de la cuarentena en el país, almacenando la producción, lo que no le perjudicó en la elaboración de este insumo durante los meses que duró la cuarentena (marzo —desde el 22—, abril y mayo).

No obstante, se aclaró que “no se pudieron medir las ventas o la producción bajo los criterios de un mercado normal”. “En estos momentos no hay mercado, la cuarentena tiene a todo el país paralizado; sin embargo, tenemos el suficiente Cemento Camba para mantener cubierta las demandas de nuestros clientes que poco a poco han empezado a trabajar”.

Pese a la afectación económica de las empresas por la pandemia, en Itacamba no se removió a ninguno de sus trabajadores y se cumplió con las medidas de bioseguridad. Por el contrario, aseguró, cerca del 80% de los funcionarios continuaron desarrollando sus funciones y cumpliendo al 100% con sus responsabilidades a través del sistema de teletrabajo.

La cementera, que tiene su planta en la localidad de Yacuses, provincia Germán Busch de Santa Cruz, prevé que el movimiento económico vuelva a la normalidad para continuar con la producción de uno de los insumos principales para la construcción.

La Razón intentó obtener una posición oficial de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (Coboce) sobre la situación de la firma, pero ninguno de sus ejecutivos pudo atender el requerimiento de esta casa periodística. Ramiro Nogales, jefe de Ventas, dijo que no estaba autorizado para hablar y pidió que la entrevista se la haga con el gerente general, Iván Vilca, que tampoco quiso declarar.

Fancesa deja de percibir Bs 210 millones

La empresa dejó de producir durante la cuarentena tres millones de bolsas de 50 kg

Yuri Flores – La Paz

Durante la aplicación de la emergencia sanitaria y la declaratoria de cuarentena rígida en el país por el nuevo coronavirus o COVID-19, que se inició el 22 de marzo y concluyó el 11 de mayo, luego de lo cual se viene aplicando la “cuarentena dinámica”, la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) dejó de percibir al menos Bs 210 millones debido a la paralización de la producción y comercialización.

“Estamos hablando que Fancesa en este periodo de tiempo ha dejado de percibir por lo menos, entre la declaración de emergencia sanitaria (22 de marzo) y el 1 de junio, alrededor de Bs 210 millones, es decir hemos dejado de producir y vender”, informó a este medio el gerente general de Fancesa, Marcelo Díaz.
Durante esos meses esta factoría cementera, que tiene su planta en el departamento de Chuquisaca, dejó de producir al menos tres millones de bolsas de 50 kilogramos, lo que afectará en las utilidades que se registran cada gestión fabril, explicó el ejecutivo.

Díaz recordó que la capacidad productiva y de comercialización de Fancesa llega al millón de toneladas, pero en los meses que paró la actividad de producción se redujo en un 30% durante la cuarentena rígida.

No obstante, dijo que a partir del 1 de junio, cuando se ingresó a una cuarentena flexibilizada en varias regiones del país, se reanudó las operaciones, por lo que se prevé recuperar los nichos de mercado en la medida que se retome la “normalidad” después del perjuicio ocasionado por el COVID-19.

Fancesa tiene un personal regular de unos 350 trabajadores y otros 800 que están de manera indirecta en el nuevo proyecto de construcción de la nueva línea. A pesar de la difícil situación económica por la paralización de las actividades, la empresa mantuvo la estabilidad laboral de todo su personal, afirmó el Gerente General de la cementera.

Según la web de Fancesa, la empresa se fundó como consecuencia de un sismo en marzo de 1948, el mismo que produjo daños de mucha consideración en las edificaciones de la ciudad. “Los estudios de los yacimientos calcáreos establecen la factibilidad de ubicar la planta en las afueras de la ciudad de Sucre, la misma que inicialmente tendría una capacidad de producción de 100 toneladas por día tanto de clínker como de cemento”, indica.

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YLB tiene en stock unas 700 t de litio

Cotización. En dos años, el precio del metal blando bajó un 62%

/ 1 de julio de 2020 / 11:00

Potosí. Vista de la Planta Piloto de Carbonato de Litio, ubicada en la localidad de Llipi, en el departamento de Potosí. Foto: AFP

Desde 2017 hasta el 19 de junio de 2020, la producción de carbonato de litio (Li2CO3) alcanzó las 700,65 toneladas, las cuales se encuentran almacenadas. Los precios también cayeron de $us 16.500 en 2018 a $us 6.250 la t hasta junio de la presente gestión.

“Esperamos que la tendencia en el mercado internacional pueda recuperarse por cuanto hay una disminución de la oferta en litio (…). En enero el carbonato de litio tenía un precio de $us 7.500 por tonelada, pero como dato tenemos que el precio más alto registrado en los últimos 15 años se da en 2018, $us 16.500 la tonelada, en 2019 $us 13.400 la tonelada, mientras que para este mes de junio de 2020 tenemos un precio de $us 6.250. En esas condiciones, nosotros nos vamos a abocar a la producción a partir de julio”, dijo en entrevista con La Razón el gerente ejecutivo de YLB, Gunar Valda.

Explicó que la producción de carbonato de litio (materia prima para la fabricación de baterías de ion litio) en la planta de Llipi, ubicada en Potosí, fue paralizada desde mediados de marzo hasta el 1 de junio de este año cuando se ingresó a una cuarentena dinámica, medida asumida por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

Esa determinación imposibilitó que se continúe la fase de producción durante esos más de dos meses. No obstante, el personal de la planta de Llipi solo se limitó a realizar trabajos de mantenimiento de las piscinas, de las cuales se extrae las salmueras para la obtención del carbonato de litio, que posteriormente es almacenada.

Según datos proporcionados por YLB a este medio, el stock acumulado de carbonato de litio en la gestión 2017 alcanzó las 13 toneladas, en 2018 llegó a 241 t, en 2019 a 412,56, mientras que hasta el 19 de junio de este año solo se almacenó 34,09 t, haciendo un total de 700,65 toneladas.

La inauguración de la Planta Piloto de Carbonato de Litio en Llipi se efectuó el de 3 enero de 2013, durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales, pero recién se empezó a exportar a partir del 2 de agosto de 2016. El primer mercado fue China. La empresa China Machinery Engineering Corporation adquirió 9,3 toneladas a un precio de $us 7.000 la tonelada. En junio de 2017 se concreta la venta de otras 15 toneladas a un precio de $us 9.200 la tonelada, según se observa en la página web de YLB.

INTERÉS. Actualmente, explicó Valda, empresas de Perú y Chile están interesadas en este producto que es esencial para la fabricación de baterías de litio, las cuales son utilizadas para la industria automotriz, en los vehículos eléctricos. No obstante, a la fecha no se tiene el registro de propuestas formales de empresas chinas que estén interesadas en este producto.

“No tenemos ventas pero sí hay varias negociaciones que se están realizando a partir de nuestro departamento comercial. Hay varias empresas que hacen llegar sus intenciones de compra desde varios países, fundamentalmente de Chile y Perú. Sin embargo, estas propuestas son evaluadas desde varios puntos de vista”, informó el ejecutivo de YLB.

Dijo que el análisis que se hace es principalmente el de establecer el precio y las condiciones de compra, las cuales tienen que ser ventajosas económicamente para Yacimientos de Litio y principalmente para la economía del país.

Una vez reactivadas las actividades productivas de la planta, aunque parcialmente por las restricciones sanitarias, la parte ejecutiva estableció que a partir del 28 de junio se realizará una actividad llamada secado y embalaje de carbonato de litio, de la cual se obtendrá entre 1,5 y 2 t por día.

En tanto que desde el 20 de julio se reanudará la cosecha de la materia prima para poder alcanzar una producción de 2 a 3 toneladas diarias de Li2CO3. Una vez cumplidas esas metas, se estima que hasta finales de la presente gestión la totalidad de la elaboración de carbonato de litio llegue a las 480 t, para tratar de cumplir lo planificado a comienzos de año.

Para mejorar la producción del Li2CO3, Bolivia instalará una Planta Industrial de Carbonato de Litio, la cual también estará emplazada en el Salar de Uyuni, en Potosí, pero por la emergencia sanitaria se retrasará su inicio.

En la anterior gestión de gobierno se impulsó la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni y Pastos Grandes (Potosí), además de Coipasa (Oruro). En diciembre de 2018, las empresas YLB de Bolivia y la alemana ACI Systems firmaron un acuerdo para este objetivo, el cual contemplaba una inversión de $us 1.300 millones y la instalación de cuatro plantas: una de hidróxido de litio, la segunda de hidróxido de magnesio, la tercera de materiales catódicos y la última de baterías.

No obstante, en noviembre del año pasado, a raíz de la protesta y presión de la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la administración del entonces presidente Evo Morales determinó anular el contrato.

SALARES. Valda informó asimismo que el Gobierno determinó realizar consultas con los diferentes sectores de Potosí y Oruro para ver cuál es la mejor opción para la industrialización de los salares de Uyuni, Pastos Grandes (Potosí) y Coipasa (Oruro) y definir su exploración, producción y comercialización.

“Se ha determinado organizar mesas de trabajo con todos estos actores sociales para difundir y explicar los alcances de la política estatal del litio, pero fundamentalmente para recibir propuestas de estos actores; esperemos que la sociedad civil se pronuncie sobre la exploración, explotación, sobre la necesidad que tenemos de conseguir financiamiento, tecnología, mercados”, sostuvo el gerente ejecutivo de la firma estatal.

Pandemia retrasa obras de factoría

Por año, la Planta Industrial de Carbonato de Litio producirá unas 15.000 toneladas

Para octubre de este año estaba prevista la entrega de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en el Salar de Uyuni, Potosí, pero debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, las obras no empezarán en la fecha establecida ya que tampoco llegó en su totalidad el equipamiento y la estructura metálica.

“Esta demora de dos meses (abril y mayo) ya ha ocasionado un retraso en la ejecución de esta obra, pero existen los recursos necesarios, existe el presupuesto institucional para que se dé continuidad a esto durante la presente gestión”, afirmó el gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Gunar Valda.

El ejecutivo explicó que durante la emergencia sanitaria llegó al Salar de Uyuni el 50% de estos equipos, un 15% aún están en puertos de Chile y el restante 35% se prevé que lleguen al país en los siguientes dos meses, es decir hasta agosto. Una vez que esté en Bolivia el 100% de estos materiales para la edificación de la planta, se iniciarán las obras.

Para esta construcción, en mayo de 2018 la firma china Asociación Beijing Maison Engineering Company se adjudicó el contrato por $us 96 millones, obra que debería estar construida en 14 meses. La factoría tendrá una capacidad de producción de unas 15.000 toneladas de carbonato de litio por año.

Según Valda, la firma china realiza todos los procedimientos para emplazar la obra y que los equipos lleguen al país, pese a las restricciones que origina la pandemia no solo en el país sino en el mundo.

El Gerente dijo que paralelamente a la construcción de la planta industrial se trabajará el proyecto de dotación de agua para la factoría, ya que en el lugar no existe este elemento para la producción a gran escala de carbonato de litio.

“Se ha dispuesto que la Dirección de Operaciones y de Geología (de YLB) terminen a la brevedad las especificaciones técnicas del proyecto de agua para dotación de este importante insumo a nuestra Planta Industrial de Carbonato de Litio, luego se van a establecer las condiciones técnicas para su licitación”.

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Restaurantes bajan sus cortinas

Crisis. Luego de 3 meses de confinamiento, miles de negocios cierran sus puertas

/ 1 de julio de 2020 / 10:45

Buenos Aires. Los restaurantes han sido los más perjudicados por el confinamiento ante el COVID-19. Foto: AFP

Por AFP

En una economía que acumula dos años de recesión y luego de tres meses de confinamiento obligatorio contra el coronavirus, numerosos comercios en Buenos Aires rematan muebles e implementos, convencidos de que ya no podrán volver a abrir.

“Tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que entra por su venta pagarle al personal y desprenderme de la actividad. La cuarentena me dio tiempo para hacer el duelo y hoy me siento muy aliviado”, dijo a la AFP Ricardo Klausner, a la puerta de su restaurante Latekla.

Copas, platos, sillas, e incluso una máquina industrial de amasar van saliendo del local que durante 26 años funcionó en el centro de Buenos Aires y que empleaba a siete personas.

“Tuvimos una de las peores Navidades de la historia en cuanto a consumo. El verano también fue pésimo y luego arrancamos con la pandemia. Una vez que termine el coronavirus la crisis va a continuar. La gente cocina en su casa, ahorra, cuida su dinero porque no sabe qué le depara el futuro”, señaló Klausner.

Según un estudio de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), al menos 18% de los 110.000 negocios de la capital ha cerrado desde que comenzó la pandemia.

La actividad de hoteles, gimnasios, lavaderos de autos y peluquerías aún no ha sido autorizada, y los restaurantes solo pueden funcionar en modalidad de delivery, lo que ha reducido sus ganancias al 25%, según Fecoba.

“Para cuando se decida retomar la actividad, entre 25% y 35% por ciento de los comercios habrá desaparecido, dejando un tendal de desocupados y habiendo desfinanciado al Estado por la imposibilidad de pagar impuestos”, declaró Fabián Castillo, presidente de Fecoba.

Las calles alrededor de la plaza Cortázar, en el barrio de Palermo Viejo, el corazón de la noche de Buenos Aires, lucen desoladas. Los bares y restaurantes de moda que solían estar desbordados tienen ahora sus persianas abajo.

Para Santiago Olivera, dueño del Bad Toro Bar desde hace nueve años, fue imposible seguir.

“Los costos de este local son muy altos y venimos de dos años de un consumo bastante malo. Tres meses sin poder facturar fue la gota que rebasó el vaso”, dijo.

Olivera señaló que, por estar cerrado, le cobraban solo la mitad del alquiler. “Pero las facturas de impuestos y servicios nos siguen llegando como si el local estuviese abierto. Además, un decreto del Gobierno prohibió reducir o suspender al personal, con lo cual uno se encuentra cerrado hace tres meses y con la nómina del personal completa”.

Buenos Aires. Los restaurantes han sido los más perjudicados por el confinamiento ante el COVID-19. Foto: AFP

Economía argentina cae 5,4% a marzo

El dato se registra antes del peor impacto de la pandemia del COVID-19

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina cayó 5,4% interanual en el primer trimestre, periodo en el que aún no se sentía el peor impacto de la pandemia de coronavirus, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La economía argentina arrastraba casi dos años de recesión cuando el país quedó casi paralizado a partir del 20 de marzo por el confinamiento social obligatorio destinado a frenar los contagios del COVID-19.

El PIB perdió 2,5% en 2019. Una caída de la actividad de 9,5% se espera para 2020, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde el Banco Central.

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Nelson Villalobos: ‘Diferimiento de cuotas afecta a la otorgación de créditos’

El Secretario Ejecutivo de Asoban indica que de enero a abril de 2020 la cartera de créditos subió en $us 55 millones, “lo que denota un crecimiento lento con relación al año pasado”. Atribuye este hecho a la desaceleración de la economía y la crisis sanitaria

/ 25 de junio de 2020 / 11:00

Nelson Villalobos: Foto: Afka-archivo

Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), explica a este medio la situación de la banca y cómo la pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19 ha sido un golpe para el sistema financiero, cuyo resultado puede derivar en un incremento en la mora crediticia. También indica que el diferimiento de pagos traerá como consecuencia una baja en el flujo de efectivo para los bancos durante seis meses.

—¿Cuál es la situación de las entidades financieras y cómo les ha afectado la pandemia?

—­El hecho de que el sistema bancario mantiene estrecha relación con distintos sectores de la economía deriva en que la situación del sistema refleja, en cierta medida, la salud de la economía en su conjunto. De igual forma, al ser un reflejo de la macroeconomía, su desempeño se ve afectado por los resultados a nivel país.

En ese sentido, dada la situación por la que atraviesa el país a raíz de la pandemia, el sistema bancario también es impactado y la real magnitud de los efectos será evidente en los próximos meses.

El sistema bancario, como canalizador de recursos, requiere del influjo de estos para desarrollar sus actividades y particularmente la colocación de créditos. En un contexto en el que se difieren los pagos por seis meses del año, es previsible un incremento de la cartera en mora, debido a que varios sectores de la economía que mantienen relación con la banca están severamente impactados por la crisis; por consiguiente, la banca se verá obligada a constituir previsiones adicionales importantes para resguardar su solvencia, lo que tendrá un efecto en el desempeño general del sistema bancario.

El efecto de la pandemia se extiende no solo a los resultados financieros, sino a los cambios que tanto el sistema financiero como el resto de sectores deberán encarar, en lo que se ha denominado la “nueva normalidad”. Sin duda, también podría ser un periodo que conlleve saltos tecnológicos tanto al interior de las organizaciones como hacia los consumidores financieros, con beneficios a largo plazo, aunque en el corto plazo se requerirán de ajustes y adopción de medidas que permitan proyectar a las entidades a partir de una nueva realidad económica producto de la crisis sanitaria no prevista.

—¿Cómo afecta a las entidades financieras el diferimiento de crédito a sus utilidades en cartera crediticia?

—El diferimiento de pago de cuotas es una medida que apunta a aliviar la carga financiera a las empresas y familias, sin impactar en su calificación. Es decir que, de acuerdo con la normativa, las operaciones que se encontraban vigentes al 29 de febrero de 2020 no ingresarán en mora por el diferimiento otorgado.

El diferimiento de cuotas afecta el flujo periódico de recursos con los que cuentan las entidades bancarias para cumplir con sus obligaciones, las cuales incluyen los pagos de intereses por las captaciones, los gastos operacionales y los gastos administrativos, entre los principales. El efecto mensual del diferimiento de cuotas, en el caso de la banca, alcanza a aproximadamente $us 500 millones por mes. El periodo a ser diferido ha sido ampliado con el Decreto Supremo 4248 a tres meses más; esto significa que la banca dejará de percibir un significativo flujo durante seis meses (marzo a agosto).

La ampliación del diferimiento del pago de cuotas reduce la capacidad de las entidades bancarias para continuar con la intermediación de recursos y apoyar en la continuidad de las operaciones de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a través de nuevos financiamientos; afectando, por consiguiente, la reactivación económica que el país requiere.

El sistema está compuesto por bancos, instituciones financieras de desarrollo, y cooperativas de ahorro y crédito; por consiguiente, una ampliación de diferimiento de pagos también repercutirá individualmente en los resultados de gestión de cada entidad, en función a su tamaño, el volumen de cartera, las características de sus prestatarios, su perfil de riesgo, entre otros.

—¿La banca sigue siendo solvente pese a las diferencias macroeconómicas?

—La solvencia del sistema bancario ha sido destacada en distintas oportunidades. En conjunto, el sistema mantiene indicadores de solvencia que denotan la eficiente gestión de las entidades y el continuo fortalecimiento patrimonial de que han sido objeto, lo que ha permitido la consolidación de un sistema bancario que se constituye en un pilar macroeconómico.

En perspectiva, es importante la adopción de medidas en un marco de equilibrio, precautelando el sistema financiero para continuar canalizando recursos y brindando apoyo financiero a las empresas, de manera que reactiven sus actividades y con ello se supere o al menos se reduzca el impacto de la contracción.

—¿Cómo anda el nivel de depósitos y créditos? ¿Siguen igual, subieron o bajaron y a qué se debe?

—­­Al mes de abril de 2020, la cartera de créditos alcanzó a $us 24.304 millones, registrando un aumento de $us 55 millones en los primeros cuatro meses del año, lo que denota un crecimiento lento en relación al pasado, situación que refleja parcialmente los efectos de la desaceleración y la crisis sanitaria. A su vez, los depósitos del público se incrementaron $us 1.237 millones, lo cual refleja en cierta medida la adopción de medidas precautorias por parte de las familias y empresas con menores gastos y a su vez, el hecho de que en varios casos no se han realizado los pagos periódicos de sus créditos, derivando en aumentos en los saldos de depósitos.

—¿Cuál es la percepción en el sistema financiero para el cierre de este año?

—­­En primera instancia, al final de la gestión se observarán con mayor precisión los resultados de algunas medidas aplicadas directamente a los bancos. Siendo un sector cuya dinámica proviene de los recursos que le son confiados y de la demanda de crédito de familias y empresas, se espera que los resultados de final de gestión guarden relación con la situación a nivel macroeconómico.

Perfil

Nombre: Nelson Villalobos

Profesión: Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría Financiera

Cargo: Secretario Ejecutivo de Asoban

Especialista en finanzas

Villalobos tiene especialización en Administración Bancaria y Financiera en Estocolmo, Suecia, y posgrados en Alta Dirección Bancaria en el INCAE y en el Executive Bankers Program del Citicorp en Brasil. Cuenta con una destacada trayectoria profesional de más de 30 años en el área de finanzas. El 25 de enero de 2013 reemplazó a Marcelo Montero en el cargo de secretario ejecutivo de Asoban.

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