domingo 9 ago 2020 | Actualizado a 05:04

El consumo de cemento cae 37,5% al primer trimestre

Foto: Álvaro Valero

/ 1 de julio de 2020 / 11:20

Coronavirus. La cuarentena obligó a cementeras a paralizar la producción y comercialización

Tras un crecimiento sostenido en los últimos años, el mercado del cemento en Bolivia pasa por una situación difícil. A marzo de este año, el consumo cayó 37,5% respecto a igual periodo de 2019 a raíz de la cuarentena decretada para combatir el nuevo coronavirus.

Pero no solo ha caído el consumo de cemento en el país, la producción y las ventas también han mermado, en un 4% y un 16,4%, debido a la decisión tomada por las autoridades para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Y marzo es el mes que ha marcado el punto de inflexión para un comportamiento negativo en la producción, comercialización y demanda de cemento, principal insumo para la construcción.

El 22 de marzo, el Gobierno de transición decretó cuarentena total en el territorio boliviano por 14 días, medida que posteriormente fue ampliada en otras dos ocasiones. La primera estuvo vigente hasta el 30 de abril y la segunda hasta el 11 de mayo, luego de lo cual empezó a regir en el país una “cuarentena dinámica” (diferenciada por departamentos y municipios según el nivel de riesgo).

De acuerdo con los datos publicados en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo de cemento entre enero y marzo de la presente gestión alcanzó a 567.559 toneladas métricas (TM), 340.795 TM menos que las 908.354 TM adquiridas en similar periodo de 2019.

La caída en la demanda fue más notoria en marzo, precisamente cuando empezó la cuarentena total en el país. Para abril y mayo se espera que la situación empeore más debido a que las restricciones eran aún más rígidas.

PROBLEMÁTICA. El gerente general de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa), Marcelo Díaz, consideró que la crisis de la producción y comercialización de cemento se produjo desde 2018, cuando se inició la ralentización de la economía, sobre todo en el sector de la construcción donde ellos son parte de la cadena.

Esta problemática se acrecentó durante octubre y noviembre del año pasado cuando se registró una convulsión político-social debido a los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que ocasionó un daño a la economía nacional. A esto se sumó la llegada de la pandemia por el coronavirus, donde se tuvo que paralizar las actividades tanto de producción como de comercialización en al menos un 30% de la industria cementera.

“Después de estos eventos estamos hablando de un 30% menos, estamos hablando de entre 3 millones y 3,2 millones de toneladas de cemento. Entonces ese es un periodo acumulado. La reducción de demanda y de consumo de cemento y además de manera proporcionada ha ido afectando a cada una de las empresas cementeras del país de acuerdo con su partición de mercado”, explicó.

En el caso de Fancesa, durante abril y mayo que duró la cuarentena rígida en gran parte del país, la producción y comercialización fue nula. Pese a ello, la empresa cumplió con las normativas para la reanudación de trabajo, aplicando las medidas de bioseguridad para el personal que realizaba y realiza actividades en la planta y oficinas.

La reactivación total, no solo de la actividad cementera sino de todo el aparato productivo boliviano, dependerá de la evolución sanitaria para enfrentar el nuevo coronavirus. Sin embargo, Díaz consideró que podría darse rebrotes de la enfermedad en diferentes regiones, lo que obligaría a reanudar las cuarentenas para evitar una mayor propagación del virus.

RECAUDOS. Itacamba Cemento SA informó, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio, que la empresa tomó sus recaudos un mes antes del inicio de la cuarentena en el país, almacenando la producción, lo que no le perjudicó en la elaboración de este insumo durante los meses que duró la cuarentena (marzo —desde el 22—, abril y mayo).

No obstante, se aclaró que “no se pudieron medir las ventas o la producción bajo los criterios de un mercado normal”. “En estos momentos no hay mercado, la cuarentena tiene a todo el país paralizado; sin embargo, tenemos el suficiente Cemento Camba para mantener cubierta las demandas de nuestros clientes que poco a poco han empezado a trabajar”.

Pese a la afectación económica de las empresas por la pandemia, en Itacamba no se removió a ninguno de sus trabajadores y se cumplió con las medidas de bioseguridad. Por el contrario, aseguró, cerca del 80% de los funcionarios continuaron desarrollando sus funciones y cumpliendo al 100% con sus responsabilidades a través del sistema de teletrabajo.

La cementera, que tiene su planta en la localidad de Yacuses, provincia Germán Busch de Santa Cruz, prevé que el movimiento económico vuelva a la normalidad para continuar con la producción de uno de los insumos principales para la construcción.

La Razón intentó obtener una posición oficial de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (Coboce) sobre la situación de la firma, pero ninguno de sus ejecutivos pudo atender el requerimiento de esta casa periodística. Ramiro Nogales, jefe de Ventas, dijo que no estaba autorizado para hablar y pidió que la entrevista se la haga con el gerente general, Iván Vilca, que tampoco quiso declarar.

Fancesa deja de percibir Bs 210 millones

La empresa dejó de producir durante la cuarentena tres millones de bolsas de 50 kg

Yuri Flores – La Paz

Durante la aplicación de la emergencia sanitaria y la declaratoria de cuarentena rígida en el país por el nuevo coronavirus o COVID-19, que se inició el 22 de marzo y concluyó el 11 de mayo, luego de lo cual se viene aplicando la “cuarentena dinámica”, la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) dejó de percibir al menos Bs 210 millones debido a la paralización de la producción y comercialización.

“Estamos hablando que Fancesa en este periodo de tiempo ha dejado de percibir por lo menos, entre la declaración de emergencia sanitaria (22 de marzo) y el 1 de junio, alrededor de Bs 210 millones, es decir hemos dejado de producir y vender”, informó a este medio el gerente general de Fancesa, Marcelo Díaz.
Durante esos meses esta factoría cementera, que tiene su planta en el departamento de Chuquisaca, dejó de producir al menos tres millones de bolsas de 50 kilogramos, lo que afectará en las utilidades que se registran cada gestión fabril, explicó el ejecutivo.

Díaz recordó que la capacidad productiva y de comercialización de Fancesa llega al millón de toneladas, pero en los meses que paró la actividad de producción se redujo en un 30% durante la cuarentena rígida.

No obstante, dijo que a partir del 1 de junio, cuando se ingresó a una cuarentena flexibilizada en varias regiones del país, se reanudó las operaciones, por lo que se prevé recuperar los nichos de mercado en la medida que se retome la “normalidad” después del perjuicio ocasionado por el COVID-19.

Fancesa tiene un personal regular de unos 350 trabajadores y otros 800 que están de manera indirecta en el nuevo proyecto de construcción de la nueva línea. A pesar de la difícil situación económica por la paralización de las actividades, la empresa mantuvo la estabilidad laboral de todo su personal, afirmó el Gerente General de la cementera.

Según la web de Fancesa, la empresa se fundó como consecuencia de un sismo en marzo de 1948, el mismo que produjo daños de mucha consideración en las edificaciones de la ciudad. “Los estudios de los yacimientos calcáreos establecen la factibilidad de ubicar la planta en las afueras de la ciudad de Sucre, la misma que inicialmente tendría una capacidad de producción de 100 toneladas por día tanto de clínker como de cemento”, indica.

La industria, con números rojos a junio

Esta actividad se contrajo -6,5% en el primer semestre.

/ 23 de julio de 2020 / 16:32

La industria manufacturera se contrajo un -6,5% en el primer semestre del año a consecuencia del COVID-19 y, según las previsiones, bajará aún más porque el PIB está en rojo (-5,6%), según un reporte del sector.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que la industria manufacturera boliviana se contrajo en -6,5% en los primeros seis meses de la presente gestión cuando en 2019 cerró en 3,19%.

Una caída de esa naturaleza no se registró en los últimos 15 años y la recuperación del sector aún es incierta pues el Producto Interno Bruto (PIB) al mes de abril está en descenso, experimentando también una contracción de -5,6% a consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.

También reporta que el desempleo subió a 8,1% a mayo de 2020, sobre todo en áreas urbanas, cuando a diciembre de 2019 se ubicó en 4,8%, según datos del “Monitor Macroeconómico” de la CNI.

El impacto del coronavirus o COVID-19 sobre el desempleo representa alrededor de 3,3 puntos porcentuales y se encuentra en ascenso como resultado de la paralización de las actividades económicas tanto públicas como privadas. El documento también analiza el déficit en la balanza comercial, indicando que, a mayo de 2020, llegó a $us 31 millones, cuando el déficit en similar periodo de 2019 fue de $us 674 millones.

Se trata de un menor déficit que obedece a una caída de las importaciones respecto de las exportaciones (36% vs 24%) producto del menor flujo de comercio internacional por la pandemia.

El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, adelantó días atrás que la contracción del sector oscilará este año entre 7,5% y el 9%, la mayor de los últimos 40 años.

Según el último reporte del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), hasta abril todos los sectores, a excepción de la agropecuaria, comunicaciones y servicios de la administración pública, han registrado un decrecimiento.

Los sectores que más se han contraído en su actividad son minería (-1,62%), transporte y almacenamiento (-1,22), industria manufacturera (-1,02), comercio (-0,95%) y construcción (-0,51%). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén una contracción de la economía boliviana para este año a causa del coronavirus. La primera proyectó una retracción del PIB de -5,2%, la segunda de -5,9% y la última de -2,9%.

El 22 de marzo, el Gobierno de transición decretó cuarentena total hasta el 10 de mayo y a partir del 11 el confinamiento pasó a una flexible. Durante ese periodo, las actividades económicas prácticamente estaban paralizadas.

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Promoción del país, por su cuarto intento

En tres décadas se crearon tres entidades que no perduraron en el tiempo.

/ 23 de julio de 2020 / 16:17

La Cancillería ha creado Proexport Bolivia para implementar la Diplomacia Comercial e Internacionalizar del país. En tres décadas es el cuarto intento para contar con un organismo sólido de promoción comercial que requiere financiamiento y políticas de Estado.

Esta nueva agencia de promoción de exportaciones, turismo y atracción de inversiones operará a través de una Red de Oficinas Comerciales, con 35 agentes y 12 agregados en 35 países de América, Europa y Asia.

Sus tareas se concentrarán en inteligencia comercial, formación y digitalización exportadora, oferta exportable y promoción de las exportaciones, áreas que requieren de recursos económicos, en particular la última.

Sin embargo, Proexport Bolivia por ahora no cuenta con financiamiento propio para su funcionamiento, depende de recursos de la Cancillería que prevé gestionar un presupuesto adicional al Tesoro de la Nación (TGN).

Su impulsora, la viceministra de Comercio Exterior e Integración, Claribel Aparicio, afirmó que el “escenario ideal” para esta agencia es un Fondo de Promoción público privado en el que se inviertan recursos del Estado, cooperación internacional y sector privado, y que el primer paso para ese objetivo fue su creación.

“Este es un emprendimiento con recursos propios de Cancillería, no es lo que quisiéramos pero ya nació, tuvimos reuniones con la cooperación internacional, que ve con buenos ojos esta agencia porque entre sus objetivos está el apoyo a la promoción de exportaciones, captación de inversiones y turismo”, dijo a LARAZÓN sin detallar al cooperante.

Pese a la falta de recursos, a 22 días de su lanzamiento, inició la capacitación de los 47 agentes en promoción comercial, manejo de herramientas inteligentes, y administración de una plataforma de negocios virtuales, desarrollada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Por ahora sus actividades se concentrarán en negocios virtuales como el Encuentro Empresarial Andino, programado para el último trimestre de este año.

PEDIDO. Aparicio también destacó que con la creación de esta agencia se cumple un anhelo del sector empresarial, que no pudo ser atendido por las pasadas administraciones gubernamentales.

“Desde hace 20 años los empresarios venían solicitando que se implemente una visión comercial y que los personeros públicos en las misiones diplomáticas trabajen con esa visión, como vendedores del país hacia afuera. Los gobiernos pasados no dieron respuesta, mientras que la administración de la presidenta Jeanine Áñez respondió de una manera rápida”, comentó Aparicio.

En los últimos 33 años los gobiernos de turno crearon 4 entidades de promoción de exportaciones con diferentes estructuras.

La falta de una política nacional de promoción comercial y presupuesto para sus actividades provocó que estos organismos no perduraran en el tiempo.

Además, porque las administraciones gubernamentales consideraban a la promoción como un gasto y no una inversión, como lo hacen países vecinos como Chile y Perú.

Por ejemplo, mediante Decreto Supremo 21660 en julio de 1987 se creó el Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (Inpex), a fin de promover y diversificar las exportaciones.

Once años después, con otro Decreto 24946, de febrero de 1998, se creó el Centro de Promoción Bolivia (Ceprobol), en sustitución del Inpex, como una institución pública descentralizada, autonomía de gestión y patrimonio propio, integrado por un consejo directivo privado y público.

Tras una década y nuevamente por Decreto 29727, en octubre de 2008, se crea Promueve Bolivia como una entidad pública desconcentrada, para facilitar, impulsar y promover las exportaciones.

Finalmente, el Decreto 3540, de abril de 2018, elimina Promueve Bolivia para dar paso a la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando; de igual manera desaparece el Viceministerio de Exportaciones.

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Caen las compras de autos nuevos en el país

Se reduce la compra y venta de autos cero kilómetros en el país

/ 23 de julio de 2020 / 15:55

Por M. I.

Al mes de mayo de este año, las importaciones bolivianas de vehículos suman $us 268 millones, mientras que en 2019 el total de compras alcanzó $us 960 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En los cinco primeros meses de la presente gestión, las empresas y concesionarios solo lograron importar un 28% de lo que anualmente compraban a países como China, Japón, Brasil, India, Estados Unidos (EEUU) y México (por orden de importancia).

“Hablamos con nuestros fabricantes y anulamos pedidos para los próximos seis meses porque no se podrá pagar (la compra de vehículos 0 km), también se está tratando de desviar pedidos a otros mercados”, comentó a este medio el presidente de la CAB, Christian Jacir, al referirse a la caída de las importaciones de automotores y su efecto: menos impuestos para el Estado.

En lo que va del año, Brasil se convirtió en el principal proveedores de vehículos para Bolivia por un valor de $us 65,2 millones, en tanto que China pasó a ser el segundo con compras por un coste de $us 56,6 millones, cuando en 2019 las importaciones llegaron a $us 251,8 millones.

La reducción de las importaciones no es el único problema que aflige al sector, sino también la reducción de las ventas en el mercado interno, un impacto entre el 30 y 40%, calcula Álvaro Landa, de la concesionaria AutoStar.

VENTAS. A su vez, Jacir precisa que el sector automotriz formal, compuesto por 45 empresas, vendió en 2019 un total de 50.000 vehículos y esperan para este año con “suerte” llegar a comercializar 28.000 o 30.000 unidades.

“Hemos cuantificado —a nivel de consultas con los asociados— que el sector automotriz pierde por día alrededor de $us 2 millones”, indica y advierte que si la venta de vehículos continúa bajando, deberán asumir medidas como reducir costos y personal.

Según cuantificación de la Cámara Automotor Boliviana, sus asociados tienen un stock de 20.000 vehículos sin vender. Cada empresa tiene entre 300 y 400 vehículos en promedio.

Por ejemplo Imcruz, principal importadora y distribuidora, tiene 10.000 vehículos, dijo.

El sector también se queja de la restricción peatonal por la cuarentena dinámica debido a que ésta dificulta sus operaciones comerciales de compra y venta.

La banca trabaja de forma irregular, el trámite de placas y la compra del SOAT no es fluido. “La banca prioriza su trabajo con requerimientos de los asalariados, pese a que el sector trata de mejorar las operaciones con la banca están con otras actividades”, asegura Landa.

Agrega que las compras al contado se han reducido. “La gente que tiene posibilidades guarda su dinero y prefiere pagar un crédito del sistema financiero”.

Pese a ese panorama, empresas y concesionarios como AutoStar determinaron “redireccionar” sus estrategias de marketing, enfocándose en la comercialización digital (web, redes sociales y atención virtual), destacando cualidades de sus vehículos importados, diseños, colores y plazos de pago.

Así como mecanismos de financiamiento que se adecúan a todo bolsillo de la población.

Producto de ese trabajo, este miércoles la empresa concesionaria del Grupo Ovando efectuará su primer lanzamiento virtual de una de sus afamadas marcas.

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Sector automotriz, en riesgo de quiebra

Menor venta y la legalización de chutos amenaza su supervivencia

/ 23 de julio de 2020 / 15:45

Luego de tres meses de inactividad, el sector automotriz intenta sobrevivir, ya que sus ventas se redujeron hasta un 50%. Una nueva nacionalización de chutos puede provocar “quiebra”, desempleo y $us 500 millones menos en tributos para el Estado.

“Nosotros damos empleo en el país a 12.000 personas de forma directa y 70.000 de forma indirecta (…). Nuestro sector aporta al año alrededor de $us 500 millones en impuestos (al Estado), tanto de importación y por facturación sobre ventas y utilidades”, explica a La Razón el presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Christian Jacir. El ejecutivo del sector automotor —que agrupa a 45 empresas formales integradas por representantes de marcas y fabricantes así como concesionarios que venden solo vehículos 0 Km— observa con que a dos semanas de reanudar sus actividades tras la cuarentena, un nuevo “problema” amenaza su supervivencia.

Se trata del proyecto de “Ley Excepcional de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y otras mercancías indocumentadas”, codificado como 706-19, el mismo que fue presentado a la presidencia de la Cámara de Diputados por la parlamentaria Concepción Ortiz del Movimiento Al Socialismo (MAS), el pasado 16 de junio.

“Nos perjudica. Es un gran problema. Estamos seguros de que hasta fin de año algunas empresas no van a sobrevivir”, advierte.

Jacir explica que el sector genera más de 80.000 empleos directos e indirectos los cuales están en riego así como $us 500 millones en impuestos que pagan al Estado de forma anual.

Para Álvaro Landa, gerente comercial de AutoStar (Concesionario del Grupo Ovando), una nueva nacionalización será “lapidaria” para las empresas automotrices que pagan impuestos y licencias previas de importación con un costo “elevadísimo”.

“La nacionalización de los vehículos chutos sería fomentar que continúe esa actividad ilícita, que no contribuye a la generación de empleos y recaudaciones para las arcas del Estado. Para muchos concesionarios sería un golpe demuerte”, asegura el ejecutivo.

El proyecto al que tuvo acceso este medio, tiene como objetivo establecer de forma excepcional un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores indocumentados a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diésel, así como tractores, maquinaria agrícola, remolques, destinados para las federaciones departamentales de la micro y pequeña empresa (Fedemypes).

ILEGALES. Según Jacir, éste es el tercer intento —en el último año— que la Asamblea Legislativa pretende nacionalizar vehículos “chutos” o indocumentados.

“Nos llama mucho la atención porque las dos veces anteriores era para favorecer supuestamente a gente pobre que no tenía acceso a un vehículo, cuando hoy en día existen autos desde $us 9.000, financiados a través de la banca hasta siete años (plazo) y en cuotas desde $us 120, es decir, cualquiera puede tener un vehículo nuevo, con factura, con garantía e impuestos pagados”, comenta.

Como justificación el proyecto 706-19 señala que en 2015 la Aduana incautó 1.200 automotores chutos, cantidad que se elevó en 2016 a 1.638. Y que pese a ello, se estima que muchos vehículos lograron ingresar al país sumando un total de 33.000 vehículos indocumentados, además existen otros 10.000 con placas clonadas.

El proyecto añade que de esa ilegalidad los más beneficiados son los agentes de control y los que internan estos autos, en desmedro de los comercios legales y en contra del erario nacional.

Adicionalmente, desde hace nueve años, en el país no se autoriza un programa de saneamiento legal de automotores a gasolina, gas y diésel, por ello surge la necesidad de reglamentar un nuevo proceso de nacionalización.

Al respecto, el presidente de la CAB recuerda que en 2011 (última nacionalización Ley 133), se estimó la documentación de 40.000 vehículos, una cantidad similar a la nueva propuesta. Sin embargo, se legalizaron 120.000 debido a que en ese periodo admitieron y registraron autos que estaban fuera de Bolivia.

“Tememos que —al igual que en 2011— un ingreso masivo de unidades de vehículos y eso nos terminaría de quebrar al sector formal, porque este Gobierno no tiene la capacidad para controlar todas las fronteras”, lamenta.

No obstante, reconoce que el Ejecutivo necesita recursos para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, que el Tesoro General de la Nación (TGN) está “débil” y requiere también fondos para el pago de salarios de 500.000 empleados de la administración pública.

“En el caso nuestro, estamos trabajando a un 20%, pero entendemos la posición del Gobierno”, dice Jacir y afirma que tomó conocimiento que la Asamblea Legislativa está condicionando la aprobación de esta ley de nacionalización a fin de “destrancar aparentemente los créditos que vienen de afuera para el coronavirus y para el TGN”.

“Es un tema político, es un tema de intereses” que está asociado a las elecciones generales del 6 de septiembre, lo cual complica la situación del sector. “Es el peor momento. Es echarnos otro balde agua fría y varias empresas no van a soportar”, concluye Jacir.

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Proponen un día al mes sin pagar el IVA y el IT

La propuesta pretende incentivar el comercio y consumo

/ 23 de julio de 2020 / 15:06

Con los objetivos de reactivar la economía, incentivar a los consumidores e incrementar las ventas de productos en un 150%, los economistas bolivianos proponen un día al mes sin pagar el IVA y el IT.

Es una iniciativa que impulsa el Colegio de Economistas de Santa Cruz, que busca el incremento en el consumo e inversiones de la población ante una oferta de productos y servicios, con menores precios por la excepción del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 3% del Impuesto a las Transacciones (IT).

Según el cálculo de la entidad colegiada, con esta medida subirán las ventas en general en al menos 150%, es decir, en un equivalente a Bs 800 millones.

Esta experiencia ya se aplica en Colombia, donde se desarrollaron dos jornadas sin impuestos, el 19 de junio y el 3 y 19 de julio pasados, en las cuales sus habitantes respondieron de forma positiva en los centros comerciales y a través de plataformas de ecommerce.

INCENTIVO. El presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb), Jorge Akamine, señaló a LA RAZÓN que esta propuesta es “llamativa”, sobre todo ara el consumidor porque el precio de los productos se reducirá, incentivando su compra.

“Esto desataría un movimiento importante en la economía, tal vez no en todos los sectores pero sí en los más afectados (por la pandemia del COVID-19) como el comercio y la alimentación”, dijo.

Asimismo, el profesional anticipó que ese planteamiento “no será bien visto por el Gobierno” por el tema de las recaudaciones impositivas, que representan un 23% de los ingresos del Estado.

Sin embargo, por su importancia para la reactivación de la economía boliviana, la propuesta toma fuerza —dijo—, ya que parlamentarios como el diputado de UD Erik Morón expresaron su apoyo y predisposición para presentar a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que impulse el “día sin impuestos”, una vez al mes durante un año, a partir de octubre próximo.

A su vez, el vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez, argumentó que la propuesta no tendrá efectos importantes en los ingresos del Estado, “dado que el 62 por ciento de la economía nacional es informal, de modo que un día al mes sin el pago del IVA e IT no le es significativo”.

LIQUIDEZ. Suárez explicó que en la nación colombiana una medida similar tuvo resultados exitosos por el aumento del consumo y que en el caso de Bolivia, “permitirá a las empresas contar con liquidez para pagar deudas y sueldos atrasados como consecuencia de la pandemia del coronavirus y sobre todo ayudará a salvar empleos y emprendimientos”.

Con la reducción de precios, las familias podrán ahorrar en la compra de artículos de primera necesidad, mientras que el comercio electrónico se potenciará de manera exponencial, según estimación del economista.

Una excepción en el pago del IVA e IT una vez al mes, posibilitará el incremento del comercio electrónico de al menos un 750%, potenciando este rubro con relativo desarrollo en el país.

Además, las proyecciones de los economistas bolivianos señalan que rubros como textiles y calzados aumentarán sus ventas en 242%, los accesorios 165%, las ventas en general 158%, los artículos escolares en 150% y los alimentos 100%.

El gobierno de Iván Duque determinó tres días sin IVA en la nación colombiana, una medida que oficializó por medio del Decreto 682 del 21 de mayo.

En esta norma se establece que el 19 de junio y el 3 y 19 de julio serán días de exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para ropa de vestir, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, elemetos deporticos, juguetes, útiles escolares, bienes e insumos para el sector de la agroindustria.

Esta medida fue establecida en la nueva reforma tributaria de ese país y pactada para tener dos días en 2020 (julio y octubre). Sin embargo, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus se decidió programarla para esas fechas.

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