domingo 9 ago 2020 | Actualizado a 04:01

YLB tiene en stock unas 700 t de litio

Potosí. Vista de la Planta Piloto de Carbonato de Litio, ubicada en la localidad de Llipi, en el departamento de Potosí. Foto: AFP

/ 1 de julio de 2020 / 11:00

Cotización. En dos años, el precio del metal blando bajó un 62%

Desde 2017 hasta el 19 de junio de 2020, la producción de carbonato de litio (Li2CO3) alcanzó las 700,65 toneladas, las cuales se encuentran almacenadas. Los precios también cayeron de $us 16.500 en 2018 a $us 6.250 la t hasta junio de la presente gestión.

“Esperamos que la tendencia en el mercado internacional pueda recuperarse por cuanto hay una disminución de la oferta en litio (…). En enero el carbonato de litio tenía un precio de $us 7.500 por tonelada, pero como dato tenemos que el precio más alto registrado en los últimos 15 años se da en 2018, $us 16.500 la tonelada, en 2019 $us 13.400 la tonelada, mientras que para este mes de junio de 2020 tenemos un precio de $us 6.250. En esas condiciones, nosotros nos vamos a abocar a la producción a partir de julio”, dijo en entrevista con La Razón el gerente ejecutivo de YLB, Gunar Valda.

Explicó que la producción de carbonato de litio (materia prima para la fabricación de baterías de ion litio) en la planta de Llipi, ubicada en Potosí, fue paralizada desde mediados de marzo hasta el 1 de junio de este año cuando se ingresó a una cuarentena dinámica, medida asumida por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

Esa determinación imposibilitó que se continúe la fase de producción durante esos más de dos meses. No obstante, el personal de la planta de Llipi solo se limitó a realizar trabajos de mantenimiento de las piscinas, de las cuales se extrae las salmueras para la obtención del carbonato de litio, que posteriormente es almacenada.

Según datos proporcionados por YLB a este medio, el stock acumulado de carbonato de litio en la gestión 2017 alcanzó las 13 toneladas, en 2018 llegó a 241 t, en 2019 a 412,56, mientras que hasta el 19 de junio de este año solo se almacenó 34,09 t, haciendo un total de 700,65 toneladas.

La inauguración de la Planta Piloto de Carbonato de Litio en Llipi se efectuó el de 3 enero de 2013, durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales, pero recién se empezó a exportar a partir del 2 de agosto de 2016. El primer mercado fue China. La empresa China Machinery Engineering Corporation adquirió 9,3 toneladas a un precio de $us 7.000 la tonelada. En junio de 2017 se concreta la venta de otras 15 toneladas a un precio de $us 9.200 la tonelada, según se observa en la página web de YLB.

INTERÉS. Actualmente, explicó Valda, empresas de Perú y Chile están interesadas en este producto que es esencial para la fabricación de baterías de litio, las cuales son utilizadas para la industria automotriz, en los vehículos eléctricos. No obstante, a la fecha no se tiene el registro de propuestas formales de empresas chinas que estén interesadas en este producto.

“No tenemos ventas pero sí hay varias negociaciones que se están realizando a partir de nuestro departamento comercial. Hay varias empresas que hacen llegar sus intenciones de compra desde varios países, fundamentalmente de Chile y Perú. Sin embargo, estas propuestas son evaluadas desde varios puntos de vista”, informó el ejecutivo de YLB.

Dijo que el análisis que se hace es principalmente el de establecer el precio y las condiciones de compra, las cuales tienen que ser ventajosas económicamente para Yacimientos de Litio y principalmente para la economía del país.

Una vez reactivadas las actividades productivas de la planta, aunque parcialmente por las restricciones sanitarias, la parte ejecutiva estableció que a partir del 28 de junio se realizará una actividad llamada secado y embalaje de carbonato de litio, de la cual se obtendrá entre 1,5 y 2 t por día.

En tanto que desde el 20 de julio se reanudará la cosecha de la materia prima para poder alcanzar una producción de 2 a 3 toneladas diarias de Li2CO3. Una vez cumplidas esas metas, se estima que hasta finales de la presente gestión la totalidad de la elaboración de carbonato de litio llegue a las 480 t, para tratar de cumplir lo planificado a comienzos de año.

Para mejorar la producción del Li2CO3, Bolivia instalará una Planta Industrial de Carbonato de Litio, la cual también estará emplazada en el Salar de Uyuni, en Potosí, pero por la emergencia sanitaria se retrasará su inicio.

En la anterior gestión de gobierno se impulsó la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni y Pastos Grandes (Potosí), además de Coipasa (Oruro). En diciembre de 2018, las empresas YLB de Bolivia y la alemana ACI Systems firmaron un acuerdo para este objetivo, el cual contemplaba una inversión de $us 1.300 millones y la instalación de cuatro plantas: una de hidróxido de litio, la segunda de hidróxido de magnesio, la tercera de materiales catódicos y la última de baterías.

No obstante, en noviembre del año pasado, a raíz de la protesta y presión de la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la administración del entonces presidente Evo Morales determinó anular el contrato.

SALARES. Valda informó asimismo que el Gobierno determinó realizar consultas con los diferentes sectores de Potosí y Oruro para ver cuál es la mejor opción para la industrialización de los salares de Uyuni, Pastos Grandes (Potosí) y Coipasa (Oruro) y definir su exploración, producción y comercialización.

“Se ha determinado organizar mesas de trabajo con todos estos actores sociales para difundir y explicar los alcances de la política estatal del litio, pero fundamentalmente para recibir propuestas de estos actores; esperemos que la sociedad civil se pronuncie sobre la exploración, explotación, sobre la necesidad que tenemos de conseguir financiamiento, tecnología, mercados”, sostuvo el gerente ejecutivo de la firma estatal.

Pandemia retrasa obras de factoría

Por año, la Planta Industrial de Carbonato de Litio producirá unas 15.000 toneladas

Para octubre de este año estaba prevista la entrega de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en el Salar de Uyuni, Potosí, pero debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, las obras no empezarán en la fecha establecida ya que tampoco llegó en su totalidad el equipamiento y la estructura metálica.

“Esta demora de dos meses (abril y mayo) ya ha ocasionado un retraso en la ejecución de esta obra, pero existen los recursos necesarios, existe el presupuesto institucional para que se dé continuidad a esto durante la presente gestión”, afirmó el gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Gunar Valda.

El ejecutivo explicó que durante la emergencia sanitaria llegó al Salar de Uyuni el 50% de estos equipos, un 15% aún están en puertos de Chile y el restante 35% se prevé que lleguen al país en los siguientes dos meses, es decir hasta agosto. Una vez que esté en Bolivia el 100% de estos materiales para la edificación de la planta, se iniciarán las obras.

Para esta construcción, en mayo de 2018 la firma china Asociación Beijing Maison Engineering Company se adjudicó el contrato por $us 96 millones, obra que debería estar construida en 14 meses. La factoría tendrá una capacidad de producción de unas 15.000 toneladas de carbonato de litio por año.

Según Valda, la firma china realiza todos los procedimientos para emplazar la obra y que los equipos lleguen al país, pese a las restricciones que origina la pandemia no solo en el país sino en el mundo.

El Gerente dijo que paralelamente a la construcción de la planta industrial se trabajará el proyecto de dotación de agua para la factoría, ya que en el lugar no existe este elemento para la producción a gran escala de carbonato de litio.

“Se ha dispuesto que la Dirección de Operaciones y de Geología (de YLB) terminen a la brevedad las especificaciones técnicas del proyecto de agua para dotación de este importante insumo a nuestra Planta Industrial de Carbonato de Litio, luego se van a establecer las condiciones técnicas para su licitación”.

La industria, con números rojos a junio

Esta actividad se contrajo -6,5% en el primer semestre.

/ 23 de julio de 2020 / 16:32

La industria manufacturera se contrajo un -6,5% en el primer semestre del año a consecuencia del COVID-19 y, según las previsiones, bajará aún más porque el PIB está en rojo (-5,6%), según un reporte del sector.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió que la industria manufacturera boliviana se contrajo en -6,5% en los primeros seis meses de la presente gestión cuando en 2019 cerró en 3,19%.

Una caída de esa naturaleza no se registró en los últimos 15 años y la recuperación del sector aún es incierta pues el Producto Interno Bruto (PIB) al mes de abril está en descenso, experimentando también una contracción de -5,6% a consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.

También reporta que el desempleo subió a 8,1% a mayo de 2020, sobre todo en áreas urbanas, cuando a diciembre de 2019 se ubicó en 4,8%, según datos del “Monitor Macroeconómico” de la CNI.

El impacto del coronavirus o COVID-19 sobre el desempleo representa alrededor de 3,3 puntos porcentuales y se encuentra en ascenso como resultado de la paralización de las actividades económicas tanto públicas como privadas. El documento también analiza el déficit en la balanza comercial, indicando que, a mayo de 2020, llegó a $us 31 millones, cuando el déficit en similar periodo de 2019 fue de $us 674 millones.

Se trata de un menor déficit que obedece a una caída de las importaciones respecto de las exportaciones (36% vs 24%) producto del menor flujo de comercio internacional por la pandemia.

El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, adelantó días atrás que la contracción del sector oscilará este año entre 7,5% y el 9%, la mayor de los últimos 40 años.

Según el último reporte del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), hasta abril todos los sectores, a excepción de la agropecuaria, comunicaciones y servicios de la administración pública, han registrado un decrecimiento.

Los sectores que más se han contraído en su actividad son minería (-1,62%), transporte y almacenamiento (-1,22), industria manufacturera (-1,02), comercio (-0,95%) y construcción (-0,51%). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén una contracción de la economía boliviana para este año a causa del coronavirus. La primera proyectó una retracción del PIB de -5,2%, la segunda de -5,9% y la última de -2,9%.

El 22 de marzo, el Gobierno de transición decretó cuarentena total hasta el 10 de mayo y a partir del 11 el confinamiento pasó a una flexible. Durante ese periodo, las actividades económicas prácticamente estaban paralizadas.

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Promoción del país, por su cuarto intento

En tres décadas se crearon tres entidades que no perduraron en el tiempo.

/ 23 de julio de 2020 / 16:17

La Cancillería ha creado Proexport Bolivia para implementar la Diplomacia Comercial e Internacionalizar del país. En tres décadas es el cuarto intento para contar con un organismo sólido de promoción comercial que requiere financiamiento y políticas de Estado.

Esta nueva agencia de promoción de exportaciones, turismo y atracción de inversiones operará a través de una Red de Oficinas Comerciales, con 35 agentes y 12 agregados en 35 países de América, Europa y Asia.

Sus tareas se concentrarán en inteligencia comercial, formación y digitalización exportadora, oferta exportable y promoción de las exportaciones, áreas que requieren de recursos económicos, en particular la última.

Sin embargo, Proexport Bolivia por ahora no cuenta con financiamiento propio para su funcionamiento, depende de recursos de la Cancillería que prevé gestionar un presupuesto adicional al Tesoro de la Nación (TGN).

Su impulsora, la viceministra de Comercio Exterior e Integración, Claribel Aparicio, afirmó que el “escenario ideal” para esta agencia es un Fondo de Promoción público privado en el que se inviertan recursos del Estado, cooperación internacional y sector privado, y que el primer paso para ese objetivo fue su creación.

“Este es un emprendimiento con recursos propios de Cancillería, no es lo que quisiéramos pero ya nació, tuvimos reuniones con la cooperación internacional, que ve con buenos ojos esta agencia porque entre sus objetivos está el apoyo a la promoción de exportaciones, captación de inversiones y turismo”, dijo a LARAZÓN sin detallar al cooperante.

Pese a la falta de recursos, a 22 días de su lanzamiento, inició la capacitación de los 47 agentes en promoción comercial, manejo de herramientas inteligentes, y administración de una plataforma de negocios virtuales, desarrollada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Por ahora sus actividades se concentrarán en negocios virtuales como el Encuentro Empresarial Andino, programado para el último trimestre de este año.

PEDIDO. Aparicio también destacó que con la creación de esta agencia se cumple un anhelo del sector empresarial, que no pudo ser atendido por las pasadas administraciones gubernamentales.

“Desde hace 20 años los empresarios venían solicitando que se implemente una visión comercial y que los personeros públicos en las misiones diplomáticas trabajen con esa visión, como vendedores del país hacia afuera. Los gobiernos pasados no dieron respuesta, mientras que la administración de la presidenta Jeanine Áñez respondió de una manera rápida”, comentó Aparicio.

En los últimos 33 años los gobiernos de turno crearon 4 entidades de promoción de exportaciones con diferentes estructuras.

La falta de una política nacional de promoción comercial y presupuesto para sus actividades provocó que estos organismos no perduraran en el tiempo.

Además, porque las administraciones gubernamentales consideraban a la promoción como un gasto y no una inversión, como lo hacen países vecinos como Chile y Perú.

Por ejemplo, mediante Decreto Supremo 21660 en julio de 1987 se creó el Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (Inpex), a fin de promover y diversificar las exportaciones.

Once años después, con otro Decreto 24946, de febrero de 1998, se creó el Centro de Promoción Bolivia (Ceprobol), en sustitución del Inpex, como una institución pública descentralizada, autonomía de gestión y patrimonio propio, integrado por un consejo directivo privado y público.

Tras una década y nuevamente por Decreto 29727, en octubre de 2008, se crea Promueve Bolivia como una entidad pública desconcentrada, para facilitar, impulsar y promover las exportaciones.

Finalmente, el Decreto 3540, de abril de 2018, elimina Promueve Bolivia para dar paso a la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando; de igual manera desaparece el Viceministerio de Exportaciones.

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Caen las compras de autos nuevos en el país

Se reduce la compra y venta de autos cero kilómetros en el país

/ 23 de julio de 2020 / 15:55

Por M. I.

Al mes de mayo de este año, las importaciones bolivianas de vehículos suman $us 268 millones, mientras que en 2019 el total de compras alcanzó $us 960 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En los cinco primeros meses de la presente gestión, las empresas y concesionarios solo lograron importar un 28% de lo que anualmente compraban a países como China, Japón, Brasil, India, Estados Unidos (EEUU) y México (por orden de importancia).

“Hablamos con nuestros fabricantes y anulamos pedidos para los próximos seis meses porque no se podrá pagar (la compra de vehículos 0 km), también se está tratando de desviar pedidos a otros mercados”, comentó a este medio el presidente de la CAB, Christian Jacir, al referirse a la caída de las importaciones de automotores y su efecto: menos impuestos para el Estado.

En lo que va del año, Brasil se convirtió en el principal proveedores de vehículos para Bolivia por un valor de $us 65,2 millones, en tanto que China pasó a ser el segundo con compras por un coste de $us 56,6 millones, cuando en 2019 las importaciones llegaron a $us 251,8 millones.

La reducción de las importaciones no es el único problema que aflige al sector, sino también la reducción de las ventas en el mercado interno, un impacto entre el 30 y 40%, calcula Álvaro Landa, de la concesionaria AutoStar.

VENTAS. A su vez, Jacir precisa que el sector automotriz formal, compuesto por 45 empresas, vendió en 2019 un total de 50.000 vehículos y esperan para este año con “suerte” llegar a comercializar 28.000 o 30.000 unidades.

“Hemos cuantificado —a nivel de consultas con los asociados— que el sector automotriz pierde por día alrededor de $us 2 millones”, indica y advierte que si la venta de vehículos continúa bajando, deberán asumir medidas como reducir costos y personal.

Según cuantificación de la Cámara Automotor Boliviana, sus asociados tienen un stock de 20.000 vehículos sin vender. Cada empresa tiene entre 300 y 400 vehículos en promedio.

Por ejemplo Imcruz, principal importadora y distribuidora, tiene 10.000 vehículos, dijo.

El sector también se queja de la restricción peatonal por la cuarentena dinámica debido a que ésta dificulta sus operaciones comerciales de compra y venta.

La banca trabaja de forma irregular, el trámite de placas y la compra del SOAT no es fluido. “La banca prioriza su trabajo con requerimientos de los asalariados, pese a que el sector trata de mejorar las operaciones con la banca están con otras actividades”, asegura Landa.

Agrega que las compras al contado se han reducido. “La gente que tiene posibilidades guarda su dinero y prefiere pagar un crédito del sistema financiero”.

Pese a ese panorama, empresas y concesionarios como AutoStar determinaron “redireccionar” sus estrategias de marketing, enfocándose en la comercialización digital (web, redes sociales y atención virtual), destacando cualidades de sus vehículos importados, diseños, colores y plazos de pago.

Así como mecanismos de financiamiento que se adecúan a todo bolsillo de la población.

Producto de ese trabajo, este miércoles la empresa concesionaria del Grupo Ovando efectuará su primer lanzamiento virtual de una de sus afamadas marcas.

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Sector automotriz, en riesgo de quiebra

Menor venta y la legalización de chutos amenaza su supervivencia

/ 23 de julio de 2020 / 15:45

Luego de tres meses de inactividad, el sector automotriz intenta sobrevivir, ya que sus ventas se redujeron hasta un 50%. Una nueva nacionalización de chutos puede provocar “quiebra”, desempleo y $us 500 millones menos en tributos para el Estado.

“Nosotros damos empleo en el país a 12.000 personas de forma directa y 70.000 de forma indirecta (…). Nuestro sector aporta al año alrededor de $us 500 millones en impuestos (al Estado), tanto de importación y por facturación sobre ventas y utilidades”, explica a La Razón el presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Christian Jacir. El ejecutivo del sector automotor —que agrupa a 45 empresas formales integradas por representantes de marcas y fabricantes así como concesionarios que venden solo vehículos 0 Km— observa con que a dos semanas de reanudar sus actividades tras la cuarentena, un nuevo “problema” amenaza su supervivencia.

Se trata del proyecto de “Ley Excepcional de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y otras mercancías indocumentadas”, codificado como 706-19, el mismo que fue presentado a la presidencia de la Cámara de Diputados por la parlamentaria Concepción Ortiz del Movimiento Al Socialismo (MAS), el pasado 16 de junio.

“Nos perjudica. Es un gran problema. Estamos seguros de que hasta fin de año algunas empresas no van a sobrevivir”, advierte.

Jacir explica que el sector genera más de 80.000 empleos directos e indirectos los cuales están en riego así como $us 500 millones en impuestos que pagan al Estado de forma anual.

Para Álvaro Landa, gerente comercial de AutoStar (Concesionario del Grupo Ovando), una nueva nacionalización será “lapidaria” para las empresas automotrices que pagan impuestos y licencias previas de importación con un costo “elevadísimo”.

“La nacionalización de los vehículos chutos sería fomentar que continúe esa actividad ilícita, que no contribuye a la generación de empleos y recaudaciones para las arcas del Estado. Para muchos concesionarios sería un golpe demuerte”, asegura el ejecutivo.

El proyecto al que tuvo acceso este medio, tiene como objetivo establecer de forma excepcional un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores indocumentados a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diésel, así como tractores, maquinaria agrícola, remolques, destinados para las federaciones departamentales de la micro y pequeña empresa (Fedemypes).

ILEGALES. Según Jacir, éste es el tercer intento —en el último año— que la Asamblea Legislativa pretende nacionalizar vehículos “chutos” o indocumentados.

“Nos llama mucho la atención porque las dos veces anteriores era para favorecer supuestamente a gente pobre que no tenía acceso a un vehículo, cuando hoy en día existen autos desde $us 9.000, financiados a través de la banca hasta siete años (plazo) y en cuotas desde $us 120, es decir, cualquiera puede tener un vehículo nuevo, con factura, con garantía e impuestos pagados”, comenta.

Como justificación el proyecto 706-19 señala que en 2015 la Aduana incautó 1.200 automotores chutos, cantidad que se elevó en 2016 a 1.638. Y que pese a ello, se estima que muchos vehículos lograron ingresar al país sumando un total de 33.000 vehículos indocumentados, además existen otros 10.000 con placas clonadas.

El proyecto añade que de esa ilegalidad los más beneficiados son los agentes de control y los que internan estos autos, en desmedro de los comercios legales y en contra del erario nacional.

Adicionalmente, desde hace nueve años, en el país no se autoriza un programa de saneamiento legal de automotores a gasolina, gas y diésel, por ello surge la necesidad de reglamentar un nuevo proceso de nacionalización.

Al respecto, el presidente de la CAB recuerda que en 2011 (última nacionalización Ley 133), se estimó la documentación de 40.000 vehículos, una cantidad similar a la nueva propuesta. Sin embargo, se legalizaron 120.000 debido a que en ese periodo admitieron y registraron autos que estaban fuera de Bolivia.

“Tememos que —al igual que en 2011— un ingreso masivo de unidades de vehículos y eso nos terminaría de quebrar al sector formal, porque este Gobierno no tiene la capacidad para controlar todas las fronteras”, lamenta.

No obstante, reconoce que el Ejecutivo necesita recursos para atender la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, que el Tesoro General de la Nación (TGN) está “débil” y requiere también fondos para el pago de salarios de 500.000 empleados de la administración pública.

“En el caso nuestro, estamos trabajando a un 20%, pero entendemos la posición del Gobierno”, dice Jacir y afirma que tomó conocimiento que la Asamblea Legislativa está condicionando la aprobación de esta ley de nacionalización a fin de “destrancar aparentemente los créditos que vienen de afuera para el coronavirus y para el TGN”.

“Es un tema político, es un tema de intereses” que está asociado a las elecciones generales del 6 de septiembre, lo cual complica la situación del sector. “Es el peor momento. Es echarnos otro balde agua fría y varias empresas no van a soportar”, concluye Jacir.

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Proponen un día al mes sin pagar el IVA y el IT

La propuesta pretende incentivar el comercio y consumo

/ 23 de julio de 2020 / 15:06

Con los objetivos de reactivar la economía, incentivar a los consumidores e incrementar las ventas de productos en un 150%, los economistas bolivianos proponen un día al mes sin pagar el IVA y el IT.

Es una iniciativa que impulsa el Colegio de Economistas de Santa Cruz, que busca el incremento en el consumo e inversiones de la población ante una oferta de productos y servicios, con menores precios por la excepción del 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 3% del Impuesto a las Transacciones (IT).

Según el cálculo de la entidad colegiada, con esta medida subirán las ventas en general en al menos 150%, es decir, en un equivalente a Bs 800 millones.

Esta experiencia ya se aplica en Colombia, donde se desarrollaron dos jornadas sin impuestos, el 19 de junio y el 3 y 19 de julio pasados, en las cuales sus habitantes respondieron de forma positiva en los centros comerciales y a través de plataformas de ecommerce.

INCENTIVO. El presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb), Jorge Akamine, señaló a LA RAZÓN que esta propuesta es “llamativa”, sobre todo ara el consumidor porque el precio de los productos se reducirá, incentivando su compra.

“Esto desataría un movimiento importante en la economía, tal vez no en todos los sectores pero sí en los más afectados (por la pandemia del COVID-19) como el comercio y la alimentación”, dijo.

Asimismo, el profesional anticipó que ese planteamiento “no será bien visto por el Gobierno” por el tema de las recaudaciones impositivas, que representan un 23% de los ingresos del Estado.

Sin embargo, por su importancia para la reactivación de la economía boliviana, la propuesta toma fuerza —dijo—, ya que parlamentarios como el diputado de UD Erik Morón expresaron su apoyo y predisposición para presentar a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que impulse el “día sin impuestos”, una vez al mes durante un año, a partir de octubre próximo.

A su vez, el vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez, argumentó que la propuesta no tendrá efectos importantes en los ingresos del Estado, “dado que el 62 por ciento de la economía nacional es informal, de modo que un día al mes sin el pago del IVA e IT no le es significativo”.

LIQUIDEZ. Suárez explicó que en la nación colombiana una medida similar tuvo resultados exitosos por el aumento del consumo y que en el caso de Bolivia, “permitirá a las empresas contar con liquidez para pagar deudas y sueldos atrasados como consecuencia de la pandemia del coronavirus y sobre todo ayudará a salvar empleos y emprendimientos”.

Con la reducción de precios, las familias podrán ahorrar en la compra de artículos de primera necesidad, mientras que el comercio electrónico se potenciará de manera exponencial, según estimación del economista.

Una excepción en el pago del IVA e IT una vez al mes, posibilitará el incremento del comercio electrónico de al menos un 750%, potenciando este rubro con relativo desarrollo en el país.

Además, las proyecciones de los economistas bolivianos señalan que rubros como textiles y calzados aumentarán sus ventas en 242%, los accesorios 165%, las ventas en general 158%, los artículos escolares en 150% y los alimentos 100%.

El gobierno de Iván Duque determinó tres días sin IVA en la nación colombiana, una medida que oficializó por medio del Decreto 682 del 21 de mayo.

En esta norma se establece que el 19 de junio y el 3 y 19 de julio serán días de exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para ropa de vestir, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, elemetos deporticos, juguetes, útiles escolares, bienes e insumos para el sector de la agroindustria.

Esta medida fue establecida en la nueva reforma tributaria de ese país y pactada para tener dos días en 2020 (julio y octubre). Sin embargo, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus se decidió programarla para esas fechas.

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