Desde marzo, los empresarios en los rubros del comercio y la industria enfrentan “incalculables” pérdidas por la pandemia y los conflictos sociales. Coinciden que el apoyo del Gobierno no es suficiente y la incertidumbre empaña su salida de la crisis actual.
Estos dos sectores claves para el funcionamiento de las actividades económicas experimentan una severa recesión. Los números rojos por falta de liquidez provocaron cierre de empresas y la pérdida de fuentes laborales en el país.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC Bolivia) estimó perdidas que alcanzan a $us 1.500 millones en lo que va del año, a consecuencia de la recesión económica, la cuarentena por la pandemia y los bloqueos de carreteras por la crisis política.
Solo en la cuarentena rígida de marzo el sector perdió $us 400 millones. Y en agosto, durante los 15 días de bloqueos de vías en rechazo a la postergación de la fecha de las elecciones generales para el 18 de octubre, se sumaron otros $us 70 millones en pérdidas para el gremio empresarial del comercio, el transporte y el turismo, según una evaluación del presidente de la CNC, Rolando Kempff.
Pérdidas
Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportó que el sector dejó de percibir $us 450 millones por ventas en los días de cuarentena impuesta por el Gobierno para evitar el contagio del COVID-19.
A mayo, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial descendió a -6,9%, cuando a diciembre de 2019 registró un crecimiento de 3,19%, un descenso de más de 10 puntos porcentuales.
“Con profunda decepción, el aparato productivo no recibió apoyo real de parte del Gobierno y el 80% de la industria paralizó sus actividades económicas, lo cual genera un estado de severa iliquidez y asfixia económica. La industria pierde $us 10 millones en ventas por día de paralización. Demandamos al Gobierno medidas urgentes para salvar el aparato productivo”, dijo en mayo el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic.
Y el pasado mes, a través de pronunciamiento, el gremio indicó que las industrias, que representan el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), por impacto de la pandemia y la convulsión político social experimentaron una drástica contracción de sus actividades y se declararon en “estado de crisis”.
La declaración de la CNI fue también crítica con las medidas aprobadas por el Gobierno como respuesta a las demandas del sector empresarial, porque éstas presentan escasa o nula aplicación y resultados para reactivar la demanda y la oferta del aparato productivo industrial ante la crisis.
En tanto, el gerente general de la CNC, Gustavo Jáuregui, en una evaluación para La Razón, señaló que los shocks de demanda y oferta sobre la economía nacional, agregados a la inactividad debido a las medidas de cuarentena rígida, fueron determinantes sobre el sector empresarial formal y le generaron una iliquidez que le impidió cumplir las obligaciones y regulaciones inherentes a ese sector de la economía.
Asimismo, consideró que “por las características del tejido empresarial boliviano y la región, el gremio se convirtió más vulnerable para afrontar la crisis, por lo que muchas de las empresas catalogadas como micro y pequeñas, tuvieron que dejar de operar, dejando como efecto un mayor índice de desempleo en el país”.
En tanto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz, identificó como efectos de la crisis a la pérdida de empleos, el cierre de empresas, la recesión económica y, sobre todo, la pobreza.
“El perjuicio a la economía del sector empresarial es muy grande e incalculable debido a que hay muchas actividades que no se han podido reiniciar —si vale el término—, mientras que otras operan de manera parcial”.
En abril, la CNC envió a la presidenta Jeanine Áñez una propuesta del sector empresarial nacional, Una mirada más allá de la emergencia, a través de la cual observan la necesidad de implementar medidas económicas de corto, mediano y largo plazos para salir de la crisis, recordó Jáuregui.
El citado documento, además, establecía las líneas de acción para trabajar en esos ámbitos, y la necesidad de llevar adelante una articulación público-privada en su diseño, implementación y evaluación para poder obtener resultados efectivos y oportunos.
Sin embargo, la reacción del Ejecutivo fue tardía y las medidas poco efectivas en su aplicación.
“Ahora lamentamos ver que se da poca coordinación entre los órganos del Estado y las medidas desordenadas están generando mayor incertidumbre en los actores económicos sobre la posible reactivación que les permita la sostenibilidad de sus actividades y, por ende, dar certeza también a la población sobre sus fuentes de empleo”, comentó el ejecutivo.
Como salida a la crisis, la CNC ha propuesto también que, a partir del Órgano Ejecutivo y en coordinación con la Asamblea Legislativa, se trabaje en implementar una norma nacional extraordinaria denominada “Ley Nacional de Pausa Regulatoria e Impulso a la Inversión”, que permita flexibilizar las regulaciones en los ámbitos laboral, tributario, financiero y sectorial mientras dure la emergencia sanitaria.
También la CNI ha planteado al Gobierno propuestas de política pública que van desde diferimientos de pago de tributos, créditos, creación de Fondos de Garantías Estatales y la operación de retorno al trabajo con medidas de bioseguridad contra el virus. Igualmente, los industriales observaron que las medidas aprobadas por el Ejecutivo, como respuesta a las demandas del sector empresarial, tienen escasa o nula aplicación y resultados para reactivar la demanda y la oferta del aparato productivo.
“En el actual contexto de crisis industrial de mandamos en forma urgente la concreción de medidas gubernamentales que impulsen el ‘compro boliviano’. Planteamos destinar el 20% de los sueldos y salarios a la adquisición de productos con sello ‘Hecho en Bolivia’. El 20% representaría alrededor de $us 200 millones que dinamizarían la demanda de productos nacionales, que contribuiría a la reactivación de la industria nacional”, indicó el sector a través de su pronunciamiento de agosto.
En ese marco, Blazicevic reiteró ayer que la recuperación de la crisis demorará de uno a dos años, por lo cual es importante la aplicación de incentivos para el sector empresarial. Aparte, consideró importante llevar adelante una reforma tributaria en el país.
Liquidez
A ello, el gerente general de la CNI, Fernando Hinojosa, apuntó que los industriales plantearon diferentes propuestas al Gobierno transitorio y todas éstas pasan necesariamente por la liquidez de las empresas.
Agregó que “el Ejecutivo lanzó el Programa de Reactivación del Empleo que contiene diferentes medidas, sin embargo hasta el momento éstas no dieron frutos y creemos que lo que está normado ya debería llevarse a la práctica, para que se posibilite la reactivación de las empresas”.
De acuerdo con el boletín Monitor Macroeconómicode la CNI, en el primer semestre de este año la participación porcentual de la industria manufacturera se redujo (-6.52%) del 3,19% alcanzado en 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se precisa inyectar un monto similar al 15% del PIB
Los empresarios de La Paz calculan que para superar la crisis económica, el Gobierno debe efectuar una “gran inyección” de liquidez a la economía de al menos el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, con esos recursos se activaría la inversión pública, el comercio, se dinamizarían sectores como la construcción y se generarían empleos.
“La única manera de superar esta crisis es inyectar un cantidad grande de dinero a la economía. Hemos calculado que al menos el 15% del PIB debe ser inyectado a la economía rápidamente para reactivarla, para que se regularicen sobre todo las inversiones públicas”, aseguró el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Jaime Ascarrunz, quien destacó la importancia de la inversión pública por su efecto multiplicador en el sistema económico nacional, por las variaciones que puede ocasionar en el gasto público, así como en la oferta y la demanda.
“Todo hace un conjunto, si no hay licitaciones —por ejemplo— hay sectores que se ven rezagados como el comercio, la construcción, entre otros. Por lo tanto, la inversión pública es muy necesa ria”. Ascarrunz también lamentó la falta de solidaridad de la administración de la presidenta Jeanine Áñez con el gremio empresarial, porque las medidas implementadas como el diferimiento de créditos y la postergación de plazos para el pago de impuestos son “paliativas”.
“No hubo solidaridad del Gobierno con la empresa privada, en estos meses de gran dificultad, de compartir esta carga que a veces para algunos sectores es imposible de cumplir”. Complemento que “los empresarios no hemos recibido un apoyo concreto, es decir, son medidas paliativas, como reprogramaciones, postergaciones de fechas de pago tanto con la banca como impuestos, pero son un alivio temporal porque el costo de la planilla mensual lo asume el empresario y si se presta plata, igual es responsable”.
Riesgo
Argumentó que no todas las empresas pueden pagar sueldos mensualmente a sus empleados y mantener la producción sin recurrir a una paralización de actividades. Es así que la crisis económica ocasionada por el COVID19 afectó a todos los sectores y la recuperación tomará tiempo. Precisó que a pesar de las medidas de bioseguridad, el riesgo de contagio persiste, lo cual representa una amenaza para el normal funcionamiento de las compañías.
“No hay que olvidar que a pesar de las medidas de bioseguridad el contagio persiste, hay muchas bajas entre los empleados de las distintas empresas, lo que nos lleva a una desaceleración debido a la pandemia”, afirmó. Un cuadro que se complica con el colapso del sistema público de salud para el tratamiento.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación en Bolivia pasó de 4,8%, alcanzada a diciembre del pasado año, a 11,8% a julio de 2020, como resultado de la suspensión de actividades productivas por las cuarentenas rígidas y flexibles. La CNC sostuvo que ese indicador es muy desalentador para la economía nacional, la generación de empleo y las inversiones.