miércoles 21 abr 2021 | Actualizado a 07:30

Asfi recibió 7.500 reclamos en enero por diferimiento y reprogramación

BANCA. Se reportan 250 reclamos por día en contra de las entidades financieras

/ 17 de febrero de 2021 / 10:52

Evaluación. Un promedio de 250 reportes por día registra la entidad

En enero, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) registró unas 15.000 consultas y reclamos a nivel nacional en contra de la banca. De ese total, el 50% son por casos de reprogramación y refinanciamiento de créditos diferidos.

“Los contactos que hemos recibido a nivel nacional, utilizando los distintos medios como nuestra web con formulario, personal en plataformas, llamadas, hacen un total de 15.000 personas en enero. Eso significa que las llamadas que han ingresado por consultas son más de 6.000 al mes, las atendidas en la plataforma superan las 7.500 y los formularios son 1.500 de reclamos, todo ello hace esa cifra”, informó a LARAZÓN, Juan Yucra Zeballos, director Ejecutivo de la Asfi.

Haciendo números, la cifra dividida en un mes responde a 250 reportes diarios. “Aquí hay una diversidad de temas, aunque en ese mes se ha enfatizado tópicos relacionados con la reprogramación y el refinanciamiento. También ha habido consultas no solo reclamos, pero los reclamos y quejas se los envía en primera instancia a la entidad financiera. La entidad tiene la posibilidad de decir ‘sí, es un error’ o ‘me he equivocado’ o lo que fuera y darle la razón al cliente, y eso significa una respuesta a favor del cliente”.

En esa primera instancia, de los 7.500 reclamos, un 50% han tenido respuestas favorables para los clientes y la otra mitad aún está en evaluación. “En una segunda instancia podemos ver datos e informes para constatar si evidentemente la respuesta de la entidad es correcta. Estamos tramitando estos casos y seguramente habrá una parte favorable para los clientes y otra que corresponda a una respuesta correcta que dé la Autoridad”, dijo Yucra.

Respecto de las sanciones a los infractores de la norma, el artículo 40 de la Ley 393 de Servicios Financieros señala que éstas no solo tienen que ver con temas específicos, sino depende de la gravedad; por lo tanto, existe gravedad máxima, media, leve y levísima. “En esos cuatro niveles se puede verificar a cuál es el que corresponde la infracción que podría cometer una entidad (cuando un ciudadano presenta una denuncia)”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado ninguna sanción, ya que los reclamos están dentro de los plazos correspondientes para ser resueltos.

“Las sanciones van desde una llamada de atención con nota escrita al funcionario ejecutivo o a la entidades hasta llegar a una multa que está en relación al capital del banco. Entonces, según la gravedad que tenga la entidad se aplica. Hay un proceso administrativo jurídico que hay que realizar. Incluso el banco puede activar una acción de defensa y decir ‘no estoy de acuerdo con esta sanción’ y se la lleva a recursos de revocatoria o jerárquico. Hay una vía recursiva por la que los bancos pueden oponerse a la sanción”, precisó el Director Ejecutivo.

En esa vía se puede levantar la sanción si la entidad financiera tiene la razón, “pero si ratificamos se va a otro nivel, que es recurso jerárquico vía administrativa y ahí tiene opción para irse a la vía judicial. En este tipo de figuras no se piensa que se va a llegar a esa instancia porque se tratan de errores operativos, información imprecisa brindada al cliente o de repente algunos cobros que no correspondían. En esos casos, se le restituye el derecho al cliente”.

Un ejemplo de ello es un cobro de intereses diferidos, “con la averiguación se sabe que es un ingreso que no corresponde. Esas son algunas figuras donde se aplicó de forma inadecuada la norma”.

Según la normativa, una vez que el cliente presenta un reclamo en la misma instancia, que es el banco, tiene cinco días para que éste le envíe la respuesta que puede ser de satisfacción del cliente y allí concluye la situación.

RESPUESTA

“Es un aspecto muy sensible puesto que la población no está del todo satisfecha con la manera en que las entidades han ido actuando y quizá más que las entidades, los funcionarios que no estaban bien capacitados después que emitimos la normativa el 14 de enero”, precisó Yucra.

Por los efectos negativos de la pandemia del coronavirus en la economía, la banca debe cumplir con las operaciones de refinanciamiento y reprogramación de créditos que fueron diferidos en 2020, con un periodo de gracia de seis meses, en los que no se tendrá que pagar ni capital ni intereses.

Este medio intentó contactarse con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), para conocer su posición sobre los reclamos, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Conceptos sobre la reprogramación

10 conceptos que le ayudarán a entender mejor aspectos sobre la reprogramación y el refinanciamiento.

El objetivo de ASFI es regular, controlar y supervisar servicios financieros en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 393 de Servicios Financieros y decretos supremos.

1 ¿Quiénes pueden beneficiarse del periodo de gracia?

Todos los prestatarios con créditos cuyas cuotas fueron diferidas en 2020 y que optaron por programar o refinanciar los mismos a solicitud expresa.

2 ¿Con la reprogramación, me pueden pedir otras garantías?

No, la entidad no debe requerir garantías adicionales a las originalmente constituidas, ni la actualización de los avalúos presentados.

3 ¿Qué es la reprogramación?

Es la modificación de las principales condiciones del crédito, particularmente el plazo, pudiendo éste extenderse, de manera que el prestatario pueda pagar igual o menor importe de su cuota, respecto al que cancelaba antes del diferimiento.

4 ¿Qué es el periodo de gracia?

Es el periodo durante el cual el prestatario que accede a refinanciar o reprogramar su crédito, habiendo sido beneficiado con el diferimiento de cuotas, no tiene que efectuar pagos ni a capital ni a intereses; este período es de seis meses.

5 ¿Qué es el refinanciamiento?

Es un financiamiento adicional al crédito cuyas cuotas fueron diferidas, incrementando el monto del crédito, previa evaluación de la capacidad de pago del prestatario en función de sus ingresos actuales y futuros.

6 ¿Cómo se deben pagar las cuotas no canceladas durante el periodo de gracia?

Deben prorratearse (dividirse) a lo largo de la vida útil del crédito reprogramado o refinanciado

7 ¿Subirá la tasa de interés originalmente pactada?

No, la tasa de interés debe ser igual o menor a la tasa originalmente pactada.

8 ¿Qué ocurre con mis cuotas diferidas en caso de una reprogramación o un diferimiento?

Las cuotas diferidas se trasladan al final del nuevo plan de pagos originado con la reprogramación o refinanciamiento. En ningún caso la Entidad de Intermediación Financiera (EIF) puede exigir al prestatario la cancelación de las mismas como condición previa.

9 ¿La reprogramación o el refinanciamiento son de carácter automático?

No, el prestatario debe solicitar a su entidad la reprogramación o el refinanciamiento con la inclusión del periodo de gracia, ajustando el monto de su cuota o sus particulares condiciones y capacidad de pago.

10 ¿Qué pasa mientras no suscriba la operación de reprogramación o refinanciamiento del crédito?

Existe un período de prórroga durante el cual los prestatarios que se encuentran tramitando el refinanciamiento o la reprogramación no tienen la obligación de cancelar sus cuotas (ni capital ni interés), hasta que se firme la adenda al contrato original.

Fuente: Asfi

¿CENSO PARA 2024? Polémica y debate sobre más recursos regionales

Decisión. El Gobierno desautoriza al director del INE y aclara que no hay definición sobre año del censo. Surgen críticas por la falta de coordinación

/ 18 de abril de 2021 / 19:28

ECONOMÍA

Una nueva fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda puede postergar las demandas regionales para una nueva distribución de recursos. Analistas critican “contradicciones” en el Gobierno y observan que por la falta de datos, el país “camina a oscuras”.

Cambiar la fecha del operativo censal previsto para 2022 postergaría la posibilidad de conocer cómo está el país en materia de salud, educación, vivienda, acceso a servicios básicos y tecnología, así como sobre el uso de energía, empleo y migración regional; información necesaria para la “toma de decisiones en materia económica y social”, aseguró a LARAZÓN el analista económico José Luis Carvajal.

Mientras que el economista Jimmy Osorio acotó que “posterga la aplicación de políticas adecuadas que puedan generar las autoridades nacionales y departamentales, porque estamos caminando a oscuras y con datos de 2012 (último censo efectuado en el país)”.

También identificó el “incumplimiento de la normativa vigente en el país, que plantea que los censos nacionales de población y vivienda deben ser efectuados cada 10 años”.

POLÉMICA. La discusión surgió a raíz de un anunció del director general ejecutivo del INE, Humberto Arandia, quién la pasada semana afirmó que “en la medida que se tenga todas las condiciones técnicas financieras y logísticas, cumplidas a cabalidad, este proyecto puede tardar tres años y medio. Entonces estamos hablando de manera optimista; si se cumple todos estos requisitos, mínimamente el censo poblacional se realizaría en 2024”.

Esta declaración fue criticada por Osorio, al señalar que la población requiere “niveles de certeza” porque con los datos del censo “no solo se ve el tema poblacional para la distribución de recursos o escaños (legisladores por departamento), sino también se obtiene información concreta sobre pobreza, vivienda, educación, salud, ingresos, trabajo con precisión sobre algunas proyecciones que se pueden dar”.

De igual manera, Carvajal expresó su preocupación por que esta postergación de dos años del nuevo operativo censal responda a decisiones políticas del Gobierno antes que a razones técnicas. “Están retrasando la posibilidad de contar con información” clave para asumir medidas económicas y sociales, además postergan las aspiraciones regionales para acceder a más recursos, dijo.

Así como los analistas, surgieron críticas regionales que se concentraron en Santa Cruz y el anuncio de articular acciones cívicas para la realización del censo. Por ejemplo, el electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

Ante esa situación, el viernes pasado el Gobierno salió a aclarar que por el momento no hay ninguna definición sobre el año de realización del Censo de Población.

A través de un comunicado, el Ministerio de Planificación del Desarrollo señaló: “Se tiene a bien aclarar que el Gobierno Nacional no ha definido el año en el que se realizará el censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia”.

COORDINACIÓN. Para Osorio la aclaración del Gobierno no sólo puso al descubierto “contradicciones”, sino también una falta de coordinación entre las autoridades del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del INE, en un tema delicado como es dar “certidumbre” a la población sobre la situación del país y la información de sus principales indicadores económicos.

Asimismo calificó de “loable” la decisión del Gobierno de “desautorizar y desmentir” a Arandía, precisando que el operativo censal “no es una cuestión exclusiva del INE sino es un tema de Estado, porque a través de este proceso se definirá políticas y el destino del país. Deben poner sus barbas en remojo”, parafraseó.

No obstante insisitió que “nunca coordinaron en el nivel central y secundario”, sobre la importancia del censo para la toma de decisiones.

Respecto a las demandas regionales, el 8 de abril pasado, el INE informó que en esta gestión Bolivia alcanzará los 11.842.000 habitantes, es decir, se proyecta un crecimiento del 11,3% con relación a los resultados del censo de 2012 cuando la población sumó 10.027.254.

Con estos datos oficiales comenzó a debatirse en niveles políticos sobre la posibilidad de llevar adelante en el país una nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria para las regiones con mayor población, sobre todo en departamentos como Santa Cruz y La Paz.

En el primer caso se estimó que en esta gestión los habitantes cruceños llegarán a 3.363.400, lo que representa un crecimiento del 21,1% comparado con los datos censales de hace nueve años, cuando alcanzó a los 2.655.084 habitantes.

DECISIÓN. En tanto, en La Paz se observa un crecimiento del 11,3% que, comparado con la medición de 2012, la población de este departamento llegó a 2.706.000 habitantes y la proyección para este año es de 3.023.800.

Esta proyección “preocupa al Gobierno, porque tendrá que quitar recursos a algunos (departamentos o municipios) y probablemente subir a otros”, según análisis de Carvajal, quien consideró que técnicamente una nueva distribución se puede efectuar al inicio de cada año. “No se necesita un censo”, sostuvo.

En tanto, el analista de presupuestos públicos y fiscalidad de la Fundación Jubileo, René Martínez, dijo que las proyecciones de población del INE no cambian los factores de distribución de recursos en Bolivia, como son los de coparticipación tributaria para municipios, “porque la Ley Marco de Autonomías (Ley 031) establece en su disposición transitoria tercera que las transferencias de coparticipación se realizarán en función de los datos del último Censo de Población, entonces tiene que ser con los resultados oficiales del nuevo censo”.

Reiteró que las proyecciones no afectan los recursos y que se debería esperar los resultados del próximo censo poblacional.

Observan la falta de datos de 2020

CRISIS. Los datos del censo son claves para definir políticas para salud, educación, empleo e ingresos que requiere la población

Según evaluación del analista económico José Luis Carvajal, existe “hermetismo” en el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los datos del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) a diciembre de 2020, así como del desempeño del PIB al tercer y cuarto trimestre del pasado año.

“Llama mucho la atención porque la metodología no se ha modificado y no se ha hecho un cambio del año base de las cuentas nacionales, que podrían provocar estas demoras, pero no hay nada de eso”, indicó.

Consultado a qué atribuye las demoras en la difusión de este tipo de información que procesa el INE, Carvajal no dudó en señalar que existe “una decisión desde algún nivel del Ministerio de Planificación del Desarrollo o del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su caso, de otro nivel más alto que ha pedido que las cifras del desempeño de la economía no sean publicadas”.

Conforme al calendario estadístico del INE, en enero de este año, debía presentar la información del PIB trimestral a septiembre de 2020 y a la fecha no se cumplió con la programación.

Y el IGAE a diciembre del pasado año debía publicarse en febrero y este mes debería conocerse el PIB al cuarto trimestre de 2020 pero “no hay nada”, observó el analista.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en la “Rendición pública de cuentas final-2020” efectuada en febrero, con datos al primer semestre de la gestión pasada, mencionó que el PIB de Bolivia se contrajo en el segundo trimestre de 2020 hasta en un -11,1%, y que la economía nacional se situó en el antepenúltimo lugar de crecimiento en Sudamérica, siguiéndole Argentina (-12,5%) y Perú (- 17,1%). Y en marzo, en la presentación del Programa Fiscal Financiero 2021 se anunció de forma directa un crecimiento de 4,4% y una inflación controlada de 2,6% para esta gestión.

POBLACIÓN. Conforme a los datos del INE, la esperanza de vida de los bolivianos subió un 6,2% entre 2012 y 2021. Hace nueve años, este indicador llegaba a 69 años y la proyección para esa gestión es de 73 años.

“Esto demuestra que debido a la esperanza de vida hay más personas adultas en el país, lo cual obviamente tiene sus efectos económicos, al haber más personas de 60 años, la Renta Dignidad que se tiene que pagar cada año va creciendo también y todos los beneficios a los adultos mayores”, dijo el analista.

Asimismo, Carvajal destacó que en Bolivia los adultos llegan a 1,3 millones de habitantes, a diferencia de hace 10 o 15 años, cuando este grupo poblacional no pasaba del millón, datos que se obtiene a partir de proyecciones, concluyó.

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Jaime Ascarrunz: ‘Hay acciones adecuadas pero insuficientes’ ante la crisis

El reelecto presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) evalúa el impacto de la recesión económica en ese gremio a consecuencia del COVID-19, el cierre de empresas, la pérdida de empleos, así como las acciones para superar la crisis

Jaime Ascarrunz, Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.

Por Marco A. Ibañez

/ 18 de abril de 2021 / 19:15

ENTREVISTA

Las medidas aplicadas por el Gobierno para superar la crisis no son suficientes para el líder de los empresarios paceños, Jaime Ascarrunz. Considera importante la participación privada en ese proceso pero rechaza un incremento salarial para los trabajadores.

—¿Cuál es el balance que hace del impacto de la crisis sanitaria y económica en el gremio empresarial de La Paz?

—Los empresarios paceños estamos bastante preocupados porque estamos sufriendo el impacto recesivo de la pandemia, por un lado, y por otro, por la desaceleración de la economía. Es un problema que está afectando al conjunto de los empresarios y de forma más aguda a sectores como el turismo y hotelería, existen negocios que tuvieron que cerrar sus puertas porque no tuvieron la oportunidad de volver a operar de forma normal. Adicionalmente, se enfrentan complicaciones en el comercio internacional como cuarentenas, cierres de frontera y requisitos como pruebas PCR dentro de las 24 horas. A lo cual se ha suma retrasos e incumplimiento de itinerarios (transporte marítimo), falta de contenedores o rezago. Otro factor es el decrecimiento del mercado, debido a que la población prefiere ahorrar y gasta estrictamente lo necesario. (…). Otro sector que preocupa es la construcción, debido a que muchas empresas no han recibido sus pagos por obras concluidas pero tienen que cumplir con sus créditos y están con imposibilidad. También preocupa que en el leasing (arrendamiento financiero) se esté devolviendo equipos y maquinaria a los bancos porque no están encontrando la forma de utilizarlos con trabajo sostenido. Por ello, el panorama no es sencillo, no es halagador.

—¿Se tiene cuantificada las pérdidas en el sector empresarial?

—Indudablemente que las pérdidas son muy grandes, se habla que han cerrado más de 1.300 empresas con pérdidas de fuentes de empleo. La demanda se ha reducido y, por lo tanto, la oferta también. Por otro lado, hubo una subida en los precios de muchos insumos y materiales que son necesarios para diversos sectores. Tal es el caso de la construcción, donde el fierro subió entre un 38% y 40%, y no volverá a bajar en el corto plazo. Esto nos está restando competitividad porque van a incrementarse los precios y todo redunda en el mercado.

—Para superar la crisis, el Gobierno está aplicando medidas económicas, ¿éstas van por el camino correcto?

—Tengo la impresión de que hay algunas acciones que son adecuadas pero insuficientes, es decir, la situación está llegando a un punto tan crítico que algunas acciones que por muy buenas que sean tienen muy poco impacto.

—¿Qué medidas?

—Por ejemplo, el Gobierno aplicó un programa para sustitución de importaciones que ha servido a muchos sectores sobre todo de la pequeña empresa, así como la emisión de Bonos Soberanos; sin embargo, nos preocupa si esos bonos se podrán colocar por la imagen que estamos transmitiendo hacia afuera y si el costo de la colocación o el interés que se le debe poner para hacerlos atractivos no vaya a ser muy alto. Entonces vemos que se está haciendo esfuerzos pero creemos que se deben hacer otros adicionales. Nosotros pensamos que es necesario contraer deuda externa porque no hay otra forma de reactivar la economía y de invertir adecuadamente estos fondos para que estén en áreas productivas y que haya un retorno. En esto, la inversión pública es necesaria porque es un motor del crecimiento económico y, por supuesto, la inversión privada que necesita incentivos para que fluya hacia el país y se reactive la economía.

—¿Qué tipo de incentivos?

—Por lo menos dos tipos de incentivos, el primero relacionado a la seguridad jurídica a fin de que las empresas tengan la certeza de que cuando inviertan en Bolivia no sufrirán modificaciones, a medio camino, las reglas del juego. Y el segundo se refiere a incentivos tributarios para que anime a los inversionistas extranjeros.

—En ese contexto, ¿se puede hablar de un incremento salarial para este año?

—Nosotros consideramos que en una situación recesiva en la cual la economía está en una franca desaceleración y con riesgo de pérdida de fuentes de trabajo, no estamos en condiciones de hacer unos pagos adicionales, como un incremento salarial. Pero además, técnicamente estos incrementos tienen que compensar la pérdida del valor adquisitivo que se hubiera producido en la gestión pasada y en este caso de acuerdo a los datos del INE (Instituto nacional de Estadística), tenemos que en 2020 se registró 0,67% de inflación, es decir que no llega ni al 1%. Por lo tanto, no hay un monto importante que compensar. En esta situación creemos que la prioridad no es el incremento salarial, la prioridad es no perder fuentes de empleo. Por ello, recomendamos que entre todos nos pongamos de acuerdo y tratemos de conservar las fuentes de empleo, que en el corto y mediano plazo es mucho más importante que un 5% de incremento en el bolsillo porque ese 5%, en una condición como la que vivimos, puede tener un impacto en la reducción de personal.

—Se habla de un diálogo tripartito para tratar este tema.

—Tenemos la esperanza de poder participar, por primera vez, en reuniones tripartitas, como ha manifestado el Ministerio de Trabajo y creemos que entre todos: Gobierno, trabajadores y, por supuesto, empresarios tenemos que empujar el carro en una misma dirección.

PERFIL

Nombre: Jaime Ascarrunz Eduardo

Cargo: Presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz

EMPRESARIO

Es ingeniero industrial, cuenta con cursos de alta gerencia, marketing, procesos industriales y administración. Es empresario agroindustrial, exportador de café y productor de té, importador de insumos para industria y construcción. También está relacionado con la construcción e inmobiliaria. Lidera a los empresarios paceños desde 2019 y fue reelecto para el periodo 2021-2023.

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Ventas de las mañaneras bajan un 70% por la crisis y por la ropa china

Producción. Las confeccionistas piden apoyar lo ‘Hecho en Bolivia’

VENTAS. En la calle Tumusla y la plaza Eguino de La Paz, desde tempranas horas del día, las mañaneras venden sus confecciones para superar la crisis

Por Sheila Olivarez

/ 18 de abril de 2021 / 19:10

ECONOMÍA

Las mañaneras, tradicionales confeccionistas que comercializan sus productos en las calles Tumusla y la plaza Eguino en La Paz, sufren las secuelas de la crisis económica ocasionada por el COVID-19 y la importación de ropa china. Sus ventas bajaron hasta un 70%.

La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus afectó duramente a este sector productor, provocando el cierre de talleres, desempleo y una reducción considerable de su capacidad de producción. Una situación que se agravó en los últimos meses por la importación de ropa china de muy bajo costo que compite con las prendas que confeccionan.

LA RAZÓN efectuó un recorrido por la calle Tumusla y la plaza Eguino de La Paz, zonas donde a muy tempranas horas del día, hasta antes de las 10.00, ubican sus puestos de venta las productoras de ropa nacional denominadas “las mañaneras”.

En esa ruta la oferta es variada así como los precios de los productos, sin embargo la afluencia de los compradores bajó.

Según relato de Sonia Pérez, una productora de este gremio, las ventas bajaron en un 70% debido a factores como la crisis económica ocasionada por la pandemia y el bajo costo de las prendas chinas que se importan al país sin control de las autoridades.

“Hay afiliadas que fallecieron por el COVID-19, por ello algunas tienen problemas físicos que no están relacionados al coronavirus, pero por miedo a ser contagiadas ya no salen a vender, ya no producen”, comentó a este medio.

Para apoyar a las mujeres confeccionistas que tienen problemas de salud, se realizan colectas entre las afiliadas para colaborar con los gastos médicos o el sepelio en caso de fallecimiento de alguna productora, dijo Pérez.

De igual manera para Angélica Mamani, productora afiliada a la Asociación de Trabajadores Comerciantes Minoristas y Artesanos Tumusla-Eguino, “las prendas chinas están en todos los mercados y galerías, nadie controla el ingreso de estas ropas al país”.

Esta productora confecciona y vende chompas en tela polar y algodón, en diversas tallas y colores para varón desde Bs 40.

“La venta bajó demasiado, yo tenía seis y hasta ocho costureros; ahora solo costuramos con mis hijos”, lamentó.

A Mamani le preocupa que el Estado no cuente con medidas de control para regular la llegada de ropa china a Bolivia y recordó que estas mercancías continuaron ingresando al país a pesar del confinamiento el pasado año.

“La producción nacional está desapareciendo, no tenemos un mercado para exportar nuestra producción, nos hemos llenado de ropa china”, advirtió.

Foto: Sheila Olivarez

APOYO. Celia Mamani, afiliada a la Asociación de Vestuarios Illampu, explicó que antes de la pandemia confeccionaba entre 10 y 20 docenas por mes y que a la fecha solo produce una a dos docenas.

“Vivimos al día, estamos totalmente fregados (…) ya no tenemos trabajo los costureros”, dijo.

Mamani explicó que su asociación tiene 300 afiliados y a pesar de la crisis siguen produciendo ropa, pero en menor cantidad.

Como tercer factor que afecta a la producción de ropa nacional identificó a la venta de ropa usada.

Por ello pidió a la población apoyar la producción nacional comprando abrigos, chompas y pantalones confeccionados por productores bolivianos. “No busquen prendas extranjeras, apóyennos en esta crisis”, enfatizó.

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ECOFUTURO impulsa créditos por más de $us 20 MM

Créditos. Esta banca apoya negocios agropecuarios, de producción y turismo en Tarija

PRODUCCIÓN. El sector agropecuario de Tarija es el principal beneficiario de créditos productivos

Por Marco A. Ibañez

/ 18 de abril de 2021 / 19:02

EMPRESA

En medio de la pandemia del COVID- 19, entre abril de 2020 y marzo de 2021, Banco PYME Ecofuturo atendió 1.140 solicitudes de créditos en Tarija, logrando desembolsar $us 6.301.950 para negocios agropecuarios, producción y turismo en la región.

“Para nosotros es un honor acompañar a nuestros clientes con créditos y promoviendo el ahorro, especialmente durante la pandemia. Hasta marzo 2021 contamos con una cartera de créditos que llega a $us 32.186.797, de los cuales $us 20.807.954 pertenecen a créditos productivos favoreciendo a emprendimientos agropecuarios, pecuarios, producción y apoyo al sector turismo en este departamento”, destacó Marcos Dennis Cortez, gerente de la Sucursal Tarija de Banco Ecofuturo.

Explicó que las operaciones vigentes en Tarija suman 6.187 y la mora total alcanza el 0,80%, que muestra que los clientes tarijeños, principalmente productores microempresarios, están cumpliendo con sus obligaciones bancarias. “Cabe destacar que durante la pandemia, Banco Ecofuturo desembolsó $us 6.301.950, otorgando a 1.140 créditos entre abril 2020 y marzo 2021”, reiteró.

El ejecutivo también destacó el crecimiento de la cultura del ahorro en Tarija, permitiendo mayores captaciones a esa banca, siendo EcoAguinaldo una de las solicitadas, al tratarse de una cuenta de ahorro programada en la que el cliente establece un plan de ahorro fijando un monto de depósito mínimo mensual, en un plazo entre 12 y 24 meses y definiendo la frecuencia de sus pagos, y cumplido el plazo, obtiene el total de sus ahorros y el doble del interés acumulado. Entre diciembre 2020 y marzo 2021 se realizó la apertura de 1.529 cuentas, apuntó.

Asimismo, el Súper DPF se ha convertido en un producto estrella de Ecofuturo porque entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 la apertura de depósitos a plazo fijo llegaron a un monto de $us 1.007.000.

“Estamos cerca de nuestros clientes en la capital y en las provincias donde no llegan otras entidades financieras”, relievó Cortez.

CRECIMIENTO. Ecofuturo cuenta con cinco agencias en Tarija, dos de las cuales están en la capital (Central Tarija y Mercado Campesino) y las otras tres en los municipios de Entre Ríos, Yacuiba y Bermejo, en la frontera con Argentina. También ofrece a sus clientes tres puntos de atención en los municipios de Padcaya, Valle de la Concepción y Villamontes.

En 2018, Ecofuturo inició su proceso de transformación, orientado a mejorar la eficiencia y con el propósito de alinearse a las nuevas tendencias y mejores prácticas bancarias a nivel nacional.

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Yanbal, la empresa con mayor reputación

ALCANCE. En Bolivia cuenta con 15.000 consultoras de belleza

PRODUCTOS. La oferta es variada en cosméticos, fragancias y joyería

Por Marco A. Ibañez

/ 18 de abril de 2021 / 18:58

EMPRESA

Por su constante esfuerzo y sostenida visión, Yanbal Bolivia se consolidó como una de las empresas de mayor reputación en el país, situación que fue reconocida por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

Esta compañía que inspira a mujeres y hombres en el mundo, en Bolivia cuenta con más de 15.000 consultoras de belleza. Es una empresa que se compromete con sus clientes y también con sus consultores y directores independientes. Sus productos están en constante innovación y se ubican a la vanguardia de las tendencias del sector.

En 2020 aceleró su proceso de transformación digital e incorporó un catálogo en versión digital que permite interactuar, con videos y enlaces, lista de compra para enviar por WhatsApp o correo para una experiencia de usuario mucho más entretenida y segura.

Complementando esta nueva forma de comprar, incorporó el servicio Yanbal Delivery, que permite llegar a la casa del cliente con un servicio de entrega de primer nivel, cuidando todos los protocolos de seguridad.

Por todos estos avances, Yanbal Bolivia fue reconocida como una de las empresas de mayor reputación en el país por Merco, un instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000, basado en una metodología multi- stakeholders compuesta por seis evaluaciones y 25 fuentes de información.

MERCADOS. Fundada en Lima, Perú, la compañía empodera a más de 600.000 consultores de belleza en 9 mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa. Vende productos cosméticos, fragancias y joyería.

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