ECONOMÍA
El Gobierno reconoció que el contrabando de oro puede igualar las ventas externas legales del metal, es decir, más de $us 1.800 millones. Antes que el tema se “descontrole”, dos expertos recomiendan la “intervención” inmediata del Estado.
En este negocio existen muchos intereses pues da lugar a actividades ilegales como el “lavado de activos”, con estrecha conexión con el narcotráfico. Su crecimiento parece “incontrolable” y existe el riesgo de que algunas regiones productoras se conviertan en “zonas rojas” como en Colombia, donde “grupos irregulares” las controlan a vista y paciencia del Estado.
Frente a ese peligro, los expertos en temas mineros Dionisio Garzón y Héctor Córdova recomiendan una “intervención inmediata” del Estado boliviano, es decir, que asuma el control total de la cadena de producción, comercialización y exportación de oro y joyería. Un desafío que implica modificar la normativa sectorial.
CONTROL. Según datos del ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, en 2019 la exportación de este metal llegó a 42 toneladas, por un valor aproximado a $us 1.850 millones y que se estima que el contrabando de oro en el país alcanzaría una cifra similar afectando los ingresos del erario nacional.
Argumentó su declaración reconociendo una falta de “monitoreo” de las operaciones mineras que se efectúan en el país. “Presumimos y estamos seguros de que una cantidad muy importante (oro) se va hacia el contrabando, que no ha sido monitoreado por nuestras direcciones (…), una gran cantidad casi parecida a la producción que hemos tenido en 2019”, dijo a los medios.
Para el especialista en geología y temas mineros Dionisio Garzón, el riesgo de la informalidad e ilegalidad que implica el contrabando de oro es “muy peligroso” y puede “dar lugar a negociados y al lavado de activos” no solo en Bolivia sino también en Perú, Colombia o Venezuela.
Además que en este negocio inclusive existe una conexión con el narcotráfico para el lavado de activos, lo cual hace más peligrosa la situación porque en el país puede generarse “un crecimiento incontrolable de la ilegalidad” en las zonas productoras del metal.
Garzón, quien también fue ministro de Minería, teme que el contrabando de oro se vuelva “incontrolable” como sucede en Colombia, donde existe una zona roja en su Amazonía Alta en la cual “no entra nadie porque hay grupos irregulares que controlan y son los únicos que comercializan el metal, mientras el Estado colombiano está callado, es grave”, dijo a LA RAZÓN.
En tanto el experto en temas mineros Héctor Córdova, consideró que la “dispersión” de las zonas productoras ubicadas en La Paz, Beni y Santa Cruz complica el control que debe efectuar el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
Como ejemplo citó que en el Beni están registradas 20 cooperativas dedicadas a la explotación de ese metal y en Santa Cruz un número similar, mientras que en La Paz existen cerca de 1.300, “lo que hace que este departamento se haya convertido en el centro de la explotación de oro”.
Una gran cantidad de cooperativas está dispersa en la parte norte de los Yungas, “en puntos clave empezando por Suches, Tipuani, Teoponte, Mapiri, Arcopongo, que son los principales centros de explotación aurífera en La Paz”. Y en el Beni en las zonas Madre de Dios y San Simón, en Santa Cruz en San Ramón.
“Esta dispersión hace que los controles por parte de Senarecom sean realmente complicados, sobre todo cuando están cerca de la frontera, tanto en La Paz como en Beni y Santa Cruz, estamos relativamente cerca con los países vecinos. Entonces el flujo tanto de insumos como de productos (oro) entre nuestro país y los vecinos es difícil de determinar, controlar y hacer que cumplan las reglas de movimiento de materiales entre países”, apuntó Córdova.
A ello, Dionisio Garzón complementó señalando que 1 kilogramo (kg) de oro es del “tamaño de una cajetilla de cigarrillos, por tanto es muy fácil sacarlo del país (contrabando) y es fácil obtener plata si no hay control. El oro en volumen es poco, en peso mucho y en valor más”.
SOLUCIÓN. Frente a esa situación, “la única solución es que el Estado controle toda la cadena de producción, comercialización y exportación de oro y joyería, para que ningún particular (persona) pueda exportar oro, como lo hacen ahora con una facilidad impresionante”, recomendó Garzón.
Este criterio es compartido por Héctor Córdova, quien también sugiere “descentralizar” a los gobiernos subnacionales del país el control de la producción del metal precioso.
“Para frenar (contrabando) hay que descentralizar hacia las gobernaciones y los municipios el control, y se debe tomar una medida para centralizar la comercialización de este metal estratégico. El Estado debería hacerse cargo de la comercialización plenamente. Yo creo que con esto podemos tener un mayor control”, sostuvo.
Como primer paso —dijo— se debe “anular” el Decreto Supremo 21060 (1985) que establece la “libre comercialización de minerales y metales” para que esta actividad sea controlada por el Estado. “Debido a que todavía está vigente este decreto, es mucho más complicado el control porque se autoriza a personas particulares a que puedan vender o comprar minerales, y esto es aprovechado por algunos comercializadores, en algunos casos no legalmente establecidos, para favorecerse y adquirir el oro a precios bajos pero sin restricciones ni controles”.
En sintonía con Córdova, el exministro Garzón consideró que se debe cambiar la normativa porque “tiene cuellos de botella que hacen que sea muy difícil operar legalmente” y que “existen muchos intereses en el contrabando de oro; cuando se da manga larga para cierto sector, se dan negociados, sobornos y cohechos”, que no pueden continuar.
Exportaciones de oro y joyas no cesan pese a la crisis
En 2019 se registró el pico más alto de las ventas externas de oro y joyería de la última década, superando $us 1.879 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
A diferencia de esta gestión y a pesar de la crisis económica ocasionada por la pandemia del CO-VID-19, las exportaciones de este metal y manufactura el pasado año llegaron a $us 1.365 millones.
Y entre enero y abril de la presente gestión las ventas externas suman $us 643 millones, que de continuar a ese ritmo superarían las registradas hace dos años.
En 2019, el principal mercado del oro boliviano fue Emiratos Árabes Unidos, llegando a comprar un valor de $us 848 millones.
El segundo en importancia fue la India ($us 739 millones), el tercero fue Estados Unidos ($us 50 millones), Hong Kong se ubica como cuarto ($us 39 millones), Canadá como quinto ($us 33 millones), Italia como sexto ($us 26 millones) y Perú en séptimo lugar ($us 3,6 millones).
En contraste a estos datos, el pasado año las exportaciones del metal precioso de Bolivia se concentraron en el mercado de la India, sumando $us 714 millones.
Como segundo principal mercado aparece nuevamente Emiratos Árabes Unidos ($us 275 millones) y como tercero Hong Kong ($us 99 millones).
De igual manera, entre enero y abril de este año, India concentra las compras de oro con $us 435 millones. En tanto, Turquía emerge como nuevo nicho para las ventas del metal nacional con $us 59 millones.
En cuanto a joyería en oro, en 2019 las ventas externas llegaron a $us 136 millones, de acuerdo con datos del INE. Mientras que la gestión pasada sumaron $us 130 millones y en lo que va de este año las exportaciones de este sector alcanzan $us 72 millones.
CRECIMIENTO. De acuerdo con el análisis del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, en 2019 la exportación de oro registrada llegó a 42 toneladas, lo cual representó un ingreso al país de aproximadamente $us 1.850 millones, y que la cantidad que sale de contrabando sería similar.
“Si hablamos de un contrabando de unas 30 toneladas, con seguridad estamos hablando de una cifra superior a los 1.000 millones de dólares”, precisó el funcionario.
Villavicencio precisó que el oro de contrabando sale, principalmente, a través de las fronteras con Brasil y Perú.
Por tanto, dijo que el Gobierno gestiona la participación de las gobernaciones y alcaldías del país en el control de esa actividad ilícita, a fin de que se incremente el flujo de divisas o ingresos al erario nacional, y se recuperen las regalías que llegan a las propias instancias subnacionales para la ejecución de proyectos.
Al respecto, el experto en temas mineros Héctor Córdova señaló que se requiere una planificación inmediata porque “estamos a punto de perder el control de la explotación aurífera”.
Insistió en que existen algunas zonas productoras a donde no se dejan ingresar a funcionarios de las entidades del Estado para supervisar, y eso “ya es grave”.
“No podemos llegar a ese punto o dejar que se pase de ahí. Ya tenemos que intervenir (Estado), ya tenemos que tomar acciones, eso es inmediato”, finalizó el especialista del sector.