ECONOMÍA
El INRA proyecta para 2023 concluir con el saneamiento de tierras en el país, excepto en aquellas zonas en conflicto. En Santa Cruz, el proceso supera el 90% de lo previsto, solo restar titular 10.000 predios, de los cuales el 10% es de empresarios.
Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la superficie objeto de saneamiento en el país alcanza las 103,3 millones de hectáreas, de las cuales 87% ya se encuentran saneadas y tituladas, es decir 89,4 millones. La superficie pendiente de titulación es de 13,8 millones de hectáreas que equivalen al 13%. De este saldo, hablamos de 6,9 millones, el proceso se encuentra paralizado y/o en conflicto.
META. Pese a ello, esta entidad pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como órgano técnico ejecutivo, tiene previsto concluir con el proceso de saneamiento y titulación de tierras hasta 2023.
“Es el compromiso, concluir el proceso de saneamiento excepto en aquellas áreas que estén complicadas”, afirmó a LA RAZÓN el director general de Planificación del INRA, Juan de Dios Fernández.
El funcionario también anticipó a este medio que el INRA proyecta solucionar el 70% del proceso de saneamiento y titulación de tierras en las zonas de conflicto, hasta finalizar esta gestión.
“Confiamos resolver el 70% de las áreas en conflicto este año y avanzar, para lo cual se necesita hablar entre los afectados”, dijo.
CONFLICTO. En pasados días, en Santa Cruz se llevó adelante un “congreso por la tierra” en medio de denuncias sobre constantes avasallamientos de predios y luego se convocó a una reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para debatir y fiscalizar el proceso del saneamiento de tierras, pero ante la inasistencia del INRA se declaró un cuarto intermedio, esta última impulsada por el gobernador Luis Fernando Camacho y otras instituciones.
Al respecto, Fernández señaló que “se habló del avasallamiento y que la tierra es para los cruceños (…) lo que yo veo ahí es simplemente un afán de posicionamiento político regional que es legítimo seguramente, pero las condiciones no son las de 2009, ni los resultados del proceso agrario son los mismos; ahora lo que hay que hacer es mirar al futuro y ver cómo construimos entre todos (porque) no habrá un desarrollo agropecuario sustentable si no logramos acuerdos con todos los actores”.
Recordó que en 2008, cuando se afrontaba el conflicto de la “media luna”, a Santa Cruz le faltaba cerca del 70% de la tierra por sanear. Sin embargo, a la fecha la situación avanzó en gran medida.
“Santa Cruz tiene 35 millones de hectáreas y se tenía que definir derechos de propiedad sobre 25 millones. Hoy el 90% tiene seguridad jurídica, es decir, 31,5 millones de hectáreas están con derechos de propiedad claramente definidos. Nos quedan 3,5 millones que se traducen en más o menos 10.000 predios”, detalló el director general de planificación del INRA.
De los citados predios, un total de 9.000 pertenecen a pequeños propietarios o son de propiedad comunitaria, entre otros.
La diferencia, o sea 1.000 predios, corresponde a empresarios. “En términos de superficie de lo que está pendiente es el 50% para los empresarios y medianos, y el otro 50% para comunidades y pequeñas propiedades”.
Considerando la superficie que resta por sanear o titular así como el carácter de los problemas de la tierra, Fernández consideró que no es en asambleas o con movimientos políticos que estos conflictos se van a resolver, sobre todo porque se trata de temas técnicos.
“El tema de la tierra es un problema entre 2 y 4 beneficiarios que tienen algún problema de límites interdepartamentales, interprovinciales, límites políticos administrativos que también generan problemas para los derechos de propiedad”, argumentó.
Ante esa situación, el funcionario anticipó que el INRA trabajará con todos los actores y no dejará a nadie fuera y se atenderá todas las demandas. “Vamos a trabajar, dialogar y resolver los problemas de todos los actores del agro y no vamos a dejar a ninguno de los actores fuera”, finalizó.
El INRA tiene como atribuciones: dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con la capacidad de uso mayor de la tierra.
Además, proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales, así como emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre tierras fiscales incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la nación, tomando en cuenta la vocación de uso del suelo establecida en normas legales correspondientes.
Cerca de 380 funcionarios se suman al proceso
Desde la semana pasada, cerca de 380 funcionarios se incorporan al trabajo de saneamiento y regulación de derechos de propiedad en Bolivia, que es llevado adelante por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Es el resultado de una ardua gestión realizada por esta entidad para reactivar un crédito de $us 100 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue paralizado durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez, reveló el director general de planificación de esta entidad, Juan de Dios Fernández.
“El BID suspendió la operación y estaba por cerrarse, hemos logrado recuperar y que el organismo apruebe un nuevo plan de acción y que esto funcione. La primera medida fue contratar personal, que desde la anterior semana se está incorporando en todo el país. Se trata de alrededor de 380 funcionarios con los cuales el INRA contará con 600 a nivel nacional”, explicó.
El crédito del BID tiene como objetivo concluir el proceso de saneamiento y regulación de derechos de propiedad en Bolivia. De los $us 100 millones gestionados, hasta 2019 se logró ejecutar aproximadamente un 50%; sin embargo, en la gestión del gobierno de transición no se registró ningún avance.
Ante esa situación, la nueva administración del INRA en febrero pasado logró reactivar la ejecución de los fondos para la contratación de los citados funcionarios, de los cuales entre 80 y 90 desarrollarán sus funciones en Santa Cruz para cumplir con los objetivos trazados por esta entidad, dijo.
FUTURO. Uno de los desafíos del Gobierno es construir un desarrollo rural sustentable para que la tierra sea usada de manera sostenible, que se preserve los bosques, que permita una producción eficiente, para lo cual se requiere la participación de todos los actores, aseguró Fernández. “Del uso económico de la tierra hacia el uso sustentable, es la visión a futuro y no hay eso”, dijo.