ENTREVISTA
Tras la crisis ocasionada por el COVID- 19, se ha vuelto evidente para los gobiernos de la región, en particular el boliviano, que la inversión en la población rural pobre y en la agricultura familiar tiene un doble impacto: reduce vulnerabilidades y aumenta la disponibilidad de alimentos sanos en los mercados locales, según el director país del FIDA, Marco Camagni. Este organismo, consciente de esa situación, identificó $us 35 millones como fondos de respuesta rápida para una serie de proyectos como “Puentes” que busca el desarrollo rural y la generación de empleo en Bolivia, Colombia y Honduras.
—¿Cómo está la agricultura familiar en Bolivia, tras el COVID?
—En Bolivia, el sector agropecuario aporta cerca del 11,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y contiene el 28% del empleo nacional. Gran parte del empleo generado se concentra en más de 870.000 unidades productivas agropecuarias (entre grandes, medianas y pequeñas). El 83% de estas unidades se constituyen en pequeños predios agropecuarios y reúnen a más de 2.000.000 de agricultores familiares. Pese a la pandemia, el sector continuó operando para abastecer sobre todo los mercados internos. Sin embargo, en este contexto surgieron problemas como exceso de oferta de algunos productos agropecuarios y el rápido deterioro de los ingresos de los productores, afectando su estabilidad financiera al poner en riesgo su capital y futuras inversiones. Las restricciones de movilidad a nivel local y regional afectaron también al sector tanto en la exportación de productos como en la logística, transporte y cadena de pagos en mercados locales, incidiendo en el abastecimiento de suministros de uso agropecuario.
—¿La población joven es la más afectada por ese impacto?
—La pandemia no ha hecho más que desnudar y exacerbar los problemas que nuestros países ya tenían antes. En Bolivia, según datos de la CEPAL, solo el 49% de los jóvenes ocupados cuenta con un salario (la tasa más baja en la región) y 84,7% tiene un empleo informal. La pandemia agravó este panorama con el cierre de emprendimientos y empresas que eran fuente de ingresos para muchos de estos jóvenes, incrementando el desempleo o la precariedad del empleo informal. Los jóvenes cuentan con pocos ahorros, por lo que su capacidad de resistir periodos extendidos con falta de ingreso es menor que para el resto de la población adulta. Actualmente, 31 millones de jóvenes en América Latina viven en zonas rurales, aunque persisten constantes dinámicas migratorias del campo a la ciudad. Muchos jóvenes migrantes, a raíz de la pandemia, han retornado al área rural para apoyar a sus padres en labores agrícolas.
—En ese marco, ¿cómo se generan empleo y oportunidades?
—Las medidas de recuperación inmediata frente a la pandemia deben concentrarse en proteger los empleos existentes y crear nuevos empleos. Y es cada vez más evidente que para lograr esta meta vamos a necesitar aplicar soluciones innovadoras. Hace falta generar herramientas para emprender y para acceder a empleos rurales, y para conseguirlo el papel de los jóvenes y su capacidad para la innovación serán imprescindibles.
Por tanto, el FIDA financia el proyecto ‘Puentes’ ejecutado por la organización ICCO Cooperación, con el fin de crear empleo y oportunidades económicas para 5.000 jóvenes, entre 16 y 35 años, de las zonas rurales y periurbanas de Bolivia, Colombia y Honduras, fomentando vínculos entre el sector de la gastronomía, la hostelería y la agricultura familiar.
—¿Cómo se crea esos vínculos entre la gastronomía y agricultura familiar?
—El proyecto se inspira en el modelo de actuación de una anterior donación del FIDA: Cocina Par, una exitosa iniciativa también basada en el fomento de los vínculos entre gastronomía, hostelería y agricultura familiar (2020). El proyecto desarrolló una caja de herramientas con un amplio repositorio de experiencias y lecciones aprendidas acerca de cómo la gastronomía puede jugar un papel de catalizador en el desarrollo rural y la generación de empleo decente. En este caso, el proyecto ‘Puentes’ articula pequeños productores, jóvenes cocineros y consumidores. A través de la generación de oportunidades de formación, empleo y emprendimiento con el uso de productos locales, promueve la puesta en valor de la producción sostenible y el campo, generando una demanda de los consumidores capaz de movilizar las economías rurales.
—¿Cuáles son las metas del proyecto Puentes?
—Tiene como meta llegar a 1.050 jóvenes beneficiarios que serán capacitados en el conocimiento, uso y desarrollo de recursos tecnológicos que les permitan acceder a datos e información sobre nutrición saludable, productividad, comercialización e influencia política y, consecuentemente, a 2.230 jóvenes que tendrán mejores oportunidades de vida luego de participar en un programa integral de capacitación en gastronomía y hostelería.
—¿En qué tiempo se generarán las fuentes de trabajo?
—El proyecto se implementará en los próximos tres años y busca apoyar emprendimientos empresariales y el rol de los jóvenes como dinamizadores de las cadenas de valor, generando oportunidades para casi 5.000 jóvenes. La propuesta escalará el modelo de intervención de las escuelas Manq’a a Honduras y fortalecerá sus intervenciones en Bolivia y Colombia. De esos 5.000 beneficiarios, alrededor de la mitad serán de Bolivia.
PERFIL
Nombre: Marco Camagni
Cargo: Director País del FIDA para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay
EXPERTO
Es italiano y cuenta con maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad de Sussex (Reino Unido). Trabaja desde 1999 para el FIDA, ocupándose de temas como desarrollo rural y agrícola y mitigación de la pobreza rural. Fue gerente de Programas para este organismo en Haití, República Dominicana y Belice. También ocupa, ad interim, el cargo de Jefe de la oficina para la Región Andina y el Cono Sur y es representante del FIDA para el Perú.