Saturday 1 Oct 2022 | Actualizado a 12:17 PM

El CIBERCRIMEN está a un clic en la red Internet

Seguridad. Frente al ciberdelito se deben efectuar acciones en el país, pero sobre todo que el usuario reconozca el riesgo.

/ 24 de octubre de 2021 / 19:11

ECONOMÍA

Para combatir el cibercrimen, que está a un clic en el país, se requiere la georreferenciación del delito informático, políticas criminales y actualizar el Código Penal. Denuncias de robo de Bs 638.300 de cuentas de clientes del Banco Unión son un alerta roja.

Un clic puede marcar la diferencia cuando se trata de proteger los sistemas informáticos de los usuarios, de las redes o dispositivos móviles personales frente a los ciberdelincuentes.

Estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) señalan que el costo global de la ciberdelincuencia, en los últimos años, asciende a $us 600.000 millones.

Además que el daño causado al desarrollo sostenible y a la seguridad, a la igualdad de género y la protección —mujeres y niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por el abuso sexual en línea— es inmenso.

El organismo alerta también que mantener a las personas más seguras en línea es una tarea enorme y ninguna entidad o gobierno tiene la solución perfecta. Pero, hay mucho que se puede hacer, y se necesita hacer para fortalecer la prevención y mejorar las respuestas al delito cibernético.

SEGURIDAD. Recomiendan no compartir información personal por aplicaciones móviles o internet. FOTO. ESAN.EDU.PE

DELITO. El cibercrimen es una actividad delictiva perpetrada a través de una computadora, una red informática o un dispositivo en red. La mayor parte del cibercrimen lo cometen “cibercriminales o hackers” que desean obtener dinero de forma fácil.

Así como la sociedad evoluciona, estos delincuentes también encuentran nuevas maneras de cometer sus crímenes; “aunque en otro tiempo se decía que los delincuentes informáticos eran de cuello blanco, hoy están detrás de estas fechorías todo tipo de lumpen (grupo social) con o sin conocimientos profundos de informática”, asegura el abogado y especialista en derecho informático y seguridad de la información, Luis Fernando Zegarra.

El criterio fue expresado por el experto tras conocerse en los últimos días denuncias que señalan que al menos 14 clientes del Banco Unión fueron víctimas de robos virtuales de sus cuentas por un monto aproximado de Bs 638.000. Delitos que fueron cometidos supuestamente por “hackers” a través de diferentes dispositivos móviles.

Una situación —dice— que no implica ni compromete la ciberseguridad del sistema bancario nacional y menos a la citada entidad estatal, solo al usuario.

“No está involucrada la seguridad del banco, ya que éste por norma debe cumplir ciertos protocolos de seguridad, la mayoría de los casos son atribuibles al usuario, debido a que no tenemos cultura de seguridad y dejamos de lado —por ejemplo— tener contraseñas seguras o no compartir las mismas con cualquier persona”, afirma Zegarra.

A su vez, el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, aclara que las denuncias por supuestos desfalcos a cuentas bancarias de clientes del Banco Unión se deben a “hackeos” de dispositivos móviles de los usuarios y no a operaciones de la entidad bancaria.

Hablar de “14 casos de robo virtual en el Banco Unión es falso (…), está a un clic en la red Internet El CIBERCRIMEN no se trata de casos que hubieran ocurrido por aspectos atribuibles al Banco Unión”, dice el funcionario en una entrevista con LA RAZÓN. Además, asegura que la Asfi no tiene atribuciones para iniciar una investigación ante esas denuncias y que en las inspecciones que realizaron no se han evidenciado acciones que dejen vulnerable la seguridad de los usuarios.

Agrega también que ese tipo de sucesos, que se enmarcan en el denominado ‘riesgo operativo’, se presentaron de igual manera en al menos cuatro entidades financieras del país, y aunque no especificó cuáles, se conoce que las denuncias estarían en instancias del Ministerio Público.

“No es el Banco Unión el único que tiene estos inconvenientes, ni son estas (otras cuatro) entidades financieras de Bolivia las que atraviesan este tipo se situaciones, sino que, a nivel internacional, existen personas y organizaciones dedicadas a realizar este tipo de trabajos irregulares de tratar de clonar celulares, de ‘hackear’ cuentas”, destaca Yujra.

Al respecto, el abogado Luis Fernando Zegarra complementa que en Bolivia solo existen dos tipos penales relacionados a delitos informáticos, “la manipulación informática y la alteración, acceso y uso indebido de datos, cuya pena máxima es de cinco años de cárcel para el primer caso y prestación de trabajo de un año para el segundo, no estando tipificado como delito informático” y que la estafa con la utilización de medios digitales es lo más común en nuestro medio.

FOTO. REDSEGURIDAD.COM y LABORATORIO.LATERCERA.COM

ACCIONES. En ese marco, el experto considera importante que en el país, a través de las instancias correspondientes (Gobierno, Ministerio Público y Policía), se avance para hacer una “georreferenciación del delito informático”, es decir, para saber dónde y con qué frecuencia se realizan.

Además, observa la necesidad de contar “con políticas criminales que nos den luces sobre el particular”. Y a nivel jurídico, es necesario actualizar el Código Penal y reforzar el tema cultural. “Se debe enseñar más a la población las bondades del internet, pero también de sus riesgos”, sostiene.

Sobre este tema, la UNODC en los pasados meses ya ha considerado que es importante aumentar las capacidades, sobre todo en la aplicación de la ley, especialmente en los países en vías de desarrollo como Bolivia; y fortalecer la cooperación internacional y el diálogo entre los gobiernos, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, Interpol y muchos otros socios interesados en detener la ciberdelincuencia, incluidas las empresas y la sociedad civil.

Pero además, el organismo precisa que delitos cometidos en la red internet, incluyendo la proliferación de software malicioso (malware), ransomware (secuestro de datos) y piratería; las actividades ilícitas facilitadas por el ciberespacio, tales como el correo electrónico fraudulento para robar datos financieros; y la explotación y el abuso sexual infantil en línea, todos tienen algo en común además del aspecto “cibernético”: todos son delitos.

La Policía, los fiscales y los jueces necesitan comprender estos delitos y deben contar con las herramientas adecuadas para investigarlos y perseguir a los delincuentes, así como proteger a las víctimas; también, deben tener las capacidades para procesar y resolver los casos, concluye la oficina de la UNODC.

FOTO. DIGITALDELITOSFINANCIEROS.ORG

Ante el riesgo de ciberdelitos, la prevención es importante

Para la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), los fraudes denunciados en los últimos días son “hechos aislados” que no representan un riesgo para el sistema financiero. Esta entidad y un experto hacen recomendaciones frente al cibercrimen.

Tras conocerse denuncias de al menos 14 clientes del Banco Unión que fueron víctimas de robos virtuales de sus cuentas por un monto aproximado de Bs 638.000, Asoban asegura que los bancos asociados cuentan con estándares internacionales de seguridad para sus transacciones realizadas a través de dispositivos móviles y de banca por internet.

“En Bolivia, los fraudes denunciados en los últimos días son hechos aislados que no representan un riesgo significativo para la banca; sin embargo, así se trate de un solo caso, éste merece ser atendido debidamente”, señala la entidad.

En ese marco, Asoban considera que es de vital importancia que los consumidores financieros tomen en cuenta las recomendaciones de seguridad que su banco les brinda, como ser: no compartir información personal vinculada a sus aplicaciones móviles o por internet (principalmente contraseñas, pin de tarjetas de débito o crédito, claves de acceso a los token digitales).

Asimismo, es clave cerrar sesiones que hayan iniciado los usuarios (en dispositivos) para realizar sus transacciones por banca por internet y banca móvil.

Y finalmente, no compartir información personal a través de mensajes de texto o llamadas.

Con el objetivo de compartir y consolidar información, Asoban anticipa que las entidades están trabajando en un proyecto de intercambio de información de “transacciones sospechosas”, lo que permitirá no solo identificar irregularidades, sino también llevar adelante otras acciones de prevención y de colaboración en las investigaciones de estos hechos que afectan a los clientes del sistema financiero.

De igual manera, el abogado y especialista en seguridad de la información Luis Fernando Zegarra considera importante reforzar contraseñas, cambiarlas periódicamente, utilizar letras mayúsculas minúsculas, símbolos o números. “No anotar contraseñas, no divulgarlas por servicios de mensajería, decirles que el dinero fácil no existe”, subraya.

SEGURIDAD. La ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos.

En los últimos años, Bolivia ha dado los primeros pasos para mejorar su seguridad cibernética desde que el Senado aprobó, en 2017 una ley que declara la puesta en marcha de una estrategia nacional de seguridad cibernética como una prioridad para el país.

No obstante, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su Reporte Ciberseguridad 2020 observa que Bolivia todavía tiene un largo camino que recorrer. El estudio muestra que entre 2016 y 2020 no existen avances en temas como seguridad cibernética en el Gobierno y sector privado, y menos aún en los usuarios.

El nivel de confianza y seguridad en internet todavía es bajo así como relativa la comprensión del usuario de la protección de la información en línea. (Ver infografía)

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Las utilidades de la Gestora Pública irán al fondo solidario y al pago de la Renta Dignidad

Jaime Durán Chuquimia: El Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo habló sobre la situación actual de las pensiones en Bolivia y la transición entre las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Gestora. Se refirió también a la razón de esta migración y realizó una evaluación de estos primeros días de funcionamiento de la Gestora. Compartió, además, los objetivos de la institución.

Los 2,5 millones de asegurados se van a trasladar a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Por Pablo Deheza

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:11

ENTREVISTA

Las pensiones en Bolivia se encuentran en una situación positiva desde 2010, año en el que se implementó un sistema integral de pensiones que tiene características importantes, que benefician a toda la población mayor de 60 años. La migración que se está dando de las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se debe a los antecedentes que se encuentran en la Constitución Política del Estado (CPE), donde se establece que la administración del sistema de pensiones debe tener carácter estatal. Estos detalles, además de otros relacionados con la transición y la migración de los aportantes, son explicados por el gerente general de la Gestora, Jaime Durán Chuquimia.

—¿Cuál es la situación actual de las pensiones en Bolivia?

—Las calificaría como en una situación positiva, porque si uno hace una revisión histórica, hasta 1996 teníamos un sistema de reparto que sensiblemente quebró por la mala administración que se tenía por entonces. Entre 1997 y 2009 hemos tenido un sistema de capitalización individual, que no favorecía a los jubilados. Desde 2010 tenemos un sistema integral de pensiones, que tiene algunas características importantes. La primera, es su carácter universal, es decir, alcanza a toda la población mayor que tiene más de 60 años. Tiene tres sistemas: el primero es la Renta Dignidad, que beneficia a 1,1 millones de bolivianos y bolivianas. El segundo corresponde al semicontributivo, el fondo solidario, que es una de las innovaciones más importantes del sistema integral de pensiones porque lo que hace es beneficiar a los que menos ganan. Para que tengan una referencia, por ejemplo, en la Ley 1732 una persona podía jubilarse con el 32% de su referente salarial, con el fondo solidario esto puede subir incluso a más del 70%. Luego está el régimen contributivo, con el cual podemos aportar todos. Actualmente estamos hablando de alrededor de 197.000 jubilados que tenemos en el sistema. Si comparamos por ejemplo con el dato que teníamos en 2010, que alcanzaba a 29.745 jubilados, estamos hablando de un avance importante. Algo fundamental es que, de estos 197.000 jubilados, 133.000 se han jubilado con atención solidaria.

—¿Cómo se está procediendo en el actual periodo de transición entre las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Gestora?

—Hemos establecido un mecanismo ordenado para esta transición y el antecedente más inmediato es el Decreto Supremo 4585, que establece cómo se va a hacer esto. En el decreto se indica que hasta septiembre de 2022 debe iniciar las operaciones en los regímenes contributivo y semicontributivo. En la práctica esto quiere decir que todos los nuevos trabajadores dependientes e independientes, consultores y nuevas empresas deben afiliarse a la Gestora. Ahora, quienes actualmente tienen el código único de asegurado el QA y están aportando a las AFP, esas personas tienen que continuar aportando a éstas hasta mayo de 2023, mes en el cual vamos a concluir el proceso de legislación y la Gestora va a administrar en su totalidad al sistema integral de pensiones. En forma sencilla, ese es el cronograma y de esa manera es que nosotros estamos trabajando.

Atención. Un funcionario atiende a los primeros asegurados que migraron a la Gestora Pública.

—¿Cuál es la razón por la que se ha tomado esta decisión de migrar de las AFP a la Gestora?

—Hay varios antecedentes. El principal tiene que ver con la CPE, que en su artículo 45, parágrafo 2, establece que la administración del sistema de pensiones debe tener carácter estatal. Luego, en 2010 se ha establecido la Ley 065, en la cual se ordena actualmente el sistema integral de pensiones y es el marco de referencia para el funcionamiento de la Gestora. Esto tiene varias ventajas. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de la implantación tecnológica que estamos realizando. Por ejemplo, una de las innovaciones que estamos llevando adelante es la constitución de nuestra oficina virtual, en la cual se pueden hacer los trámites, por el momento relacionados con el aseguramiento y a futuro prácticamente todos los trámites se van a hacer con el uso de internet. La segunda ventaja importante es que las AFP han tenido utilidades que superan los $us 20 millones el año pasado. Estas utilidades, en el marco de sus contratos, se pueden destinar a lo que ellos mejor convengan. En el caso de la Gestora, estas utilidades tienen que ir por un lado a la institución, porque puede utilizarse, por ejemplo, para mejorar la plataforma para la atención al público, pero la norma indica que debe ir una parte al fondo solidario, es decir, ese fondo que aumenta el monto de las pensiones de los que menos ganan. También va al funcionamiento y al financiamiento del fondo de la renta universal de vejez, el pago de la Renta Dignidad. Actualmente, las AFP, en el marco de sus contratos, cobran cuatro comisiones. La primera tiene que ver con los asegurados, es decir, todos los asegurados aportamos con una comisión. La segunda tiene que ver con los jubilados, que pagan el 1,31% del total de cada pensión porque hay una comisión relacionada al fondo de riesgos y otra por la administración del portafolios. Con la puesta en funcionamiento, la Gestora se va a reducir a una sola comisión. De hecho, para que se vea en concreto cómo esto beneficia a la población, digamos que un jubilado tiene una pensión de Bs 4.500. Tiene que pagar a la AFP el 1,31% equivalente a Bs 58. Cuando la Gestora esté en pleno funcionamiento, este 1,31% ya no se va a pagar y así va a tener, por así decirlo, un pequeño aumento en su pensión.

—¿Cuál es su evaluación de estos primeros días de funcionamiento de la Gestora?

—Hemos tenido un inicio de trabajo positivo, que se ha traducido en la confianza de la gente. Tenemos una buena afluencia de la población hacia nuestras oficinas, que actualmente son 31 en el ámbito nacional. También hemos tenido un flujo positivo en nuestra oficina virtual, a la que se puede acceder mediante la página www.gestora.bo. Entre el 9 y el 19 de septiembre hemos hecho un total de 509 registros correspondientes a 24 dependientes, 230 independientes, 242 empleadores, 6 consultores, 2 cooperativas mineras y 5 entidades públicas. Esto nos está mostrando que la gente confía en nosotros, se han ido contentos con el trabajo que estamos realizando, han recibido una atención de calidad con información y, además, rápida.

—¿Cuáles son los objetivos más relevantes que tiene la gestora en la gestión 2022?

—Nosotros esperamos hasta fin de año poder consolidar el proceso de inicio de operaciones, en términos de lo que significa el régimen contributivo y semicontributivo. Un segundo tema es que podamos tener un buen avance en el proceso de administración de datos, que podamos tener toda la estructura de la información claramente definidas, en el marco de las iteraciones que estamos realizando. Otro de nuestros objetivos es continuar con el pago de la Renta Dignidad. Para esto estamos habilitando canales nuevos, como por ejemplo, el tema de abono en cuenta, de tal manera que los beneficiarios puedan cobrar en los cajeros y los bancos o mediante el uso de aplicaciones celulares.

—¿Cómo va a ser la migración de los aportantes entre las AFP y la Gestora?

—Hemos organizado un mecanismo de migración ordenado, sistemático y automático. Actualmente, en el marco de las resoluciones que ha emitido la Autoridad de Pensiones y Seguros, nosotros estamos trabajando con coordinación con ambas AFP. Buscamos que cada centavo que ha ahorrado la gente, que se ha invertido y que ha tenido su rendimiento, se traslade de las bases de datos de las AFP a las bases de datos de la Gestora. Para ello, es importante indicar a la población que no necesita realizar ningún trámite. Eso va a ser automático en la práctica. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora pueden ir a las oficinas de las AFP para sacar su extracto de cuenta. Cuando concluyamos este proceso, en mayo o junio de 2023, ese extracto se va a poder retirar de nuestra oficina virtual y también en impreso de nuestras oficinas presenciales. En el caso de los pensionistas, todos sus derechos adquiridos están asegurados y lo que va a ocurrir en la práctica es que hasta mayo de 2023 les pagarán las AFP y en junio comenzará a pagarles la Gestora. También estamos tomando todas las previsiones para garantizar que el traslado de toda esta información comprenda a los 2,5 millones de asegurados y ninguno quede fuera de este tipo de práctica.

—¿Se descarta entonces cualquier situación similar a la que se dio en el pasado con la denominada “generación sándwich”?

—Correcto. No va a existir ningún tipo de “generación sándwich” porque los 2,5 millones de asegurados, con toda la información que tiene que ver con sus aportes, se está trasladando a la Gestora. Estamos garantizando precisamente que toda la población asegurada se encuentre en nuestra base de datos y que podamos hacer los trámites que corresponda.

Foto. Gestora Pública de la Seguridad Social de largo Plazo

—¿Qué recomendaciones tiene para los usuarios de la seguridad social de largo plazo?

—La principal recomendación que yo hago es que todos aporten, actualmente los que están en las AFP, los nuevos a la Gestora y después todos a la Gestora. En primer lugar, no debemos olvidar que para acceder a una jubilación se requiere 10 años de aportes o 120 cotizaciones. Cuando uno tiene la pensión de vejez automáticamente accede también al seguro de salud, a la Caja (Nacional de Salud). Esto es importante recalcarlo, porque cuando entramos en años se requiere de atención médica. Eso nos va a pasar a todos. Pero también, esos aportes abren la posibilidad a tener una atención de invalidez. ¿Qué es la atención de invalidez? La atención de invalidez se activa cuando uno tiene algún tipo de accidente y ya no se puede trabajar. Entonces el sistema integral de pensiones le paga por atención médica. Una tercera ventaja, por así decirlo, es lo que técnicamente se llama la atención por muerte. En caso de fallecer, lo que ocurre es que el sistema activa este tipo de pensiones, que genera un tipo de ingreso para la familia. Así, cuando uno es aportante es como comprar un seguro de vida, para que la esposa, los hijos, las hijas tengan un ingreso. Por todo esto es muy importante aportar, cotizar. También invito a los trabajadores independientes y otros comerciantes, vivanderos, choferes, a que se aseguren. Es importante. Como repito, tarde o temprano todos vamos a llegar a ser adultos mayores y en esa época se necesita esos ingresos que se convierten en una atención.

—¿Cómo opera la Gestora con sus inversiones?

—Es importante ver qué ocurre con los ahorros, con los aportes. Lo que la norma manda es que los fondos que administra la Gestora están constituidos por patrimonios autónomos. Esto quiere decir que no pueden ser mezclados con los recursos que administra la Gestora para su funcionamiento. Lo que tenemos que hacer es invertir en títulos valores de carácter público, ya sea por entidades o empresas privadas o valores del Estado. Para que entienda la población, un título valor, por ejemplo, es un depósito a plazo fijo. ¿Cómo funciona? Uno entrega Bs 100.000 y lo que uno va a tener, digamos pasado un año, es eso más un rendimiento. Si ese rendimiento es del 5%, se va a tener Bs 5.000 adicionales, es decir, en total Bs 105.000. Esas operaciones, en grandes cantidades, son las que va a hacer la Gestora para que pueda hacer crecer los ahorros del público. Es importante entender que no se puede invertir cualquier cosa. La ley limita y establece con claridad que se tiene que invertir en títulos valores de carácter público, en la Bolsa de Valores. Ahí lo que tiene que hacer la Gestora es una adecuada combinación entre el riesgo y la rentabilidad.

—La Gestora se convierte en un actor preponderante en la actividad de la Bolsa de Valores.

—Exactamente, es un actor preponderante porque no debemos olvidar que los fondos actualmente superan los $us 23.000 millones. Entonces, esto es una gran responsabilidad, pero además es importante considerar que se da también un fuerte impulso a la Bolsa de Valores para que se constituya en una alternativa de financiamiento para las empresas, una alternativa que permita hacer crecer el mercado y que permita fortalecer a las empresas. Las experiencias internacionales nos demuestran que este mecanismo se constituye en un círculo virtuoso que permite el crecimiento del país. En ese sentido, lo que nosotros ofrecemos a la población es una gestión transparente, que va a buscar los mayores rendimientos y garantizar que las pensiones, los aportes de los aportantes y de los jubilados se encuentren seguros.

—¿Cuántos recursos espera manejar la Gestora hacia 2025?

—Hasta septiembre de este año la cantidad de ahorro en el sistema de pensiones superaba los $us 23.000 millones. Lo que nosotros esperamos, hasta 2025, es superar los $us 26.000 millones. Esto es así porque en Bolivia, en el sistema integral de pensiones, hemos tenido un crecimiento importante en términos de la cantidad de ahorro de los trabajadores y de las empresas. Ese ritmo va a continuar y, además, merced a las inversiones que se van a realizar, se va a mantener ese flujo ascendente.

PERFIL

Nombre: Jaime Durán

Profesión: Lic. en Economía por la UMSA y máster en Gestión Pública

Cargo: Gerente General de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

TRAYECTORIA

Cargos de Director titular del BDP Sociedad de Titularización S.A., Gerente de Programas y Proyectos de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Director General de Planificación en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Director General de Planificación y Jefe de Planificación en el Ministerio de Minería y Metalurgia.

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Coral presentó sus paletas de colores 2023

Inspiración. La tierra se ubica como el centro de todo el universo.

Silencio de Invierno.

Por Pablo Deheza

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:06

IDEAS

Los expertos en color del grupo AkzoNobel, del cual es parte la marca de pinturas Coral, identificaron las principales tendencias de comportamiento, que luego tradujeron en colores para así definir el color del año y sus cuatro paletas.

Una de ellas está centrada en la salud mental y la necesidad de conectarse con la naturaleza, que protege el bienestar individual. La paleta, de colores acogedores, consigue ambientes relajantes gracias a que toma a las maderas y a la tranquilidad que prima en los bosques como musas inspiradoras.

El color del año para Coral en 2023 se denomina Silencio de invierno. Es un color positivo y que, al conectarnos con la naturaleza, hace más acogedores los ambientes.

Estudios científicos demostraron que los colores influyen en el ánimo de las personas, con algunos que tranquilizan y otros que incitan al estrés.

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Ecofuturo se suma al festejo del aniversario cruceño

Banco Pyme. Se dirige al sector microempresarial comercial y productivo.

Ríder Rocha, microempresario.

Por Pablo Deheza

/ 25 de septiembre de 2022 / 05:59

IDEAS

En el aniversario de Santa Cruz, el Banco PyME Ecofuturo S.A. reafirmó su compromiso de trabajo con el departamento.

La financiera cuenta con más de 100.000 clientes en su cartera de captaciones y de crédito, entre los cuales está Ríder Rocha de la localidad de Guarayos, quien ha podido impulsar su emprendimiento de panadería gracias al apoyo permanente del Ecofuturo.

“Hace cuatro años que me dedico a la panadería y necesitaba crecer en mi negocio, por eso me acerqué al Banco para que me apoyen con un crédito. He podido construir parcialmente un galpón para ampliarme, pero aún me falta. En este tiempo han mejorado mis ventas con el apoyo de mi esposa y de mi hermano”, dijo Rocha, que tiene su negocio en el barrio Evo, en el municipio cruceño de Guarayos.

Santa Cruz es un mercado muy importante para el Ecofuturo. A la fecha tiene un total de 17.245 clientes en su cartera de créditos y 84.224 clientes en su cartera de captaciones. En cuanto al volumen de créditos otorgados ha superado los $us 101 millones.

“Para aumentar mi producción necesito terminar mi galpón y también quiero comprarme una máquina amasadora, por eso voy a tramitar un segundo crédito”, añadió.

En la visión de Gustavo García, gerente general del Banco, se superó los $us 100 millones en créditos producto de la convicción que se tiene sobre el potencial de mercado que hay en Santa Cruz. El trabajo en esta región se enfocó en mejorar la experiencia del cliente, a través de procesos ágiles, con ofertas de valor significativas, buen asesoramiento y predisposición extrema en atender los requerimientos de los clientes orientados a actividades productivas y comerciales.

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Invertir en la digitalización impulsa la economía

Estudio. Las herramientas digitales contribuyen al desarrollo de las actividades productivas.

Raúl Katz, PhD por el MIT, explica los resultados del estudio sobre digitalización en Bolivia.

Por Pablo Deheza

/ 25 de septiembre de 2022 / 05:45

IDEAS

Un estudio académico indica que una mayor digitalización contribuiría a impulsar la economía boliviana. Destaca que la tasa de desempleo se reduciría en un 2,2%, el PIB per cápita se elevaría a $us 3.319 y el PIB total se incrementaría en casi $us 2.000 millones.

Un estudio elaborado por el experto y PhD Raúl Katz, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), señala que un incremento en los niveles de digitalización en un 10% en Bolivia reduciría en un 2,2% la tasa de desempleo, es decir, insertaría a 122.000 personas al mercado laboral formal, además de repercutir positivamente en otros sectores de la macro y microeconomía.

Según el informe, denominado “El papel de la economía digital en la recuperación económica de Bolivia”, la tasa de desempleo en 2020 se situaba en 8,3%, por lo que un incremento en la digitalización reduciría este porcentaje a 6,2% y tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza. La digitalización tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores: como la producción, el comercio internacional, la logística, entre otros.

“Más allá de cómo contribuye la digitalización en un contexto de pandemia, el impacto de la misma al PIB, la productividad y la creación de empleo en condiciones normales es significativo, con lo cual ésta representa un factor clave en la futura recuperación económica del país”, explica el informe.

Otro punto que toca el experto es el incremento del PIB per cápita como producto de la digitalización de los usuarios. De esta forma señala que, si los usuarios de banda ancha fija crecen en un 10%, esto impacta inmediatamente en el PIB per cápita aumentando un 2%. Lo mismo pasa cuando los usuarios de banda ancha móvil crecen en el mismo porcentaje, eso repercutiría también en el PIB per cápita en un 2,8%.

“La magnitud de tales impactos es superior a la del promedio de países de la región, lo que implica la gran oportunidad para Bolivia”, sostiene.

El informe observa que un aspecto negativo que debe ser tomado en cuenta y abordado por las autoridades es la piratería digital existente en Bolivia.

El informe sugiere actualizar y adecuar la normativa sectorial a la era de la digitalización, promover incentivos a la inversión, fomentar alianzas de carácter público-privado en cuanto a inversiones de conectividad, estimular la competencia a través del marco normativo, promover mayor flexibilidad tarifaria y libertad comercial para el diseño de diferentes planes de servicios, desarrollar medidas efectivas para combatir la piratería, desarrollar planes de alfabetización digital, entre otros.

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Los temas de América Latina en la ONU

Las consecuencias de la crisis económica global afectan a América Latina, sus economías y condiciones de gobernabilidad.

Tomás H. Guevara

/ 25 de septiembre de 2022 / 05:25

OPINIÓN

La ONU celebra su 77ª Asamblea General en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la crisis económica y los riesgos de una recesión global. América Latina llega a la cita con sus propias preocupaciones.

Los 33 países latinoamericanos comenzaron sus disertaciones ante la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el martes pasado. Los presidentes de Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador y Chile, ante el foro de naciones, llegan —como la mayoría del resto de países— en momentos de turbulencia económica y desigualdad.

La elevada inflación ha tocado picos históricos en más de 40 años en potencias económicas como Estados Unidos —con el registro en junio de hasta el 9,1% de inflación— ha sido un golpe en el bolsillo de los latinoamericanos que arrastran todavía una lenta recuperación pospandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe más reciente, ha dicho que la región afronta “un escenario de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global” que, aunado a un menor crecimiento del comercio “y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, afectarán negativamente a los países de la región”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió recientemente que esta Asamblea General “se reúne en un momento de gran peligro” porque “las brechas geoestratégicas son las más amplias desde al menos la Guerra Fría”, lo que dificulta dar una respuesta a los “dramáticos desafíos que enfrentamos”.

El titular del máximo organismo del consenso global ha dicho que este es un contexto que está marcado por los efectos del cambio climático, que ha desatado olas migratorias, ha profundizado la pobreza en amplias regiones del mundo y, más peligroso aún, ampliado la desigualdad.

“Nuestro mundo está arruinado por la guerra, azotado por el caos climático, marcado por el odio y avergonzado por la pobreza, el hambre y la desigualdad (…) la crisis del costo de la vida está golpeando más duramente a las personas y comunidades más pobres, con efectos dramáticos”, opinó recientemente Guterres en rueda de prensa.

Guterres ha manifestado su preocupación acerca de que los países en desarrollo carecen de espacio fiscal “y no tienen acceso a los recursos financieros necesarios para recuperarse de la pandemia de COVID-19 y proteger a su gente del impacto devastador del cambio climático”.

En este contexto, llegan las naciones latinoamericanas al encuentro de presidentes, delegaciones gubernamentales y de la sociedad civil, que este año se reúnen en Nueva York bajo el título: “Un momento decisivo: soluciones transformadoras para desafíos entrelazados”.

DESIGUALDAD.

Un estudio realizado por los investigadores Germán Alarco Tosoni y César Castillo de la Universidad del Pacífico, en Perú, refleja cómo se han profundizado las brechas de desigualdad en el subcotinente americano al medir varios indicadores desde la década de 1980 hasta la llegada de la pandemia.

Se entiende la desigualdad como el efecto de la distribución de la riqueza del país, en polos opuestos: una pequeña minoría acumula más y más riqueza y recursos, mientras amplias franjas se van quedando rezagadas.También cuando el costo de vida se eleva y los salarios son insuficientes para el suplir las necesidades básicas que se van acumulando en el tiempo con un efecto “devastador”, según los expertos.

“La elevada desigualdad tiene impactos económicos, sociales y políticos negativos, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que en lo económico genera un crecimiento más bajo y menos sostenible en el largo plazo”, explica el informe publicado en la red de global de bibliotecas SciELO.

Los investigadores sostienen que una “elevada desigualdad” tiende a promover la formación de “burbujas en los precios de los activos, en la medida que el crecimiento en la demanda se impulsa más por el crédito al consumo que por los sueldos y salarios”.

Los académicos de la Universidad del Pacífico creen que “la elevada desigualad en la riqueza y los ingresos” es una tendencia global con implicaciones que pueden repercutir hasta una década hacia adelante, y que en Latinoamérica se agudizan “compartiendo esta característica con el cambio climático, la degradación del ambiente y el envejecimiento poblacional”.

MIRADA.

La exdirectora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center en Washington DC, Cynthia Arnson, comentó que la región latinoamericana llega a la Asamblea General en situación similar al resto de mercados emergentes del planeta con economías bajo una fuerte presión inflacionaria, no vista en los últimos 25 años.

“Los precios de la canasta básica están en alza, afectando a los pobres especialmente y a la seguridad alimentaria de decenas de millones de personas. La inflación junto con el incremento de las tasas de interés ya afecta la deuda pública”, explica la experta.

Para Cynthia Arnson, que funge en la actualidad como investigadora del Woodrow Wilson Center en la capital estadounidense, es lamentable que temas tan cruciales en la región centroamericana como los retrocesos en la institucionalidad democrática y violaciones a derechos humanos no tengan ningún asomo en la discusión global.

“El autoritarismo y la violación de derechos humanos en Centroamérica desgraciadamente no van a ser un tema en la Asamblea General, menos aún en una cita de los presidentes y autoridades nacionales”, puntualiza Arson.

Por su parte, Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas (AS/COA), centro de análisis económico sobre América Latina en la capital estadounidense, explica que en el contexto de 77ª Asamblea General de la ONU Latinomérica no figura a simple vista con un rol protagónico por varios factores, aunque se esperen intervenciones de los presidentes de los países con economías más significativas.

“Brasil intentará demostrar que la destrucción del Amazonas no es tan mala como se informa, Colombia denunciará la guerra contra las drogas, México puede presentar un plan de paz para Ucrania que será ignorado. Y Gabriel Boric probablemente discutirá temas ambientales”.

Sin embargo, para Farnsworth no se prevé que los mandatarios de la región aborden el tema de “China de manera significativa” y que es muy seguro que se escuchen llamados a las naciones desarrolladas para “que ‘hagan más’ para ayudar con el cambio climático y la recuperación económica, pero no anticipo mucho progreso en los grandes temas”, puntualiza el vicepresidente de AS/COA.

Ese panorama hace que expertos en relaciones internacionales, como Napoleón Campos, aseguren que la “recuperación del multilateralismo” en el mundo será clave en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que la misma está en riesgo de perderse.

Tomás H. Guevara Escritor, periodista multimedia y productor.

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