El 53% de $us 33.197 MM del PDES está destinado a proyectos productivos
Inversión. El plan económico calcula un crecimiento promedio de 5,1%.
ECONOMÍA
Una inversión pública de $us 33.197 millones, para su ejecución en los próximos cinco años, prevé el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). El 53% será invertido en proyectos productivos, el desafío es mantener un crecimiento promedio de 5,1%.
Este plan elaborado por la administración de Luis Arce, en su enfoque político argumenta que busca reducir las asimetrías entre los distintos departamentos y regiones del país, y encaminar a la economía hacia un “verdadero” proceso de diversificación productiva e industrialización con sustitución de importaciones.
El plan se encuentra organizado en 10 ejes estratégicos articulados con los 13 pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario (elevada a rango de Ley 650 en 2015 durante el gobierno de Evo Morales), la cual establece metas, resultados y acciones para el periodo 2021-2025.
Los dos primeros ejes están relacionados con la reconstrucción de la economía, la estabilidad macroeconómica y social del país, así como la industrialización con sustitución de importaciones.
INVERSIÓN. En ese marco, el objetivo del primer eje es “impulsar la reconstrucción de la economía con base en el modelo económico social comunitario, que atribuye al Estado un rol protagónico, a fin de generar las condiciones propicias para retomar la estabilidad macroeconómica a través de la dinamización de la demanda interna para reducir la pobreza y la desigualdad de los ingresos”.
Con esa perspectiva, se proyecta una inversión pública de $us 33.197 millones para los próximos cinco años, orientada a fortalecer el desarrollo productivo del país en función a la industrialización con sustitución de importaciones.
Es decir, el 53% de estos recursos estarán destinados para la ejecución de proyectos productivos y el 34% será invertido en infraestructura. El restante 11% estará dirigido al sector social y el 2% será multisectorial.
Como antecedente, el documento señala que entre enero y agosto del pasado año la inversión pública ejecutada llegó a $us 694 millones, mientras que en el mismo periodo de este año, la ejecución sumó $us 1.433 millones o sea fue 106,3% mayor.
En este mismo eje estratégico, se traza un crecimiento promedio de 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el quinquenio. Para ello se toma como línea base el decrecimiento registrado en 2020 (-8,8%) como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con los datos del plan, este año el producto crecerá 5,3% y para el próximo año se calcula que bajará a 4,6% pero se prevé una recuperación para 2023 del 5,1%. Asimismo, una baja al 4,9% en 2024 para finalmente llegar al 5,6% en 2025.
El PDES también busca generar al menos 40.000 empleos “dignos” a nivel nacional, a través de programas dirigidos a sectores en “situación de vulnerabilidad”, con énfasis en mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
RESULTADOS. Entre los impactos previstos se destaca retomar la senda del crecimiento económico del país, alcanzando una tasa promedio (5,1%) del crecimiento del PIB, entre 2021 y 2025.
Reducir la pobreza moderada que en 2020 representó el 39,0% a nivel nacional a 19,0% en 2025.
Adicionalmente, se proyecta también reducir la pobreza extrema que en la pasada gestión representó el 13,7% a nivel nacional, al 5,3% hasta 2025.
Otro impacto que cita el documento es la reducción de la desigualdad en el país que en 2020 llegó al 0,45% en el Índice de Gini (que mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país).
Los recursos de la inversión pública, entre otros, estarán enfocados en nuevas tecnologías que permitirán incrementar la generación de excedentes en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y energía.
A través del segundo eje, se concentran acciones en diversificar la base económica que requiere el modelo económico social comunitario productivo del Gobierno, destacándose proyectos como la construcción de plantas para la producción de diésel renovable, refinerías de zinc, la planta industrial del Mutún, los complejos industriales de química básica y farmacéutico, el desarrollo de la hidrovía Ichilo-Mamoré y Paraguay-Paraná, así como inversiones para el sector generador de excedentes.
También contempla la incorporación de proyectos al sector agropecuario dirigidos a la transformación de materias primas y mayores niveles de productividad con plantas de procesamiento e industrialización, permitirá alcanzar el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria; en la misma línea, las inversiones en infraestructura estarán orientadas a brindar el soporte necesario que los proyectos productivos requieren para su implementación en el marco de la planificación integral del Estado.
NORMATIVA. Conforme a la Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para Vivir Bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, la norma se “desprende” del Plan General de Desarrollo del Estado de Bolivia, conforme establece el Parágrafo I del artículo 15 de la Ley 777, del 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
Su ejecución y aplicación es “obligatoria” para entidades como los órganos Legislativo, Judicial, Electoral, Ejecutivo y las empresas públicas, instituciones de control y defensa de la sociedad y el Estado, entidades territoriales autónomas y universidades públicas.
El plan busca reparar la economía
Ante las observaciones de legisladores de oposición, el Gobierno asegura que el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) no vulnera las autonomías departamentales, municipales ni regionales. Y que solo busca reparar o reconstruir la economía.
En los pasados días, la senadora de Creemos, Centa Rek alertó que con la Ley 342 que aprueba este plan se acaba la autonomía regional. Argumentó que la norma “es de cumplimiento obligatorio, el plan viene desde el centro (Gobierno) y no permite a las entidades regionales a que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”.
De igual manera, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, a través de las redes sociales, anunció que con esta ley el presidente Luis Arce busca “pulverizar” la independencia de los órganos del Estado y la autonomía universitaria. Además, que a través de “decretazos” obligará la aplicación del plan.
La primera funcionaria afirmó que “el plan busca impulsar el desarrollo económico, social y productivo del país; por lo tanto, decir no a estas alturas, después de haber llevado un arduo proceso de socialización en los nueve departamentos a partir de cumbres departamentales para construir un plan que garantizará la reconstrucción económica y productiva del país, nos sorprende y nos llama totalmente la atención”, sostuvo.
Asimismo, el ministro Montaño explicó que la Constitución Política del Estado establece que son competencias privativas del Gobierno la política económica y planificación nacional, por lo que el PDES no vulnera las autonomías departamentales, municipales ni regionales.