William Herrera, postulante habilitado para la fase de evaluación de méritos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó este jueves a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz levantar la medida de suspensión del proceso de preselección de las altas autoridades al Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del Órgano Judicial.

“En virtud a la contestación… y que acredita de manera indubitable la inexistencia de vulneración de derecho del accionante por parte de la medida cautelar dentro de la presente acción de amparo constitucional, expresamente pido a sus autoridades: Deniegue la medida cautelar solicitada por la accionante”, se lee en el documento enviado a la Sala Constitucional.

El martes se conoció de un amparo que presentó la inhabilitada Margarita Medrano, ante la Sala Constitucional Tercera. Ante ello, la sala judicial ordenó paralizar el cronograma de evaluación de méritos y examen hasta que se desarrolle la audiencia y se resuelva la misma, “con la finalidad que no se vulneren los derechos fundamentales demandados”.

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Herrera añade que el Tribunal de Garantías “debe hacer una ponderación y tomar en cuenta, en este caso concreto, que, a tiempo de buscar proteger el derecho del accionante, vulnera los derechos de los más de 400 participantes del proceso de preselección. Muy bien el tribunal podía buscar la forma de resolver la acción en 48 horas… pero en ningún momento paralizar un proceso complejo”.

La acción cautelar provocó que la Comisión Mixta de Constitución declare “cuarto intermedio hasta nuevo aviso”. Decisión que fue comunicada por el presidente de esa comisión, el senador Miguel Rejas, tras la notificación vía WhatsApp con las determinaciones de las Salas Constitucionales. La audiencia está fijada para el lunes 22 de abril.

Ese mismo día, también se conoció que el inhabilitado Herculiano Capusiri, quien recurrió a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, solicitó se active una medida cautelar y suspenda “provisionalmente los efectos de la Resolución N° 02/2024 de 25 de marzo emitida por las autoridades accionadas” referida a la inhabilitación del postulante.

También el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, develó que existen al menos 20 amparos presentados por postulantes inhabilitados descontentos que amenazan con frenar las elecciones judiciales.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración del décimo aniversario de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, el vicepresidente David Choquehuanca denunció que existen operadores políticos “del sistema vigente” que bloquean sistemáticamente las demandas genuinas que nacen de los pueblos originarios, así como del “reconocimiento y la aplicación de los derechos de la Madre Tierra”.

La autoridad criticó la denominación de “pueblos indígenas” como una etiqueta pasiva “impuesta por sistemas externos” y reivindicó la identidad de los pueblos como originarios ancestrales de la Madre Tierra.

“Somos pueblos originarios ancestrales de la Madre Tierra, pueblos que desde las civilizaciones precedentes a la cultura occidental han heredado la sabiduría que resiste las exigencias ontológicas, epistemológicas, exigencias de método, de códigos, de ética, sistema de valores, pedagogía, arte y cultura propias”, mencionó.

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También, mencionó que los operadores políticos del sistema vigente promueven que “los pueblos ancestrales originarios participen en los escenarios de las Naciones Unidas como entes desintegrados, desenergizados y desestructurados, porque en las Naciones Unidas los procedimientos regulan los enfoques eurocéntricos, antropocéntricos y egocéntricos, vetando los enfoques cosmobiocéntricos de los pueblos ancestrales”.

El Vicepresidente dijo que existe la necesidad de activar acciones para impulsar en todos los foros de Naciones Unidas y otros ámbitos, el paradigma cosmobiocéntrico del “Vivir Bien y las bases de la geopolítica del Vivir Bien”, desde “la unidad, desde la complementariedad, desde la armonía, desde la hermandad, desde el equilibrio, desde la cultura de la vida, desde la cultura de la paz”.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó este miércoles las dos solicitudes de supervisión para el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), uno del Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce y otro de la dirección nacional que respalda al exmandatario Evo Morales.

“Rechazar la solicitud de supervisión presentada por Lucio Quispe, Esteban Alva y Guillermina Kuno (del Pacto de Unidad) por incumplimiento a lo previsto al reglamento para la supervisión de organizaciones políticas y lo dispuesto por la Resolución Constitucional 273/2023 del 11 de diciembre de 2023, y el auto del 20 de marzo de 2024, disponiéndose el archivo del trámite”, señala la resolución 140/2024.

Mientras que la resolución 141/2024, sobre el pedido de los delegados del MAS señala que la Sala Plena “ha resuelto rechazar la solicitud de supervisión al décimo congreso nacional ordinario del partido político… por incumplimiento a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas y lo dispuesto por la Resolución Constitucional 273/2023 del 11 de diciembre de 2023, y el auto de 20 de marzo de 2024, disponiéndose el archivo del trámite, manteniéndose vigente las obligaciones dispuestas por la Resolución 122/2024, toda vez que el plazo de 25 días calendario dispuesto en la citada resolución se encuentra vigente hasta el 22 de abril de 2024” (sic).

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El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó se notificó a los solicitantes con las resoluciones. Recalcó que, de acuerdo con una determinación anterior, la tienda política tiene un plazo de 25 días, que finaliza el lunes 22 de abril, para convocar a un nuevo cónclave en coordinación con las organizaciones matrices y fundadoras del partido, en cumplimiento de su estatuto interno.

“Esperamos que puedan llegar a dar cumplimiento para realizar una nueva solicitud, rectificando y cumpliendo las observaciones técnicas que han sido realizadas y notificadas de manera oportuna”.

Añadió que “el Órgano Electoral ya se ha pronunciado rechazando ambas solicitudes porque no se ha cumplido el mismo estatuto de la organización política, pero también no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Supervisión a Organizaciones Políticas”

Vargas instó al MAS a dar cumplimiento a su estatuto, la norma electoral vigente y la Ley de Organizaciones Políticas para que el Órgano Electoral realice los acompañamientos, las supervisiones y “pueda proceder al registro de todas las directivas que aún no han llevado adelante”

El Pacto de Unidad que apoya Arce convocó a un congreso del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto. En tanto que el ala evista promueve su propio cónclave para el 10 de junio, en Villa Tunari, en el Chapare de Cochabamba.

En 2023, el MAS evista llevó adelante su congreso en Lauca Ñ, Cochabamba, pero no fue reconocido por el TSE, ya que se lo realizó sin la respectiva coordinación con las organizaciones sociales fundadoras del partido.

El procurador del Estado, Cesar Siles, pidió este miércoles a las autoridades competentes reactivar los procesos Terrorismo I y Terrorismo II con el fin de que se pueda determinar qué ocurrió exactamente en la intervención en el hotel Las Américas.

“Es importante, por justicia, que el caso Terrorismo I y Terrorismo II sea reabierto y se pueda terminar la investigación, (que) ya estaba concluida en etapa preparatoria, ya había una acusación y prueba en un juicio que se estaba produciendo. Tiene que existir, de alguna manera, que el Gobierno y las autoridades competentes del área reinicien esta investigación para que se descubran todos los aspectos de este complejo y complicado caso, que en realidad son tres casos”, dijo el Procurador.

Siles indicó que los dos casos se cerraron en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez con una “visión política y no jurídica”. “Ambos casos estaban en proceso judicial, estaban en juicio oral (y) estaba a punto de dictarse sentencia en este caso”.

En 2020, el caso Terrorismo II fue cerrado por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”. Entonces, Murillo confirmó que todas las personas implicadas quedaron absueltas, toda vez que el Ministerio Público oficializó su desvinculación de este caso.

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El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Junto a él, cayeron el irlandés Michael Dwyer y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la intervención.

Siles indicó que en el caso Terrorismo hubo gente que se sometió a proceso abreviado, como es Mario Tadic y Elôt Tóásó que “aceptaron su culpa y responsabilidad voluntariamente”.

“Así que hay que tomar en contexto eso. Un elemento que hay que diferenciar, (es) que hay un proceso penal en Bolivia sobre esas vejaciones, esas supuestas torturas, la ejecución extrajudicial del señor Dwyer, según dice la denuncia. Y ese proceso penal está íntimamente relacionado con la petición en la CIDH y la recomendación que nos hace el informe de fondo de la CIDH de realizar una investigación prolija, eficiente, con resultado”, explicó.

Dijo que ese proceso se inició en 2019 y tuvo un lento avance, lo que hace una crítica no solo a “la Fiscalía, (sino) al sistema de administración de justicia. No puede tardar tanto, no puede un caso seguir en etapa preliminar de investigación, ni siquiera preparatoria por tantos años”.

Ante el escenario adverso por el continuo riesgo de interrupción del proceso de preselección de candidatos rumbo a elecciones judiciales, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la latente paralización del proceso a efecto de un amparo constitucional.

“La institución defensorial agotará toda oportunidad de convocar a las instancias correspondientes a garantizar a los ciudadanos el derecho a la elección democrática de sus autoridades judiciales”, señala la Defensoría, a través de un pronunciamiento.

Dos amparos constitucionales ante la Justicia amenazan con frenar de nuevo el proceso de la preselección en la Asamblea Legislativa.

Ayer se conoció que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes tras un amparo constitucional interpuesto por la inhabilitada Margarita Medrano.

También se conoció otro recurso interpuesto por el inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

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La Defensoría señaló que realizó diferentes acciones en el acompañamiento al proceso de preselección, desde “exhortar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Órganos del Estado a garantizar los derechos de los bolivianos de elegir a sus autoridades”, además de “acompañar la sesión en la Cámara de Diputados donde se consideró la aprobación de la ley de convocatoria para las judiciales”.

“Tras la promulgación de la Ley 1549, la Defensoría del Pueblo llamó a los actores políticos a cumplir con sus acuerdos y viabilizar el cumplimiento de la norma y, mediante comunicado, se alentó a las mujeres a participar del proceso de elecciones judiciales, para impulsar la equidad de género dentro el sistema de justicia boliviano”.

Además, señaló que el anuncio de la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, prevista para el mes de mayo, debe ser una oportunidad para que se pueda allanar y dar continuidad al proceso de preselección a los cargos del Órgano Judicial.