La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes la cooperación técnica con la Asamblea Legislativa respecto al procedimiento de preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional y demás instancias del Órgano Judicial.

Además, el organismo señaló la visita del comisionado José Luis Caballero con el objetivo de presentar el informe país, producto de la visita in loco realizada en 2023 y publicado en 2024 “enfocándose en las recomendaciones sobre el sistema de justicia de dicho informe”.

“El proceso de cooperación incluye la elaboración y envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes al sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas que posteriormente será objeto de diálogo con el Relator de País, comisionado José Luis Caballero. Para tales efectos, se reunirá con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con autoridades del Poder Judicial”, señala el comunicado de prensa de la CIDH.

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El documento añade que, en el informe país, la CIDH indicó que “los procesos de selección de las personas que forman el Poder Judicial deben tener cualidades tales como la publicidad, participación, y transparencia, que contribuyen a fortalecer la certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”.

También el organismo llamó al Estado a “asegurar” que el nombramiento y selección, incluyendo la preselección, “no sean percibidos por la ciudadanía como decididos con base en razones de carácter político, pues esto afectaría la convicción de independencia dentro de la ciudadanía”.

“La cooperación técnica que se inicia quiere contribuir a la incorporación de las recomendaciones generadas por las CIDH en el informe país”.

Víctor Hugo Pérez, presidente del Club Sport Boys, acusó a los dirigentes de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) de recibir $us 300.000 de Luis Paulo Amorín, una de las identidades con el que circulaba en el país el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“En mi condición de presidente de Sport Boys es que los he denunciado por haber recibido cerca de 300.000 dólares. La Fiscalía apunta al ejecutivo de la Asociación (Cruceña de Fútbol). Es imposible que, en una asociación, sino es por orden del presidente o los asesores no se haga las cosas”, apuntó Pérez en la red DTV. 

De acuerdo con la denuncia, la dirigencia de la ACF recibió ese dinero “bajo un combo”, en el cual se establecía que Paulo Amorín juegue en el club Leones El Torno FC y que además el estadio Édgar Peña sea cedido en comodato para que lo puedan usar “indistintamente”, siendo que no correspondía por ser de municipios distintos. “El estadio pertenece al municipio de Santa Cruz y el club está en el municipio de El Torno”.

Sebastián Marset

Marset adoptó tres identidades en el territorio nacional, entre ellas, Gabriel De Souza Beumer y Luis Paulo Amorín Santos.

En Bolivia, el uruguayo tejió una organización criminal para lavar dinero del narcotráfico. Asimismo, se internó en el fútbol, relación que ha salpicado a clubes como Blooming, Los Leones de El Torno y este último a la dirigencia del futbol cruceño.

El uruguayo es el hombre más buscado en el país desde que salió indemne de un megaoperativo el 29 de julio de 2023 junto a su esposa y sus hijos. Desde entonces está con paradero desconocido.

Pérez señaló que como aporte “nuevo a la investigación” es que Paulo Amorín, jugador del club Leones, fue inscrito a las 09.00, a los dos minutos fue habilitado para el mismo club y a las 11.00 jugó un partido oficial.

Fútbol

“Es decir, en el día se lo inscribe, se lo habilita y juega en un equipo, cuando la norma establece 48 horas. Eso ha hecho que se establezca algo que no es correcto (y) que violenta toda la normativa, sobre la base de un dinero económico. Lo grave es que ese dinero es producto del narcotráfico”, dijo.

El jueves, el fiscal Julio César Porras corroboró las declaraciones del dirigente de Sport Boys e indicó que “él lo dijo textualmente, pero está en la Fiscalía analizar” la afirmación del dirigente.

Añadió que hay declaraciones de personas que dan nombres, pero estos están sujetos a verificación. “Son cinco personas las que están citadas, son el directorio de la ACF y están en calidad de testigos, ya son tres personas que han declarado y dos personas lo harán en el trascurso de las horas. Todas las personas niegan algún vínculo (con Marset), pero se está en la obligación de llegar a la verdad”.

 El martes, el presidente de la ACF, Noel Montaño, en alusión a Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana Fútbol (FBF), dijo que quiere “meterle preso”, porque lo acusa del caso Marset.

Investigación

“Él (Costa) ha querido meterme preso porque me quiere involucrar en el caso Marset. Es más, en relación al (registro de Marset), quien manejaba el sistema COMET (de la ACF) era Alejando Ortiz, mi persona no maneja a nivel departamental en la asociación. Imagínese que voy a revisar la documentación de cada jugador y autorizar de más de 13.000 jugadores. Es absurdo, yo no trabajo 24/7”, dijo.

El dirigente cruceño añadió que “cada club tiene un usuario COMET, el cual carga al sistema en una computadora todos los datos personas de un jugador, sea nacional o extranjero. Una vez cargado en el sistema, el responsable trae en físico y lo deja en ventanilla (de la ACF) y pasa al Alejandro Ortiz. Él es que procede a la habilitación”, explicó Montaño.

Bolivia y Japón destacaron la madurez alcanzada en las relaciones bilaterales entre ambos países en el marco del respeto, entendimiento, complementariedad y reciprocidad, al cumplir los 110 aniversario de las relaciones diplomáticas.

“La cooperación se ha desarrollado en el marco del respeto, el entendimiento, la complementariedad y la reciprocidad, por este hecho conmemoramos más que un aniversario, (sino) la madurez que ha alcanzado nuestras relaciones bilaterales que se ha construido sobre los valores al respeto, la libre determinación, la no injerencia y solidaridad”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa. 

La canciller indicó que la amistad entre Bolivia y Japón se vio reforzada en encuentros del “más alto nivel” para estrechar relaciones con el Mecanismo de Consultas Políticas que se realizó en 2023 y el gran encuentro de cancilleres en febrero de este año, en Brasil.

Sosa recordó que la comunidad de japoneses en Bolivia fue base para que un 13 de octubre de 1914 se suscriba el primer Acuerdo Comercial entre países, el cual marcó el inicio de las relaciones diplomáticas que se fundaron sobre las “bases de la amistas y la paz”.

“Resaltar muy en alto que es un hito esta relación entre Bolivia y Japón. 110 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La migración de japoneses a Bolivia tuvo en 1899, fue un hecho definitivo que nos ha permitido acercarnos entre pueblos y nuestras culturas que hacen 125 años. Desde ese tiempo la comunidad japonesa forma parte integral de la sociedad boliviana y ha contribuido al desarrollo de nuestro país, en distintos campos”, mencionó.

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La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko indicó que con la elaboración del logotipo que simboliza los 110 años de relaciones diplomáticas y 125 años de la llegada de los primeros migrantes japoneses a Bolivia espera que“se fortalezca y profundice” aún más las relaciones entre ambos países. 

“Aprovechando la celebración de los 110 años de relaciones diplomáticas, espero que podamos dinamizar nuestro intercambio humano, ojalá con alguna vista de alto nivel, apoyados en los cimientos de nuestras buenas relaciones políticas, económicas, culturales, humanas o de cooperación al desarrollo”, dijo Kamikawa, a través de una grabación difundida en la Cancillería.

El embajador de Japón en Bolivia, Onomura Hiroshi, indicó que Bolivia y Japón han construido “unas relaciones de amistad” que duran hasta estos días y el cual espera que continúe por los próximos 100 años. 

“Embajadora (Celinda) Sosa mi corazón está en completa sintonía con el suyo, por supuesto siempre habrá asuntos que debemos dialogar y otros que asumimos de manera diferente dado que somos dos naciones soberanas, pero quiero decir que estoy completamente decidido a seguir trabajando con la canciller sosa, con todos ustedes y con el pueblo de Bolivia”, destacó.

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que gestionará, en coordinación con la Cancillería, que Estados Unidos devuelva el dinero confiscado al momento de la aprehensión del exministro Arturo Murillo y Sergio Méndez, su exjefe de gabinete.

“La PGE gestionará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la vía diplomática se autorice por parte del Departamento de Estado de los EEUU, la devolución de los dineros confiscados al momento de las aprehensiones realizadas”, señala el comunicado de la Procuraduría.

Murillo y Méndez están involucrados en el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, con un daño económico al Estado calculado en $us 2,3 millones. El exministro fue sentenciado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, y su exhombre de confianza fue deportado a Bolivia, donde fue aprehendido y ahora cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro por seis meses, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas.

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La investigación, destapada en mayo de 2021, determinó que la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. La adjudicación fue dirigida por Murillo.

La Procuraduría explicó que Murillo y Méndez fueron sentenciados por los delitos de corrupción por sobornos para la firma de contratos con el Estado Boliviano y junto a ellos se condenó a otros tres estadounidenses, dueños de BTS.

Añadió que Murillo cumplirá “una condena penal hasta el 11 de febrero de 2026” y Méndez, luego de cumplir su condena fue deportado de Estados Unidos y detenido apenas pisó suelo boliviano en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

“La Procuraduría obtuvo en la vía de la reparación civil dos sentencias emitidas por la Justicia de Miami, Florida. Una primera sentencia contra Sergio Méndez y otra contra Arturo Murillo; ambas condenan como reparación de daños de forma mancomunada y solidaria al pago total de $us 6.287.525,42 que devengará un interés anual de 9,09% anual; también se gestiona, coordina y dirige la posible suscripción de un acuerdo con dos ciudadanos que tienen autoría menor en relación al hecho, para la recuperación de dineros a fin de reparar los daños contra el Estado”.

También, indicó que se “coordina con las acciones de intervención y seguimiento por los delitos imputados y acusados en territorio nacional, contra ambos ciudadanos como autores mediatos, para que la justicia boliviana opere en el marco de su soberanía, sentenciando y recuperando los daños ocasionados contra los recursos del pueblo boliviano”.

Tras la denuncia de una supuesta adjudicación irregular del servicio de catering para los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024, Marcelo Pedrazas, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), solicitó al alcalde de Sucre, Enrique Leaño, una petición de informe escrito sobre el proceso de contratación de las empresas “Gastronomía IEMD” y “Fabiola Gonzales Ignacio”.

“El diputado nacional que suscribe la presente… impetra al alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Lic. Enrique Leaño, se sirva responder el siguiente cuestionario: Informe detalladamente cuántos y cuáles procesos de contratación (señalando montos y otros aspectos) adjudicó el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a la empresa proponente denominada ‘Gastronomía IEMD’, representada legalmente por Ivonne Estefanía Montaño” (sic), señala la carta de Pedrazas.

Añade: “informe detalladamente cuántos y cuáles procesos de contratación (señalando montos y otros aspectos) adjudicó el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a la empresa proponente ‘Fabiola Gonzales Ignacio’, representada legalmente por Fabiola Gonzales Ignacio”.

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El domingo, Melisa Cortés, concejal de República 2025, acusó a su colega Jenny Montaño, de la alianza opositora CC, por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de catering para los Bolivarianos.

La concejal Montaño defendió la transparencia de los procesos de licitación e indicó que el servicio de catering de su hermana tiene más de 12 años de funcionamiento.

“Creo que el derecho al trabajo no se puede coartar porque yo soy concejal”, expresó Montaño, a Correo del Sur.

Incluso, el martes el alcalde de Sucre señaló que el servicio de catering para los Bolivarianos se adjudicó mediante una licitación pública, cumpliendo las normas.

“Nosotros hemos obrado con total transparencia. Cuando alguien sabe del manejo administrativo puede ver que se han colgado en el Sicoes todas las propuestas, cuando podíamos hacer una adjudicación directa, porque la normativa nos permite en estos casos, pero hemos dicho ‘mejor, lo haremos por el Sicoes’”, señaló Leaño.